El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, informó que se tiene previsto que los alcaldes y gobernadores de oposición presenten en los próximos días un amparo de inconstitucionalidad contra la Ley de Incentivos a la exploración hidrocarburífera.
“Sabemos que el alcalde La Paz (Luis Revilla), sabemos que el Gobernador de Santa Cruz (Rubén Costas) también están pensando en presentar un recurso y algunas alcaldías de Cochabamba”, manifestó Leyes.
Explicó que la ley de incentivos reduce en un 12% los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a alcaldías y gobernaciones, para ser destinados como alicientes a las empresas petroleras extranjeras que trabajan en el país. Por ello, dijo, rechazan esa ley.
Leyes anunció que durante la primera quincena de enero se llevará una reunión de carácter nacional, y con los borradores de los recursos de inconstitucionalidad, elaborarán y presentarán un amparo de forma conjunta.
Varios líderes de oposición se manifestaron en contra de la norma, entre ellos los gobernadores de Tarija, Adrián Oliva; La Paz, Félix Patzi; y Santa Cruz, Rubén Costas.
Este último, calificó la medida como “confiscatoria” de los recursos regionales que son destinados para la salud y educación, entre otros.
El Gobierno defiende la norma y señala que, tras entregar ese 12% de recursos, los departamentos y ciudades recibirán más dinero, debido a que las empresas petroleras explorarán y explotarán más campos hidrocarburíferos, generando a su vez más regalías.
viernes, 25 de diciembre de 2015
sábado, 19 de diciembre de 2015
ALP cierra el año con 120 leyes aprobadas
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cerró ayer el año 2015 con 120 leyes aprobadas e ingresó en receso parlamentario de 15 días por las fiestas de fin año.
“Este año llegamos a 120 leyes, lo que significa un incremento de casi el 50 por ciento por encima del trabajo y la eficacia del año 2010”, manifestó el presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera.
Entre las leyes aprobadas se encuentran las de desarrollo productivo, industrialización y medioambiente con 13 normas sancionadas; en las áreas de petróleo, exploración y explotación 12 leyes; en infraestructura, carreteras y transporte 17 leyes; en desarrollo económico, política tributaria y presupuestaria 12 normas; en el área de régimen autonómico son cuatro leyes aprobadas; en salud, siete; en educación, ciencia y tecnología, once, y leyes sociales 27; en justicia, democracia y derechos 13 leyes; declaratorias de patrimonio y honores cuatro, detalló García Linera.
Evaluó que las cifras demuestran que se priorizó el área económica, que garantiza el modelo de desarrollo económico productivo social comunitario que ejecuta el Gobierno en Bolivia.
Comisión de asamblea
Para atender temas de urgencia durante el período del receso, la ALP también designó a 18 diputados y nueve senadores con sus suplentes, para conformar la Comisión de Asamblea.
Los senadores titulares elegidos son: José Gonzales, Omar Aguilar, Ester Torrico, Pedro Montes, Adela Cussi, Víctor Hugo Zamora, Oscar Ortiz, María Simoni y Homer Menacho.
Los diputados titulares son: Juan Cala, Muriel Cruz, Juan Cárdenas, Delia Canaviri, Lily Villca, Francisco Cuellar, David Ramos, Ana Vidal, Sebastián Texeira, Tito Cossío, Víctor Ramírez, Sandra Cartagena, Leoncio Jancko, Jimena Costas, María Calcina, Dulce María Araujo, Norma Piérola y Maida Paz.
“Este año llegamos a 120 leyes, lo que significa un incremento de casi el 50 por ciento por encima del trabajo y la eficacia del año 2010”, manifestó el presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera.
Entre las leyes aprobadas se encuentran las de desarrollo productivo, industrialización y medioambiente con 13 normas sancionadas; en las áreas de petróleo, exploración y explotación 12 leyes; en infraestructura, carreteras y transporte 17 leyes; en desarrollo económico, política tributaria y presupuestaria 12 normas; en el área de régimen autonómico son cuatro leyes aprobadas; en salud, siete; en educación, ciencia y tecnología, once, y leyes sociales 27; en justicia, democracia y derechos 13 leyes; declaratorias de patrimonio y honores cuatro, detalló García Linera.
Evaluó que las cifras demuestran que se priorizó el área económica, que garantiza el modelo de desarrollo económico productivo social comunitario que ejecuta el Gobierno en Bolivia.
Comisión de asamblea
Para atender temas de urgencia durante el período del receso, la ALP también designó a 18 diputados y nueve senadores con sus suplentes, para conformar la Comisión de Asamblea.
Los senadores titulares elegidos son: José Gonzales, Omar Aguilar, Ester Torrico, Pedro Montes, Adela Cussi, Víctor Hugo Zamora, Oscar Ortiz, María Simoni y Homer Menacho.
Los diputados titulares son: Juan Cala, Muriel Cruz, Juan Cárdenas, Delia Canaviri, Lily Villca, Francisco Cuellar, David Ramos, Ana Vidal, Sebastián Texeira, Tito Cossío, Víctor Ramírez, Sandra Cartagena, Leoncio Jancko, Jimena Costas, María Calcina, Dulce María Araujo, Norma Piérola y Maida Paz.
miércoles, 16 de diciembre de 2015
Anuncian tratamiento de la nueva Ley 1008 para 2016
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, afirmó que el tratamiento de la Ley 1008 se concretará el primer semestre del próximo año. No descartó que se pueda realizar un nuevo estudio sobre la coca y su cultivo.
"Lastimosamente el tratamiento de la Ley 1008 nuevamente lo hemos postergado, es una decisión, una medida muy atinada (…) La modificación de la Ley 1008 será para primer semestre del próximo año", explicó la autoridad.
Anteriormente, el mismo Viceministro había anunciado que esta ley se aprobaría para agosto de este año, pero entonces hubo una postergación. Ahora, el referendo del 21 de febrero y otros factores obligaron a que de nuevo se posponga el tratamiento de esta norma, explicó.
Consultado sobre si es necesario realizar un nuevo estudio a la coca, Cáceres respondió afirmativamente y dijo que el actual estudio de la hoja verde debe ser actualizado.
"Hay que actualizar, un estudio se hace en un determinado tiempo, pero a otro tiempo es necesario tener la información (…) y que partir de estos estudios tengamos una nueva base de datos para elaborar la modificación de la Ley 1008, la Ley de la Coca y sustancias controladas (…) El narcotráfico es muy dinámico , se necesita constantemente actualizar los datos", señaló.
"Lastimosamente el tratamiento de la Ley 1008 nuevamente lo hemos postergado, es una decisión, una medida muy atinada (…) La modificación de la Ley 1008 será para primer semestre del próximo año", explicó la autoridad.
Anteriormente, el mismo Viceministro había anunciado que esta ley se aprobaría para agosto de este año, pero entonces hubo una postergación. Ahora, el referendo del 21 de febrero y otros factores obligaron a que de nuevo se posponga el tratamiento de esta norma, explicó.
Consultado sobre si es necesario realizar un nuevo estudio a la coca, Cáceres respondió afirmativamente y dijo que el actual estudio de la hoja verde debe ser actualizado.
"Hay que actualizar, un estudio se hace en un determinado tiempo, pero a otro tiempo es necesario tener la información (…) y que partir de estos estudios tengamos una nueva base de datos para elaborar la modificación de la Ley 1008, la Ley de la Coca y sustancias controladas (…) El narcotráfico es muy dinámico , se necesita constantemente actualizar los datos", señaló.
martes, 15 de diciembre de 2015
Ley de alimentación no será prohibitiva
La ministra de Salud, Ariana Campero, informó ayer que la Ley de Alimentación Saludable no será prohibitiva sino preventiva.
Hace unos meses que esta cartera de Estado presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que pretende, a través de la promoción de alimentos saludables, prevenir enfermedades no transmisibles.
En ese marco, Campero aseguró que esta norma no pretende ser prohibitiva.
“Es una decisión de todo el país cuidar desde pequeños la salud de los niños, a través de una educación alimenticia adecuada”, dijo la Ministra.
Entre sus componentes, la ley propone la promoción de la alimentación saludable en unidades educativas e instituciones públicas y privadas, evitar la chatarra y promover el consumo de alimentos orgánicos.
Pretende, además, que en el etiquetado se brinde información clara. Asimismo, recurrir a colores como los de los semáforos para indicar la cantidad de sodio, grasas saturadas y de azucares con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Del mismo modo, la autoridad explicó que la norma presentará diversos plazos para su aplicación.
En relación a ello, la población pide que se norme la oferta de alimentos saludables.
“Se tendría que incorporar en todos los restaurantes una alternativa saludable porque actualmente sólo nos ofrecen comidas altas en grasas”, comentó Luz Carlo, vecina de La Paz.
Hace unos meses que esta cartera de Estado presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que pretende, a través de la promoción de alimentos saludables, prevenir enfermedades no transmisibles.
En ese marco, Campero aseguró que esta norma no pretende ser prohibitiva.
“Es una decisión de todo el país cuidar desde pequeños la salud de los niños, a través de una educación alimenticia adecuada”, dijo la Ministra.
Entre sus componentes, la ley propone la promoción de la alimentación saludable en unidades educativas e instituciones públicas y privadas, evitar la chatarra y promover el consumo de alimentos orgánicos.
Pretende, además, que en el etiquetado se brinde información clara. Asimismo, recurrir a colores como los de los semáforos para indicar la cantidad de sodio, grasas saturadas y de azucares con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Del mismo modo, la autoridad explicó que la norma presentará diversos plazos para su aplicación.
En relación a ello, la población pide que se norme la oferta de alimentos saludables.
“Se tendría que incorporar en todos los restaurantes una alternativa saludable porque actualmente sólo nos ofrecen comidas altas en grasas”, comentó Luz Carlo, vecina de La Paz.
domingo, 13 de diciembre de 2015
Ley 351, un retroceso de cuatro décadas
La Ley 351 de Otorgación de Personerías Jurídicas, en análisis del director del Cedib, Marco Antonio Gandarillas, se realizó en un contexto "represivo". Fue presentada como un simple trámite burocrático, pero en los hechos deja sin efecto las personerías jurídicas obtenidas antes de la promulgación de la misma. "Esta es la inconstitucionalidad más importante de esta ley debido a que atenta contra el principio de irretroactividad de la ley", dijo.
El Defensor del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra de la Ley 351 y su reglamento, pero a más de un año no fue resuelto. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas, Maina Kiai advirtió al Estado boliviano que estas normas "injustificadamente restringen el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales".
Gandarillas mencionó que la norma establece mecanismos de control del Estado, más allá del Código Civil, pues añade el trámite de reconocimiento y otorgación de las personalidades jurídicas para someterse a ciertos requisitos, como el reconocimiento de sus documentos constitutivos: estatutos y reglamentos.
La nueva norma incluye el régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad, cuando el término de disolución es una figura inexistente en el Código Civil. Dijo que la ley aumenta atribuciones del Estado para revocar la personería jurídica de una asociación, sin que la misma haya sido juzgada por la comisión de un ilícito.
"Sus alcances, derogan el Código Civil y generan un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y la sociedad, basadas en el amedrentamiento y la funcionalización", sostuvo.
Recomiendan aprobar la Ley de Consulta Previa
Bolivia ratificó su presencia en el Convenio 169, en 1991, por tanto debe sujetarse a está norma internacional.
Recomiendan a la Asamblea Legislativa y al Gobierno agilizar la aprobación de la ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, establecida en el convenio 169, de carácter internacional, en el que Bolivia ratificó su participación en 1991. Esta norma, luego se convirtió en ley y es de carácter vinculante. La experta en el tema y ex miembro de la Organización Internacional del trabajo (OIT), Liliam Landeo, dijo que de no hacerlo se vulnerará la norma internacional.
CONVENIO 169. El documento de la de la OIT es el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de naciones ratificantes.
El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación
Determina la protección de "los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios" de los pueblos indígenas, y define "la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios".
CONUSLTA PREVIA. En su artículo 6, del Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas. La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas.
Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. En este punto, la experta peruana resalta, que para la explotación y exploración petrolera, debe realizarse consultas a los pueblos indígenas.
“Debe realizarse consultas a los pueblos indígenas, cuando se hacen medidas legislativas y administrativas que los afecten directamente”, dijo.
Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas, que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
Al no tener Bolivia una legislación que establezca la consulta previa, incumple el convenio 169, señaló la Landeo.
"De hecho, la apertura de la exploración y explotación o concesiones que pudieran darse dentro por ejemplo del Tipnis, son medidas que van a afectar a los pueblos indígenas cercanos a la zona", manifestó.
Agregó que la obligación del Estado es consultar está medida a los pueblos indígenas.
CONUSLTA PREVIA. En el caso del Tipnis, la exrepresentante de la OIT, sostuvo que la carretera que pretende construir el Gobierno, afecta directamente a los pueblos indígenas, debe identificarse el grado de afectación en la medida que va a tomar en la región.
“Una obligación del Estado es consultar está medida con los pueblos indígenas y si hay gente que no se considera indígena hay otros mecanismos como el referendo”, aconsejó.
Landeo declaró que si el Gobierno respeta las normas internacionales, exige una tecnología limpia para el medio ambiente, respeta los derechos de los pueblos indígenas y toma en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), habría mucha compatibilidad del desarrollo de Bolivia, pero al mismo tiempo que los pueblos se beneficien con los réditos.
Ante este panorama la profesional recomendó a las autoridades llamadas, a sancionar y poner en vigencia una ley que contemple la Consulta Previa, para impulsar de forma efectiva las políticas de desarrollo.
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SE CAPACITA EN LA CONSULTA PREVIA. Ofreció cursos a los funcionarios del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), en el tema de la consulta previa, con el fin de consolidar un reglamento para la observación y el acompañamiento en procesos de consulta previa en un futuro, según explicó la vocal, María Eugenia Choque.
En fin de la capacitación es recoger los instrumentos legales tanto nacionales e internacionales para hacer un proceso de acorde a las normas. Para la Vocal, la ley de una consulta previa es importante para respetar los instrumentos de protección a los pueblos indígenas. “Porque existen muchos instrumentos de protección, respecto a lo que son los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169, la declaración de los pueblos indígenas, que prácticamente se recoge en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado”, dijo.
El TSE, una institución llamada a organizar y velar por los derechos de la democracia, traducidos en el voto de los ciudadanos debe estar capacitado para desarrollar la consulta previa, dijo.
Recomiendan a la Asamblea Legislativa y al Gobierno agilizar la aprobación de la ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, establecida en el convenio 169, de carácter internacional, en el que Bolivia ratificó su participación en 1991. Esta norma, luego se convirtió en ley y es de carácter vinculante. La experta en el tema y ex miembro de la Organización Internacional del trabajo (OIT), Liliam Landeo, dijo que de no hacerlo se vulnerará la norma internacional.
CONVENIO 169. El documento de la de la OIT es el más importante instrumento internacional que garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Su fuerza radica y depende, de todos modos, de un alto número de naciones ratificantes.
El convenio hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación
Determina la protección de "los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios" de los pueblos indígenas, y define "la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios".
CONUSLTA PREVIA. En su artículo 6, del Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas. La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas.
Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. En este punto, la experta peruana resalta, que para la explotación y exploración petrolera, debe realizarse consultas a los pueblos indígenas.
“Debe realizarse consultas a los pueblos indígenas, cuando se hacen medidas legislativas y administrativas que los afecten directamente”, dijo.
Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas, que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
Al no tener Bolivia una legislación que establezca la consulta previa, incumple el convenio 169, señaló la Landeo.
"De hecho, la apertura de la exploración y explotación o concesiones que pudieran darse dentro por ejemplo del Tipnis, son medidas que van a afectar a los pueblos indígenas cercanos a la zona", manifestó.
Agregó que la obligación del Estado es consultar está medida a los pueblos indígenas.
CONUSLTA PREVIA. En el caso del Tipnis, la exrepresentante de la OIT, sostuvo que la carretera que pretende construir el Gobierno, afecta directamente a los pueblos indígenas, debe identificarse el grado de afectación en la medida que va a tomar en la región.
“Una obligación del Estado es consultar está medida con los pueblos indígenas y si hay gente que no se considera indígena hay otros mecanismos como el referendo”, aconsejó.
Landeo declaró que si el Gobierno respeta las normas internacionales, exige una tecnología limpia para el medio ambiente, respeta los derechos de los pueblos indígenas y toma en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), habría mucha compatibilidad del desarrollo de Bolivia, pero al mismo tiempo que los pueblos se beneficien con los réditos.
Ante este panorama la profesional recomendó a las autoridades llamadas, a sancionar y poner en vigencia una ley que contemple la Consulta Previa, para impulsar de forma efectiva las políticas de desarrollo.
EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL SE CAPACITA EN LA CONSULTA PREVIA. Ofreció cursos a los funcionarios del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), en el tema de la consulta previa, con el fin de consolidar un reglamento para la observación y el acompañamiento en procesos de consulta previa en un futuro, según explicó la vocal, María Eugenia Choque.
En fin de la capacitación es recoger los instrumentos legales tanto nacionales e internacionales para hacer un proceso de acorde a las normas. Para la Vocal, la ley de una consulta previa es importante para respetar los instrumentos de protección a los pueblos indígenas. “Porque existen muchos instrumentos de protección, respecto a lo que son los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169, la declaración de los pueblos indígenas, que prácticamente se recoge en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado”, dijo.
El TSE, una institución llamada a organizar y velar por los derechos de la democracia, traducidos en el voto de los ciudadanos debe estar capacitado para desarrollar la consulta previa, dijo.
viernes, 11 de diciembre de 2015
Suman un artículo más a la ley del presupuesto
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño dijo que se incluyó un artículo más al Presupuesto General de la Nación, que establece previsiones sobre el ahorro de la anterior gestión, recursos que se destinarán para la construcción del nuevo legislativo.
Montaño aclaró que el mayor presupuesto de la ley financial es para la construcción de carreteras. El presupuesto prevé un crecimiento del 5,01 por ciento para la gestión 2016.
Montaño aclaró que el mayor presupuesto de la ley financial es para la construcción de carreteras. El presupuesto prevé un crecimiento del 5,01 por ciento para la gestión 2016.
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