La ministra de Lucha Contra el Narcotráfico y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, explicó que se pretende introducir un acápite especial en el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establezcan las fuentes de reserva por temas de seguridad de Estado. La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechaza esa posibilidad porque se continúa en la perspectiva de vulnerar derechos cívicos como la libertad de información.
Durante la III Cumbre Plurinacional de Transparencia “Derecho al acceso a la información”, la autoridad explicó que se estudia la posibilidad de especificar las restricciones informativas para no afectar las fuentes informativas en el proyecto que es trabajando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
“Se nos ha hecho ver que podríamos tener un capítulo específico de definiciones para saber exactamente qué se entiende por seguridad de Estado, para temas concretos, estamos trabajando en ello y nos parece una observación atendible y muy importante que la tenemos que incluir en el proyecto de ley”, manifestó a los medios de prensa.
Suxo pidió a las organizaciones de la prensa a “ponerse de acuerdo” porque existirían criterios dispares sobre estas disposiciones, aunque resaltó que se respetará el derecho a la reserva informativa, estipulada en la Ley de Imprenta.
“Lo que quiero resaltar es que los periodistas y las periodistas tienen sus fuentes de información y usan fuentes de información y esas fuentes siempre las van a tener”, agregó la autoridad.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, rechazó las afirmaciones de Suxo, aclarando que en ningún momento se validó el anteproyecto, ni tampoco mediante la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Csutpb). Ratificó la postura de la entidad de los periodistas, sobre defender los derechos de los trabajadores de la información así como de la población en general para acceder a la información de la administración estatal.
“La Confederación en una asamblea en Montero rechazó el proyecto y en la comisión se denunció que esa ley no cumple con las normas internacionales de acceso a la información y tampoco la Constitución Política del Estado (CPE). La APLP no se opone sino que quiere enriquecer esta norma para que precisamente, no se vulnere la CPE”, manifestó.
Vargas, sin embargo, deploró que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) insista en generar regulaciones que sólo apuntan a restringir el derecho constitucional de los bolivianos a acceder a la información de las entidades gubernamentales. El manejo discrecional de la información con un ente que regule qué se puede y qué no se puede conocer públicamente sería la principal observación a una ley que más bien tiene características restrictivas a la transparencia informativa.
El proyecto de Ley de Transparencia trabajado desde 2010 en esa cartera de Estado llegó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde se plantearon ocho restricciones informativas en el artículo 42 y se abría una gama de restricciones para tuición de la Policía nacional, Fuerzas Armadas, Órganos del Estado y Procuraduría en el artículo 43.
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