Los empresarios no están de acuerdo con el proyecto de ley de empresas públicas, porque consideran que reafirma la intervención del Gobierno en la economía y no crea las condiciones adecuadas para fomentar la inversión privada.
Mario Antonio Yaffar, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, dijo que el Estado debe crear las condiciones para incentivar la inversión privada, potenciar la infraestructura para la producción industrial y elevar las competencias, conocimientos y destrezas del talento humano en el país.
Sostuvo que la función del sector privado, en particular el industrial manufacturero, es la actividad económico-empresarial y la función del Estado es social antes que empresarial.
El Estado administrador
Sobre la citada ley, el titular de la CNI, Mario Antonio Yaffar, sostuvo que está alineado con el Plan Estatal de Inversiones, que pretende erogar $us 1.900 millones y crear 28 complejos productivos públicos.
En efecto, el proyecto de ley determina que la propiedad de las empresas públicas tendrá una participación del nivel central del Estado de por lo menos un 51% y la participación propietaria del sector privado alcanzará un 49% “en el mejor de los escenarios”.
Además, la máxima autoridad ejecutiva será designada por el presidente del Estado Plurinacional.
La visión, líneas estratégicas, planes y políticas de las empresas públicas serán determinados por el Consejo Superior de la Empresa Pública (Coseep), integrado cien por cien por autoridades estatales.
Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, dijo que el Estado debe dar condiciones para que las estatales compitan con el sector privado y evitar lo sucedido en el canal estatal, donde dejaron deudas tributarias ‘al aire’.
Al final, terminan siendo subvencionadas y provocan pérdidas económicas, señaló.
A su vez, el economista José Luis Evia afirmó que si bien resulta muy importante la determinación del Gobierno de otorgar financiamiento al sector real de la economía, lo que también interesa es la eficiencia y el retorno de la inversión pública. “Este es el reto que deben asumir las empresas estatales para apuntalar el desempeño de la economía”, sostuvo.
Agregó que el dinero que se destina a las firmas estatales registra tasas de interés desde el 0,8% y el 1,4% con un plazo de 20 años, lo que va en desmedro del Banco Central de Bolivia.
Se llamó al viceministro de Producción Industrial, Camilo Morales, para hablar del tema, pero no contestó
Cifras
1.900 millones de dólares
Prevé invertir el Gobierno en las empresas estatales
0,8% interés anual
Es el mínimo que cobra el Banco Central al Estado
28 complejos productivos
Proyecta el Gobierno en su plan de inversión estatal
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