Con el fin de socializar los beneficios de la Ley de Servicios Financieros, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, estuvo ayer en la ciudad, enfatizando que esa clase de prestaciones hoy se han convertido en un servicio básico, por lo que debe ser fiscalizado en su continuidad y en las condiciones que tiene que otorgar al usuario.
Sostuvo que la anterior ley privilegiaba el servicio financiero desde el punto de vista de la oferta y la demanda, fijándose los precios o las tasas de interés en una negociación entre los bancos y quienes usan los servicios financieros, "Lastimosamente esta forma de fijar las tasas de interés lo único que hacía era empoderar a los bancos, porque ellos imponían tanto tasas de interés como las condiciones y precios de los servicios financieros", señaló.
La actual Ley de Servicios Financieros, indicó, elimina la oferta y demanda, empodera al usuario del servicio financiero y da la posibilidad de que el Estado intervenga en los mismos para fijar tasas de interés, qué tipo de comisión se tiene que cobrar y cuál es la cuantía que se tiene que cobrar por servicio.
"Adicionalmente el Estado interviene en la fijación de privilegiar a aquellos que para el Gobierno son más importantes, que principalmente es el de desarrollo productivo, queremos que el país sea netamente productor y la disminución de la falencia de vivienda en el país, uno de los objetivos de la ley es que los ciudadanos puedan adquirir su propia vivienda, y para eso el Estado entrará a fijar tasas de interés y además los cupos que las entidades financieras deben prestar al sector de vivienda", informó el viceministro.
Dijo que el Estado además de regulador, fiscalizador y direccionar el uso de recursos de las entidades financieras, también tiene una participación de dos entes: el Banco Unión como banco público, que está abocado a ofrecer servicios y financiamiento en toda la gama que pueda ofrecer la banca, además del Banco de Desarrollo Productivo, que estará destinado a financiar proyectos productivos.
"Si bien ya existía este banco, a partir de la ley se lo convierte en un banco de primer piso, que quiere decir, que puede interactuar directamente con los productores; hasta antes de la Ley el Banco de Desarrollo Productivo debía ir a través de otras entidades financieras y lo que hacía era encarecer el costo porque debía pagarse también una comisión al banco que hacía el trabajo de intermediación", explicó la autoridad nacional.
Señaló que además a través de esa norma se obliga a las entidades bancarias a contar con una cobertura geográfica que llegue al área rural, independientemente de que las poblaciones donde vayan a ofrecer sus servicios les otorguen una rentabilidad.
Además, deben brindar servicios que estén adecuados al productor, desde el punto de vista de horarios, garantías, tipos de pago o periodicidad de pagos.
Asimismo, mencionó el leasing que es una figura de arrendamiento, y que si bien ya existía era demasiado caro por la carga impositiva.
"La persona va pagando un alquiler, pero son cuotas que luego de cierto tiempo logran comprar la casa, es importante porque la gente y el productor pueden adquirir maquinaria y vivienda sin una cuota inicial", remarcó.
Además la ley establece la creación de la Central de Información Positiva, que obliga a las entidades financieras a darle mejores condiciones a las personas que pagan correctamente, y con una Central de Reclamos la gente conocerá "qué banco es el que más reclamos tiene y el que peor trata a la gente".
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