El ministro de Educación, Roberto Aguilar, puntualizó que la Ley "Avelino-Siñani-Elizardo Pérez" es totalmente constitucional, ante una observación del Tribunal Constitucional (TCP) a algunos puntos por lo que la administración educativa debería volver a las gobernaciones.
Aguilar dijo que el TCP estableció que la totalidad de la ley tiene un contenido constitucional y que sólo el último párrafo del inciso a del artículo 78, más dos incisos del artículo 9, transitorio, estarían observados.
Explicó que la observación ameritará una acción complementaria, para dejar en claro la situación relacionada a la administración de recursos. "Esa es una situación que vamos a pedir su aclaración, su interpretación para que el tema sea completo", aseveró la autoridad. ABI
viernes, 1 de marzo de 2013
Ley minera se hace esperar: Urge reestructurar Comibol
Los mineros asalariados a través de los dirigentes de su Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), expresaron su preocupación por la demora en la aprobación de la nueva ley minera, pues no se trata sólo de días o semanas el atraso se cuenta en años, explicaron los mineros.
Lo evidente es que ha pasado mucho tiempo y aunque existan anuncios sobre un avance de hasta el 80% en el tratamiento del proyecto de la ley minera, existen una serie de obstáculos que impiden su conclusión y mantienen en una posición de incertidumbre permanente al importante sector minero nacional con la inclusión de la minería estatal, la privada y la cooperativizada, pero además postergando definiciones muy especiales como definir la estructura de lo que será la industrialización de la materia prima minera, a través de planes especiales y el fortalecimiento de la metalurgia y la siderurgia en el país.
El ejecutivo de la Fstmb, señaló que existen muchos aspectos pendientes que no han sido definidos y que deben ser incorporados a la nueva ley minera, señaló el caso del régimen tributario, el de regalías, la situación de las cooperativas mineras y de las macroproductoras mineras privadas, el futuro de la minería estatal y miles de trabajadores mineros asalariados.
Hay otros problemas que tienen que ver con el régimen impositivo que pueda ser aprobado y que en función de los intereses nacionales debiera ser tan o más competitivo que los sistemas que rigen en los países vecinos, donde si bien se aplican ciertas tasas tributarias fuertes, paralelamente se abren algunos incentivos que hacen tentadora la posibilidad de inversiones, la trasferencia de tecnología y el asentamiento de importantes capitales para mover proyectos de la gran minería, estatal o privada.
Algo que debe tomarse en cuenta para esos fines especiales de incentivar la actividad minera es que se pueda privilegiar las condiciones más favorables para captar inversiones, con seguridades de doble sentido, de modo que el Estado asegure beneficios, pero al mismo tiempo garantice la inclusión de capitales privados, nacionales o extranjeros para hacer viable los proyectos de mayor envergadura en función de intereses comunes, pero sobre todo de aquellos que tengan impacto socio económico y ambiental en la estructura económica del país.
Esa situación así planteada lleva a otra reflexión de los sectores inmersos en la minería y la posición tiene que ver con la necesidad de generar un cambio total en la Corporación Minera de Bolivia, la famosa Comibol que pasó por épocas de bonanza, también de despilfarro, fue parte de aparatos de sostenimiento político y muchas veces se trató en los más altos niveles de convertirla en una entidad rectora y dinamizadora de la actividad minera, lo que sin embargo aún en el presente no se ha conseguido.
Estos delicados temas en el ámbito minero merecen soluciones estructurales en base a una nueva Ley que defina la funcionalidad técnica, financiera, administrativa y operativa del ministerio del ramo y su brazo articulador que sería una renovada Comibol.
Lo evidente es que ha pasado mucho tiempo y aunque existan anuncios sobre un avance de hasta el 80% en el tratamiento del proyecto de la ley minera, existen una serie de obstáculos que impiden su conclusión y mantienen en una posición de incertidumbre permanente al importante sector minero nacional con la inclusión de la minería estatal, la privada y la cooperativizada, pero además postergando definiciones muy especiales como definir la estructura de lo que será la industrialización de la materia prima minera, a través de planes especiales y el fortalecimiento de la metalurgia y la siderurgia en el país.
El ejecutivo de la Fstmb, señaló que existen muchos aspectos pendientes que no han sido definidos y que deben ser incorporados a la nueva ley minera, señaló el caso del régimen tributario, el de regalías, la situación de las cooperativas mineras y de las macroproductoras mineras privadas, el futuro de la minería estatal y miles de trabajadores mineros asalariados.
Hay otros problemas que tienen que ver con el régimen impositivo que pueda ser aprobado y que en función de los intereses nacionales debiera ser tan o más competitivo que los sistemas que rigen en los países vecinos, donde si bien se aplican ciertas tasas tributarias fuertes, paralelamente se abren algunos incentivos que hacen tentadora la posibilidad de inversiones, la trasferencia de tecnología y el asentamiento de importantes capitales para mover proyectos de la gran minería, estatal o privada.
Algo que debe tomarse en cuenta para esos fines especiales de incentivar la actividad minera es que se pueda privilegiar las condiciones más favorables para captar inversiones, con seguridades de doble sentido, de modo que el Estado asegure beneficios, pero al mismo tiempo garantice la inclusión de capitales privados, nacionales o extranjeros para hacer viable los proyectos de mayor envergadura en función de intereses comunes, pero sobre todo de aquellos que tengan impacto socio económico y ambiental en la estructura económica del país.
Esa situación así planteada lleva a otra reflexión de los sectores inmersos en la minería y la posición tiene que ver con la necesidad de generar un cambio total en la Corporación Minera de Bolivia, la famosa Comibol que pasó por épocas de bonanza, también de despilfarro, fue parte de aparatos de sostenimiento político y muchas veces se trató en los más altos niveles de convertirla en una entidad rectora y dinamizadora de la actividad minera, lo que sin embargo aún en el presente no se ha conseguido.
Estos delicados temas en el ámbito minero merecen soluciones estructurales en base a una nueva Ley que defina la funcionalidad técnica, financiera, administrativa y operativa del ministerio del ramo y su brazo articulador que sería una renovada Comibol.
El Concejo Municipal analizará fallo constitucional sobre Ley de Autonomías
El Concejo Municipal, mediante un boletín, hizo saber qué considera que es necesario analizar y estudiar, con mucho cuidado y rigurosidad técnica sobre las implicancias y efectos del fallo constitucional de la Ley de Autonomías.
Por esa razón, se ha programado la realización del “Taller Municipal de Análisis de la Sentencia Constitucional Nº2055 del Tribunal Constitucional Plurinacional” para que la Comuna pueda comprender la nueva realidad jurídico constitucional que se impone a partir de dicho fallo.
En este taller se anuncia la participación de destacados intelectuales como Carlos Alarcón y Carlos Cordero, se espera la presencia de los once concejales por La Paz, el alcalde Luís Revilla, autoridades políticas y administrativas y dirigentes cívicos y vecinales de la urbe.
El 19 de marzo del año pasado, los senadores Centa Rek y Germán Antelo interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, impugnando varias disposiciones contenidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización por vulnerar varios principios y garantías constitucionales.
Luego de ello, el 16 de octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en una Sentencia Constitucional que, dada a conocer en enero de este año, provocó inmediatas reacciones en varios sectores, principalmente porque abría el camino a la restitución de algunas autoridades electas suspendidas.
Esta sentencia constitucional tiene enorme relevancia para el proceso autonómico que vive el país y fundamentalmente para la gestión municipal en curso, toda vez que la declaratoria de constitucionalidad e inconstitucionalidad de un conjunto de disposiciones legales contenidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización influirá sustancialmente en el ejercicio de la administración municipal.
Con 302 páginas en total, la Sentencia Constitucional 2025/2013 no solo se constituye en la fundamentación más extensa de esta instancia, sino que, sobre todo, interpreta el contenido de toda una Ley del Estado que regula todo un sistema de Gobierno como son las autonomías territoriales, de ahí la importancia de su análisis.
Por esa razón, se ha programado la realización del “Taller Municipal de Análisis de la Sentencia Constitucional Nº2055 del Tribunal Constitucional Plurinacional” para que la Comuna pueda comprender la nueva realidad jurídico constitucional que se impone a partir de dicho fallo.
En este taller se anuncia la participación de destacados intelectuales como Carlos Alarcón y Carlos Cordero, se espera la presencia de los once concejales por La Paz, el alcalde Luís Revilla, autoridades políticas y administrativas y dirigentes cívicos y vecinales de la urbe.
El 19 de marzo del año pasado, los senadores Centa Rek y Germán Antelo interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, impugnando varias disposiciones contenidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización por vulnerar varios principios y garantías constitucionales.
Luego de ello, el 16 de octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en una Sentencia Constitucional que, dada a conocer en enero de este año, provocó inmediatas reacciones en varios sectores, principalmente porque abría el camino a la restitución de algunas autoridades electas suspendidas.
Esta sentencia constitucional tiene enorme relevancia para el proceso autonómico que vive el país y fundamentalmente para la gestión municipal en curso, toda vez que la declaratoria de constitucionalidad e inconstitucionalidad de un conjunto de disposiciones legales contenidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización influirá sustancialmente en el ejercicio de la administración municipal.
Con 302 páginas en total, la Sentencia Constitucional 2025/2013 no solo se constituye en la fundamentación más extensa de esta instancia, sino que, sobre todo, interpreta el contenido de toda una Ley del Estado que regula todo un sistema de Gobierno como son las autonomías territoriales, de ahí la importancia de su análisis.
Ministro Romero anuncia ley en contra de la toma ilegal de tierras
A raíz del violento avasallamiento sufrido este miércoles en la propiedad El Tinto, en Santa Cruz, donde resultaron dos personas gravemente heridas, 22 rehenes y la quema de dos tractores, el ministro de Gobierno Carlos Romero dijo que se debe discutir sobre una medida que ayude a erradicar la toma ilegal y violeta de terrenos privados.
Asimismo, informó que tras un operativo realizado ayer, procedieron a rescatar de esta propiedad a las personas que estaban cautivas por los presuntos avasalladores.
“La Policía boliviana rescató a 19 personas, que estaban en condición de rehenes en los predios que fueron tomadas de manera de facta por los avasalladores. Este acto pone en el pleno el discutir sobre una medida que ayude a erradicar las tomas ilegales y violetas de terrenos privados que están produciendo algún tipo de producto”, añadió Romero.
Las declaraciones fueron realizadas luego de una reunión del ministro Romero con el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda.
En la oportunidad, Roda anunció que este acto reprochable y delincuencial apresurará al gobierno para proyectar una Ley contra los avasallamientos, antes que tengan que lamentarse algunas muertes, puesto que los avasalladores no estarían midiendo las consecuencias para tomar tierras privadas.
“Son seis propiedades de aproximadamente 2.500 hectáreas pertenecientes al menonita, Abraham Martínez que fueron afectadas por este acto brutal de avasallamiento, que sufriera una colonia de menonitas el pasado miércoles, en la que resultaron heridas dos personas Abraham Encinas y Armando Zeballos, además que hasta habrían tomado como rehenes 22 personas entre menonitas y trabajadores de esta colonia, sin mencionar que quemaron dos tractores”, informó Roda.
A su vez, indicó que los presuntos autores de este hecho habrían sido Germán Paz, Rodolfo Daza, y Wilmar Daza, quienes fueran detenidos el mes pasado, bajo el cargo de avasallamiento de tierras.
“Este acto es la leña que reavivó la hoguera y por lo que necesitamos urgentemente la Ley contra los avasallamientos. Hasta el momento tenemos el reporte de 70 predios tomados por avasalladores que no miden las consecuencias y que pueden tomar sus decisiones delincuenciales para los productores, destruyendo todo lo que a los propietarios les ha costado una vida construir”, manifestó Roda.
Sobre el tema, el propietario de estos predios indicó que estas tierras habrían sido tomadas por primera vez el año pasado en el mes de noviembre, logrando destruir los sembradíos y robando una cantidad considerable de semillas.
“Desde que fuimos por primera vez víctimas de avasallamiento por estas personas sindicadas, hemos vivido bajo temor, puesto que llegaron a amenazarnos y amedrentarnos”, expresó Martínez.
Asimismo, informó que tras un operativo realizado ayer, procedieron a rescatar de esta propiedad a las personas que estaban cautivas por los presuntos avasalladores.
“La Policía boliviana rescató a 19 personas, que estaban en condición de rehenes en los predios que fueron tomadas de manera de facta por los avasalladores. Este acto pone en el pleno el discutir sobre una medida que ayude a erradicar las tomas ilegales y violetas de terrenos privados que están produciendo algún tipo de producto”, añadió Romero.
Las declaraciones fueron realizadas luego de una reunión del ministro Romero con el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda.
En la oportunidad, Roda anunció que este acto reprochable y delincuencial apresurará al gobierno para proyectar una Ley contra los avasallamientos, antes que tengan que lamentarse algunas muertes, puesto que los avasalladores no estarían midiendo las consecuencias para tomar tierras privadas.
“Son seis propiedades de aproximadamente 2.500 hectáreas pertenecientes al menonita, Abraham Martínez que fueron afectadas por este acto brutal de avasallamiento, que sufriera una colonia de menonitas el pasado miércoles, en la que resultaron heridas dos personas Abraham Encinas y Armando Zeballos, además que hasta habrían tomado como rehenes 22 personas entre menonitas y trabajadores de esta colonia, sin mencionar que quemaron dos tractores”, informó Roda.
A su vez, indicó que los presuntos autores de este hecho habrían sido Germán Paz, Rodolfo Daza, y Wilmar Daza, quienes fueran detenidos el mes pasado, bajo el cargo de avasallamiento de tierras.
“Este acto es la leña que reavivó la hoguera y por lo que necesitamos urgentemente la Ley contra los avasallamientos. Hasta el momento tenemos el reporte de 70 predios tomados por avasalladores que no miden las consecuencias y que pueden tomar sus decisiones delincuenciales para los productores, destruyendo todo lo que a los propietarios les ha costado una vida construir”, manifestó Roda.
Sobre el tema, el propietario de estos predios indicó que estas tierras habrían sido tomadas por primera vez el año pasado en el mes de noviembre, logrando destruir los sembradíos y robando una cantidad considerable de semillas.
“Desde que fuimos por primera vez víctimas de avasallamiento por estas personas sindicadas, hemos vivido bajo temor, puesto que llegaron a amenazarnos y amedrentarnos”, expresó Martínez.
TSE finaliza debate de Ley de organizaciones políticas
Con la finalidad de avanzar con el análisis y debate de la construcción de una nueva Ley de Organizaciones Políticas acorde a la Constitución Política del Estado (CPE), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha programado jornadas de análisis internacional, que concluirán mañana, en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.
Cabe recordar que la aprobación y puesta en vigencia de la nueva CPE, en febrero de 2009, trajo consigo una serie de cambios estructurales a ser afrontados con miras a la construcción del nuevo Estado, en base a una Democracia Intercultural, la misma que tiene por función, la inclusión y respeto de las diversas naciones que conforman el territorio patrio.
En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) viene realizando desde el año pasado actividades orientadas a recoger los insumos necesarios para el diseño y redacción de un anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, agrupaciones ciudadanas y originarias que se ajuste y tenga concordancia con la Carta Magna y la nueva estructura jurídica que vino consigo.
En tal sentido y con el propósito de comparar las experiencias nacionales en los ámbitos de organización política con sus similares de Argentina y México, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lleva adelante las jornadas de análisis internacional, denominada “Partidos y Organizaciones Políticas en América Latina: Democracia Interna y Organización Territorial”.
La nueva Ley de Organizaciones Políticas reemplazará a la Ley de Partidos Políticos vigente desde el gobierno de Hugo Banzer y será aplicada en la elección general de diciembre de 2014, coordinada bajo la Ley de Régimen Electoral y la Ley del Órgano Electoral, promulgadas en 2010 como parte de las cinco leyes orgánicas del Estado.
DATOS
El investigador mexicano Jean Francois Prud‘homme expuso la vivencia de la normativa partidaria en su país mostrando la naturaleza y evolución del sistema de partidos, las reformas electorales y vida interna de los partidos y la selección de dirigentes y de candidatos.
Cabe recordar que la aprobación y puesta en vigencia de la nueva CPE, en febrero de 2009, trajo consigo una serie de cambios estructurales a ser afrontados con miras a la construcción del nuevo Estado, en base a una Democracia Intercultural, la misma que tiene por función, la inclusión y respeto de las diversas naciones que conforman el territorio patrio.
En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) viene realizando desde el año pasado actividades orientadas a recoger los insumos necesarios para el diseño y redacción de un anteproyecto de Ley de Organizaciones Políticas, agrupaciones ciudadanas y originarias que se ajuste y tenga concordancia con la Carta Magna y la nueva estructura jurídica que vino consigo.
En tal sentido y con el propósito de comparar las experiencias nacionales en los ámbitos de organización política con sus similares de Argentina y México, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lleva adelante las jornadas de análisis internacional, denominada “Partidos y Organizaciones Políticas en América Latina: Democracia Interna y Organización Territorial”.
La nueva Ley de Organizaciones Políticas reemplazará a la Ley de Partidos Políticos vigente desde el gobierno de Hugo Banzer y será aplicada en la elección general de diciembre de 2014, coordinada bajo la Ley de Régimen Electoral y la Ley del Órgano Electoral, promulgadas en 2010 como parte de las cinco leyes orgánicas del Estado.
DATOS
El investigador mexicano Jean Francois Prud‘homme expuso la vivencia de la normativa partidaria en su país mostrando la naturaleza y evolución del sistema de partidos, las reformas electorales y vida interna de los partidos y la selección de dirigentes y de candidatos.
Prensa asevera que imposiciones por ley vulneran los preceptos de la CPE
Según el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, las disposiciones del Gobierno como la Ley contra la violencia a la mujer, entre otras, violan preceptos constitucionales ya que al obligar a los medios de comunicación a disponer de espacios gratuitos, implica un atropello al derecho a la libre expresión y opinión de los medios e incluso de los públicos objetivo de éstos al imponerles la lectura, la vista o escuchar determinados mensajes sin darles la opción de elegir.
“De una manera general, el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de opinión, reconocidos en la Constitución por ser la esencia misma de los derechos del ser humano, implica que así como nadie puede prohibirle al ciudadano o a cualquier institución ciudadana expresar sus ideas y opiniones con libertad, tampoco puede obligarla a expresar ideas u opiniones que le son impuestas. Obliga pues a los medios independientes, al margen del tema específico que puede ser muy noble, expresar ideas determinadas y además impone el lugar y espacio en el que deben expresarlas”, dijo.
León Cornejo recordó que el reglamento de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación obliga a publicar una página, al mes, en espacios preferenciales. El de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos obliga a publicar dos páginas de avisos preventivos al mes. En total, son tres páginas al mes y aún faltan otras normas como la Ley Integral para garantizar una Vida libre de Violencia contra la Mujer, en cuyo texto se incluye la obligatoriedad de incluir “un espacio mínimo” para la difusión de contenidos.
“Para poner un ejemplo, si un periódico de 12 páginas cumple esa obligación el día jueves, está destinando el 25 por ciento de su espacio a ese fin. El medio pierde ingresos por publicidad o espacio para darle a su público objetivo la información que le corresponde. Y el público está obligado a leer información o mensajes que pueden o no ser de su interés” manifestó.
Consultado sobre si se realizó alguna gestión previa a la aprobación de las normativas, aseveró que en lo que concierne a la ANP esta nunca consultada. “Son medidas impuestas, de aplicación obligatoria, por vía de la reglamentación de algunas leyes. Ese hecho constituye pues un atropello a los medios independientes”, enfatizó.
Puntualizó además que la mayoría de esos medios apoya el fin mismo de lucha contra la discriminación o la trata y tráfico de personas mediante sus noticias, campañas o columnas de opinión, por lo que obligarlos es además ocioso.
“Un dato importante es que está suficientemente probado que ese tipo de delitos no se combate endureciendo las leyes o amenazando a la
gente. Hay que combatir las causas que los motivan y trabajar muy profundamente desde el hogar y las escuelas”, señaló.
Afirmó que la manera más sencilla, de sentido común y de mejor efecto como imagen de respeto a las normas y a los derechos ciudadanos sería
eliminar esa obligación de los respectivos reglamentos.
A la consulta de si corresponde una demanda de inconstitucionalidad o algún recurso legal dijo que se puede seguir los dos caminos: “hacer una representación de inconstitucionalidad o presentar una demanda de amparo administrativo, porque la norma en cuestión infringe derechos reconocidos constitucionalmente. En la vía administrativa se puede argumentar la ilegalidad de la norma que además no fue concertada con los empresarios de medios impresos. La vía constitucional se justifica porque representa un atentado contra los derechos ciudadanos que están perfectamente señalados en la Constitución” finalizó.
OBLIGACIONES SOBRE MEDIOS ESCRITOS
La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación obliga a publicar una página al mes en espacios preferenciales con contenidos contra este mal.
La Ley contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos obliga a publicar dos páginas de avisos preventivos al mes, media página semanal en contratapa, es decir a todo color para mensajes de “concientización” sobre el tema.
La Ley de lucha contra la violencia a la mujer ya estipula brindar “espacios mínimos” gratuitos para dicho fin, restando conocer la reglamentación.
“De una manera general, el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de opinión, reconocidos en la Constitución por ser la esencia misma de los derechos del ser humano, implica que así como nadie puede prohibirle al ciudadano o a cualquier institución ciudadana expresar sus ideas y opiniones con libertad, tampoco puede obligarla a expresar ideas u opiniones que le son impuestas. Obliga pues a los medios independientes, al margen del tema específico que puede ser muy noble, expresar ideas determinadas y además impone el lugar y espacio en el que deben expresarlas”, dijo.
León Cornejo recordó que el reglamento de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación obliga a publicar una página, al mes, en espacios preferenciales. El de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos obliga a publicar dos páginas de avisos preventivos al mes. En total, son tres páginas al mes y aún faltan otras normas como la Ley Integral para garantizar una Vida libre de Violencia contra la Mujer, en cuyo texto se incluye la obligatoriedad de incluir “un espacio mínimo” para la difusión de contenidos.
“Para poner un ejemplo, si un periódico de 12 páginas cumple esa obligación el día jueves, está destinando el 25 por ciento de su espacio a ese fin. El medio pierde ingresos por publicidad o espacio para darle a su público objetivo la información que le corresponde. Y el público está obligado a leer información o mensajes que pueden o no ser de su interés” manifestó.
Consultado sobre si se realizó alguna gestión previa a la aprobación de las normativas, aseveró que en lo que concierne a la ANP esta nunca consultada. “Son medidas impuestas, de aplicación obligatoria, por vía de la reglamentación de algunas leyes. Ese hecho constituye pues un atropello a los medios independientes”, enfatizó.
Puntualizó además que la mayoría de esos medios apoya el fin mismo de lucha contra la discriminación o la trata y tráfico de personas mediante sus noticias, campañas o columnas de opinión, por lo que obligarlos es además ocioso.
“Un dato importante es que está suficientemente probado que ese tipo de delitos no se combate endureciendo las leyes o amenazando a la
gente. Hay que combatir las causas que los motivan y trabajar muy profundamente desde el hogar y las escuelas”, señaló.
Afirmó que la manera más sencilla, de sentido común y de mejor efecto como imagen de respeto a las normas y a los derechos ciudadanos sería
eliminar esa obligación de los respectivos reglamentos.
A la consulta de si corresponde una demanda de inconstitucionalidad o algún recurso legal dijo que se puede seguir los dos caminos: “hacer una representación de inconstitucionalidad o presentar una demanda de amparo administrativo, porque la norma en cuestión infringe derechos reconocidos constitucionalmente. En la vía administrativa se puede argumentar la ilegalidad de la norma que además no fue concertada con los empresarios de medios impresos. La vía constitucional se justifica porque representa un atentado contra los derechos ciudadanos que están perfectamente señalados en la Constitución” finalizó.
OBLIGACIONES SOBRE MEDIOS ESCRITOS
La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación obliga a publicar una página al mes en espacios preferenciales con contenidos contra este mal.
La Ley contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos obliga a publicar dos páginas de avisos preventivos al mes, media página semanal en contratapa, es decir a todo color para mensajes de “concientización” sobre el tema.
La Ley de lucha contra la violencia a la mujer ya estipula brindar “espacios mínimos” gratuitos para dicho fin, restando conocer la reglamentación.
Los forestales plantean impulsar la Ley de Bosques
Con el reto de impular la aprobación de la Ley de Bosques en procura de consolidar la legalidad en el manejo del sistema forestal, fue posesionado por segunda gestión consecutiva como presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pablo Antelo Gil.
Antelo estará acompañado en el directorio por Pedro Colanzi Serrate, como primer vicepresidente; Fernando Velarde Roca, segundo vicepresidente; y José Eduardo Paz Ortiz, como tesorero.
El nuevo directorio estará al frente de la institución durante la gestión 2013-2014.
Otro de los objetivos que se ha trazado el nuevo directorio es el de mejorar la producción de madera en el país. El año pasado se produjo 1,2 millones de pies cúbicos y en esta gestión se quiere alcanzar los 1,4 millones de pies cúbicos. También se pretende continuar luchando contra la ilegalidad. Antelo reconoció que se ha avanzado en este aspecto, pero aún falta.
El expresidente Juan Abuawad posesionó al nuevo titular de la CHFB. En el acto estuvo el director nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, Clíver Rocha
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