Ley del Notariado evitó instaurar 1.000 juicios

En cinco meses de plena vigencia de la Ley del Notariado, se evitó que al menos 1.000 juicios ingresen al sistema judicial, debido a que estos casos fueron resueltos por notarios de Fe Pública, según reveló la presidenta de los Notarios de Bolivia, Stenka Udaeta.

Además, Udaeta señaló que el Estado, con la normativa, evitó gastos económicos porque los casos dejaron de pasar por manos del recepcionista, del actuario, del secretario y de los jueces que antes eran los encargados de revisar y procesar cada una de las demandas.

“Ahora solo el notario realiza todos esos trámites por un monto menor y también un tiempo menor”, expresó Udaeta y resaltó que un trámite de divorcio que podía tardar hasta dos años en estrados judiciales, actualmente se resuelve máximo en tres meses. De similar forma, una declaratoria de heredero que demandaba 60 días, ahora requiere de solo dos o tres días para el trámite.

Esos 1.000 procesos, explicó, están referidos a las nuevas competencias que tienen los notarios en materia civil y familiar, sucesoria, testamentos, documentos de representación, protestos de títulos valores, escrituras públicas, documentos extraprotocolares y certificados de firmas.

Arancel. Los notarios del país determinaron, junto al Gobierno, reducir entre el 30% y 60% los aranceles de los notarios de Fe Pública por los trámites que efectúan. Por ejemplo, el papeleo de un divorcio de mutuo acuerdo bajó de Bs 2.500 a Bs 1.000.

“En este caso, los que recibimos menos (dinero) somos los notarios, los que hemos bajado las tarifas. Pero ahora tenemos muchísimo más control y responsabilidad porque se nos ha sumado la carga de trabajo y responsabilidades y se nos ha restado los beneficios”, observó la representante del sector.

Reveló que el acuerdo alcanzado con el Gobierno estableció la reducción de los aranceles, pero, además, se pidió que se respete el profesionalismo de los notarios y que estas funciones estén en manos de los mejores profesionales del derecho. También se acordó que las entidades bancarias ya no recurran a un solo notario, sino que la persona podrá recurrir a cualquier profesional de esta área.

Esta ley entró en vigencia en enero de este año, después de un conflicto judicial que derivó en la suspensión de tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes paralizaron su aplicación, lo que les valió un juicio de responsabilidades.