El presidente Evo Morales promulgó ayer, en el acto en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, la Ley del Adulto Mayor, la cual busca otorgar una mejor calidad de vida a ese segmento de la población boliviana.
En el acto, Morales aseguró que la norma prevé que mayores de 60 años de edad tengan un trato preferencial en el acceso a servicios, seguridad social integral, como cobertura en salud con calidad y calidez, educación, asistencia jurídica, participación y control social.
El proyectista de esta norma es Eugenio Rojas, presidente de la bancada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El pasado 24 de abril, Rojas explicó que la norma es un instrumento legal que también declara el 26 de agosto como el Día de la Dignidad de las personas adultas mayores en todo el país.
Para Mamerto Goyochea, ejecutivo de la Confederación de Jubilados de Bolivia, esta norma es un beneficio de esta población porque ayudará a que no se vulneren los derechos.
“Los adultos mayores muchas veces somos echados de nuestras casas por nuestros mismos familiares o nos alimentan como mendigos y cuando nos quejamos, las autoridades muy poco hacen por nosotros”, explicó.
El 26 de agosto de 2012, el presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores (Anambo), Carlos Loza, destacó que en los centros de orientación sociolegal que hay en el país atendieron cerca de 13.050 casos de denuncias sobre maltrato y abuso.
En ese sentido, la norma define los deberes de las familias y la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, aunque también contempla deberes para esta población vulnerable.
Asimismo, pretende agravar las penas para quienes atenten contra la integridad corporal y la salud de personas de la tercera edad, además de regular los derechos, garantías y deberes de este sector.
Esta ley, según ANF, modifica varios artículos del Código Penal para que se pueda castigar con mayor severidad a quienes, por ejemplo, despojen de sus bienes a las personas adultas mayores, les causen lesiones corporales o psicológicas, o en su defecto les obliguen a firmar documentos en blanco para expropiar sus inmuebles, entre otros.
También contempla el desarrollo integral, el acceso a la vivienda de interés social, la provisión de alimentación suficiente, la práctica de actividades recreativas, la incorporación al desarrollo productivo y la implementación de programas especiales.
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