El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, informó que entregarán en septiembre a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) su propuesta de proyecto Ley de Coca.
“Vamos a tener un último Ampliado este fin de agosto y luego nosotros vamos a tener reuniones semanales con nuestro compañeros de La Paz y para septiembre vamos a presentar al Parlamento nacional (el documento)”, declaró.
El dirigente cocalero contó que su propuesta gira en torno al sistema de comercialización, producción e industrialización, entre otros aspectos, de la hoja milenaria.
Dijo que en conjunto con los cocaleros de La Paz se planteará pagar un impuesto de cinco bolivianos y se determinará en un reglamento la forma y periodo
lunes, 10 de agosto de 2015
viernes, 7 de agosto de 2015
Decreto otorga subsidio de Bs 1.200 a embarazadas
Durante la novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desde donde brindó su informe a la nación el presidente Evo Morales, en ocasión del 6 de Agosto, Día de la Patria, anunció la aprobación de un decreto supremo que posibilitará un subsidio universal de prelactancia, destinado a mujeres embarazadas. El beneficio se traducirá en el pago de 300 bolivianos por cuatro meses.
"Hay que pensar en los sectores más abandonados, más desprotegidos. Hemos debatido bastante una nueva política social llamada prelactancia para las embarazadas”, dijo.
Añadió que las asalariadas reciben un subsidio de lactancia prenatal en productos por el valor de un salario mínimo nacional (equivalente a 1.656 bolivianos), entonces solo se beneficiaban 46 mil mujeres", indicó.
Durante una histórica sesión por los 190 años de la independencia de Bolivia celebrada en el departamento de Beni, el Primer Mandatario dijo que el subsidio de carácter prenatal estará destinado a todas las mujeres embarazadas, sin excepción.
MADRES SOLTERAS Morales también aprovechó de llamar la atención de las y los ministros por el aumento de madres adolescentes. "Hemos visto con mucha preocupación que en los últimos tiempos. No sé qué está pasando; adolescentes niñas de colegio, abandonadas, regañadas, aisladas. Por eso con los ministros y ministras hay que hacer algo con las mamás solteras", aseveró.
El subsidio de lactancia actualmente consiste en varios productos de alto contenido nutricional, tanto para la madre como para el hijo en gestación. Durante los últimos años, a la canasta de leche, yogur, mantequilla, queso fundido y saborizantes vitamínicos, se incrementaron productos nacionales de diferentes regiones del país, como la almendra, quinua, palmitos, lenteja, avena, cereales, entre otros.
CARRETERAS El presidente Morales anunció que promulgó la ley que autoriza el crédito por 600 millones de dólares para la construcción de la carretera que unirá las poblaciones estratégicas de Riberalta y Rurrenabaque, dos de las ciudades más importantes del Beni.
Morales elogió al ministro de Planificación, René Orellana, por el logro de los créditos internacionales para la construcción de la carretera.
También anunció que el Gobierno nacional invertirá 8.228 millones de dólares en la construcción de carreteras en el país hasta 2020.
Adelantó que esa inversión contempla la construcción de un corredor bioceánico de 894 kilómetros y de un corredor norte-sur, oeste-norte de 1.931 kilómetros.
En el tema de transporte férreo, el Mandatario, adelantó que hasta 2020 el Gobierno invertirá 1.290 millones de dólares, para dotar de líneas férreas en Cochabamba y Santa Cruz y un tren comercial de Motacucito a Puerto Busch.
MÁS VIVIENDAS El Jefe de Estado, en el informe al país, manifestó que entre las gestiones 2006 y 2015 se construyeron y entregaron 70.446 viviendas sociales en todo el territorio nacional, con una inversión de 3.208 millones de bolivianos.
Criticó a las personas que teniendo una casa propia se inscriben al programa de vivienda social del Gobierno con el objetivo de aumentar su patrimonio y alquilar o dar en anticrético la nueva adquisición.
"El programa de vivienda social es para la gente que no tiene casa. Cuando me enteré de gente que alquila además caro, era capaz de sacarlos", fustigó.
Solo es un paliativo que no soluciona el tema de fondo
Mateo Bautista
Sacerdote
La implementación de un subsidio universal para las mujeres embarazadas solo es un paliativo que no soluciona problemas de fondo.
Se necesita la asignación de una mayor cantidad de ítems y mejora de su infraestructura.
El subsidio puede servir de ayuda, pero no es más que un paliativo porque el requerimiento de la salud es mayor por la atención que deben recibir las madres embarazadas y sus hijos.
Puede que tengamos las mejores ambulancias, pero de qué sirven si no hay chofer ni combustible, en este caso se requiere una atención integral, porque lo que necesitamos son especialistas.
Destaco del discurso del Mandatario que haya reconocido que hay escasez de ítems para el sector y reiteró que la única manera de solucionar esa falencia es mejorando el presupuesto para la salud.
"Hay que pensar en los sectores más abandonados, más desprotegidos. Hemos debatido bastante una nueva política social llamada prelactancia para las embarazadas”, dijo.
Añadió que las asalariadas reciben un subsidio de lactancia prenatal en productos por el valor de un salario mínimo nacional (equivalente a 1.656 bolivianos), entonces solo se beneficiaban 46 mil mujeres", indicó.
Durante una histórica sesión por los 190 años de la independencia de Bolivia celebrada en el departamento de Beni, el Primer Mandatario dijo que el subsidio de carácter prenatal estará destinado a todas las mujeres embarazadas, sin excepción.
MADRES SOLTERAS Morales también aprovechó de llamar la atención de las y los ministros por el aumento de madres adolescentes. "Hemos visto con mucha preocupación que en los últimos tiempos. No sé qué está pasando; adolescentes niñas de colegio, abandonadas, regañadas, aisladas. Por eso con los ministros y ministras hay que hacer algo con las mamás solteras", aseveró.
El subsidio de lactancia actualmente consiste en varios productos de alto contenido nutricional, tanto para la madre como para el hijo en gestación. Durante los últimos años, a la canasta de leche, yogur, mantequilla, queso fundido y saborizantes vitamínicos, se incrementaron productos nacionales de diferentes regiones del país, como la almendra, quinua, palmitos, lenteja, avena, cereales, entre otros.
CARRETERAS El presidente Morales anunció que promulgó la ley que autoriza el crédito por 600 millones de dólares para la construcción de la carretera que unirá las poblaciones estratégicas de Riberalta y Rurrenabaque, dos de las ciudades más importantes del Beni.
Morales elogió al ministro de Planificación, René Orellana, por el logro de los créditos internacionales para la construcción de la carretera.
También anunció que el Gobierno nacional invertirá 8.228 millones de dólares en la construcción de carreteras en el país hasta 2020.
Adelantó que esa inversión contempla la construcción de un corredor bioceánico de 894 kilómetros y de un corredor norte-sur, oeste-norte de 1.931 kilómetros.
En el tema de transporte férreo, el Mandatario, adelantó que hasta 2020 el Gobierno invertirá 1.290 millones de dólares, para dotar de líneas férreas en Cochabamba y Santa Cruz y un tren comercial de Motacucito a Puerto Busch.
MÁS VIVIENDAS El Jefe de Estado, en el informe al país, manifestó que entre las gestiones 2006 y 2015 se construyeron y entregaron 70.446 viviendas sociales en todo el territorio nacional, con una inversión de 3.208 millones de bolivianos.
Criticó a las personas que teniendo una casa propia se inscriben al programa de vivienda social del Gobierno con el objetivo de aumentar su patrimonio y alquilar o dar en anticrético la nueva adquisición.
"El programa de vivienda social es para la gente que no tiene casa. Cuando me enteré de gente que alquila además caro, era capaz de sacarlos", fustigó.
Solo es un paliativo que no soluciona el tema de fondo
Mateo Bautista
Sacerdote
La implementación de un subsidio universal para las mujeres embarazadas solo es un paliativo que no soluciona problemas de fondo.
Se necesita la asignación de una mayor cantidad de ítems y mejora de su infraestructura.
El subsidio puede servir de ayuda, pero no es más que un paliativo porque el requerimiento de la salud es mayor por la atención que deben recibir las madres embarazadas y sus hijos.
Puede que tengamos las mejores ambulancias, pero de qué sirven si no hay chofer ni combustible, en este caso se requiere una atención integral, porque lo que necesitamos son especialistas.
Destaco del discurso del Mandatario que haya reconocido que hay escasez de ítems para el sector y reiteró que la única manera de solucionar esa falencia es mejorando el presupuesto para la salud.
jueves, 6 de agosto de 2015
Observan ley boliviana sobre las ONG
La organización Human Rights Watch, en una nota de prensa desde Washington (EEUU) dijo ayer que la ley boliviana sobre ONG “atenta contra el derecho de la libertad de asociación”, en el marco del pedido de inconstitucionalidad de esa ley presentado por la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
“Las restricciones que impone Bolivia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales atentan contra el derecho de los defensoresde derechos humanos a la libertad de asociación”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La institución entregó su opinión como parte de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 351 y del Decreto 1597, que regulan las actividades de las ONG, presentada por la Defensoría.
Con anterioridad, dentro de ese mismo proceso, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (NNUU), Maina Kiai, emitió un informe en el que afirmó que esa ley y el decreto reglamentario “injustificadamente restringe el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”.
Fue ahora el turno de Human Rights Watch, una de las más prestigiosas entidades internacionales de defensa de los derechos humanos.
Vivanco agregó que “el modo en que la ley y el decreto de Bolivia sobre organizaciones no gubernamentales han sido redactados permite que se tomen decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación”
Opinó que “Bolivia debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo libremente, lo cual es fundamental en toda sociedad democrática”. En junio de 2013, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597 y envió la solicitud de “amicus curiae” para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo.
La ley y el decreto mencionados facultan al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo.
“Las restricciones que impone Bolivia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales atentan contra el derecho de los defensoresde derechos humanos a la libertad de asociación”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
La institución entregó su opinión como parte de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 351 y del Decreto 1597, que regulan las actividades de las ONG, presentada por la Defensoría.
Con anterioridad, dentro de ese mismo proceso, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (NNUU), Maina Kiai, emitió un informe en el que afirmó que esa ley y el decreto reglamentario “injustificadamente restringe el derecho de asociación según normas, estándares y principios internacionales”.
Fue ahora el turno de Human Rights Watch, una de las más prestigiosas entidades internacionales de defensa de los derechos humanos.
Vivanco agregó que “el modo en que la ley y el decreto de Bolivia sobre organizaciones no gubernamentales han sido redactados permite que se tomen decisiones arbitrarias, basadas en motivaciones políticas, que vulneran el derecho a la libertad de asociación”
Opinó que “Bolivia debería derogar inmediatamente estas restricciones para asegurar que los defensores de derechos humanos puedan llevar adelante su trabajo libremente, lo cual es fundamental en toda sociedad democrática”. En junio de 2013, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597 y envió la solicitud de “amicus curiae” para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo.
La ley y el decreto mencionados facultan al Gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo.
En el Chapare contradicen a los Yungas Buscan aprobar Ley de la Coca
El vicepresidente de la Coordinadora de las Federaciones de Cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, aseguró que se va a garantizar la aprobación de la Ley General de la Hoja de Coca en diciembre de este año.
"Nosotros tuvimos anoche una reunión con nuestro hermano Presidente. Se va a garantizar la aprobación de la Ley General de la Hoja de Coca este año 2015, en el mes de diciembre a través de nuestra Asamblea Nacional", señaló el dirigente.
En desacuerdo. Los cocaleros pretendían que esta norma se apruebe este agosto, sin embargo, el presidente de Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Ernesto Cordero, afirmó en julio que la Ley recién se sancionaría el próximo año.
Loza manifestó que “no sabe de dónde salió esa versión”, y aseguró que esta gestión la norma estará aprobada.
Ambos dirigentes hicieron sus respectivos anuncios basados en reuniones con el presidente Evo Morales.
Propuesta. El dirigente del trópico de Cochabamba reiteró que su propuesta consiste en que la nueva ley permita el cultivo de 20.000 hectáreas de coca en Bolivia, de las cuales 7.000 hectáreas serían para su región.
La actual Ley 1.008 solo permite 12.000 hectáreas y el estudio de consumo de la hoja, realizado con financiamiento de la Unión Europea, dice que en el país se necesita 14.705 hectáreas para cubrir la demanda tradicional.
Asimismo, la Coordinadora pretende que el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios sean parte de la producción, comercialización e industrialización de la coca, según Loza.
"Nosotros tuvimos anoche una reunión con nuestro hermano Presidente. Se va a garantizar la aprobación de la Ley General de la Hoja de Coca este año 2015, en el mes de diciembre a través de nuestra Asamblea Nacional", señaló el dirigente.
En desacuerdo. Los cocaleros pretendían que esta norma se apruebe este agosto, sin embargo, el presidente de Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca (Adepcoca), Ernesto Cordero, afirmó en julio que la Ley recién se sancionaría el próximo año.
Loza manifestó que “no sabe de dónde salió esa versión”, y aseguró que esta gestión la norma estará aprobada.
Ambos dirigentes hicieron sus respectivos anuncios basados en reuniones con el presidente Evo Morales.
Propuesta. El dirigente del trópico de Cochabamba reiteró que su propuesta consiste en que la nueva ley permita el cultivo de 20.000 hectáreas de coca en Bolivia, de las cuales 7.000 hectáreas serían para su región.
La actual Ley 1.008 solo permite 12.000 hectáreas y el estudio de consumo de la hoja, realizado con financiamiento de la Unión Europea, dice que en el país se necesita 14.705 hectáreas para cubrir la demanda tradicional.
Asimismo, la Coordinadora pretende que el Gobierno central, las gobernaciones y los municipios sean parte de la producción, comercialización e industrialización de la coca, según Loza.
miércoles, 5 de agosto de 2015
La Ley 708 de Conciliación y Arbitraje ‘no puede hacer milagros por sí sola’
Andrés Cerisola. El Socio Director de Ferrere, una de las firmas más importantes de servicios contables y consultoría de Sudamérica, llegó a La Paz para participar del evento “La Nueva Ley de Arbitraje en Bolivia en el contexto general de las inversiones”, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. El experto internacional realiza una evaluación sobre el contenido de la norma y sus limitaciones, las cuales pueden afectar la recepción de inversión extranjera al país.
— ¿Cuál es su evaluación inicial sobre la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada por el Gobierno el 25 de junio?
— Esta norma abre una nueva etapa en Bolivia, pero no puede hacer milagros por sí sola. Los factores que determinan el acceso a la inversión extranjera son muchos, lo importante es —dentro del respeto a las normas de cada país— que los inversores tengan la convicción de que si existe una disputa habrá un proceso justo, equilibrado, transparente y desarrollado en un entorno institucional previsible.
Cuando un país no les puede ofrecer a los inversores la tranquilidad de que en caso de una disputa tendrán un tercero imparcial que actuará sin prejuicios y tratando de aplicar de buena fe el derecho, y que además entienda los temas que está tratando, la inversión se retrae. Por otro lado, las leyes no pueden separarse del contexto en el cual se crean y están insertas.
Una buena ley de inversión no va a generar inversión si la economía es un desastre, pero Bolivia en la última década ha tenido una política que a nivel macroeconómico ha sido extremadamente prudente y exitosa; de ahí vienen las tasas de crecimiento en torno al 5% que existen hoy y que se proyectan hacia adelante inclusive en un momento en que el crecimiento económico de la mayoría de los países latinoamericanos está sufriendo el impacto de fenómenos mundiales y regionales como la desaceleración de China, la caída de los precios de los commodities y la situación muy difícil que están viviendo en Europa, Brasil y Argentina.
Bolivia sigue proyectando crecimiento y eso le permite ser un destino atractivo para la inversión y el financiamiento del extranjero. Ahora, en este entorno económico que es comparativamente favorable, es muy importante generar un entorno para que pueda haber un arbitraje previsible y transparente, para completar ese paquete que termine de decidir al inversor a ingresar (a Bolivia). No nos olvidemos, además, que en el ámbito internacional la economía de Estados Unidos se está recuperando y eso va a llevar nuevamente hacia ese país los capitales que estuvieron en los mercados emergentes en los últimos años.
Entonces, hay que tener una buena propuesta para traer esa menor inversión que va a mantenerse en los países emergentes (...). Bolivia ganará mucho si hay ambientes institucionales que le den tranquilidad a las partes respecto de cómo se resolverían eventuales disputas; eso crea valor y el valor crea oportunidades, empleos, industrias y riqueza en la sociedad (...). Antes de esta ley, los arbitrajes eran muy difíciles de constituir y de ejecutar, y era difícil que tuvieran éxito en su función de balancear los intereses del Estado y de los inversores con un criterio de justicia. Desde el punto de vista de la inversión la ley (1770) era mejor, pero no funcionaba. Ahora, desde el punto de vista abstracto y general, vamos a probar un esquema menos confiable.
— Sin tomar en cuenta el marco institucional que está a cargo de su implementación, ¿el contenido de la ley de arbitraje boliviana es más efectivo y eficiente que las normas similares de países de la región?
— Tiene muchas cosas buenas y creo que va a funcionar bien, tal vez mejor que en otros países de Sudamérica, pero tiene unas pocas, pero importantes limitaciones.
— ¿Qué aspectos no están claros en la nueva norma?
— El artículo 4 de la ley (que excluye 13 asuntos de la conciliación y el arbitraje) no tiene la precisión que uno desearía, porque establece como no arbitrables una serie de temas que son definidos en forma bastante genérica. Y así como éste existen otros artículos (...). El otro tema muy sensible es el arbitraje de inversión. La ley boliviana establece un esquema muy rígido, más limitado a Bolivia y la ley boliviana, y ahí uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío.
— ¿Cumplirá esta norma con el objetivo de atraer inversiones?
— Primero habrá que ver en la práctica si el poder político no interfiere en los procesos judiciales; segundo, si estos procesos pueden desarrollarse con normalidad; y tercero, si los laudos que emerjan de esos procesos luego son respetados por las dos partes en la forma que corresponde (...). En aquellos aspectos donde haya incertidumbre la inversión se va a retraer, en otros aspectos menos sensibles a temas políticos probablemente esta ley puede florecer (...). Tendremos que ver cómo funciona (el proceso) en la práctica.
— ¿Cómo puede afectar una eventual situación de incertidumbre en la ley a la calidad del financiamiento externo que recibe el país y sus empresas?
— Los bancos internacionales se manejan bajo leyes que tienen soluciones para todos los temas importantes. Si la ley boliviana se llega a aplicar de una forma en la cual algunos financiamientos no se pudieran establecer con un arbitraje externo y con una ley reconocida en el ámbito internacional, eso podría ser un importante disuasivo para que los bancos extranjeros y algunas agencias multilaterales de crédito puedan habilitar financiamiento en Bolivia.
— ¿Una posible falta de experiencia de las cortes bolivianas en casos de este tipo puede desalentar la llegada de inversión extranjera al país?
— Un mayor número de casos de arbitraje que se den en Bolivia puede ser bueno para generar una cultura de arbitraje, pero al mismo tiempo pondrá una gran tensión sobre cortes que no tienen una tradición de manejar estos temas y que de golpe van a tener que empezar a resolver temas muy delicados, muy técnicos y que en el ámbito internacional tienen soluciones ya establecidas y consensuadas (...). En muchos países, las cámaras de arbitraje realizan procesos muy exitosos de formación de jueces, habrá que ver si eso ocurre acá. Muchos jueces nunca tuvieron que intervenir en un arbitraje, así que muchas cosas que son evidentes en jurisdicciones donde hay muchos arbitrajes pueden ser nuevas para ellos.
Por lo tanto, pueden tomar —no por mala voluntad, sino por falta de experiencia— decisiones que destruyen el arbitraje como instrumento y que al final tendrán efectos muy negativos (...). La ley le da a los centros de arbitraje una autonomía que no es común en otros países de América Latina, así que en la medida en que establezcan procedimientos que sean de buena calidad y predecibles, y cumplan los plazos extremadamente ambiciosos que tiene, la ley funcionará (...). En la medida en que se puedan constituir procesos previsibles, imparciales y sin interferencias se va a ir construyendo la confianza que atraerá a los nuevos inversores, lo malo de esto es que es un camino que lleva más tiempo.
Perfil
Nombre: Andrés Cerisola
Profesión: Abogado
Cargo: Socio Director de Ferrere
Especialista en análisis y diseño de estrategias
Se graduó como abogado en la Universidad de la República (Uruguay), tiene una maestría en Derecho en Harvard y estudió regulación europea en la Université Libre de Bruxelles. Es autor de varios libros, docente y representante de empresas y organizaciones académicas. Es experto en casos que requieren análisis exhaustivo y diseño de estrategias, ya sean disputas u operaciones complejas, en especial cuando debe estructurarse un proyecto o influye en éste la regulación estatal. Participa en negociaciones, litigios y arbitrajes en Uruguay y en otros países. Dirige también equipos de trabajo en operaciones de inversión extranjera, infraestructura, telecomunicaciones y energía.
— ¿Cuál es su evaluación inicial sobre la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada por el Gobierno el 25 de junio?
— Esta norma abre una nueva etapa en Bolivia, pero no puede hacer milagros por sí sola. Los factores que determinan el acceso a la inversión extranjera son muchos, lo importante es —dentro del respeto a las normas de cada país— que los inversores tengan la convicción de que si existe una disputa habrá un proceso justo, equilibrado, transparente y desarrollado en un entorno institucional previsible.
Cuando un país no les puede ofrecer a los inversores la tranquilidad de que en caso de una disputa tendrán un tercero imparcial que actuará sin prejuicios y tratando de aplicar de buena fe el derecho, y que además entienda los temas que está tratando, la inversión se retrae. Por otro lado, las leyes no pueden separarse del contexto en el cual se crean y están insertas.
Una buena ley de inversión no va a generar inversión si la economía es un desastre, pero Bolivia en la última década ha tenido una política que a nivel macroeconómico ha sido extremadamente prudente y exitosa; de ahí vienen las tasas de crecimiento en torno al 5% que existen hoy y que se proyectan hacia adelante inclusive en un momento en que el crecimiento económico de la mayoría de los países latinoamericanos está sufriendo el impacto de fenómenos mundiales y regionales como la desaceleración de China, la caída de los precios de los commodities y la situación muy difícil que están viviendo en Europa, Brasil y Argentina.
Bolivia sigue proyectando crecimiento y eso le permite ser un destino atractivo para la inversión y el financiamiento del extranjero. Ahora, en este entorno económico que es comparativamente favorable, es muy importante generar un entorno para que pueda haber un arbitraje previsible y transparente, para completar ese paquete que termine de decidir al inversor a ingresar (a Bolivia). No nos olvidemos, además, que en el ámbito internacional la economía de Estados Unidos se está recuperando y eso va a llevar nuevamente hacia ese país los capitales que estuvieron en los mercados emergentes en los últimos años.
Entonces, hay que tener una buena propuesta para traer esa menor inversión que va a mantenerse en los países emergentes (...). Bolivia ganará mucho si hay ambientes institucionales que le den tranquilidad a las partes respecto de cómo se resolverían eventuales disputas; eso crea valor y el valor crea oportunidades, empleos, industrias y riqueza en la sociedad (...). Antes de esta ley, los arbitrajes eran muy difíciles de constituir y de ejecutar, y era difícil que tuvieran éxito en su función de balancear los intereses del Estado y de los inversores con un criterio de justicia. Desde el punto de vista de la inversión la ley (1770) era mejor, pero no funcionaba. Ahora, desde el punto de vista abstracto y general, vamos a probar un esquema menos confiable.
— Sin tomar en cuenta el marco institucional que está a cargo de su implementación, ¿el contenido de la ley de arbitraje boliviana es más efectivo y eficiente que las normas similares de países de la región?
— Tiene muchas cosas buenas y creo que va a funcionar bien, tal vez mejor que en otros países de Sudamérica, pero tiene unas pocas, pero importantes limitaciones.
— ¿Qué aspectos no están claros en la nueva norma?
— El artículo 4 de la ley (que excluye 13 asuntos de la conciliación y el arbitraje) no tiene la precisión que uno desearía, porque establece como no arbitrables una serie de temas que son definidos en forma bastante genérica. Y así como éste existen otros artículos (...). El otro tema muy sensible es el arbitraje de inversión. La ley boliviana establece un esquema muy rígido, más limitado a Bolivia y la ley boliviana, y ahí uno puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío.
— ¿Cumplirá esta norma con el objetivo de atraer inversiones?
— Primero habrá que ver en la práctica si el poder político no interfiere en los procesos judiciales; segundo, si estos procesos pueden desarrollarse con normalidad; y tercero, si los laudos que emerjan de esos procesos luego son respetados por las dos partes en la forma que corresponde (...). En aquellos aspectos donde haya incertidumbre la inversión se va a retraer, en otros aspectos menos sensibles a temas políticos probablemente esta ley puede florecer (...). Tendremos que ver cómo funciona (el proceso) en la práctica.
— ¿Cómo puede afectar una eventual situación de incertidumbre en la ley a la calidad del financiamiento externo que recibe el país y sus empresas?
— Los bancos internacionales se manejan bajo leyes que tienen soluciones para todos los temas importantes. Si la ley boliviana se llega a aplicar de una forma en la cual algunos financiamientos no se pudieran establecer con un arbitraje externo y con una ley reconocida en el ámbito internacional, eso podría ser un importante disuasivo para que los bancos extranjeros y algunas agencias multilaterales de crédito puedan habilitar financiamiento en Bolivia.
— ¿Una posible falta de experiencia de las cortes bolivianas en casos de este tipo puede desalentar la llegada de inversión extranjera al país?
— Un mayor número de casos de arbitraje que se den en Bolivia puede ser bueno para generar una cultura de arbitraje, pero al mismo tiempo pondrá una gran tensión sobre cortes que no tienen una tradición de manejar estos temas y que de golpe van a tener que empezar a resolver temas muy delicados, muy técnicos y que en el ámbito internacional tienen soluciones ya establecidas y consensuadas (...). En muchos países, las cámaras de arbitraje realizan procesos muy exitosos de formación de jueces, habrá que ver si eso ocurre acá. Muchos jueces nunca tuvieron que intervenir en un arbitraje, así que muchas cosas que son evidentes en jurisdicciones donde hay muchos arbitrajes pueden ser nuevas para ellos.
Por lo tanto, pueden tomar —no por mala voluntad, sino por falta de experiencia— decisiones que destruyen el arbitraje como instrumento y que al final tendrán efectos muy negativos (...). La ley le da a los centros de arbitraje una autonomía que no es común en otros países de América Latina, así que en la medida en que establezcan procedimientos que sean de buena calidad y predecibles, y cumplan los plazos extremadamente ambiciosos que tiene, la ley funcionará (...). En la medida en que se puedan constituir procesos previsibles, imparciales y sin interferencias se va a ir construyendo la confianza que atraerá a los nuevos inversores, lo malo de esto es que es un camino que lleva más tiempo.
Perfil
Nombre: Andrés Cerisola
Profesión: Abogado
Cargo: Socio Director de Ferrere
Especialista en análisis y diseño de estrategias
Se graduó como abogado en la Universidad de la República (Uruguay), tiene una maestría en Derecho en Harvard y estudió regulación europea en la Université Libre de Bruxelles. Es autor de varios libros, docente y representante de empresas y organizaciones académicas. Es experto en casos que requieren análisis exhaustivo y diseño de estrategias, ya sean disputas u operaciones complejas, en especial cuando debe estructurarse un proyecto o influye en éste la regulación estatal. Participa en negociaciones, litigios y arbitrajes en Uruguay y en otros países. Dirige también equipos de trabajo en operaciones de inversión extranjera, infraestructura, telecomunicaciones y energía.
martes, 4 de agosto de 2015
Diputados aprobó 57 leyes en seis meses
Durante los primeros seis meses de este 2015, la Cámara de Diputados aprobó 57 leyes, de ellas siete fueron sancionadas en esa instancia legislativa.
“Son 57 leyes las que se procesaron y aprobaron en la Cámara de Diputados y más de 140 leyes que se están procesando en las diferentes comisiones; no todos estos proyectos de ley o iniciativas legislativas terminan en una ley”, indicó la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, en una conferencia de prensa.
Agregó que “el informe que nosotros vamos a presentar (hoy) no tiene que ver sólo con un número de leyes, sino con el impacto que tiene cada una de ellas sobre la vida de la gente, eso es lo más importante”.
Hoy, la rendición pública de cuentas inicial que presentarán las autoridades de la Cámara Baja contendrá el detalle de las leyes promulgadas, sancionadas, aprobadas y en tratamiento, además del informe de la gestión administrativa.
“Se va dar a conocer las actividades programadas en el área legislativa, administrativa de la Cámara de Diputados, estamos a media gestión y mostraremos todas las actividades realizadas y los avances de la agenda proyectada”, informó la directora de Transparencia de la Cámara, Nataly Torres.
La invitación es para las nueve de la mañana en el salón auditorio del Palacio de Comunicaciones La Paz, donde se conocerá el detalle de las actividades legislativas.
Además de los dos informes -legislativo y administrativo- la rendición de cuentas también servirá para conocer el detalle de la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con relación al trabajo que se desarrollará durante los siguientes meses, Montaño precisó que se tiene previsto priorizar la aprobación de las seis leyes emergentes de la Cumbre Agropecuaria, además del Código Integral Penal.
“El tema de transparencia se fue afianzando en los últimos años, principalmente en la Cámara de Diputados, que es la única entidad estatal que tiene una dirección en este ámbito, porque las demás entidades estatales solo cuentan con unidades de transparencia”, puntualizó Torres.
“Son 57 leyes las que se procesaron y aprobaron en la Cámara de Diputados y más de 140 leyes que se están procesando en las diferentes comisiones; no todos estos proyectos de ley o iniciativas legislativas terminan en una ley”, indicó la presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, en una conferencia de prensa.
Agregó que “el informe que nosotros vamos a presentar (hoy) no tiene que ver sólo con un número de leyes, sino con el impacto que tiene cada una de ellas sobre la vida de la gente, eso es lo más importante”.
Hoy, la rendición pública de cuentas inicial que presentarán las autoridades de la Cámara Baja contendrá el detalle de las leyes promulgadas, sancionadas, aprobadas y en tratamiento, además del informe de la gestión administrativa.
“Se va dar a conocer las actividades programadas en el área legislativa, administrativa de la Cámara de Diputados, estamos a media gestión y mostraremos todas las actividades realizadas y los avances de la agenda proyectada”, informó la directora de Transparencia de la Cámara, Nataly Torres.
La invitación es para las nueve de la mañana en el salón auditorio del Palacio de Comunicaciones La Paz, donde se conocerá el detalle de las actividades legislativas.
Además de los dos informes -legislativo y administrativo- la rendición de cuentas también servirá para conocer el detalle de la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Con relación al trabajo que se desarrollará durante los siguientes meses, Montaño precisó que se tiene previsto priorizar la aprobación de las seis leyes emergentes de la Cumbre Agropecuaria, además del Código Integral Penal.
“El tema de transparencia se fue afianzando en los últimos años, principalmente en la Cámara de Diputados, que es la única entidad estatal que tiene una dirección en este ámbito, porque las demás entidades estatales solo cuentan con unidades de transparencia”, puntualizó Torres.
Código Civil entrará en vigencia en febrero de 2016
La Asamblea Legislativa trabajará en una norma que posponga la aplicación del Código Procesal Civil, la misma que debía ser puesta en ejecución desde el jueves 6 de agosto, sin embargo, esta y dos normas más entrarán en vigencia a partir del 6 de febrero de 2016. El Legislativo argumenta que la ley no se socializó en el Ministerio Público.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, senador Efraín Chambi, informó ayer que el Legislativo aprobará la nueva “Ley Modificatoria de Vigencias Plenas”, para la postergación de vigencia del nuevo Código Procesal Civil, el Código de Familia y el Código de Proceso Familiar. La vigencia de las tres normas será pospuesta por seis meses.
“La puesta en vigencia del Código Procesal Civil y el Código de Familia están siendo nuevamente postergados por temas estrictamente de implementación que son del Órgano Judicial, lamentamos mucho la postergación ya que la población boliviana espera su aplicación junto con los Códigos Morales. La nueva Ley Modificatoria de Vigencias Plenas, así se va a llamar; la vamos a aprobar entre hoy y mañana donde establece el aplazamiento de vigencia de esos códigos hasta el mes de febrero del siguiente año”, afirmó Chambi.
Es la segunda vez que el Legislativo aplaza la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, que debía empezar a aplicarse desde este 6 de agosto. “El Órgano Judicial tenía todos estos años para poder implementarlo, lamentamos mucho que hayan tenido dificultades y otra vez tengamos que postergarlo por un tiempo más”, mencionó.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, senador Efraín Chambi, informó ayer que el Legislativo aprobará la nueva “Ley Modificatoria de Vigencias Plenas”, para la postergación de vigencia del nuevo Código Procesal Civil, el Código de Familia y el Código de Proceso Familiar. La vigencia de las tres normas será pospuesta por seis meses.
“La puesta en vigencia del Código Procesal Civil y el Código de Familia están siendo nuevamente postergados por temas estrictamente de implementación que son del Órgano Judicial, lamentamos mucho la postergación ya que la población boliviana espera su aplicación junto con los Códigos Morales. La nueva Ley Modificatoria de Vigencias Plenas, así se va a llamar; la vamos a aprobar entre hoy y mañana donde establece el aplazamiento de vigencia de esos códigos hasta el mes de febrero del siguiente año”, afirmó Chambi.
Es la segunda vez que el Legislativo aplaza la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, que debía empezar a aplicarse desde este 6 de agosto. “El Órgano Judicial tenía todos estos años para poder implementarlo, lamentamos mucho que hayan tenido dificultades y otra vez tengamos que postergarlo por un tiempo más”, mencionó.
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