Circula y se comenta en la prensa y en Internet, un "borrador" de la tan esperada Ley de Minería, cuya versión final regirá las actividades de uno de los sectores estratégicos de la economía nacional. Es un documento extenso que más parece un reglamento (más de cien planas y más de 160 artículos) y cuya lectura deja un sabor agridulce por su complejidad y redundancia de conceptos básicos como industrialización, fiscalización, consulta previa, derechos laborales, etc. Sin ánimo de polemizar un documento extra-oficial y que seguramente no será la versión definitiva, me atrevo a comentar su enfoque estructural, que supuestamente debe reemplazar al del Código de Minería aún vigente (Ley 1777), neo-liberal, que privilegiaba la inversión privada con un régimen impositivo permisivo que promocionaba el juego bursátil para financiar la generación de nuevos proyectos mineros de clase mundial, que relegó el papel del Estado a un administrador de contratos de exploración y de explotación de minas a través de contratos de riesgo compartido y cuyo fin mayor durante su vigencia fue generar inversión de riesgo en un portafolio de proyectos mineros de clase mundial (Kory Kollo, San Cristóbal y San Bartolomé son un ejemplo), que pese a todo, logró en su tiempo colocar al país en el mapa de los potenciales productores de minerales y metales.
Ahora bien, el "borrador" de marras, sostiene la preeminencia del Estado en la cadena productiva minera, privilegia la inversión estatal y bloquea la iniciativa privada, alarga la cadena productiva hasta la industrialización de los metales y vuelve a reactivar –empresas estatales de por medio- viejos proyectos como Mutún, Corocoro, Karachipampa, etc.
Se crea el Servicio Geológico Minero Metalúrgico Sergeomin (Art. 53) en reemplazo del actual Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas, Sergeotecmin y se separa el Tecmin en una unidad independiente encargada del control técnico de áreas de contrato. Delega al Sergeomin, la exploración de la reserva fiscal, el levantamiento de la carta geológica, la exploración de áreas de uso exclusivo de Corporación Minera de Bolivia, Comibol, (33.564 cuadrículas en 26 áreas, D.S. 1369) y de áreas de contratos con cooperativas mineras, la investigación metalúrgica y un largo etc..
Entre los cambios administrativos, crea la autarquía: Autoridad Administrativa Jurisdiccional Minera, AAJM (Art. 31) que representará al Estado en la firma y control de contratos mineros (era atribución de Comibol), los mismos que reemplazan el viejo sistema de concesiones mineras. Estos contratos no podrán ser inscritos en bancos y/o bolsas de valores como fuente de financiamiento (Art. 75), solo el Estado podría hacer estas anotaciones. La otrora poderosa Comibol se descentraliza (Art. 39) en Empresas Estatales del Sector Minero creadas ó por crearse (Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa Minera Huanuni, Empresa Minera Corocoro, etc.).
Esta estructura básica huele a pesada burocracia, con cambios semánticos (Ej. AAJM similar a ex Superintendencia de Minas); se aumentan instituciones, se ahuyenta la inversión privada, crece la burocracia y el pretendido empoderamiento del Estado dependerá de cómo funcione esa burocracia. ¿Será el camino a seguir?
No hallo un eje conductor de lo que se quiere hacer pero, estamos hablando de un "borrador" de ley y siempre se tiene la esperanza de que las cosas mejoren. Hasta la próxima, seguiré comentando sobre el tema.
*Ing. Geólogo
Ex ministro minería
viernes, 19 de abril de 2013
jueves, 18 de abril de 2013
Ley propone que el 2 de diciembre sea día del "Lustra Calzado"
La Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que declara el 2 de diciembre como el "Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados".
"Hemos aprobado el proyecto del Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados con algunas modificaciones, la más importante, que se define que el 2 de diciembre se declare como el día destinado a este sector", informó el diputado Jorge Medina (MAS), miembro de la Comisión de Política Social.
Inicialmente, el proyecto definía que este día se celebre el primer lunes de diciembre, pero se optó por fijar una fecha en particular.
El también subjefe de la bancada nacional del MAS dio a conocer que el proyecto de ley establece el acceso gratuito a la atención de salud para estos trabajadores, para lo cual, inicialmente, deben ser registrados por los gobiernos autónomos municipales donde realizan su diaria labor.
Para tal efecto, las gobernaciones serán las encargadas de garantizar la atención en salud en hospitales de tercer nivel, mientras que las alcaldías deben hacer lo propio en hospitales de segundo y primer nivel, de acuerdo a sus competencias asignadas en el marco del sistema autonómico.
El proyecto de ley contiene tres artículos y dos disposiciones finales y fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
"Hemos aprobado el proyecto del Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados con algunas modificaciones, la más importante, que se define que el 2 de diciembre se declare como el día destinado a este sector", informó el diputado Jorge Medina (MAS), miembro de la Comisión de Política Social.
Inicialmente, el proyecto definía que este día se celebre el primer lunes de diciembre, pero se optó por fijar una fecha en particular.
El también subjefe de la bancada nacional del MAS dio a conocer que el proyecto de ley establece el acceso gratuito a la atención de salud para estos trabajadores, para lo cual, inicialmente, deben ser registrados por los gobiernos autónomos municipales donde realizan su diaria labor.
Para tal efecto, las gobernaciones serán las encargadas de garantizar la atención en salud en hospitales de tercer nivel, mientras que las alcaldías deben hacer lo propio en hospitales de segundo y primer nivel, de acuerdo a sus competencias asignadas en el marco del sistema autonómico.
El proyecto de ley contiene tres artículos y dos disposiciones finales y fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El Estado cuenta con $us 900.000 para luchar contra acoso político
AVANCE La aplicación de la norma entra en su tercera fase. Incluye a los gobiernos autónomos.
Redacción central / Cambio
El 28 de mayo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia refuerza la norma y protege aún más a esta parte de la población.
La aplicación plena de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres está en su tercera fase y cuenta con 900.000 dólares para la ejecución de las estrategias y planes a escala nacional.
La norma, promulgada el 28 de mayo de 2012 por el presidente Evo Morales, tiene el propósito de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, precisó que el financiamiento proviene del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Esta política se amplió mucho más con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y cuenta con un presupuesto de 900 mil dólares para esta gestión”, precisó Marconi.
Los fondos servirán para diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos para la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres.
La directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol), Jessy López, resaltó las políticas nacionales que se aplican para frenar estos abusos y afirmó que la normativa “permitió visibilizar las falencias y fortalecer las instituciones con las que se cuenta para reforzar su aplicación”.
Hasta agosto del año pasado, Acobol registró 676 casos de mujeres activas en instituciones municipales que sufrieron algún tipo de abuso.
Entre ellos figura el cruel asesinato de la concejala por el municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos de La Paz, Juana Quispe Apaza. López señaló que hay retardación de justicia en el Ministerio Público, porque los responsables de este hecho aún están libres y ejercen funciones públicas.
Dos vías
La viceministra Marconi indicó que la aplicación de la normativa está avanzando de forma paulatina. Se han creado dos rutas a través de las cuales se pueden presentar las denuncias, vía penal, a través del Ministerio Público y por la vía administrativa.
En esta segunda alternativa, la administrativa, Marconi indicó que, gracias al financiamiento otorgado por el BID, se llegará hasta las entidades territoriales autónomas, como los gobiernos municipales y los gobiernos indígenas.
El artículo 11 de la Ley 243 establece que, en el marco de las autonomías departamental, regional, municipal e indígena originario campesina, las cartas orgánicas y normas básicas institucionales incluirán medidas de prevención sobre los actos de acoso hacia las mujeres.
¿Hacen falta reglamentos?
La presidenta de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Gabriela Montaño, indicó que esta ley cuenta con tipos penales y “que no necesariamente necesita reglamentarse”.
“Aunque las denuncias no lleguen por la vía administrativa, las mujeres tienen el derecho de ir a sentar una denuncia, porque el Estado les ampara”, afirmó Montaño.
El artículo 20 de la norma incorpora los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres en el Título II Capítulo I, “Delitos contra la Función Pública”, del Código Penal.
El acoso político es penado con cárcel de dos a cinco años, y la violencia política contra las mujeres con pena privativa de libertad de tres a ocho años.
“Elaboramos esta norma con calidez legal y no necesariamente necesita reglamentarse.
Gabriela Montaño
Pdta. del Senado
Mujeres citan a foro para afianzar norma
Con el objetivo de garantizar la implementación plena de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) realizará foros y seminarios a escala nacional.
La directora ejecutiva de Acobol, Jessy López, precisó que el primer evento se realizará el 3 de mayo y reunirá a instituciones vinculadas con la defensa de las mujeres.
“Queremos coordinar con las mujeres y las instituciones públicas para formular juntas nuevas líneas políticas que garanticen la aplicación de esta norma”, indicó López.
Según la representante, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia les dio más luces para decir cómo quieren que se aplique esta norma y en qué instancias se debe tener más presencia. “Lo que falta es socializar algunos aspectos”, dijo.
Redacción central / Cambio
El 28 de mayo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia refuerza la norma y protege aún más a esta parte de la población.
La aplicación plena de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres está en su tercera fase y cuenta con 900.000 dólares para la ejecución de las estrategias y planes a escala nacional.
La norma, promulgada el 28 de mayo de 2012 por el presidente Evo Morales, tiene el propósito de establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi, precisó que el financiamiento proviene del acuerdo entre el Gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Esta política se amplió mucho más con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y cuenta con un presupuesto de 900 mil dólares para esta gestión”, precisó Marconi.
Los fondos servirán para diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos para la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres.
La directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol), Jessy López, resaltó las políticas nacionales que se aplican para frenar estos abusos y afirmó que la normativa “permitió visibilizar las falencias y fortalecer las instituciones con las que se cuenta para reforzar su aplicación”.
Hasta agosto del año pasado, Acobol registró 676 casos de mujeres activas en instituciones municipales que sufrieron algún tipo de abuso.
Entre ellos figura el cruel asesinato de la concejala por el municipio de Ancoraimes, provincia Omasuyos de La Paz, Juana Quispe Apaza. López señaló que hay retardación de justicia en el Ministerio Público, porque los responsables de este hecho aún están libres y ejercen funciones públicas.
Dos vías
La viceministra Marconi indicó que la aplicación de la normativa está avanzando de forma paulatina. Se han creado dos rutas a través de las cuales se pueden presentar las denuncias, vía penal, a través del Ministerio Público y por la vía administrativa.
En esta segunda alternativa, la administrativa, Marconi indicó que, gracias al financiamiento otorgado por el BID, se llegará hasta las entidades territoriales autónomas, como los gobiernos municipales y los gobiernos indígenas.
El artículo 11 de la Ley 243 establece que, en el marco de las autonomías departamental, regional, municipal e indígena originario campesina, las cartas orgánicas y normas básicas institucionales incluirán medidas de prevención sobre los actos de acoso hacia las mujeres.
¿Hacen falta reglamentos?
La presidenta de la Cámara de Senadores, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Gabriela Montaño, indicó que esta ley cuenta con tipos penales y “que no necesariamente necesita reglamentarse”.
“Aunque las denuncias no lleguen por la vía administrativa, las mujeres tienen el derecho de ir a sentar una denuncia, porque el Estado les ampara”, afirmó Montaño.
El artículo 20 de la norma incorpora los delitos de acoso político y violencia política contra las mujeres en el Título II Capítulo I, “Delitos contra la Función Pública”, del Código Penal.
El acoso político es penado con cárcel de dos a cinco años, y la violencia política contra las mujeres con pena privativa de libertad de tres a ocho años.
“Elaboramos esta norma con calidez legal y no necesariamente necesita reglamentarse.
Gabriela Montaño
Pdta. del Senado
Mujeres citan a foro para afianzar norma
Con el objetivo de garantizar la implementación plena de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (Acobol) realizará foros y seminarios a escala nacional.
La directora ejecutiva de Acobol, Jessy López, precisó que el primer evento se realizará el 3 de mayo y reunirá a instituciones vinculadas con la defensa de las mujeres.
“Queremos coordinar con las mujeres y las instituciones públicas para formular juntas nuevas líneas políticas que garanticen la aplicación de esta norma”, indicó López.
Según la representante, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia les dio más luces para decir cómo quieren que se aplique esta norma y en qué instancias se debe tener más presencia. “Lo que falta es socializar algunos aspectos”, dijo.
Competencia en caso Rózsa ya se trató, dicen juez y fiscal
La Cámara de Senadores aprobó anoche en su estación en detalle, con modificaciones, el proyecto de Ley de Libro y la Lectura Óscar Alfaro, por lo que fue devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión.
“El proyecto de Ley de libro y Lectura ha sufrido modificaciones de forma para poner más claro el texto, tratando de definir lo que es la producción bibliográfica en diferentes medios y soportes. Posteriormente se aclaró que la venta de libros va a estar exenta de impuestos”, informó la senadora Mary Medina, secretaria de Educación.
Una de las características del proyecto de ley es la figura de tasa cero para los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Transacciones (IT) en la venta de libros de producción nacional y de extranjeros, de acuerdo con el documento.
De 900 leyes planeadas solo se promulgaron 11
De 900 proyectos de ley que se propuso aprobar la Cámara de Diputados esta gestión, hasta la fecha solo se promulgaron 11, y cinco se sancionaron; la mayoría tiene su origen en el Órgano Ejecutivo.
El segundo secretario de la Cámara de Diputados, Galo Bonifaz (MAS), explicó que “hay un poco de retardación” en el tratamiento de las normas debido a que las organizaciones e instituciones que tienen que ver con alguna temática que trata el proyecto piden incorporar sus sugerencias; sin embargo “cuando se les pide su propuesta no la entregan”.
En todo caso, Bonifaz aseguró que la Asamblea Legislativa tiene el mandato de aprobar 70 leyes que emergían de la cumbre social, de las cuales ya se sancionaron 30.
Contrariamente, el diputado opositor Tomás Monasterios (CN) asegura que “se ha asumido que la Asamblea Legislativa tenga que ser evaluada en función de la cantidad de leyes que emanan de esta instancia y veo con sorpresa normas meramente declarativas, inaplicables en torno a la funcionalidad que deberían tener”.
La presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, que brindó una rendición de cuentas inicial, indicó que esas 900 normas planeadas “tiene que ver con proyectos nacionales, códigos (de justicia)... temas ambientales”, entre otros.
Según un informe que brindó el secretario general de la Cámara Baja, Carlos Camacho, entre enero y abril de este año se presentaron 308 proyectos de ley, de estos 147 tienen carácter nacional y 161 regional (ver infografía).
Por el momento, Diputados aprobó 25 proyectos de ley.
Informes
En cuanto a la labor fiscalizadora, los diputados solicitaron 368 peticiones de informe escrito al Órgano Ejecutivo y solo respondieron 46. Sobre los informes orales se demandaron 21 y se verificaron 7. La Cámara puede conminar a los demandados a responder
Más datos
Legislación electrónica
La nueva directiva de la Cámara Baja apuesta a ampliar la difusión de información por medios virtuales. Creó cuentas en las redes sociales y un periódico virtual con ese propósito
Radio virtual
Además lanzarán la radio legislativa que se difundirá vía Internet con 12 horas de difusión.
Leyes declarativas
”La legislación declarativa, como la de considerar a la ojota, el zapallo, la yuca como norma de declaración son elementos que preocupan”, dice Monasterios.
Origen
De las 11 leyes promulgadas, al menos seis provienen del Órgano Ejecutivo, las demás fueron propuestas por parlamentarios.
El segundo secretario de la Cámara de Diputados, Galo Bonifaz (MAS), explicó que “hay un poco de retardación” en el tratamiento de las normas debido a que las organizaciones e instituciones que tienen que ver con alguna temática que trata el proyecto piden incorporar sus sugerencias; sin embargo “cuando se les pide su propuesta no la entregan”.
En todo caso, Bonifaz aseguró que la Asamblea Legislativa tiene el mandato de aprobar 70 leyes que emergían de la cumbre social, de las cuales ya se sancionaron 30.
Contrariamente, el diputado opositor Tomás Monasterios (CN) asegura que “se ha asumido que la Asamblea Legislativa tenga que ser evaluada en función de la cantidad de leyes que emanan de esta instancia y veo con sorpresa normas meramente declarativas, inaplicables en torno a la funcionalidad que deberían tener”.
La presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, que brindó una rendición de cuentas inicial, indicó que esas 900 normas planeadas “tiene que ver con proyectos nacionales, códigos (de justicia)... temas ambientales”, entre otros.
Según un informe que brindó el secretario general de la Cámara Baja, Carlos Camacho, entre enero y abril de este año se presentaron 308 proyectos de ley, de estos 147 tienen carácter nacional y 161 regional (ver infografía).
Por el momento, Diputados aprobó 25 proyectos de ley.
Informes
En cuanto a la labor fiscalizadora, los diputados solicitaron 368 peticiones de informe escrito al Órgano Ejecutivo y solo respondieron 46. Sobre los informes orales se demandaron 21 y se verificaron 7. La Cámara puede conminar a los demandados a responder
Más datos
Legislación electrónica
La nueva directiva de la Cámara Baja apuesta a ampliar la difusión de información por medios virtuales. Creó cuentas en las redes sociales y un periódico virtual con ese propósito
Radio virtual
Además lanzarán la radio legislativa que se difundirá vía Internet con 12 horas de difusión.
Leyes declarativas
”La legislación declarativa, como la de considerar a la ojota, el zapallo, la yuca como norma de declaración son elementos que preocupan”, dice Monasterios.
Origen
De las 11 leyes promulgadas, al menos seis provienen del Órgano Ejecutivo, las demás fueron propuestas por parlamentarios.
Legislativo y Ejecutivo coordinan dos leyes
En la Asamblea Plurinacional anunciaron ayer que hasta junio se podrían aprobar los proyectos de Ley de Código Procesal Civil y la Ley del Notariado, tras una reunión de coordinación entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, y la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón.
El encuentro se realizó en el despacho de Tejada, donde también habría participado el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, además del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.
“Existe necesidad de que estas leyes sean socializadas (...) necesariamente se tiene que hacer un trabajo participativo, como se han estado trabajando las leyes judiciales y ésa ha sido una de las preocupaciones de esta reunión”, dijo Ayllón.
Diputados inician tratamiento de la Ley del Código Procesal Civil
La norma que modificará al Código Civil comenzó a ser aprobada en la Comisión Integrada de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados. El proyecto de la Ley de Código Procesal Civil es aprobado con celeridad, pese a sus 500 artículos, observó la diputada opositora Norma Piérola.
La diputada de Convergencia Nacional explicó que existen leyes adjetivas y leyes sustantivas que debieran ser elaboradas en concordancia, pero en este caso se decidió que primero se trate la norma adjetiva, de procedimiento, mientras la sustantiva de aplicación se mantiene sin modificación.
“Es una incongruencia porque estamos haciendo el procedimiento civil, pero mantenemos el Código Civil, que yo celebro porque es una ley de avanzada para este Estado plurinacional, que define por ejemplo la jurisdicción del territorio donde el lugar del acusado, donde se cometió el ilícito es donde se lleva el proceso”, dijo en referencia al caso de supuesto terrorismo, donde se definió mediante decreto el juez natural en La Paz, cuando los hechos del caso Rózsa ocurrieron en Santa Cruz.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, anunció que todos los anteproyectos de códigos que se encuentran en carpeta serán sociabilizados a partir del 2 de mayo, tanto con las organizaciones sociales como con los colegios de abogados de los nueve departamentos.
Precisamente, el Código Procesal Civil fue remitido al Colegio de Bolivia el pasado martes al titular de ese ente, Edwin Franz Butrón. “Estamos socializando este código que será un instrumento para las abogadas y abogados del país en los juicios civiles, para que den un mejor servicio a sus clientes”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce.
La normativa dispone que los juicios civiles sean orales, además de dar validez jurídica a documentos y contratos electrónicos o suscritos vía e-mail. Tampoco habrá más notificaciones domiciliarias a las partes, evitando el trámite y la burocracia de las diligencias.
La diputada de Convergencia Nacional explicó que existen leyes adjetivas y leyes sustantivas que debieran ser elaboradas en concordancia, pero en este caso se decidió que primero se trate la norma adjetiva, de procedimiento, mientras la sustantiva de aplicación se mantiene sin modificación.
“Es una incongruencia porque estamos haciendo el procedimiento civil, pero mantenemos el Código Civil, que yo celebro porque es una ley de avanzada para este Estado plurinacional, que define por ejemplo la jurisdicción del territorio donde el lugar del acusado, donde se cometió el ilícito es donde se lleva el proceso”, dijo en referencia al caso de supuesto terrorismo, donde se definió mediante decreto el juez natural en La Paz, cuando los hechos del caso Rózsa ocurrieron en Santa Cruz.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, anunció que todos los anteproyectos de códigos que se encuentran en carpeta serán sociabilizados a partir del 2 de mayo, tanto con las organizaciones sociales como con los colegios de abogados de los nueve departamentos.
Precisamente, el Código Procesal Civil fue remitido al Colegio de Bolivia el pasado martes al titular de ese ente, Edwin Franz Butrón. “Estamos socializando este código que será un instrumento para las abogadas y abogados del país en los juicios civiles, para que den un mejor servicio a sus clientes”, dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Héctor Arce.
La normativa dispone que los juicios civiles sean orales, además de dar validez jurídica a documentos y contratos electrónicos o suscritos vía e-mail. Tampoco habrá más notificaciones domiciliarias a las partes, evitando el trámite y la burocracia de las diligencias.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)