El descuento a los funcionarios públicos como "aporte voluntario" al partido de Gobierno, es considerado como ilegal, por ello opositores proponen lanzar un proyecto de ley para regular esta situación.
Situación que también es recomendada por analistas políticos entendidos en la materia, ya que son calificados estos procedimientos como actos extorsivos.
Además, como una forma de buscar el equilibrio de fuerzas, parlamentarios opositores sugieren al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que el Estado vuelva a entregar recursos a las estructuras partidarias para evitar dinero de oscura procedencia.
El Estado debe ayudar a los partidos. Según el senador de Convergencia Nacional (CN), Germán Antelo, dijo que los partidos políticos deben ser ayudados por el Estado.
"Porque son intermediarios necesarios para el ejercicio de la democracia y es vital que de nuevo se les entregue los recursos que les fueron quitados por este Gobierno", dijo el parlamentario.
Mencionó que la institución indicada para presentar un proyecto de ley para discutirlo en la Asamblea Plurinacional es el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ahora ve como un abuso de poder el de cobrar "aportes" a los funcionarios públicos, utilizando chantajes de retirar de los cargos a los que no quieran hacerlo.
Contribución obligada es extorsión. El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, afirmó que la contribución obligada a nombre de "voluntaria", es extorsión y se debe denunciar.
Incluso dijo que conoce algunos casos donde hay descuentos considerados ilegales y abusivos.
Dijo que la militancia de su partido, contribuye de manera voluntaria de acuerdo a sus posibilidades y esos aportes, son depositados en una cuenta pública y eso sostiene la actividad partidaria del MSM.
Como legislador está trabajando un proyecto de ley, donde establece al Órgano Electoral que sea riguroso en poner techos al costo de las campañas, como una regulación o poner límites a espacios de propaganda política.
MAS niega aportes forzados. Por su parte, Jorge Medina, subjefe nacional de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), niega aportes forzados de funcionarios.
"Ahora lo que diga la oposición me tiene sin cuidado, en caso que así fuera, deberían dar nombres específicos", comentó.
Indicó que a nivel personal, su aporte al MAS consiste cuando viaja a algún evento organizado por su partido y lo hace con sus propios recursos. El pasado 7 de junio, la presidente económica del MAS, Nélida Sifuentes, afirmó a Erbol que mediante la jefatura de bancada en el Senado, Eugenio Rojas, solicitará que los asambleístas oficialistas que no aportan al partido regularicen o definan su situación.
Recursos de voluntarios se da en la oposición. Mientras que la analista política Jimena Costa, indicó que en cualquier periodo de Gobierno, el único ámbito donde funciona el aporte voluntario es en los partidos que no están en función de gobierno. Esto significa, que la contribución de los militantes es de acuerdo a sus posibilidades económicas para que sobreviva la estructura cuando no están en el poder. "Lo que se conoce como aporte voluntario en las esferas gubernamentales, es una imposición que se hace desde el sector público en sus diferentes instancias y eso es corrupción". Esto porque no se puede constitucionalmente y bajo ninguna norma, apropiarse indebidamente del salario de un funcionario con una especie de extorsión con la condición de mantener su cargo.
Financiamiento es un agujero negro. Para el exvocal y politólogo Jorge Lazarte, el financiamiento de los partidos es un agujero negro donde todo puede entrar.
Situación que se agrava cuando hay un escaso control por el TSE sobre esos recursos que ocultan.
Lamentó que el organismo electoral no está cumpliendo su trabajo sobre el control de estos aportes y pueden hacerlo con las disposiciones legales a su alcance como la Ley de Partidos y el Código Electoral.
El experto en procesos electorales dijo que en la historia de Bolivia, ningún partido vivió de los aportes personales, excepto cuando los financiadores son empresarios grandes
El descuento es un delito. El analista Jorge Landívar dijo que los descuentos de cierto porcentaje de los servidores públicos constituye un delito. "Es ilegal y un chantaje político e incluso muchas veces aparecen traficantes de cargos, que condicionan al trabajador la entrega de la mitad de su sueldo", manifestó. Indicó que es muy difícil el control, por eso fue que se recurrió en el pasado de que el Estado entregue una cierta cantidad de dinero para el funcionamiento de las organizaciones políticas. Recordó que siempre se intentó obligar al militante de aportar recursos, pero nunca funcionó, ya que la adhesión y el aporte es libre y la obligatoriedad es un acto delincuencial que debe ser sancionado.
"Los partidos deben ser ayudados por el Estado, porque son intermediarios necesarios para el ejercicio de la democracia, por eso se les debe entregar recursos".
Germán Antelo
Senador de CN
"La contribución obligada a nombre de voluntaria es extorsión, son delitos que se deben denunciar, porque en algunos casos se obligan a funcionarios a realizar aportes".
Fabián Yaksic
Diputado del MSM
"Ahora lo que diga la oposición me tiene sin cuidado, en caso de que sea verdad de cobros obligados, deben dar nombres específicos, a mi persona nunca me pidieron nada".
Jorge Medina
Subjefe de bancada del MAS en la cámara de diputados
"Lo que se conoce como aporte voluntario en esferas gubernamentales, es una imposición que se hace desde el sector público y eso se llama corrupción".
Jimena Costa
Analista Política
"El financiamiento de los partidos es un agujero negro donde todo puede entrar, situación que se agrava cuando hay escaso control del órgano electoral".
Jorge Lazarte
Analista político
"El descuento a los funcionarios es ilegal y considerado como un chantaje político e incluso muchas veces aparecen traficantes de cargos que piden la mitad del sueldo".
Jorge Landívar
Analista Político
Punto de vista
Víctor Hugo Cárdenas
Exvicepresidente de Bolivia
"El problema surge cuando los recursos salen del Estado"
"En términos generales, los aportes voluntarios tiene parte negativa y positiva. El rostro positivo, es que los partidos políticos son financiados con el aporte de sus militantes.
Además si están en un cargo público, dan su aporte al partido para que las actividades se desarrollen normalmente.
El problema surge cuando el origen de esos recursos, sobre todo en las agrupaciones políticas en función de gobierno, no salen del bolsillo de sus titulares y utilizan recursos del Estado.
Se lo hace de diferentes formas:
1.- Descuentos por planillas de forma obligada.
2.- Sobreprecios de negociados que hacen a nivel de Gobierno.
3.- Otras formas irregulares.
Entonces la sana intención de aportar al partido empieza a complicarse y enturbiarse.
En el caso actual del Movimiento Al Socialismo (MAS), una vez accedidos al Gobierno, ellos ya tienen accesos a recursos públicos para diversas tareas de trabajo político y mucho más de la campaña electoral.
Además eliminan los aportes que el Estado otorgaba a los partidos de la oposición, es otra forma de dar un carácter negativo, porque lo utilizan como una especie de chantaje o de venganza frente a sus adversarios. La estructura partidaria oficialista ya aseguró su fuente de financiamiento y elimina cualquier acceso a otro recurso a los otros, en especial a los nuevos partidos. El resultado global de todo este asunto son tres puntos fundamentales: 1.- La ausencia de normas específicas sobre el financiamiento de partidos políticos, en esto el país tenemos una tarea pendiente, es una zona oscura y no está normado. 2.- El riesgo que existe de persistir el corte de financiamiento del Estado, de que algunos opositores tengan que recurrir a fuentes ilegales de financiamiento. 3.- El abuso del partido de gobierno a recursos estatales como campaña gubernamental".
Ley de partidos
Entidades públicas prohibidas de dar aportes al partido
LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS. Artículo 51. Los dirigentes de los partidos políticos, no podrán recibir aportes de ninguna naturaleza, de:
1. Gobiernos o entidades estatales extranjeras. 2. Personas jurídicas extranjeras, salvo la asistencia técnica y de capacitación. 3. Organizaciones no gubernamentales (ONGs). 4. Origen ilícito. 5. Agrupaciones o asociaciones religiosas. 6. Entidades públicas nacionales de cualquier naturaleza, salvo el financiamiento establecido en la presente ley. 7. Carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas. En caso de incumplimiento, son pasibles a ser procesados en la Justicia Ordinaria.
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