El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley Contra el Avasallamiento de Minas 367, que castiga con penas de cuatro a ocho años de prisión la ocupación y explotación ilegal de yacimientos mineros y de tres a seis años la venta o compra irregular de minerales.
La norma incorpora estas figuras como delitos en el Código Penal, con lo cual se espera que se pueda frenar las intervenciones de comunarios y cooperativistas en las minas.
“Lamentablemente hubo varios avasallamientos y hay presión de actores mineros asalariados, privados, la Ley 367 incorpora al Código Penal como delito el avasallamiento y compra y venta ilegal de minerales”, precisó el Mandatario.
Alejandro Santos, dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), indicó que ahora se debe revisar la reglamentación.
“Hecha la ley hecha la trampa, es necesario ver la reglamentación para saber por dónde va esta ley”, indicó a la Cadena A.
El ex ministro de Minería Dionisio Garzón explicó que esta ley era necesaria para frenar los avasallamientos. “El Código Penal y el Ministerio Público no puede penalizar a una multitud o a toda una comunidad, porque así se generan estos avasallamientos. Hay que ver cómo se define (la ley) y la reglamentan”, precisó. Sin embargo, opinó que la norma dará certidumbre a los inversionistas locales y extranjeros que desean invertir en proyectos mineros en Bolivia.
En los últimos siete años acontecieron al menos 204 avasallamientos de minas y concesiones privadas. La mayor cantidad de estos hechos se presentaron en La Paz, Oruro y Potosí.
Sobre el tema, el economista Rolando Jordán explicó que de alguna manera los productores mineros tendrán mayor seguridad al explotar los recursos no renovables.
“Llena un vacío y da seguridad jurídica a los productores mineros, pero esto no se resuelve con leyes, sino con la disposición del Gobierno de hacer cumplir las mismas”, indicó Jordán.
El Código Penal en su artículo 232 ahora señala: “El que por cualquier razón ocupare área minera mediante violencia, amenazas, engaño o cualquier otro medio, impidiendo el ejercicio de actividades mineras o despojando derechos al Estado y/o a titulares de derechos mineros que se hallan en posesión legal del mismo, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años”.
Según Jordán durante mucho tiempo hubo una pérdida de autoridad del Estado para frenar las intervenciones, lo cual ha frenado la llegada de inversiones a la actividad minera.
Las penas y disposiciones de la ley 367
- Avasallamiento en área minera: El que por cualquier razón ocupare área minera mediante violencia, amenazas, engaño o cualquier otro medio, impidiendo el ejercicio de actividades mineras o despojando en posesión legal del mismo, privación de libertad de cuatro a ocho años.
_- Explotación ilegal de recursos minerales: El que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con autorización o derecho en el marco de la normativa vigente, privación de libertad cuatro a ocho años.
- Compra o venta ilegal de recursos minerales: El que comprare o vendiere recursos minerales producto de avasallamiento de área minera o de explotación ilegal de recursos minerales, privación de libertad tres a seis años.
jueves, 2 de mayo de 2013
Proyecto de ley autoriza el uso de armas a los 21 años
El proyecto de Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, aprobado en grande por la Cámara de Senadores el martes, establece que para obtener una licencia de uso de armas de fuego se requiere, como uno de los requisitos, ser mayor de 21 años.
El proyecto, al que accedió ANF, determina la existencia de cuatro clases de licencia para portar armas de uso civil, las cuales serán individuales e intransferibles: licencias para armas de fuego individual, de uso deportivo, para caza y de colección.
En el artículo 47 del proyecto de ley se enumeran siete requisitos para la adquisición de una licencia, la cual será expedida por el Ministerio de Gobierno y tendrá una vigencia de tres años, con derecho a renovación y posibilidad de revocatoria cuando las armas hayan sido utilizadas para actos delictivos u otros.
Los siete requisitos son: cédula de identidad o documento de extranjería; ser mayor de 21 años de edad; certificado de domicilio o residencia; no tener sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos con privación de libertad; presentar el documento que acredite la propiedad del arma de fuego; prueba balística del arma de fuego adquirida, realizada por la autoridad competente y cualquier otro que se establezca en el reglamento respectivo o por la autoridad competente.
El proyecto, al que accedió ANF, determina la existencia de cuatro clases de licencia para portar armas de uso civil, las cuales serán individuales e intransferibles: licencias para armas de fuego individual, de uso deportivo, para caza y de colección.
En el artículo 47 del proyecto de ley se enumeran siete requisitos para la adquisición de una licencia, la cual será expedida por el Ministerio de Gobierno y tendrá una vigencia de tres años, con derecho a renovación y posibilidad de revocatoria cuando las armas hayan sido utilizadas para actos delictivos u otros.
Los siete requisitos son: cédula de identidad o documento de extranjería; ser mayor de 21 años de edad; certificado de domicilio o residencia; no tener sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos con privación de libertad; presentar el documento que acredite la propiedad del arma de fuego; prueba balística del arma de fuego adquirida, realizada por la autoridad competente y cualquier otro que se establezca en el reglamento respectivo o por la autoridad competente.
Evo promulga una ley en favor del adulto mayor
El presidente Evo Morales promulgó ayer, en el acto en conmemoración al Día Internacional del Trabajo, la Ley del Adulto Mayor, la cual busca otorgar una mejor calidad de vida a ese segmento de la población boliviana.
En el acto, Morales aseguró que la norma prevé que mayores de 60 años de edad tengan un trato preferencial en el acceso a servicios, seguridad social integral, como cobertura en salud con calidad y calidez, educación, asistencia jurídica, participación y control social.
El proyectista de esta norma es Eugenio Rojas, presidente de la bancada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El pasado 24 de abril, Rojas explicó que la norma es un instrumento legal que también declara el 26 de agosto como el Día de la Dignidad de las personas adultas mayores en todo el país.
Para Mamerto Goyochea, ejecutivo de la Confederación de Jubilados de Bolivia, esta norma es un beneficio de esta población porque ayudará a que no se vulneren los derechos.
“Los adultos mayores muchas veces somos echados de nuestras casas por nuestros mismos familiares o nos alimentan como mendigos y cuando nos quejamos, las autoridades muy poco hacen por nosotros”, explicó.
El 26 de agosto de 2012, el presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores (Anambo), Carlos Loza, destacó que en los centros de orientación sociolegal que hay en el país atendieron cerca de 13.050 casos de denuncias sobre maltrato y abuso.
En ese sentido, la norma define los deberes de las familias y la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, aunque también contempla deberes para esta población vulnerable.
Asimismo, pretende agravar las penas para quienes atenten contra la integridad corporal y la salud de personas de la tercera edad, además de regular los derechos, garantías y deberes de este sector.
Esta ley, según ANF, modifica varios artículos del Código Penal para que se pueda castigar con mayor severidad a quienes, por ejemplo, despojen de sus bienes a las personas adultas mayores, les causen lesiones corporales o psicológicas, o en su defecto les obliguen a firmar documentos en blanco para expropiar sus inmuebles, entre otros.
También contempla el desarrollo integral, el acceso a la vivienda de interés social, la provisión de alimentación suficiente, la práctica de actividades recreativas, la incorporación al desarrollo productivo y la implementación de programas especiales.
En el acto, Morales aseguró que la norma prevé que mayores de 60 años de edad tengan un trato preferencial en el acceso a servicios, seguridad social integral, como cobertura en salud con calidad y calidez, educación, asistencia jurídica, participación y control social.
El proyectista de esta norma es Eugenio Rojas, presidente de la bancada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El pasado 24 de abril, Rojas explicó que la norma es un instrumento legal que también declara el 26 de agosto como el Día de la Dignidad de las personas adultas mayores en todo el país.
Para Mamerto Goyochea, ejecutivo de la Confederación de Jubilados de Bolivia, esta norma es un beneficio de esta población porque ayudará a que no se vulneren los derechos.
“Los adultos mayores muchas veces somos echados de nuestras casas por nuestros mismos familiares o nos alimentan como mendigos y cuando nos quejamos, las autoridades muy poco hacen por nosotros”, explicó.
El 26 de agosto de 2012, el presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores (Anambo), Carlos Loza, destacó que en los centros de orientación sociolegal que hay en el país atendieron cerca de 13.050 casos de denuncias sobre maltrato y abuso.
En ese sentido, la norma define los deberes de las familias y la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, aunque también contempla deberes para esta población vulnerable.
Asimismo, pretende agravar las penas para quienes atenten contra la integridad corporal y la salud de personas de la tercera edad, además de regular los derechos, garantías y deberes de este sector.
Esta ley, según ANF, modifica varios artículos del Código Penal para que se pueda castigar con mayor severidad a quienes, por ejemplo, despojen de sus bienes a las personas adultas mayores, les causen lesiones corporales o psicológicas, o en su defecto les obliguen a firmar documentos en blanco para expropiar sus inmuebles, entre otros.
También contempla el desarrollo integral, el acceso a la vivienda de interés social, la provisión de alimentación suficiente, la práctica de actividades recreativas, la incorporación al desarrollo productivo y la implementación de programas especiales.
Legislación Preservar, difundir y concienciar
Dentro su carrera como gestora cultural, Zulma Yugar comenzó como dirigente de los artistas a nivel nacional, creando la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de Música (Abayem).
Fue su primera presidenta y desarrolló una gestión de cuatro años, logrando que Abayem ocupe la vicepresidencia de la Federación Ibero Latinoamericana de Artistas y, con esa experiencia, la organización propuso en Bolivia la Ley 1322 de Derechos de Autor.
“Ese fue un primer logro porque ahí conseguimos las regalías para los autores y los intérpretes; regalías que se deben pagar por el uso de la música, que en Bolivia todavía no está madurando mucho, pero en otros países eso es sagrado”, cuenta Zulma Yugar.
“Después de esta experiencia supimos que era necesario --y por recomendación-- lograr la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual, que es una ley macro que abarca la Ley de Comercio (Ley de Marcas y Patentes) y la Ley de Derechos de Autor”.
Según Yugar, éstas y otras leyes son necesarias para proteger por una parte a los creadores y por otra a las marcas y patentes para la producción y así evitar el plagio.
“No tenemos Ley de Propiedad Intelectual, otra que está esperando es la Ley de Patrimonio y la Ley del Artista. Son leyes importantes que merecen ser consideradas y no se las está considerando porque no hay interés. Generalmente muchas leyes las van postergando.
Lastimosamente la cultura siempre se la ha considerado como la quinta rueda del carro; entonces, siempre está en espera, pero estas leyes son urgentes para proteger y preservar nuestras creaciones”, señala.
Según dice, estas normas reforzarían la lucha contra la piratería y el plagio y otorgarían múltiples beneficios a los autores.
“Los artistas tendríamos derecho a tener un seguro de salud, un seguro de vejez y las regalías que cada compositor por derecho merece, porque vemos hasta ahora como van falleciendo en una pobreza terrible y que no hay solución para ello”. Yugar insiste en que se debe “entrar a la acción y llevar a cabo políticas de preservación, difusión y concientización”.
Fue su primera presidenta y desarrolló una gestión de cuatro años, logrando que Abayem ocupe la vicepresidencia de la Federación Ibero Latinoamericana de Artistas y, con esa experiencia, la organización propuso en Bolivia la Ley 1322 de Derechos de Autor.
“Ese fue un primer logro porque ahí conseguimos las regalías para los autores y los intérpretes; regalías que se deben pagar por el uso de la música, que en Bolivia todavía no está madurando mucho, pero en otros países eso es sagrado”, cuenta Zulma Yugar.
“Después de esta experiencia supimos que era necesario --y por recomendación-- lograr la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual, que es una ley macro que abarca la Ley de Comercio (Ley de Marcas y Patentes) y la Ley de Derechos de Autor”.
Según Yugar, éstas y otras leyes son necesarias para proteger por una parte a los creadores y por otra a las marcas y patentes para la producción y así evitar el plagio.
“No tenemos Ley de Propiedad Intelectual, otra que está esperando es la Ley de Patrimonio y la Ley del Artista. Son leyes importantes que merecen ser consideradas y no se las está considerando porque no hay interés. Generalmente muchas leyes las van postergando.
Lastimosamente la cultura siempre se la ha considerado como la quinta rueda del carro; entonces, siempre está en espera, pero estas leyes son urgentes para proteger y preservar nuestras creaciones”, señala.
Según dice, estas normas reforzarían la lucha contra la piratería y el plagio y otorgarían múltiples beneficios a los autores.
“Los artistas tendríamos derecho a tener un seguro de salud, un seguro de vejez y las regalías que cada compositor por derecho merece, porque vemos hasta ahora como van falleciendo en una pobreza terrible y que no hay solución para ello”. Yugar insiste en que se debe “entrar a la acción y llevar a cabo políticas de preservación, difusión y concientización”.
miércoles, 1 de mayo de 2013
Comerciantes piden revisión de Código Tributario y Ley de Aduanas
Los comerciantes nuevamente se movilizaron pidiendo al Gobierno se revise los montos de capital del Régimen Tributario Simplificado además de denunciar los abusos cometidos por funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), informó ayer el presidente del Comité de Defensa de los Gremiales y Comerciantes Minoristas de Oruro, Andrés Zapata.
Tras un ampliado nacional que se desarrolló este fin de semana en la ciudad de Cochabamba, la Confederación de Gremiales de Bolivia, resolvió iniciar movilizaciones con cierre de mercados y fronteras, para que el Gobierno analice realizar modificaciones al actual Código Tributario, en contra de la aplicación de la Ley 317 o Ley Financial, que modifica las normas tributarias y aduaneras.
"En el ampliado se ha determinado las movilizaciones a nivel nacional, preocupados porque el Gobierno quiere sacrificar a esos pequeños comerciantes que venden tucumanas, rellenos; a todos ellos quieren pasarlos al régimen general, y eso no lo vamos a permitir, por eso estamos nuevamente en las calles para pedir respeto por esos comerciantes que día a día trabajan hasta 16 horas por llevar el pan de cada día a sus hogares", explicó Zapata.
Por otro lado, reconoció que entre los comerciantes que se encuentran en el Régimen Tributario Simplificado, existe gente con grandes capitales, los cuales se esconden entre los minoristas, "pero nosotros no tenemos la culpa, los del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), deben atacar a ellos, no a nosotros", explicó.
La marcha abarcó a cerca de cuatro cuadras, donde se movilizaron desde comerciantes ambulantes, vendedoras de té y café, venta de ropa, verduras y fruta, además de otros sindicatos de comerciantes minoristas.
Por su lado el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Oruro, Marcelino Arancibia, explicó que como federación no se convocó a ninguna marcha. "El Régimen Tributario Simplificado, está garantizado no afecta a los pequeños comerciantes, entendemos que los operativos del SIN, llegarán a los grandes comerciantes y no a los pequeños", explicó.
A pesar de esta división entre los comerciantes, algunos centros de abasto de la zona central cerraron sus puertas de manera parcial, como el Fermín López, Campero y algunos puestos del Mercado Bolívar y calles adyacentes.
ADUANA
Uno de los puntos en que ambos grupos de comerciantes coinciden es en el supuesto abuso por parte de funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) y de la ANB, en los controles que se realiza de la circulación de mercaderías dentro del territorio nacional.
Por su lado el presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de la Súper Feria, Raúl Rocha, explicó que los efectivos del COA atropellan a la familia más humilde, "la Constitución Política del Estado (CPE), señaló que las aduanillas y trancas deben desaparecer, por los controles que se hace en trancas departamentales muchos comerciantes caen en la Aduana, y para sacar una caja tienen que esperar mucho y hacer un trámite largo", explicó.
Respecto a esos abusos de tramites largos, Arancibia y Zapata, coincidieron en que los procesos son largos, y generan pérdidas económicas a los comerciantes minoristas, pidieron que se haga el mismo control con los productos de contrabando que ingresan a Bolivia, y que eliminen el comercio de ropa usada.
El sector movilizado de los gremiales, anuncia iniciar una gran marcha nacional desde Caracollo, hasta la sede de Gobierno, para la revisión del Código Tributario y la Ley de Aduanas.
Tras un ampliado nacional que se desarrolló este fin de semana en la ciudad de Cochabamba, la Confederación de Gremiales de Bolivia, resolvió iniciar movilizaciones con cierre de mercados y fronteras, para que el Gobierno analice realizar modificaciones al actual Código Tributario, en contra de la aplicación de la Ley 317 o Ley Financial, que modifica las normas tributarias y aduaneras.
"En el ampliado se ha determinado las movilizaciones a nivel nacional, preocupados porque el Gobierno quiere sacrificar a esos pequeños comerciantes que venden tucumanas, rellenos; a todos ellos quieren pasarlos al régimen general, y eso no lo vamos a permitir, por eso estamos nuevamente en las calles para pedir respeto por esos comerciantes que día a día trabajan hasta 16 horas por llevar el pan de cada día a sus hogares", explicó Zapata.
Por otro lado, reconoció que entre los comerciantes que se encuentran en el Régimen Tributario Simplificado, existe gente con grandes capitales, los cuales se esconden entre los minoristas, "pero nosotros no tenemos la culpa, los del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), deben atacar a ellos, no a nosotros", explicó.
La marcha abarcó a cerca de cuatro cuadras, donde se movilizaron desde comerciantes ambulantes, vendedoras de té y café, venta de ropa, verduras y fruta, además de otros sindicatos de comerciantes minoristas.
Por su lado el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Oruro, Marcelino Arancibia, explicó que como federación no se convocó a ninguna marcha. "El Régimen Tributario Simplificado, está garantizado no afecta a los pequeños comerciantes, entendemos que los operativos del SIN, llegarán a los grandes comerciantes y no a los pequeños", explicó.
A pesar de esta división entre los comerciantes, algunos centros de abasto de la zona central cerraron sus puertas de manera parcial, como el Fermín López, Campero y algunos puestos del Mercado Bolívar y calles adyacentes.
ADUANA
Uno de los puntos en que ambos grupos de comerciantes coinciden es en el supuesto abuso por parte de funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) y de la ANB, en los controles que se realiza de la circulación de mercaderías dentro del territorio nacional.
Por su lado el presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de la Súper Feria, Raúl Rocha, explicó que los efectivos del COA atropellan a la familia más humilde, "la Constitución Política del Estado (CPE), señaló que las aduanillas y trancas deben desaparecer, por los controles que se hace en trancas departamentales muchos comerciantes caen en la Aduana, y para sacar una caja tienen que esperar mucho y hacer un trámite largo", explicó.
Respecto a esos abusos de tramites largos, Arancibia y Zapata, coincidieron en que los procesos son largos, y generan pérdidas económicas a los comerciantes minoristas, pidieron que se haga el mismo control con los productos de contrabando que ingresan a Bolivia, y que eliminen el comercio de ropa usada.
El sector movilizado de los gremiales, anuncia iniciar una gran marcha nacional desde Caracollo, hasta la sede de Gobierno, para la revisión del Código Tributario y la Ley de Aduanas.
Reclaman consensuar la Ley de Partidos
El Movimiento Sin Miedo (MSM) y Unidad Nacional (UN), por separado, reclamaron que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esté socializando entre diferentes sectores el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, sin contar con el conocimiento y consenso de los partidos.
En declaración a ANF, el vocero del MSM, Edwin Herrera, afirmó que el TSE incumple acuerdos con las organizaciones políticas: “Habíamos acordado que todo se iba a concertar y una vez que todo esté concertado, salvando lo que no se pueda llegar a acuerdos, se vaya a la Asamblea Legislativa”.
Por su parte, el diputado de UN Jaime Navarro señaló a La Razón que había el compromiso con el TSE de que el proyecto no sea difundido mientras no se termine el debate con las organizaciones políticas. En el tema del financiamiento de los partidos, por ejemplo, dijo que no se definió nada. “No sabemos qué documento se está socializando con las organizaciones sociales”, remarcó.
Por su parte, en entrevista con este medio, la presidenta del TSE, Wilma Velasco, negó que por ahora se esté “socializando” el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas. Lo que se hace en talleres en varios departamentos del país, dijo, es “recoger insumos” de dichos encuentros para elaborar un borrador de la ley; luego recién vendrá la “socialización” tanto con los partidos como con las organizaciones.
Gobierno no modificará control del sistema financiero en Ley de Bancos
Dando a conocer que se "flexibilizó" algunos artículos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, solicitada por Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, ratificó que no se modificará el control del sistema financiero por parte del Estado Plurinacional a partir de la fijación de las tasas de interés, particularmente de crédito de vivienda, así como los sectores a los que deben ir dirigidos estos préstamos.
"Hemos flexibilizado el tema de las multas, que han reclamado ellos (ASOBAN), que no seamos muy duros, ese tipo de cosas; pero, el tema central, de la determinación de las tasas de interés por parte del Estado, control del sistema financiero por parte del Estado, no se ha modificado", aseveró el ministro Arce Catacora.
El Ministro de Economía aclaró que "aquí el Estado está imponiéndose ante el sistema financiero, ha cambiado las reglas del juego, por lo tanto, en el tema de los bancos ahora les vamos a fijar metas, cuando se apruebe la ley vamos a sacar reglamentos (de) cuánto van a prestar a qué sectores".
La pasada semana, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, informó que no existía fecha para reanudar el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios Financieros, debido a que no llegó a esa instancia legislativa las modificaciones realizadas por el Ministerio de Economía.
"No hay fecha para volver a discutir el proyecto hasta que el Ministerio (de Economía) nos remita sus criterios sobre las observaciones de los banqueros", puntualizó a los medios en esa oportunidad Zavaleta.
El pasado 10 de abril, el Presidente del Estado Plurinacional se reunió con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), así como con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) oportunidad en la cual la entidad que asocia al sector financiero anunció que aguardaba un nuevo proyecto de Ley de Servicios Financieros (Ley de Bancos), que contemple las observaciones hechas al proyecto presentado por el Ministerio de Economía.
"Entendemos que en los próximos días vamos a tener una nueva versión de la Ley de Bancos que va a recoger las inquietudes que nosotros hemos planteado y, en ese orden de cosas, vamos a volver a trabajar en ese documento y sabremos qué es lo que se está asimilando y qué es lo que no se va asimilar", afirmó el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Kurt Koeningfest, al término de la reunión que sostuvo con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno.
Mientras que el pasado 17 de febrero, la Comisión presidida por Zavaleta abordó por última vez el tratamiento de ese proyecto. ASOBAN había observado la regulación de las tasas de interés para los créditos de vivienda y productivo. El ministro Arce Catacora confirmó que una vez se procedió a modificar algunos artículos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, en base a las observaciones realizadas por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, el mismo ya fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento.
"Ya hemos hecho llegar a la propia Confederación de Empresarios, a los banqueros en realidad, la versión que el Gobierno nacional estaría enviando a la Asamblea", explicó el Ministro de Economía a los medios.
"Hemos flexibilizado el tema de las multas, que han reclamado ellos (ASOBAN), que no seamos muy duros, ese tipo de cosas; pero, el tema central, de la determinación de las tasas de interés por parte del Estado, control del sistema financiero por parte del Estado, no se ha modificado", aseveró el ministro Arce Catacora.
El Ministro de Economía aclaró que "aquí el Estado está imponiéndose ante el sistema financiero, ha cambiado las reglas del juego, por lo tanto, en el tema de los bancos ahora les vamos a fijar metas, cuando se apruebe la ley vamos a sacar reglamentos (de) cuánto van a prestar a qué sectores".
La pasada semana, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Javier Zavaleta, informó que no existía fecha para reanudar el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios Financieros, debido a que no llegó a esa instancia legislativa las modificaciones realizadas por el Ministerio de Economía.
"No hay fecha para volver a discutir el proyecto hasta que el Ministerio (de Economía) nos remita sus criterios sobre las observaciones de los banqueros", puntualizó a los medios en esa oportunidad Zavaleta.
El pasado 10 de abril, el Presidente del Estado Plurinacional se reunió con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), así como con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) oportunidad en la cual la entidad que asocia al sector financiero anunció que aguardaba un nuevo proyecto de Ley de Servicios Financieros (Ley de Bancos), que contemple las observaciones hechas al proyecto presentado por el Ministerio de Economía.
"Entendemos que en los próximos días vamos a tener una nueva versión de la Ley de Bancos que va a recoger las inquietudes que nosotros hemos planteado y, en ese orden de cosas, vamos a volver a trabajar en ese documento y sabremos qué es lo que se está asimilando y qué es lo que no se va asimilar", afirmó el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Kurt Koeningfest, al término de la reunión que sostuvo con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno.
Mientras que el pasado 17 de febrero, la Comisión presidida por Zavaleta abordó por última vez el tratamiento de ese proyecto. ASOBAN había observado la regulación de las tasas de interés para los créditos de vivienda y productivo. El ministro Arce Catacora confirmó que una vez se procedió a modificar algunos artículos del proyecto de Ley de Servicios Financieros, en base a las observaciones realizadas por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, el mismo ya fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento.
"Ya hemos hecho llegar a la propia Confederación de Empresarios, a los banqueros en realidad, la versión que el Gobierno nacional estaría enviando a la Asamblea", explicó el Ministro de Economía a los medios.
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