A casi nueve meses de la aprobación reglamento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), la Coordinadora de la Mujer reportó que las autoridades departamentales y municipales no se esfuerzan por dar cumplimiento a las disposiciones para evitar maltratos y desenlaces fatales.
Entre enero y junio de este año, se registraron 47 feminicidios según el defensor del Pueblo, Rolando Villena. Entretanto, datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), a nivel nacional señala que durante el primer trimestre de este 2015 se registraron 6.773 denuncias por violencia hacia mujeres.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora, Mónica Novillo, identificó como los departamentos con mayor incidencia de feminicidios a Cochabamba y Santa Cruz, sin dejar de lado el peligro que corren las mujeres en todo el país, tomando en cuenta que la violencia hacia la mujer surge, incluso en los noviazgos de jóvenes y adolescentes.
“El Estado debe garantizar, proteger la vida de la mujeres. Si es verdad que se están tomando acciones pero que todavía son insuficientes. Las instancias llamadas por ley a atender los casos de violencia, como gobiernos departamentales deben orientar los recursos necesarios tanto para servicios de atención y construcción de infraestructura pero además deben garantizar que funcionen adecuadamente, con el personal necesario y capacitado, tareas con las que se está incumpliendo”, puntualizó.
Según la representante, la mayor parte de mujeres víctimas de feminicidios recurrieron a instancias de atención especializada en estos casos pero no fueron atendidas adecuadamente. “Es importante que el personal pueda identificar situaciones de riesgo en el que están las mujeres”.
PUNTOS DE VISTA
Revisar la norma con el objetivo de endurecer las penas es una de las soluciones que plantean algunas de las asambleístas del Legislativo Nacional, ante las alarmantes cifras de feminicidios, develadas en los últimos días por la Defensoría del Pueblo.
La diputada cruceña por Unidad Demócrata (UD), Rosmery Sandoval, consideró que las muertes de mujeres en el país tienden a incrementarse de no hallar soluciones oportunas. Para la autoridad lo principal es endurecer las penas previa revisión de la normativa vigente.
Dijo que el temor que las mujeres maltratadas sienten a momento de denunciar a sus conyugues influye en el alza de las cifras de feminicidios.
“Los datos de la Defensoría hablan de 47 casos, yo no creo que sean sólo 47 casos, cuántos más que no conocemos habrán a nivel nacional”, sostuvo a tiempo de asegurar que la inversión de recursos en programas de prevención que llegue tanto a colegios como universidades debe ser parte de la ardua tarea de erradicar la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en general.
A decir de la diputada, Sandoval las estrategias por la defensa de las mujeres no avanzaron más, pese a la ardua labor que desarrollan los denominados Servicios legales y psicosociales para la mujer, dependientes de los gobiernos municipales.
“Hemos dado más fuerza, por ejemplo, con todo respeto, a una ley de animales, sin haber resuelto antes una lucha feraz en defensa de la mujeres. Entonces. Debemos intervenir todos, es un tema pendiente de nosotros como autoridades pero también de las instituciones en busca de respuestas oportunas. El tema está en el endurecimiento de las penas pero no basta, las mujeres víctimas de violencia deben atreverse y denunciar”, concluyó.
TAREAS CONCRETAS
Al respecto, el defensor del Pueblo, Rollando Villena, lamentó el “desinterés del Gobierno central” en relación a las preocupantes cifras que existen sobre la violencia contra las mujeres y niñas.
Dichas declaraciones surgen luego de que el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro promulgara la ley municipal 192015 que declaró “estado de alerta contra toda forma de violencia hacia las mujeres”. La norma instruye la realización de acciones de prevención y promoción para luchar contra la violencia en esa región del país.
Esta decisión tiende a imitarse en los diferentes municipios del país, como parte de las tareas en contra de la violencia contra las mujeres.
ANTECEDENTES
En octubre de 2014, el Gobierno aprobó el reglamento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, de acuerdo al mismo, el 30% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), destinados a la Seguridad Ciudadana, será invertido en la construcción de casas de acogida destinadas a mujeres víctimas de violencia. Otro 10% irá al fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).
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