Una respuesta obvia debería señalar, al interés del país porque tomando en cuenta tal responsabilidad se entiende que el beneficio debería ser para los bolivianos, que vale la pena remarcarlo son los propietarios de todos los recursos naturales renovables y no renovables en ésta última instancia el caso de los hidrocarburos y los minerales.
Sin embargo y como se trata de una normativa sectorial, hay impulsos de una lógica reacción como la que expresa algún parlamentario del partido oficial al indicar que la nueva Ley Minera debe favorecer al Estado y no a un sector como aparentemente se habría planteado señalando a las cooperativistas mineras.
Si bien es evidente que se han formulado varios planteamientos sectoriales, el caso de los mineros chicos en otra instancia de análisis también se conocieron pautas importantes sugeridas por los mineros medianos privados y no faltaron las sugerencias de los mineros asalariados desde el sector estatal, percibiendo de manera coincidente que existe "cierto favoritismo" por las cooperativas mineras, cuyo número de "asociados" constituye una inequívoca estrategia en materia política, más que una alternativa de mejorar emprendimientos mineros.
La percepción en torno al borrador de la Ley Minera ha creado reacciones muy acentuadas entre posibles afectados con normas inequitativas, como ya se menciona el hecho de restar a los cooperativistas obligaciones tributarias que el resto de los productores deberán pagar irremediablemente. Pero no sólo se trata de ese favoritismo, sino que además ya se han dispuesto algunas ayudas en materia de financiamientos para que el mismo sector de miles de socios puedan enfrentar periodos críticos por la baja de precios en minerales, lo que no existe para los medianos privados, ni tampoco para los chicos, aunque en el sector estatal la tabla de salvación la tiende el gobierno.
Hay expectativa por lo que será la nueva Ley Minera, el hecho preocupa no sólo a los productores mineros, los trabajadores y los inversores, el asunto alcanza al grueso de la población, a las entidades cívicas y laborales, considerando que se trata de un tema que tiene que ver con la economía regional, especialmente en lo que a la minería y metalurgia se refiere como el más importante aporte, vía regalías, para el departamento y los municipios en los cuales se desarrollen actividades mineras.
La socialización del proyecto de ley parece que no llega a todos los sectores afines o muy próximos a la actividad minera, por lo que se reclama ese derecho de análisis de un documento que tiene relación directa con el futuro económico del departamento en base al buen uso de sus recursos y una equitativa distribución de las utilidades para impulsar los proyectos de rentabilidad productiva.
Estos temas aparentemente sencillos en su trascendencia, tienen sin embargo una fuerte dosis de incertidumbre que se acrecienta en la medida que se habla de muchas medidas de beneficio parcializado, poniendo en conflicto a quienes se consideran parte importante del sistema productivo minero y que no tienen iguales o parecidas alternativas para compensar sacrificio e inversiones.
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