La persona que sea sorprendida consumiendo alcohol en vía pública de La Paz pagará una infracción de 480 bolivianos; de lo contrario deberá cumplir ocho horas de trabajo comunitario -en jardinería, pintura o limpieza-, establece la Ley Municipal 269 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
La norma edil y su reglamentación serán aplicadas una vez que sean publicadas. Su objetivo es cambiar el comportamiento de quienes beben en las calles y las plazas.
"La ley será publicada en los siguientes días y establece un procedimiento de trabajo comunitario para los infractores”, informó el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de La Paz, José Luis Ramallo.
Explicó que con la reglamentación de la ley -que fue promulgada por el alcalde Luis Revilla en enero-, la persona que sea encontrada consumiendo bebidas alcohólicas en plazas, parques, escuelas, campos deportivos o predios de salud será arrestada y remitida a una unidad policial.
La norma establece una sanción pecuniaria al infractor de 250 unidades de fomento a la vivienda (UFV) -480 bolivianos. Si no está en condiciones de erogar ese monto, deberá realizar el trabajo comunitario.
Las subalcaldías y Policía Boliviana establecerán el cronograma del trabajo comunitario y el sitio de las tareas. "Este cronograma debe ser conocido con 15 días de anticipación por la Policía”, explicó Ramallo.
El reglamento también establece que la subalcaldía deberá informar a la Policía el cumplimiento o el incumplimiento de la sanción del infractor.
Las personas sancionadas realizarán trabajos de limpieza, pintura, restauración de bienes públicos, asistencia social, jardinería, deforestación, ornamentación o cualquier otro en beneficio de la comunidad.
Ramallo aclaró que el trabajo comunitario no excederá las ocho horas ni será realizado en días laborales, sino en fines de semana o feriados.
La normativa será aplicada a los adultos y no así a los menores de edad, quienes tienen un tratamiento diferente. "Ellos son derivados a las defensorías y luego se convoca a los familiares”.
La ley quedará sin efecto durante fiestas como el Gran Poder y la Entrada Universitaria. "Este tipo de eventos son autorizados y regulados por la comuna”, refirió Ramallo.
Otras disposiciones
Horario La normativa se aplica a toda persona que esté bajo los efectos del alcohol en cualquier horario: la mañana, la tarde o la noche.
Informe La Policía deberá levantar un registro de los infractores para determinar si son reincidentes.
Tratamiento Si hubiera una reincidencia de los infractores, la ley establece que se convocará al infractor para que éste ingrese a un programa de reflexión y de tratamiento terapéutico.
Trabajos Los materiales de trabajo en cualquiera de las áreas serán dotados por las subalcaldías.
Cronograma Policía y comandantes de estaciones integrales de cada Subalcaldía ya realizaron reuniones de coordinación sobre la realización del trabajo comunitario.
Excepciones La ley quedará sin efecto durante el Gran Poder, la Entrada Universitaria y otras fiestas.
Arresto La Ley Municipal 269 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas también establece que la persona que sea encontrada bebiendo con un menor de 18 años será arrestada.
Menores Si los infractores son menores de edad, éstos serán remitidos a las defensorías de la niñez y adolescencia, por lo cual para ellos no procede la sanción del reglamento de la Ley 269.
viernes, 14 de marzo de 2014
Ley restringe circulación de vehículos pesados
El Concejo Municipal, aprobó ayer una ley que restringe el ingreso de vehículos de alto tonelaje dentro del cuarto anillo de la ciudad. Según el Secretario del Organismo delibertante, Rómel Pórcel, la medida apunta a reducir el tráfico vehicular especialmente en vías principales donde se enfrentan conflictos de ordenamiento vehicular por la transitabilidad de estos motorizados.
Prohíben parqueos en la calle, a empresas privadas. Según se informó la nueva ley limita el ingreso de carros cuyo tonelaje sea superior a las seis toneladas.
En este sentido se explicó que la prohibición se hará en determinados horarios, es decir, de 6:00 a 09:00 de la mañana y de 18:00 a 21:00 horas dentro de las avenidas Cristo Redentor, Virgen de Cotoca y doble vía a La Guardia.
Asimismo se explicó que con la nueva instructiva también se prohíbe el estacionamiento en calles avenidas, radiales y alrededor de plazuelas y plazas de la ciudad. Solamente podrán hacerlo en parqueos cerrados fuera del quinto anillo según se anticipó.
“Las flotas y buses no podrán tener paradas intermedias, deberán parquear únicamente en la Terminal de Buses Bimodal. Los camiones pertenecientes a empresas industriales ubicadas en el Parque Industrial, deberán parquear dentro de sus establecimientos”, resaltó Pórcel.
Habrán multas y retiro de placas. De esta manera el edil no descartó multas de hasta Bs 10 mil y en último caso el retiro de las placas de los motorizados que infrinjan la norma. Se conoce que se sancionará con Bs. 5.000, a la primera infracción; Bs 7.000, a la segunda y Bs 10.000, a la tercera. Las multas deberán ser canceladas en la cuenta bancaria fiscal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
La ejecución de controles y sanciones establecidos en la nueva ley, están a cargo de la Dirección de Tráfico y Transporte y la Dirección Recaudaciones, en coordinación con el Organismo Operativo de Tránsito y Patrulla Caminera.
Transporte, pide alternativas para que se aplique la norma. Sobre el tema, el dirigente de los transportistas, Róger Gonzales, manifestó estar de acuerdo con la medida, aunque sugirió que también es necesario dar alternativas a los transportistas ya que afirma que la problemática deriva al no haber vías específicas para motorizados de alto tonelaje en la ciudad. "Es una buena medida porque es un hecho que el tráfico en la ciudad cada vez es más conflictivo, aunque se debe considerar que no hay una ruta alternativa para cruzar la ciudad que no sea la del cuarto anillo" señaló.
Otro aspecto que destacó el dirigente fue que la ubicación de la terminal de buses es otro punto en contra para poder aplicar la nueva norma "Es muy difícil aplicar la medida ya que la terminal de buses está en una zona prácticamente céntrica de la ciudad, los transportistas no pueden esperar ciertos horarios para salir a trabajar" aseveró.
Se informará sobre la norma al sector. En este sentido, Pórcel adelantó que el Concejo Municipal lanzará una campaña de concientización a los conductores y propietarios de vehículos de alto tonelaje para indicarles la nueva ley.
No obstante indicó que el Ejecutivo Municipal en el plazo de 30 días, deberá colocar las señales ticas, tanto horizontal como vertical en las vías y avenidas adecuadas de la ciudad”, agregó Pórcel.
Prohíben parqueos en la calle, a empresas privadas. Según se informó la nueva ley limita el ingreso de carros cuyo tonelaje sea superior a las seis toneladas.
En este sentido se explicó que la prohibición se hará en determinados horarios, es decir, de 6:00 a 09:00 de la mañana y de 18:00 a 21:00 horas dentro de las avenidas Cristo Redentor, Virgen de Cotoca y doble vía a La Guardia.
Asimismo se explicó que con la nueva instructiva también se prohíbe el estacionamiento en calles avenidas, radiales y alrededor de plazuelas y plazas de la ciudad. Solamente podrán hacerlo en parqueos cerrados fuera del quinto anillo según se anticipó.
“Las flotas y buses no podrán tener paradas intermedias, deberán parquear únicamente en la Terminal de Buses Bimodal. Los camiones pertenecientes a empresas industriales ubicadas en el Parque Industrial, deberán parquear dentro de sus establecimientos”, resaltó Pórcel.
Habrán multas y retiro de placas. De esta manera el edil no descartó multas de hasta Bs 10 mil y en último caso el retiro de las placas de los motorizados que infrinjan la norma. Se conoce que se sancionará con Bs. 5.000, a la primera infracción; Bs 7.000, a la segunda y Bs 10.000, a la tercera. Las multas deberán ser canceladas en la cuenta bancaria fiscal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
La ejecución de controles y sanciones establecidos en la nueva ley, están a cargo de la Dirección de Tráfico y Transporte y la Dirección Recaudaciones, en coordinación con el Organismo Operativo de Tránsito y Patrulla Caminera.
Transporte, pide alternativas para que se aplique la norma. Sobre el tema, el dirigente de los transportistas, Róger Gonzales, manifestó estar de acuerdo con la medida, aunque sugirió que también es necesario dar alternativas a los transportistas ya que afirma que la problemática deriva al no haber vías específicas para motorizados de alto tonelaje en la ciudad. "Es una buena medida porque es un hecho que el tráfico en la ciudad cada vez es más conflictivo, aunque se debe considerar que no hay una ruta alternativa para cruzar la ciudad que no sea la del cuarto anillo" señaló.
Otro aspecto que destacó el dirigente fue que la ubicación de la terminal de buses es otro punto en contra para poder aplicar la nueva norma "Es muy difícil aplicar la medida ya que la terminal de buses está en una zona prácticamente céntrica de la ciudad, los transportistas no pueden esperar ciertos horarios para salir a trabajar" aseveró.
Se informará sobre la norma al sector. En este sentido, Pórcel adelantó que el Concejo Municipal lanzará una campaña de concientización a los conductores y propietarios de vehículos de alto tonelaje para indicarles la nueva ley.
No obstante indicó que el Ejecutivo Municipal en el plazo de 30 días, deberá colocar las señales ticas, tanto horizontal como vertical en las vías y avenidas adecuadas de la ciudad”, agregó Pórcel.
Cámara de Diputados aprueba en grande nueva Ley de Promoción de Inversiones
La Cámara de Diputados aprobó anoche, en su estación en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que busca desarrollar la matriz productiva y reducir la pobreza en el país. La propuesta establece incentivos para la inversión nacional y extranjera.
"La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves, en su etapa en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones (…) a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social", informó la Cámara de Diputados a través de su página web.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, mencionó que la futura normativa establecerá claramente las prioridades de desarrollo con el norte de lograr el bienestar de los bolivianos.
El proyecto fija incentivos para las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el país.
Es también una ley que es selectiva en los incentivos a diferencia de las anteriores leyes que tenemos, pero orientadas hacia un objetivo (y) hacia resultados, este es un elemento muy importante (porque) vamos a dar los incentivos que consideremos que son necesarios, pero vamos también a pedir resultados", enfatizó.
El proyecto de ley consta de 29 artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y una disposición abrogatoria.
Respecto a los incentivos, el proyecto de ley establece dos tipos de incentivos, generales y específicos, que podrán ser otorgados por el Estado a las inversiones realizadas en el país. Su vigencia será de entre uno a 20 años, dependiendo de los resultados que arroje el seguimiento periódico a cargo de los ministerios sectoriales.
La autoridad resaltó que la nueva ley abroga las leyes de Inversiones, Capitalización, Privatización de gestiones anteriores que establecían un marco de inversiones que "por seguridad jurídica justamente tienen que ser abrogadas".
Con relación a los mecanismos de Solución de Controversias, el proyecto establece que todo conflicto entre inversionistas se solucionará en las formas y condiciones establecidas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, quedando prohibida la nacionalización de las inversiones realizadas, "las excepciones a ésta y el procedimiento en caso de producirse la nacionalización", señala el boletín de la Cámara de Diputados.
Además el proyecto determina los delitos contra la inversión, incorporando al Código Penal los de invasión o destrucción de la inversión estatal productiva, privada o mixta y estados financieros.
"La Cámara de Diputados aprobó la noche del jueves, en su etapa en grande, el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones que establece el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones (…) a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social", informó la Cámara de Diputados a través de su página web.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, mencionó que la futura normativa establecerá claramente las prioridades de desarrollo con el norte de lograr el bienestar de los bolivianos.
El proyecto fija incentivos para las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el país.
Es también una ley que es selectiva en los incentivos a diferencia de las anteriores leyes que tenemos, pero orientadas hacia un objetivo (y) hacia resultados, este es un elemento muy importante (porque) vamos a dar los incentivos que consideremos que son necesarios, pero vamos también a pedir resultados", enfatizó.
El proyecto de ley consta de 29 artículos, siete capítulos, cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, cinco disposiciones finales y una disposición abrogatoria.
Respecto a los incentivos, el proyecto de ley establece dos tipos de incentivos, generales y específicos, que podrán ser otorgados por el Estado a las inversiones realizadas en el país. Su vigencia será de entre uno a 20 años, dependiendo de los resultados que arroje el seguimiento periódico a cargo de los ministerios sectoriales.
La autoridad resaltó que la nueva ley abroga las leyes de Inversiones, Capitalización, Privatización de gestiones anteriores que establecían un marco de inversiones que "por seguridad jurídica justamente tienen que ser abrogadas".
Con relación a los mecanismos de Solución de Controversias, el proyecto establece que todo conflicto entre inversionistas se solucionará en las formas y condiciones establecidas en la Ley de Conciliación y Arbitraje, quedando prohibida la nacionalización de las inversiones realizadas, "las excepciones a ésta y el procedimiento en caso de producirse la nacionalización", señala el boletín de la Cámara de Diputados.
Además el proyecto determina los delitos contra la inversión, incorporando al Código Penal los de invasión o destrucción de la inversión estatal productiva, privada o mixta y estados financieros.
Diputados cambia el 70% de la Ley de Inversiones
Las gestiones que realizaron empresarios y diplomáticos en la Asamblea Legislativa dieron sus frutos ayer cuando los diputados decidieron eliminar dos polémicos artículos referidos a las multas y sanciones, anular las nacionalizaciones y dar certidumbre a las inversiones, dentro de los cambios al proyecto de Ley de Inversiones que sufrió la modificación del 70,3% de la norma.
La bancada del MAS en las comisiones de Planificación Económica y en el de Constitución plantearon el cambio de 19 de los 27 artículos e introdujeron modificaciones de concepto en las disposiciones transitorias y finales.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar, saludó la medida y dijo que las observaciones que realizaron los empresarios eran al de garantizar las inversiones y que el Estado sea capaz de otorgar seguridad jurídica a los privadosnacionales e inversores extranjeros con la Ley.
“Los artículos 28 y 29, deben ser apartados del presente proyecto de ley, puesto a que la tipificación de delitos no corresponde a la naturaleza del presente proyecto de ley. Por lo que se eliminó los mencionados artículos”, señala el informe de la comisión.
El artículo 27, referido a las nacionalizaciones, uno de los más observados por los diplomáticos dice: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica; en este marco, las inversiones que se realicen bajo las regulaciones de la presente Ley no serán nacionalizadas”.
De igual modo, el Gobierno decidió eliminar el principio de “pasivo contingente” que provocó la susceptibilidad de los privados porque consideraban que generaba una incertidumbre económica sobre qué cosas deben pagar al Estado en un futuro y con normas inciertas
ANÁLISIS
Busca un claro respaldo político
Marcelo Silva - Analista
Queda claro que el Estado necesita de inversionistas privados o extranjeros que coadyuven en el crecimiento del aparato productivo para satisfacer el consumo pero también en la generación de empleo por tanto, el Gobierno tuvo que ceder de manera muy grande hasta el extremo de cambiar la mayoría de la ley a los pedidos de los embajadores y los empresarios bolivianos.
Pero la decisión del Gobierno obedece a dos factores: primero la proximidad de un proceso electoral y en ese marco el Gobierno ha decidido mejorar su relación con el empresariado, en cuanto a los países amigos, el Presidente tuvo reuniones con presidentes y empresarios de Europa y Asia, éstos le pidieron reglas claras y seguridad jurídica; el Ejecutivo los escuchó, pero por una cuestion electoral
La bancada del MAS en las comisiones de Planificación Económica y en el de Constitución plantearon el cambio de 19 de los 27 artículos e introdujeron modificaciones de concepto en las disposiciones transitorias y finales.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar, saludó la medida y dijo que las observaciones que realizaron los empresarios eran al de garantizar las inversiones y que el Estado sea capaz de otorgar seguridad jurídica a los privadosnacionales e inversores extranjeros con la Ley.
“Los artículos 28 y 29, deben ser apartados del presente proyecto de ley, puesto a que la tipificación de delitos no corresponde a la naturaleza del presente proyecto de ley. Por lo que se eliminó los mencionados artículos”, señala el informe de la comisión.
El artículo 27, referido a las nacionalizaciones, uno de los más observados por los diplomáticos dice: “El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica; en este marco, las inversiones que se realicen bajo las regulaciones de la presente Ley no serán nacionalizadas”.
De igual modo, el Gobierno decidió eliminar el principio de “pasivo contingente” que provocó la susceptibilidad de los privados porque consideraban que generaba una incertidumbre económica sobre qué cosas deben pagar al Estado en un futuro y con normas inciertas
ANÁLISIS
Busca un claro respaldo político
Marcelo Silva - Analista
Queda claro que el Estado necesita de inversionistas privados o extranjeros que coadyuven en el crecimiento del aparato productivo para satisfacer el consumo pero también en la generación de empleo por tanto, el Gobierno tuvo que ceder de manera muy grande hasta el extremo de cambiar la mayoría de la ley a los pedidos de los embajadores y los empresarios bolivianos.
Pero la decisión del Gobierno obedece a dos factores: primero la proximidad de un proceso electoral y en ese marco el Gobierno ha decidido mejorar su relación con el empresariado, en cuanto a los países amigos, el Presidente tuvo reuniones con presidentes y empresarios de Europa y Asia, éstos le pidieron reglas claras y seguridad jurídica; el Ejecutivo los escuchó, pero por una cuestion electoral
jueves, 13 de marzo de 2014
Proyecto de ley busca prohibir el “de” en el apellido de casada
El anteproyecto de Ley de Descolonización y Despatriarcalización, que fue presentado ayer, prohíbe que las mujeres casadas usen la preposición "de” antes del apellido del esposo. La propuesta coincide con la del proyecto del Código de las Familias.
"Por la igualdad conyugal, la mujer conservará antes, durante y después del matrimonio sus apellidos de filiación, sin incluir luego del primer apellido la preposición ‘de’ seguida del apellido del esposo, por ser atentatorio a sus derechos personalísimos y por mantener el sistema patriarcal del sentido de propiedad”, dice el artículo 30 de la propuesta, elaborada por el Viceministerio de Descolonización.
El viceministro del área, Félix Cárdenas, explicó que el artículo responde a las demandas de las mujeres que afirman que "no son propiedad de nadie”.
"La propuesta busca quitar ese estigma de sentido de propiedad que tiene el hombre hacia la mujer cuando se casa”, explicó la autoridad gubernamental.
Según el artículo 11 del Código Civil vigente, la mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo agregar el de su marido, precedido de la preposición "de” como distintivo de su estado civil, y seguir usándolo aún en estado de viudez.
Sin embargo -puntualiza-, en el caso de los títulos profesionales se "usará su apellido propio”. En cambio, la mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su exmarido, salvo convenio entre partes.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, explicó que el uso del apellido del esposo es voluntario, "pero no todas lo saben”.
El viceministro Cárdenas explicó que aunque el uso del "de” sea voluntario, en los hechos se vuelve obligatorio. En algunas instituciones públicas, cuando se requiere la identidad de una mujer, se pide el apellido del esposo, ejemplificó. "Con esta norma buscamos capacitar a la mujer sobre sus derechos”.
La norma fue presentada ayer a organizaciones sociales y a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados. Una propuesta similar, aunque sin carácter obligatorio, se consigna en el proyecto del Código de las Familias.
Se reconoce la boda originaria
El anteproyecto de Ley de Descolonización y Despatriarcalización propone el reconocimiento del matrimonio indígena originario campesino, siempre y cuando sea homologado ante un registro civil.
De acuerdo con el artículo 29 de la norma, "se reconoce el matrimonio indígena según su práctica tradicional de usos y costumbres celebrado por sus propias autoridades”.
Estos matrimonios podrán ser inscritos en las oficinas de registro civil del lugar del matrimonio como una forma de acuerdo u homologación con la jurisdicción indígena y la jurisdicción originaria.
Según Marvin Molina, director general de Administración Pública Plurinacional, la norma plantea además la creación del Ministerio de Descolonización y la apertura de una dirección u oficialía de esta naturaleza en cada institución pública del país.
"Queremos que la descolonización sea gestión pública y no sólo una discusión política”, destacó.
"Por la igualdad conyugal, la mujer conservará antes, durante y después del matrimonio sus apellidos de filiación, sin incluir luego del primer apellido la preposición ‘de’ seguida del apellido del esposo, por ser atentatorio a sus derechos personalísimos y por mantener el sistema patriarcal del sentido de propiedad”, dice el artículo 30 de la propuesta, elaborada por el Viceministerio de Descolonización.
El viceministro del área, Félix Cárdenas, explicó que el artículo responde a las demandas de las mujeres que afirman que "no son propiedad de nadie”.
"La propuesta busca quitar ese estigma de sentido de propiedad que tiene el hombre hacia la mujer cuando se casa”, explicó la autoridad gubernamental.
Según el artículo 11 del Código Civil vigente, la mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo agregar el de su marido, precedido de la preposición "de” como distintivo de su estado civil, y seguir usándolo aún en estado de viudez.
Sin embargo -puntualiza-, en el caso de los títulos profesionales se "usará su apellido propio”. En cambio, la mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su exmarido, salvo convenio entre partes.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, explicó que el uso del apellido del esposo es voluntario, "pero no todas lo saben”.
El viceministro Cárdenas explicó que aunque el uso del "de” sea voluntario, en los hechos se vuelve obligatorio. En algunas instituciones públicas, cuando se requiere la identidad de una mujer, se pide el apellido del esposo, ejemplificó. "Con esta norma buscamos capacitar a la mujer sobre sus derechos”.
La norma fue presentada ayer a organizaciones sociales y a la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados. Una propuesta similar, aunque sin carácter obligatorio, se consigna en el proyecto del Código de las Familias.
Se reconoce la boda originaria
El anteproyecto de Ley de Descolonización y Despatriarcalización propone el reconocimiento del matrimonio indígena originario campesino, siempre y cuando sea homologado ante un registro civil.
De acuerdo con el artículo 29 de la norma, "se reconoce el matrimonio indígena según su práctica tradicional de usos y costumbres celebrado por sus propias autoridades”.
Estos matrimonios podrán ser inscritos en las oficinas de registro civil del lugar del matrimonio como una forma de acuerdo u homologación con la jurisdicción indígena y la jurisdicción originaria.
Según Marvin Molina, director general de Administración Pública Plurinacional, la norma plantea además la creación del Ministerio de Descolonización y la apertura de una dirección u oficialía de esta naturaleza en cada institución pública del país.
"Queremos que la descolonización sea gestión pública y no sólo una discusión política”, destacó.
miércoles, 12 de marzo de 2014
La Ley de Inversiones fue aprobada ayer en grande y detalle.
La ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro Hinojosa, ratificó el martes que en el marco de la nueva Ley de Promoción de Inversiones, el Estado boliviano dará incentivos a los inversionistas privados, pero que éstos serán retirados si no generan los resultados esperados.
Caro asistió ayer a la sesión de informe de explicación del alcance y objetivo de este proyecto de ley ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, donde la norma se aprobó en su estación en grande y en detalle, aunque con algunas modificaciones.
La ministra, en el tema de los incentivos, explicó que esta nueva norma es “una ley de gestión por resultados”. En esa medida, enfatizó que “en la medida que el incentivo esté generando el impacto que queremos, el incentivo se va a mantener”. “Hay un compromiso entre el Estado e inversionistas en que vamos a promover y facilitar la inversión, pero también necesitamos tener resultados”.
Recordó que Bolivia tuvo experiencias negativas en el pasado en la otorgación de incentivos sin resultados que beneficien al país. Es por ello que advirtió que “la ley también prevé que el Ministerio de Planificación, después de un seguimiento y evaluación de las inversiones, va a recomendar que el incentivo se retire”.
Preferente. La autoridad explicó que existen dos tipos de incentivos: generales y específicos. Los primeros benefician a cualquier sector de la economía, como el turismo o la construcción, y los segundos se refieren a “inversiones preferentes” de sectores estratégicos, de generación de empleo y transferencia tecnológica como de desarrollo regional.
En este grupo se incluye a los hidrocarburos, minería, energía y transporte que contribuyan a generar valor agregado.
Caro precisó que existen más de 15 normas que brindan incentivos para la inversión en el país, pero que ni los privados nacionales ni extranjeros “han aprovechado de esas ventajas”. Citó como ejemplo la Ley de Promoción Económica de El Alto, la norma de Cobija, la Ley Santiváñez de Cochabamba, entre otras.
“Ésa es una señal que ponerla por escrito (los incentivos) no nos garantiza nada, buscamos un mecanismo que permita que cuando demos incentivos logremos impactos en desarrollo y crecimiento para el país”, comentó la Ministra de Planificación.
La autoridad sostuvo que los incentivos tributarios, financieros o de otra índole serán creados para cada proyecto, no de forma general, porque cada proyecto será diferente en cada rubro de la inversión.
Otra precisión que hizo la ministra fue que todos los contratos que se firmen serán enviados a la Asamblea Legislativa para su “autorización y aprobación”. “Creemos que hemos logrado este mecanismo a través de los contratos que por Constitución deben ir a la Asamblea, estos contratos son específicos, se refieren a proyectos de producción, creemos que éste es el canal por donde podemos lograr mayor impacto en las inversiones y tener un diseño de mecanismo e incentivos adecuados a cada proyecto”, dijo. Además, ratificó que todas las inversiones serán registradas en el Banco Central de Bolivia para las extranjeras y en el Ministerio de Planificación para las nacionales.
La norma pasa hoy a presidencia de Diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores para su revisión.
‘La nacionalización se mantiene por soberanía’
Edgar Toro
El tema de la nacionalización se mantiene en la Ley de Promoción de Inversión por una cuestión de “soberanía”, manifestó ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, en su informe ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja.
“Es un círculo que responde a un principio internacional de reglas claras, el Estado (boliviano) tiene esta política y la mantiene en lo que es la nacionalización, es un tema de soberanía, está incorporado, no podemos dejar de señalar porque es un elemento que va a estar presente”, aseveró.
Explicó que en la medida que esta ley entre en vigencia, se tendrán “reglas muy claras” y criterios precisos acerca de las inversiones que lleguen al país. Entonces, “no va a haber elementos que motiven una nacionalización de estas inversiones”, expresó Caro y añadió que es una “buena señal” que da el país.
Resaltó que ahora se tendrá una ley clara, todo ordenado y adecuado para las inversiones y sobre esa base siempre habrá un acuerdo para evitar controversias, “aunque en casos extremos se tenga que recurrir a las normas de arbitraje”.
Todo contrato de inversión será aprobado por una ley
Todos los contratos de inversión en los que participe el Estado deberán ser aprobados por una ley consensuada por la Asamblea Legislativa, tal como sucede hoy en el campo de los hidrocarburos, dijo ayer la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, luego de presentar la Ley de Inversiones ante las comisiones de Planificación Económica y Constitución en Diputados.
“La inversión preferente en sectores estratégicos deberá ir a la Asamblea Legislativa en dos momentos, uno para su autorización y dos para su aprobación, y en esas leyes nosotros vamos a incorporar los incentivos específicos para todo lo que es inversión preferente”, dijo la autoridad en contacto con medios escritos.
Recordó que hasta el momento solo el sector hidrocarburífero ingresaba al Legislativo para ser aprobado por contrato, ahora será en todas las áreas en las que tenga participación el Estado.
Respecto a los incentivos, la autoridad explicó que los mismos se aplicarán a cuatro áreas privilegiadas por el Gobierno: hidrocarburos, energía, minería y transporte; además se tomará en cuenta el proyecto de inversión que se pretende instalar en una determinada región y el grado de inversión.
Los incentivos fueron divididos en tres: los generales, los específicos y los preferentes; en los tres tipos de alicientes económicos participarán el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías donde se realice una determinada inversión. Las mismas podrán ser tributarias, fiscales o impositivas.
La ministra Caro recordó que en este momento existen 15 normas aproximadamente que otorgan estímulos a las inversiones pero que no son aprovechadas por los empresarios privados o por las regiones donde se dirige el aliciente.
Estímulo condicional
De igual modo, la autoridad dijo que todas las inversiones serán “revisadas” de forma permanente para fiscalizar las mismas y aquellos proyectos que no cumplan con el contrato perderán estos incentivos asignados por el Estado y para legislar ese punto, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia deben entregar una nueva ley de arbitrajes en el menor tiempo posible.
Diputados de las comisiones de Planificación Económica y de Constitución, de manera conjunta aprobaron ayer en sus dos estaciones este proyecto y definieron su remisión al pleno de la Cámara de Diputados
Cambios
Doble sanción
Los diputados del MAS acordaron que las sanciones que contemplaba el artículo 27 sean remitidas a otra ley.
Nacionalización
La nacionalización por interés colectivo se mantiene en el marco de la soberanía, dijo la ministra Viviana Caro.
Migración de contratos
Los actuales proyectos de inversión se regirán por las leyes anteriores pero podrán migrar de manera voluntaria.
“La inversión preferente en sectores estratégicos deberá ir a la Asamblea Legislativa en dos momentos, uno para su autorización y dos para su aprobación, y en esas leyes nosotros vamos a incorporar los incentivos específicos para todo lo que es inversión preferente”, dijo la autoridad en contacto con medios escritos.
Recordó que hasta el momento solo el sector hidrocarburífero ingresaba al Legislativo para ser aprobado por contrato, ahora será en todas las áreas en las que tenga participación el Estado.
Respecto a los incentivos, la autoridad explicó que los mismos se aplicarán a cuatro áreas privilegiadas por el Gobierno: hidrocarburos, energía, minería y transporte; además se tomará en cuenta el proyecto de inversión que se pretende instalar en una determinada región y el grado de inversión.
Los incentivos fueron divididos en tres: los generales, los específicos y los preferentes; en los tres tipos de alicientes económicos participarán el Gobierno, las gobernaciones y las alcaldías donde se realice una determinada inversión. Las mismas podrán ser tributarias, fiscales o impositivas.
La ministra Caro recordó que en este momento existen 15 normas aproximadamente que otorgan estímulos a las inversiones pero que no son aprovechadas por los empresarios privados o por las regiones donde se dirige el aliciente.
Estímulo condicional
De igual modo, la autoridad dijo que todas las inversiones serán “revisadas” de forma permanente para fiscalizar las mismas y aquellos proyectos que no cumplan con el contrato perderán estos incentivos asignados por el Estado y para legislar ese punto, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia deben entregar una nueva ley de arbitrajes en el menor tiempo posible.
Diputados de las comisiones de Planificación Económica y de Constitución, de manera conjunta aprobaron ayer en sus dos estaciones este proyecto y definieron su remisión al pleno de la Cámara de Diputados
Cambios
Doble sanción
Los diputados del MAS acordaron que las sanciones que contemplaba el artículo 27 sean remitidas a otra ley.
Nacionalización
La nacionalización por interés colectivo se mantiene en el marco de la soberanía, dijo la ministra Viviana Caro.
Migración de contratos
Los actuales proyectos de inversión se regirán por las leyes anteriores pero podrán migrar de manera voluntaria.
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