El anteproyecto de la Ley de Derecho al Acceso a la Información Pública que viene elaborando el Gobierno desde 2010, podría ser parte de la agenda legislativa durante esta gestión y algunos aspectos de un documento borrador, que circula públicamente, causa nuevas dudas y susceptibilidad en los representantes del periodismo boliviano.
Según explicó el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, el documento sobre este proyecto de ley se encontraría en elaboración en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador oficialista Javier Zavaleta.
En un vistazo realizado a cada artículo, Vargas encontró incoherencias y una suerte de improvisación que, de ser asumido como proyecto “en limpio”, volvería a afectar las libertades de los medios de comunicación en su diaria tarea informativa.
“Estamos analizando un documento que circula en las redes sociales y en ese sentido hemos visto con asombro que ya no sería necesaria la intervención de una orden de un juez competente sino sólo la voz de la autoridad ejecutiva, violando la Ley de Imprenta vigente; por otro lado, no existe un criterio claro en el manejo o tipología de los criterios de reservado, secreto y confidencialidad, tampoco se fomenta la creación de un ente fuera del poder político y esto significa que el Gobierno se vuelve a convertir en regulador y regulado, lo cual nos parece una forma improvisada de afectar la labor de la prensa”, manifestó.
Vargas lamentó que durante este Gobierno se haya generado una serie de normativas que conforman una estructura jurídica que somete a los medios de comunicación y coarta el derecho a la libertad de expresión, lo cual perjudica no sólo al gremio periodístico sino que llega a afectar, fundamentalmente, a la sociedad y su ejercicio democrático.
La preocupación se afianza en el manejo erróneo del Ejecutivo y de los legisladores del oficialismo en conceptos que hacen a la Comunicación Social y citó como ejemplo la Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, la que estipula que un ente se hará cargo del monitoreo de los medios para establecer si se emiten criterios o contenidos “racistas”; sin embargo, ni el Ministerio de Comunicación ni el Viceministerio de Descolonización, tampoco la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) asumió esa responsabilidad.
“Sería un inmenso equipo para monitorear a cada medio, por citar sólo televisoras, de alcance nacional, regional o local. Les hicimos notar aquello y las autoridades respondieron que ellos recaban las denuncias de la población y recién actúan, lo cual no es lógico, pues delegan esa responsabilidad a la ciudadanía en una suerte de chismerío”, agregó.
Otro borrador de la Ley de Transparencia y Acceso al Derecho a la Información circuló desde 2010 en la página del Ministerio Anticorrupción, pero luego fue anulado. En el mismo citaba como exposición de motivos y marco legal los artículos de la Constitución Política del Estado que hacen al tema, como el artículo 21 (6): “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: (A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual y colectiva)”.
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