El proyecto de ley de “Delitos Contra los Derechos de la Madre Tierra y la Soberanía y Seguridad Alimentaria”, que plantea la creación de nuevos tipos penales para frenar el avasallamiento y que está siendo analizado en el Parlamento, generó opiniones contrapuestas que respaldan y repudian el tratamiento y aprobación de esta norma.
Según el director de Asuntos Jurídicos de la Gobernación, Víctor Coca, el avasallamiento y loteamiento de tierras es un “problema grave que preocupa al departamento y al país”.
Coca manifestó que las nuevas figuras incorporadas en la propuesta de ley, como el tráfico de tierras, son “importantes”. “Esto va a frenar bastante”, dijo, a tiempo de recordar que la tarea del Estado es dar seguridad jurídica.
El ambientalista Marcelo Delgadillo expresó que sobre el tema de avasallamiento de tierras “ya hay una normativa suficiente, por lo que de nada sirve seguir sacando leyes”. Sin embargo, el asesor de la Gobernación considera que es importante “endurecer las penas y establecer nuevas figuras políticas a parte de las que ya existen en el Código Penal”.
Delgadillo cuestionó las normas ya existentes, ya que la mayoría son “sólo un saludo a la bandera y no se cumplen”. Propuso “volver a hacer un mecanismo más riguroso”, en el que se tenga “voluntad política” para evitar que se avasallen todas las áreas periurbanas, forestales y agrícolas.
Coca manifestó que “el despojo” es uno de los delitos que “se debe endurecer en cuanto a la pena y cambiar los términos de la figura jurídica”.
Delgadillo manifestó que el avasallamiento de tierras está tipificado en el Código Penal, y que lo que se debe hacer es derogar la Ley de Regulación de la Propiedad Urbana.
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