El proyecto de ley de incentivos a la exploración hidrocarburífera fue aprobado ayer por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores y remitido a la Presidencia del Senado para su tratamiento.
“Cumplido el procedimiento e inmediatamente concluida la consideración del proyecto de ley, se ha recomendado la remisión a la Presidencia de la Cámara de Senadores para que se pueda considerar en el pleno los próximos días”, manifestó el titular de la Comisión de Planificación, René Joaquino, citado en un boletín de prensa.
Joaquino aclaró que la comisión que preside no recibió ninguna propuesta de modificación, enmienda u observaciones al proyecto de ley.
“Lo curioso de esta mañana es que no hemos recibido en la comisión ninguna nota de entidad estatal y no estatal que soliciten modificaciones o enmiendas al proyecto de ley, por lo que se ha aprobado sin ningún cambio ni enmienda, pero tampoco hemos recibido ninguna sugerencia o solicitud para suspender la misma. Entonces, al no tener ninguna documentación, ninguna correspondencia para considerar, hemos entrado a valorar el proyecto de ley (...)”, aclaró.
Según el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, el proyecto de ley podría tratarse esta tarde.
El proyecto de ley crea un fondo de incentivo a la exploración con el aporte del 12 por ciento de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que reciben gobernaciones, municipios y universidades.
Varios sectores y políticos de oposición se manifestaron en contra de la propuesta y pidieron hacer ajustes. También comunicaron su rechazo formalmente los gobernadores de Tarija, La Paz y Santa Cruz.
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, reiteró ayer que se opone rotundamente a que se apruebe esa norma, porque la considera “confiscatoria” de los recursos regionales que son destinados para apuntalar la salud y educación, principalmente.
Lamentó que el presidente Evo Morales no haya respondido a la carta en la que le pidió una convocatoria al Consejo Nacional Autonómico para debatir el tema antes de aprobar una ley que obliga a aportar recursos para un tema que es competencia del Gobierno central.
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