Al 31 de julio de la presente gestión se cumple un año de la aprobación de la Ley 263 de Trata y Tráfico de Personas. El balance del Observatorio de Trata evidenció el incumplimiento de atribuciones de varios ministerios, autoridades judiciales y Ministerio Público, el avance seria mínimo, según el documento que a continuación se detalla.
De acuerdo al Observatorio, a un año de la aprobación de la Ley de Trata y Tráfico de Personas, han ocurrido muchos sucesos y se han dejado pasar muchos más, “nos hemos mantenido vigilantes a la implementación de la Ley 263, misma que designa atribuciones a más de 21 instituciones públicas, medios de comunicación y sociedad civil. Algunos de los avances y asuntos pendientes durante la primera gestión de la ley son:”
PLAZOS SE VENCIERON
El Consejo Plurinacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas vigente desde el 2005, mediante el DS 28297 de 17 de agosto, se constituye en una instancia principal para tratar este tema que actualmente avanza con varios pendientes.
Se establecía un plazo de 30 días para la primera sesión del Consejo, plazo que fue cumplido, la Ministra de Justicia convocó a la primera reunión el 16 de agosto del 2012. Según reportes y noticias, el Consejo actualmente viene sesionado con regularidad.
Un punto alarmante es el incumplimiento al Art. 8 de la Ley 263 en cuanto a la conformación del Consejo, donde de forma clara indica que la sociedad civil organizada debe ser parte del consejo, aspecto que no se cumple.
El reglamento de la ley ratifica y recoge este punto en el DS 1486 en su Art. 2 indicando que la participación de la sociedad civil se realizará, a través de dos representantes, estableciendo un procedimiento de elección de representante ambiguo, lo que ha ocasionado que hasta la fecha las sesiones no cuenten con ningún representante de la sociedad civil, aspecto que es alarmante considerando que este sector ha participado en la elaboración de la Ley.
Una de las principales atribuciones del Consejo era la elaboración de una Política y un Plan de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, el plazo establecido era de 90 días, mismo que no fue cumplido, porque hasta el 14 de julio de 2013, según aseveraciones de la Viceministra, Erika Chávez, se cuenta con una última versión del plan. Esto quiere decir que después de un año aún no se cuenta con un plan o política sobre Trata de Personas.
Por otra parte, el Protocolo Único de Atención especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y la Ruta de intervención, cuya elaboración eran atribución del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, con un plazo de 90 días, fueron aprobados dentro de los tiempos establecidos, pero existen observaciones en este punto, porque si bien se aprueban estos instrumentos aún no son aplicados y existe limitaciones en la difusión, en los responsables de aplicar estos protocolos.
INSTITUCIONES NUEVAS
Los Consejos Departamentales de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas están a la cabeza de los gobernadores y deben ser creados en los 9 departamentos, si bien la ley no indica un plazo para el cumplimiento de esta disposición hasta la fecha solo dos concejos han sido creados el primero en Cochabamba el 13 noviembre del 2012 y Tarija el 22 de marzo del 2013. Una de las principales atribuciones de estos consejos departamentales es la elaboración de un Plan Departamental de Lucha Contra la Trata de Personas y hasta la fecha no se cuenta con estos planes.
También no ha sido creada la Dirección General de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas que es una instancia que depende del Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.
ADMINITRADORES
El Ministerio Público dentro de las varias atribuciones establecidas en la Ley se le instruye designar en cada Departamento Fiscales Especializados contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos, consideramos importante esta disposición para fortalecer la persecución penal y la sanción de los autores de estos delitos.
La Fiscalía ha designado un deficiente número fiscales en materia de trata y tráfico de personas, además estos fiscales también atienden otros temas como delitos en razón de género, delitos contra las mujeres, etc. Esto ocasiona que exista una sobre carga procesal, según datos otorgados por la fiscalía general no se conocen de sentencias sobre trata en el 2012. Nos parece alarmante porque fomenta la impunidad del delito.
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