domingo, 12 de mayo de 2013

Bolivia espera una efectiva Ley de Acceso a la Información Pública

El Día del Periodista sirvió para reflexionar sobre los derechos de los informativistas dentro de la sociedad boliviana; uno de esos derechos, empero, trasciende al gremio de la prensa y se acentúa en la necesidad que tiene toda la sociedad para estar informada sobre las acciones y manejo de la cosa pública desde las esferas del poder establecido.

El acceso a la información aún se encuentra normada bajo el rango de una Ley y sólo existen decretos y disposiciones constitucionales que no son suficientes para que la población pueda acceder a los datos sobre la administración estatal en sus diferentes gobiernos, sea central, departamental, municipal, regional e incluso el régimen indígena originario campesino.

EL DIARIO conversó con el expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, para explicar el valor de una Ley de Acceso a la Información Pública, pero también alertando sobre los riesgos que ya se anticipan, dado el carácter controlador del actual régimen de Gobierno dentro de la política jurídica que hace al denominado “proceso de cambio”.

¿CUÁN IMPORTANTE ES QUE EL PAÍS CUENTE CON UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN (DI) RECONOCIDO A NIVEL INTERNACIONAL?

“La Ley de Acceso a la Información es otra de las leyes fundamentales que deben hacer a un Estado que se denomina democrático. El acceso a la información no sólo es un derecho para los periodistas y esto es algo que se confunde mucho, porque el acceso a la información es un derecho de toda la población de acceder a la información pública de manera transparente. Ha habido muchos proyectos para una ley de acceso a la información, pero contrariamente el Gobierno utiliza argumentos para restringir el acceso informativo, con argumentos que hacen a entidades como las FFAA, en temas de seguridad interna, que es algo comprensible, pero que tratan de aplicar a cada institución”.

SIN EMBARGO, EXISTE UN DECRETO DICTADO POR EL EXPRESIDENTE CARLOS MESA EN 2005. ¿SE DEBE ENTENDER QUE ESA NORMA NO ES SUFICIENTE?

“Efectivamente, fue un intento bueno para hacer que este derecho llegue a todos los bolivianos, pero al momento de pedir informaciones los funcionarios públicos colocan muchas trabas para acceder a la información. Un periódico, por ejemplo, pidió durante mucho tiempo cierta información y después de muchos intentos se les dio una documentación que no era la que requería porque los funcionarios no dan cumplimiento a esa norma o no tienen instrucción para hacer cumplir esa norma. Otro obstáculo es que en las instituciones se dice que sólo la cabeza de la institución puede dar información y ninguna otra persona o funcionario está autorizado para aquello”.

SI BIEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN NO ES UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ¿SU ELABORACIÓN GENERA DESDE YA SUSCEPTIBILIDAD EN EL GREMIO DE LA PRENSA?

“Las leyes en Bolivia son utilizadas políticamente, prueba de ello es la Ley 045 de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que es una ley noble pero que se disfraza y se introducen artículos que son contrarios a la CPE. También se ha visto las restricciones al derecho a la información y la libertad de prensa en la Ley de Régimen Electoral y con las elecciones judiciales se pudo comprobar aquello. En ese sentido, aprobar una ley de acceso a la información resultaría muy riesgoso dados los antecedentes expuestos”.

SE HABLA DE ANTEPROYECTOS DE LEY QUE ESTARÍAN CIRCULANDO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y ALGUNOS MINISTERIOS, DONDE SE INCLUYE UN ARTÍCULO PARA LEVANTAR EL SECRETO DE LA FUENTE INFORMATIVA. ¿QUÉ DE CIERTO HAY EN ESTE TEMA?

“Hace tiempo atrás se hizo una representación ante la Asamblea Legislativa porque teníamos conocimiento de un artículo que iba contra el artículo 8 de la Ley de Imprenta que pretendía levantar el secreto de imprenta que es la confidencialidad de la fuente informativa y ese es otro problema que se puede generar para tratar de coartar la libertad de prensa en el país”.

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