La aprobación de la Ley de Aplicación Normativa efectuada en la última semana por la Asamblea Legislativa fue el corolario para legalizar una anticipada candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su caudillo Evo Morales. Sin embargo, también abre el debate en tres frentes: la delegación de competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la “refundación” de Bolivia y su contradicción entre la República con el Estado plurinacional y el inicio de la carrera proselitista.
El artículo 196 de la CPE establece para el TCP: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”. Agrega en el art. 202 que son atribuciones conocer y resolver: “En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo tipo de género de ordenanzas y resoluciones no judiciales”.
Las consultas sobre constitucionalidad también son facultad de este ente, pero con el último fallo sobre la “re- reelección” surgieron voces críticas desde la propia entidad con sede en Sucre.
“Tal como está para mí el Tribunal es cualquier pequeño juzgadito, yo me siento afectado por la sentencia prácticamente hemos perdido esa cualidad de ser Tribunal, ahora todo el mundo habla mal contra el Tribunal Constitucional y eso que nos ha costado construir la imagen, pero lamentablemente por una sentencia hemos destruido todo”, declaró el magistrado Gualberto Cusi a Radio Fides.
También se observan contradicciones en el sentido de la “refundación” de Bolivia, porque el TCP divide en dos la historia del país asumiendo “el surgimiento de un nuevo orden jurídico y político, diferente al pre-existente”, según cita el fallo de abril pasado.
Aquello, en términos simples, significa repetir el diseño político de Alvaro García sobre el Estado “naciente” frente a un Estado “obsoleto”. Sin embargo, haber dejado el concepto de República de Bolivia en el artículo 11 de la nueva Carta Magna podría abrir nuevas interpretaciones legales sobre la vigencia del “Estado – República”, o sea, la convivencia de un Estado “naciente y obsoleto” a la vez, más allá de diferenciar conceptos y categorías de ciencias políticas, pues son términos que están redactados en la CPE.
Finalmente, el fallo significó el inicio oficial de las actividades proselitistas rumbo a la elección general de 2014.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través de su presienta Wilma Velasco, anunció que la fecha del verificativo electoral se podría adelantar para el mes de octubre del próximo año, tomando en cuenta que se podría dar la inédita figura de una segunda vuelva, como especifica la CPE, y esta nueva elección debería finalizar 60 días después, es decir, en diciembre.
La oposición tendrá entonces menos tiempo para definir a sus candidatos o a su representante dentro del bloque de unidad. “Es una estrategia para favorecer al MAS y aplacar el deterioro del Gobierno”, dijo Johnny Torres, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), aunque agregó con cierto optimismo que “están preparados para enfrentar al oficialismo”.
Por el lado del MAS, la candidatura de Evo Morales está garantizada con el fallo del TCP, más allá de los anuncios de exconstituyentes para presentar recursos de inhabilitación en el Órgano Electoral.
La pregunta va por definir los motivos que obligaron al oficialismo a asumir la lucha por la “re-reelección” sin importar que se haya alterado la CPE mediante una ley elaborada por una bancada en la Cámara de Senadores. El oficialismo, a través de sus jurisconsultos como el diputado Héctor Arce, han argumentado que se aplicó el Código Procesal Constitucional y no se interpretó ni reformó, al menos de forma directa, la carta fundamental del país.
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