La coordinación entre administraciones y fiscalías, la erradicación de la corrupción y la creación de un sistema legal firme son las claves para atajar los daños ambientales y sancionar a sus responsables, según expertos internacionales reunidos en el país en el foro “Derecho Medioambiental”.
Este seminario, organizado por el Tribunal Agroambiental y la cooperación española, concluyó ayer con un taller práctico en el que especialistas españoles y bolivianos expusieron diversos delitos ecológicos ocurridos en sus países, junto a las medidas judiciales emprendidas contra este tipo de agresión medioambiental.
Los fiscales españoles que participan en el seminario recordaron los desastres ecológicos ocurridos en el parque nacional de Doñana, con el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en 1998; la catástrofe natural ocurrida en la bahía de Portmán, por el vertido de la empresa Peñarroya, entre 1957 y 1987, o la contaminación producida en el entorno ecológico de las Tablas de Daimiel.
Los expertos bolivianos, entre ellos la magistrada del Tribunal Agroambiental Paty Coana, pusieron como ejemplo la contaminación minera del río Pilcomayo, en el sur del país, y en el lago Titicaca, en el norte.
“Los casos mineros son los más problemáticos, porque sus efectos son más impactantes”, explicó el fiscal jefe de la Fiscalía española de Medio Ambiente, Antonio Vercher.
Junto a Vercher participaron en el foro el magistrado especialista Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Santiago de Andrés, y el fiscal de la Fiscalía de Medio Ambiente de España Germán Gutiérrez.
De Andrés recordó que en los delitos de urbanismo la corrupción viene muchas veces derivada de las decisiones de los alcaldes y ayuntamientos al decidir dónde se va a construir y el valor del terreno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario