Los mineros asalariados a través de los dirigentes de su Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), expresaron su preocupación por la demora en la aprobación de la nueva ley minera, pues no se trata sólo de días o semanas el atraso se cuenta en años, explicaron los mineros.
Lo evidente es que ha pasado mucho tiempo y aunque existan anuncios sobre un avance de hasta el 80% en el tratamiento del proyecto de la ley minera, existen una serie de obstáculos que impiden su conclusión y mantienen en una posición de incertidumbre permanente al importante sector minero nacional con la inclusión de la minería estatal, la privada y la cooperativizada, pero además postergando definiciones muy especiales como definir la estructura de lo que será la industrialización de la materia prima minera, a través de planes especiales y el fortalecimiento de la metalurgia y la siderurgia en el país.
El ejecutivo de la Fstmb, señaló que existen muchos aspectos pendientes que no han sido definidos y que deben ser incorporados a la nueva ley minera, señaló el caso del régimen tributario, el de regalías, la situación de las cooperativas mineras y de las macroproductoras mineras privadas, el futuro de la minería estatal y miles de trabajadores mineros asalariados.
Hay otros problemas que tienen que ver con el régimen impositivo que pueda ser aprobado y que en función de los intereses nacionales debiera ser tan o más competitivo que los sistemas que rigen en los países vecinos, donde si bien se aplican ciertas tasas tributarias fuertes, paralelamente se abren algunos incentivos que hacen tentadora la posibilidad de inversiones, la trasferencia de tecnología y el asentamiento de importantes capitales para mover proyectos de la gran minería, estatal o privada.
Algo que debe tomarse en cuenta para esos fines especiales de incentivar la actividad minera es que se pueda privilegiar las condiciones más favorables para captar inversiones, con seguridades de doble sentido, de modo que el Estado asegure beneficios, pero al mismo tiempo garantice la inclusión de capitales privados, nacionales o extranjeros para hacer viable los proyectos de mayor envergadura en función de intereses comunes, pero sobre todo de aquellos que tengan impacto socio económico y ambiental en la estructura económica del país.
Esa situación así planteada lleva a otra reflexión de los sectores inmersos en la minería y la posición tiene que ver con la necesidad de generar un cambio total en la Corporación Minera de Bolivia, la famosa Comibol que pasó por épocas de bonanza, también de despilfarro, fue parte de aparatos de sostenimiento político y muchas veces se trató en los más altos niveles de convertirla en una entidad rectora y dinamizadora de la actividad minera, lo que sin embargo aún en el presente no se ha conseguido.
Estos delicados temas en el ámbito minero merecen soluciones estructurales en base a una nueva Ley que defina la funcionalidad técnica, financiera, administrativa y operativa del ministerio del ramo y su brazo articulador que sería una renovada Comibol.
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