El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de la Empresa Pública, otra normativa que restringiría el acceso a la información respecto del uso y la utilización de los recursos públicos. La norma establece que los funcionarios públicos que divulguen “información privilegiada” recibirán sanciones de hasta cuatro años de cárcel.
El proyecto de ley de La Empresa Pública número 398 - 13, que fue elaborado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, habría ingresado el pasado 13 de junio a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos, considera que el proyecto de Ley de la Empresa Pública, es una norma que “cerraría con candado” la información sobre el uso y utilización de los recursos públicos, y que genera “discrecionalidad” respecto a la asignación de estos recursos al crear subordinación directa relacionada con el Presidente del Estado.
“Nos estamos enfrentando a una norma que cerraría con candado la información respecto del uso y la utilización de los recursos públicos destinados al desarrollo y, además, se estaría creando una gran discrecionalidad respecto a la asignación de los recursos destinados al desarrollo y, esta subordinación, está directamente relacionada con el Presidente del Estado”, afirmó Vargas respecto a dicho proyecto.
Se trata de la Disposición Adicional Décima que modifica el Artículo 228 del Código Penal con el siguiente texto: “Artículo 228 (Uso indebido de información privilegiada).
El que en virtud de su cargo, empleo, posición o responsabilidad, teniendo acceso o conociendo información privilegiada, utilice, divulgue, transmita o disponga de la misma para lograr beneficios, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”.
El segundo parágrafo de la norma modificatoria señala: “Esta misma sanción se aplicará a los miembros de las máximas instancias de decisión y a todo el personal de empresas públicas y empresas que cuenten con participación accionaria mayoritaria del Estado, que utilicen, divulguen, transmitan o dispongan información referida al Know-How, estrategias comerciales o empresariales, desarrollo de tecnología y sistemas electrónicos e información confidencial sobre mapas y ubicación de yacimientos de recursos naturales no renovables.
Introduce figura de centralismo
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas Ríos, dijo también que el proyecto de Ley de la Empresa Pública en su disposición adicional “no puede, de ninguna manera, declarar información secreta, confidencial o reservada a partir del criterio de cada una de las empresas públicas. Pues la clasificación de esa tipología debe obedecer a un mandato específico y una norma también específica y al criterio de un ente especializado”.
Por lo tanto, “nos parece una norma que no solamente vulnera lo que se ha hecho hasta este momento, sino que además introduce una peligrosa figura de centralismo que elimina los niveles de Gobierno regional, de Gobierno local y el territorial”.
Vargas anunció que hará llegar sus observaciones a este documento que oficialmente no se conoce, pero que se constituye en “uno de los grandes problemas que tiene el Gobierno del presidente Morales, (puesto que) se hace circular una suerte de instrumentos jurídicos y se desconoce cuál es el que irá en consideración de la Asamblea Legislativa”.
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