lunes, 22 de abril de 2013
Mediante una ley fijarán precios máximos para los medicamentos
El costo de los medicamentos, desde una aspirina hasta una medicina contra el cáncer, tendrá un precio tope con la Ley del Medicamento, que fue elaborada para que todos los fármacos sean accesibles para la población. Según el Ministerio de Salud, ya existe el acuerdo con los sectores involucrados.
La cartera de Estado y los sectores involucrados (profesionales en salud, importadores, laboratorios y cadenas de farmacias) tendrán la obligación, a través de una entidad reguladora, de fijar los precios máximos, con base en costos reales de materia prima y producto terminado, según el artículo 10 del proyecto denominado Ley de Responsabilidad de Manejo, Distribución, Expendio de Medicamentos y Establecimientos Farmacéuticos.
“Con la norma buscamos que a ningún boliviano le falte un medicamento, que el control de los costos esté a cargo del Estado, a precios únicos, y que se acabe el monopolio de las farmacias”, declaró el diputado Edwin Tupa (MAS), uno de los impulsores de la ley.
La titular de la Asociación de Propietarios de Farmacias de La Paz, Claudia Paredes, especificó que otro de los beneficios del proyecto es que el Estado se hará cargo de la importación de los fármacos que se requieren para tratamientos contra el cáncer u otras enfermedades complicadas.
“Las medicinas contra el cáncer son muy caras en el país, hay desde Bs 500, por ampolla o píldora, hasta Bs 14 mil; pero si el Estado se hace cargo de la compra y la distribución, el costo bajará y será más accesible”, indicó.
Según la explicación de la profesional, al fijar los precios máximos para acceder a todo tipo de medicamentos, un mayor acceso estará asegurado porque el precio en las farmacias será uniforme. “Además se establece que los fármacos serán comercializados según su nombre genérico, porque la marca hace que suba el costo de un determinado medicamento”, agregó.
El viceministro de Salud, Martín Maturano, explicó que la fijación de precios máximos ya fue consensuada con las farmacias privadas, cadenas, importadoras y laboratorios. Puso como ejemplo que si una aspirina se vende en las ciudades a Bs 0.50, podría subir su precio, como máximo, a Bs 0,70 en las farmacias del área rural.
“Los sectores acordaron tener una franja de costos de los medicamentos, es decir un precio mínimo y máximo, con el objetivo de que todos puedan acceder a los fármacos”, manifestó la autoridad. Clara Ortega, presidenta de la Asociación Nacional de Profesionales y Propietarios de Farmacias (Ansprofar), confirmó el consenso para fijar precios máximos. “Tuvimos varias reuniones porque queremos que los medicamentos sean accesibles para toda la población”.
Para Edwin Saucedo, regente de una agencia de La Paz de la cadena FarmaCorp, la empresa tiene productos a precios accesibles e incluso más bajos que en el mercado, por lo que no les afectará el límite de costos.
Sin embargo, el representante de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Fármacos de Bolivia (Asofar), Óscar Medina, aseguró que ni el precio u otro aspecto de la norma propuesta fue consensuado en su totalidad con los sectores.
A pedido de la dirigencia de la Asociación Nacional de Profesionales Propietarios de Farmacias (Ansprofar), el Gobierno elaboró una nueva norma en 2010 y así dejar sin efecto la Ley 1737, promulgada en 1996, que establece la libre oferta y demanda en el costo de los medicamentos.
Prohibirán presencia de visitadores en hospitales
La Ley del Medicamento prohibirá la presencia de visitadores o promotores médicos en centros o establecimientos de salud del sector público y la seguridad social a corto plazo, además de las farmacias privadas.
El incumplimiento a la norma será sancionado por la vía administrativa, civil o penal. Esta es una de 28 restricciones que contempla el proyecto al que tuvo acceso La Razón.
El argumento para esta prohibición surge con el propósito de evitar que la población sea inducida a la automedicación o a la compra de determinados medicamentos importados.
También está prohibida la entrega de muestras de medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, sea como incentivos de venta, apoyo, que induzcan a la venta, bonificaciones y regalos.
La comercialización de los medicamentos a través de los medios masivos de comunicación como internet, prensa oral y escrita quedarán restringidos, al igual que los fármacos de donación o programas de estrategia nacional.
Respecto a las farmacias, las prohibiciones consisten en que no pueden realizar acciones de publicidad ni incentivos de venta que induzcan al consumo de automedicación o uso irracional del medicamento.
También se restringe la aplicación de inyectables u otras soluciones, solo deben regirse a la dispensación médica.
En los establecimientos farmacéuticos no puede haber cabinas telefónicas y/o cajeros automáticos que imposibiliten la entrega de las medicinas.
Estará prohibida la comercialización de cualquier tipo de fármacos en las calles, mercados, plazas o ferias, supermercados, tiendas de barrio, entre otros.
También se controlará la adulteración o falsificación de los medicamentos, tanto de la industria nacional como los importados.
No se permitirá el cierre de laboratorios industriales farmacéuticos sin previa notificación a la autoridad reguladora.
Según el proyecto, las contravenciones a las restricciones serán sancionadas de acuerdo con los antecedentes, la gravedad de la falta y sus consecuencias, desde el punto de vista sanitario.
Los montos de las sanciones económicas se cobrarán a simple notificación del infractor y tendrán que ser cancelados al tercer día de la notificación. El Ministerio de Salud habilitará una cuenta para que el dinero sea depositado a esa instancia.
El proyecto será enviado a UDAPE
El proyecto de Ley de Medicamentos será remitido a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) hasta antes de junio, anunció el viceministro de Salud, Martín Maturano.
“Previamente se agotarán todos los espacios de consenso con los sectores y luego lo derivaremos a UDAPE para su análisis”, dijo.
La autoridad explicó que tras esa instancia, el documento será enviado al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) para que la entidad apruebe el proyecto y lo derive al gabinete de ministros.
El representante de la Asociación de Representantes de Importadores y Distribuidores de Fármacos de Bolivia (Asofar), Óscar Medina, indicó que no hay avances y el documento se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
Maturano aseguró que una vez que el proyecto sea entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, empezará su tratamiento en detalle. “Hubo observaciones al primer proyecto cuando se analizó en grande, por eso se consensuó con los sectores, y creemos que será enviado más rápido a la plenaria para su tratamiento en detalle y luego pasará al Senado”.
No soluciona el acceso a los fármacos
Por Guillermo Cuentas Yáñez
En Bolivia tenemos fetichismo legal, ante cualquier problema creemos que una ley lo solucionará. Sin embargo, en el país el problema que tenemos es el acceso de la población al medicamento gratuito, pero eso no se soluciona con una nueva Ley de Medicamentos .
Podemos tener en Bolivia la mejor ley del mundo, pero el gran desafío es que el ciudadano boliviano pueda acceder al medicamento, porque de qué sirve romper el monopolio de las cadenas de farmacias si igual el acceso a los fármacos es restringido.
Todos estamos de acuerdo con que se priorice la prescripción de fármacos genéricos, que cuesten menos, que se anulen los monopolios y que las farmacias trabajen las 24 horas, pero igual cuestan y la población no está en condiciones de acceder porque no hay un sistema universal de salud.
Los medicamentos oncológicos, los corticoides y otros que son para las enfermedades graves son caros y eso es lo que debería ver el Estado.
El proyecto se hace a pedido de la Asociación de Farmacias que quiere evitar el monopolio y además pretende eliminar a los visitadores médicos. Es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, es una pelea contra los laboratorios, importadores, cadenas de farmacias y visitadores médicos, es una ley corporativa de un grupo de ciudadanos con la misma lógica corporativa y fetichismo legal que creen que los problemas de Bolivia se solucionan con leyes.
Una ley garantizará igualdad de trato a los migrantes bolivianos
Bolivia suspenderá por reciprocidad los beneficios de los extranjeros, logrados a través de convenios binacionales, en naciones donde se restrinjan y no se respeten estas ventajas acordadas para los migrantes bolivianos, según establece el proyecto de Ley de Migración que el jueves fue sancionado en Diputados.
Esta disposición está contemplada en el artículo referido a las “garantías de aplicación del principio de reciprocidad” en el artículo 51, que establece que el Estado boliviano podrá romper un acuerdo de beneficios para migrantes de ambas naciones, el país donde no se respete los derechos de los bolivianos.
El artículo señala “en tanto se afecte gravemente el principio de reciprocidad, el Estado boliviano podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a las bolivianas y bolivianos que se encuentren en el territorio de dichos Estados como residentes o turistas, sin restringir los derechos fundamentales”.
Además se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Misiones Diplomáticas y Consulares, promoverá el respeto y protección de los derechos fundamentales de las y los bolivianos en el exterior.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza, explicó que el proyecto de ley tiene como principal espíritu proteger los derechos de los ciudadanos bolivianos en el exterior del país.
“Esto conlleva una serie de medidas que tienen que ver con el respaldo a la libertad migratoria a partir de lo que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores”, aseveró.
Además dijo que los bolivianos en el extranjero serán protegidos para garantizar la igualdad de trato por el Estado con los nacionales de aquellos países receptores a través de convenios internacionales con otras naciones.
El proyecto de ley fue aprobado con algunas modificaciones de forma y fondo días atrás en el Senado y fue devuelto a la Cámara de Diputados para que sea sancionado.
Al mismo tiempo, la norma autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores suscribir convenios y gestionar iniciativas con organismos internacionales que permitan el adecuado reconocimiento de los derechos de los migrantes.
De la misma forma, la norma habilita a representaciones diplomáticas de Bolivia a proteger y asistir a víctimas bolivianas de violencia, trata y tráfico de personas o delitos conexos.
El senador Mendoza explicó que el Estado garantiza a los bolivianos y extranjeros el goce y ejercicio de todos los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, sin distinción, exclusión o preferencia fundada en el sexo, color, edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, estado civil, condición económica, social, política, grado de instrucción, discapacidad u otras orientadas a menoscabar la vigencia de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución.
ALCANCES PARA MIGRANTES La senadora opositora (CN) Senta Reck explicó que la norma establece que las misiones consulares deberán trabajar en las gestiones y dotación de documentos públicos.
Además dijo que se debe lograr que los migrantes bolivianos en el exterior accedan al registro y participación democrática en los procesos electorales del Estado Plurinacional de Bolivia en el extranjero, conforme a normativa;
“Otro tema importante es que la ley obliga a las embajadas y misiones consulares a la implementación de mecanismos para asistencia jurídica en materia penal a los connacionales detenidos y/o condenados en cárceles del exterior”, afirmó.
La medida legal también pide coadyuvar en la repatriación de restos humanos de bolivianos fallecidos en el exterior, principalmente a las familias de extrema vulnerabilidad.
“Abrir espacios de denuncias de violación a los derechos, principalmente de las mujeres pudiendo denunciarse el acoso sexual y laboral en los consulados, garantizando la capacitación y sensibilización del personal consular en los derechos de las mujeres migrantes”, señala la medida legal.
El proyecto de Ley del Migrante señala como objetivo regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado; coordinar políticas migratorias que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras, de conformidad a la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado y normas vigentes.
Crearán el Consejo Nacional de Migración
La medida legal establece la creación del Consejo Nacional de Migración como la instancia de coordinación, cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones migratorias. Está constituido por los ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y Trabajo y otros cuando se requiera convocarlos sobre temas de sus respectivas competencias.
Tiene las siguientes facultades y atribuciones:
- Gestionar las políticas públicas migratorias, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales migratorias.
- Gestionar el régimen migratorio a nivel nacional.
- Gestionar la emisión y control de pasaportes corrientes.
- Gestionar el Registro Nacional de Extranjeros y el Registro Nacional de Arraigos.
- Conceder a favor de las personas refugiadas los documentos de viaje y visa de permanencia indefinida.
- Conceder, anular, cancelar permanencias definitivas.
- Conceder, anular, cancelar o prorrogar las permanencias temporales.
- Resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados que, directa o indirectamente, infringieran la Constitución y las leyes.
- Otorgar y reconocer la nacionalidad boliviana de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
- Regularizar permanencias temporales o definitivas.
- Crear y controlar puestos fronterizos migratorios.
- Gestionar la información y datos estadísticos migratorios para un correcto diseño de las políticas públicas.
- Fiscalizar y sancionar a las personas individuales y a las personas jurídicas que tuvieran relación con el movimiento migratorio.
El Estado apoyará a los compatriotas que retornen
La Ley de Migración establece ayuda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al retorno al país de los bolivianos con sus enseres de quienes puedan estar atravesando momentos complicados en otras naciones.
La diputada Ingrid Zabala explicó que con esta medida se busca mejorar la vida de los bolivianos que residen en otros países y ayudar a compatriotas que desean retornar a Bolivia después de una mala experiencia, para lo que se establece el apoyo del Gobierno.
“La propuesta de ley considera el retorno de bolivianas y bolivianos, que habiendo salido del país y no encontrado las condiciones que tenían esperanzados, ellos vuelven al país. Con esta ley se busca garantizar el apoyo del Estado para la reintegración local para los bolivianos que regresan”, explicó.
El artículo 55 de la medida legal señala “el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de sus Misiones Consulares, coadyuvará en la ejecución de planes, programas o proyectos de repatriación o retorno de bolivianas y bolivianos y sus familias al país, cuando estos lo soliciten organizadamente, a cuyo efecto podrá suscribir convenios o acuerdos con Organismos Internacionales Gubernamentales o no Gubernamentales especializados en la temática”.
Sobre las facilidades de retorno, la norma especifica que las bolivianas y bolivianos que voluntariamente decidan retornar al país a través de los planes, programas o proyectos de repatriación que se organicen, podrán beneficiarse de facilidades en el traslado de sus enseres personales (bienes del hogar, herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos relacionados con su ocupación y equipaje) libre de aranceles de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes,
El requisito para este beneficio, dijo la diputada Zabala, se dará siempre y cuando haya residido más de dos años en el exterior y conforme a lo establecido en Resolución Administrativa, emitida para el efecto por la Dirección General de Aduanas.
Para este fin, dijo, el Gobierno deberá trabajar en los mecanismos de apoyo para los compatriotas que retornen, sobre todo, considerando que uno de los factores de su migración fue el tema económico.
DESTINOS Los migrantes bolivianos cambiaron en los últimos años de destino de España y Estados Unidos a países de Sudamérica, producto de la crisis internacional que generó desempleo y afectó fundamentalmente a los foráneos, según un informe del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
El número de migrantes bolivianos sigue en ascenso, pero con destinos a Chile, Argentina, Brasil y Perú, principalmente.
El director ejecutivo de Capítulo, Víctor Vacaflores Pereira, señaló que se evidenció en los registros de migración que cada vez más bolivianos migran a países sudamericanos y no así a Europa y Norteamérica, como sucedía años atrás.
Uno de los principales factores para que se registre este cambio de destino en los bolivianos es por la crisis económica en los países europeos y EEUU.
Considerando los datos y estimaciones que realizan las instituciones de migración, la población migrante boliviana es de un 20 y 25 por ciento del total de los bolivianos (10 millones), del cual más del 50 por ciento migra a los países vecinos.
Vacaflores considera que el hecho de que el 20 por ciento de la población esté fuera de Bolivia ya “es grave”, debido a que todos los países registran una alarma cuando el porcentaje es mayor al 10 por ciento , porque se trata de mucha población.
Esta disposición está contemplada en el artículo referido a las “garantías de aplicación del principio de reciprocidad” en el artículo 51, que establece que el Estado boliviano podrá romper un acuerdo de beneficios para migrantes de ambas naciones, el país donde no se respete los derechos de los bolivianos.
El artículo señala “en tanto se afecte gravemente el principio de reciprocidad, el Estado boliviano podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a las bolivianas y bolivianos que se encuentren en el territorio de dichos Estados como residentes o turistas, sin restringir los derechos fundamentales”.
Además se establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Misiones Diplomáticas y Consulares, promoverá el respeto y protección de los derechos fundamentales de las y los bolivianos en el exterior.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Adolfo Mendoza, explicó que el proyecto de ley tiene como principal espíritu proteger los derechos de los ciudadanos bolivianos en el exterior del país.
“Esto conlleva una serie de medidas que tienen que ver con el respaldo a la libertad migratoria a partir de lo que haga el Ministerio de Relaciones Exteriores”, aseveró.
Además dijo que los bolivianos en el extranjero serán protegidos para garantizar la igualdad de trato por el Estado con los nacionales de aquellos países receptores a través de convenios internacionales con otras naciones.
El proyecto de ley fue aprobado con algunas modificaciones de forma y fondo días atrás en el Senado y fue devuelto a la Cámara de Diputados para que sea sancionado.
Al mismo tiempo, la norma autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores suscribir convenios y gestionar iniciativas con organismos internacionales que permitan el adecuado reconocimiento de los derechos de los migrantes.
De la misma forma, la norma habilita a representaciones diplomáticas de Bolivia a proteger y asistir a víctimas bolivianas de violencia, trata y tráfico de personas o delitos conexos.
El senador Mendoza explicó que el Estado garantiza a los bolivianos y extranjeros el goce y ejercicio de todos los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado, sin distinción, exclusión o preferencia fundada en el sexo, color, edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, estado civil, condición económica, social, política, grado de instrucción, discapacidad u otras orientadas a menoscabar la vigencia de sus derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución.
ALCANCES PARA MIGRANTES La senadora opositora (CN) Senta Reck explicó que la norma establece que las misiones consulares deberán trabajar en las gestiones y dotación de documentos públicos.
Además dijo que se debe lograr que los migrantes bolivianos en el exterior accedan al registro y participación democrática en los procesos electorales del Estado Plurinacional de Bolivia en el extranjero, conforme a normativa;
“Otro tema importante es que la ley obliga a las embajadas y misiones consulares a la implementación de mecanismos para asistencia jurídica en materia penal a los connacionales detenidos y/o condenados en cárceles del exterior”, afirmó.
La medida legal también pide coadyuvar en la repatriación de restos humanos de bolivianos fallecidos en el exterior, principalmente a las familias de extrema vulnerabilidad.
“Abrir espacios de denuncias de violación a los derechos, principalmente de las mujeres pudiendo denunciarse el acoso sexual y laboral en los consulados, garantizando la capacitación y sensibilización del personal consular en los derechos de las mujeres migrantes”, señala la medida legal.
El proyecto de Ley del Migrante señala como objetivo regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida de personas en el territorio del Estado; coordinar políticas migratorias que garanticen los derechos de las personas migrantes bolivianas y extranjeras, de conformidad a la Constitución Política, los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado y normas vigentes.
Crearán el Consejo Nacional de Migración
La medida legal establece la creación del Consejo Nacional de Migración como la instancia de coordinación, cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones migratorias. Está constituido por los ministros de Gobierno, Relaciones Exteriores y Trabajo y otros cuando se requiera convocarlos sobre temas de sus respectivas competencias.
Tiene las siguientes facultades y atribuciones:
- Gestionar las políticas públicas migratorias, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales migratorias.
- Gestionar el régimen migratorio a nivel nacional.
- Gestionar la emisión y control de pasaportes corrientes.
- Gestionar el Registro Nacional de Extranjeros y el Registro Nacional de Arraigos.
- Conceder a favor de las personas refugiadas los documentos de viaje y visa de permanencia indefinida.
- Conceder, anular, cancelar permanencias definitivas.
- Conceder, anular, cancelar o prorrogar las permanencias temporales.
- Resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de asilados políticos o refugiados que, directa o indirectamente, infringieran la Constitución y las leyes.
- Otorgar y reconocer la nacionalidad boliviana de acuerdo a lo establecido en la Constitución.
- Regularizar permanencias temporales o definitivas.
- Crear y controlar puestos fronterizos migratorios.
- Gestionar la información y datos estadísticos migratorios para un correcto diseño de las políticas públicas.
- Fiscalizar y sancionar a las personas individuales y a las personas jurídicas que tuvieran relación con el movimiento migratorio.
El Estado apoyará a los compatriotas que retornen
La Ley de Migración establece ayuda, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al retorno al país de los bolivianos con sus enseres de quienes puedan estar atravesando momentos complicados en otras naciones.
La diputada Ingrid Zabala explicó que con esta medida se busca mejorar la vida de los bolivianos que residen en otros países y ayudar a compatriotas que desean retornar a Bolivia después de una mala experiencia, para lo que se establece el apoyo del Gobierno.
“La propuesta de ley considera el retorno de bolivianas y bolivianos, que habiendo salido del país y no encontrado las condiciones que tenían esperanzados, ellos vuelven al país. Con esta ley se busca garantizar el apoyo del Estado para la reintegración local para los bolivianos que regresan”, explicó.
El artículo 55 de la medida legal señala “el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de sus Misiones Consulares, coadyuvará en la ejecución de planes, programas o proyectos de repatriación o retorno de bolivianas y bolivianos y sus familias al país, cuando estos lo soliciten organizadamente, a cuyo efecto podrá suscribir convenios o acuerdos con Organismos Internacionales Gubernamentales o no Gubernamentales especializados en la temática”.
Sobre las facilidades de retorno, la norma especifica que las bolivianas y bolivianos que voluntariamente decidan retornar al país a través de los planes, programas o proyectos de repatriación que se organicen, podrán beneficiarse de facilidades en el traslado de sus enseres personales (bienes del hogar, herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos relacionados con su ocupación y equipaje) libre de aranceles de importación, tasas, contribuciones y demás gravámenes,
El requisito para este beneficio, dijo la diputada Zabala, se dará siempre y cuando haya residido más de dos años en el exterior y conforme a lo establecido en Resolución Administrativa, emitida para el efecto por la Dirección General de Aduanas.
Para este fin, dijo, el Gobierno deberá trabajar en los mecanismos de apoyo para los compatriotas que retornen, sobre todo, considerando que uno de los factores de su migración fue el tema económico.
DESTINOS Los migrantes bolivianos cambiaron en los últimos años de destino de España y Estados Unidos a países de Sudamérica, producto de la crisis internacional que generó desempleo y afectó fundamentalmente a los foráneos, según un informe del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
El número de migrantes bolivianos sigue en ascenso, pero con destinos a Chile, Argentina, Brasil y Perú, principalmente.
El director ejecutivo de Capítulo, Víctor Vacaflores Pereira, señaló que se evidenció en los registros de migración que cada vez más bolivianos migran a países sudamericanos y no así a Europa y Norteamérica, como sucedía años atrás.
Uno de los principales factores para que se registre este cambio de destino en los bolivianos es por la crisis económica en los países europeos y EEUU.
Considerando los datos y estimaciones que realizan las instituciones de migración, la población migrante boliviana es de un 20 y 25 por ciento del total de los bolivianos (10 millones), del cual más del 50 por ciento migra a los países vecinos.
Vacaflores considera que el hecho de que el 20 por ciento de la población esté fuera de Bolivia ya “es grave”, debido a que todos los países registran una alarma cuando el porcentaje es mayor al 10 por ciento , porque se trata de mucha población.
sábado, 20 de abril de 2013
Proyecto de Ley de Código Procesal Civil ingresa a plenaria
El proyecto de Ley de Código Procesal Civil, buscará una activa participación de los sujetos involucrados en la controversia que se presente, para reducir los procedimientos, y valorizar el tiempo como factor de economía a favor del litigante informó el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce.
El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Constitución esta semana dando lugar a una socialización a los sectores involucrados con el tema.
“El nuevo Código Procesal Civil plantea un nuevo escenario dentro de los juicios civiles, donde la oralidad marca la pauta esencial introduciendo instrumentos y procedimientos modernos para que los litigantes resuelvan sus problemas judiciales de manera rápida”, dijo Arce.
Explicó que la gran cualidad de la oralidad contribuirá a un mayor acceso a la justicia de toda la población boliviana en igualdad de condiciones, cuando las controversias entre particulares con el estado se presenten, simplificando el procedimiento, agilizará las causas, “para transparentar las actuaciones judiciales, para que el proceso sea sencillo, práctico y sobretodo más humano”.
El proyecto de ley fue aprobado en la Comisión de Constitución esta semana dando lugar a una socialización a los sectores involucrados con el tema.
“El nuevo Código Procesal Civil plantea un nuevo escenario dentro de los juicios civiles, donde la oralidad marca la pauta esencial introduciendo instrumentos y procedimientos modernos para que los litigantes resuelvan sus problemas judiciales de manera rápida”, dijo Arce.
Explicó que la gran cualidad de la oralidad contribuirá a un mayor acceso a la justicia de toda la población boliviana en igualdad de condiciones, cuando las controversias entre particulares con el estado se presenten, simplificando el procedimiento, agilizará las causas, “para transparentar las actuaciones judiciales, para que el proceso sea sencillo, práctico y sobretodo más humano”.
Legisladores descartan el tratamiento de ley de fuga
Los legisladores de Oposición y del oficialismo descartaron ayer el tratamiento de una ley de Fuga, para terminar con el sicarito en Bolivia, siendo una propuesta expresada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ante los últimos sucesos de delincuencia en la ciudad de Santa Cruz. Los diputados señalaron que la Constitución Política del Estado no permite la creación de dicha norma.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Cale, señaló que no existe una norma que viabilice terminar con el sicariato con un asesinato a mano armada, a su juicio seria atentar contra los derechos humanos, puesto que ni las legislaciones internacionales tienen esta determinación.
“La Ley de Fuga no está establecido en nuestra legislación, mucho menos en la Constitución Política del Estado (CPE) en nuestro país, sin embargo el ministro ha culminado a los policías a cumplir con su trabajo, eso quiere decir que ellos tienen que hacer todos sus esfuerzos para que puedan aprehender a los sicarios en particular”, dijo.
Asimismo, el legislador recordó que existe una norma donde los efectivos policiales pueden usar el arma de fuego, para resguardar su vida, frente a un intento de asesinato a mano armada en su contra.
“Pero si existe dentro del Código de Procedimiento Penal, donde establece que la policía boliviana al detener a los delincuentes, y al recibir alguna forma de agresión física, o intento de asesinato, respondan también con algunos disparos. Ellos (policía) pueden usar su arma de fuego, primero para proteger la vida del policía y posteriormente dar cumplimiento a la aprehensión”, señaló.
Al respecto la diputada de Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, a tiempo de expresar su preocupación ante la ola de delincuencia que se vive principalmente en Santa Cruz, dijo que El gobierno debe asumir una política de Estado para estructurar la seguridad boliviana.
“Existe desesperación, para terminar con el sicariato, pero esa no es la forma, sino de crear políticas de Estado, tomar otras acciones, para acabar esta problemática que se refleja claramente, porque existe mucho narcotráfico en el país y debe ser controlado desde ese punto, poro la ley no es viable”, señaló.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rodolfo Cale, señaló que no existe una norma que viabilice terminar con el sicariato con un asesinato a mano armada, a su juicio seria atentar contra los derechos humanos, puesto que ni las legislaciones internacionales tienen esta determinación.
“La Ley de Fuga no está establecido en nuestra legislación, mucho menos en la Constitución Política del Estado (CPE) en nuestro país, sin embargo el ministro ha culminado a los policías a cumplir con su trabajo, eso quiere decir que ellos tienen que hacer todos sus esfuerzos para que puedan aprehender a los sicarios en particular”, dijo.
Asimismo, el legislador recordó que existe una norma donde los efectivos policiales pueden usar el arma de fuego, para resguardar su vida, frente a un intento de asesinato a mano armada en su contra.
“Pero si existe dentro del Código de Procedimiento Penal, donde establece que la policía boliviana al detener a los delincuentes, y al recibir alguna forma de agresión física, o intento de asesinato, respondan también con algunos disparos. Ellos (policía) pueden usar su arma de fuego, primero para proteger la vida del policía y posteriormente dar cumplimiento a la aprehensión”, señaló.
Al respecto la diputada de Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, a tiempo de expresar su preocupación ante la ola de delincuencia que se vive principalmente en Santa Cruz, dijo que El gobierno debe asumir una política de Estado para estructurar la seguridad boliviana.
“Existe desesperación, para terminar con el sicariato, pero esa no es la forma, sino de crear políticas de Estado, tomar otras acciones, para acabar esta problemática que se refleja claramente, porque existe mucho narcotráfico en el país y debe ser controlado desde ese punto, poro la ley no es viable”, señaló.
viernes, 19 de abril de 2013
Comisión aprueba ley para declarar 2 de diciembre como Día del Lustra Calzados
La Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que declara el 2 de diciembre como el “Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados”.
El subjefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Diputados, Jorge Medina, informó a los medios estatales que inicialmente ese proyecto sugería que se celebre el primer lunes de diciembre de cada año, pero se optó por definir que la fecha sea el 2 de diciembre.
“Hemos aprobado el proyecto del Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados con algunas modificaciones, la más importante, que se define que el 2 de diciembre se declare como el Día destinado a este sector”, dijo.
El proyecto establece que los gobiernos autónomos municipales quedan facultados para elaborar un registro de todos los trabajadores y trabajadoras lustra calzados en sus respectivos municipios, con el fin de acceder al servicio gratuito de salud durante “todo el año”.
“Se establece además que serán los Gobiernos Autónomos Departamentales los que garanticen la atención de los servicios de salud y dotación de medicamentos en los hospitales de tercer nivel, según sus competencias. Asimismo las Alcaldías deberán garantizar lo propio en los hospitales de primer y segundo nivel”, complementó el legislador afroboliviano.
El proyecto de ley consta de tres artículos y dos disposiciones finales y ya fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El subjefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Diputados, Jorge Medina, informó a los medios estatales que inicialmente ese proyecto sugería que se celebre el primer lunes de diciembre de cada año, pero se optó por definir que la fecha sea el 2 de diciembre.
“Hemos aprobado el proyecto del Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora Lustra Calzados con algunas modificaciones, la más importante, que se define que el 2 de diciembre se declare como el Día destinado a este sector”, dijo.
El proyecto establece que los gobiernos autónomos municipales quedan facultados para elaborar un registro de todos los trabajadores y trabajadoras lustra calzados en sus respectivos municipios, con el fin de acceder al servicio gratuito de salud durante “todo el año”.
“Se establece además que serán los Gobiernos Autónomos Departamentales los que garanticen la atención de los servicios de salud y dotación de medicamentos en los hospitales de tercer nivel, según sus competencias. Asimismo las Alcaldías deberán garantizar lo propio en los hospitales de primer y segundo nivel”, complementó el legislador afroboliviano.
El proyecto de ley consta de tres artículos y dos disposiciones finales y ya fue remitido a la presidencia de la Cámara de Diputados para su tratamiento.
Sancionan Ley de Seguro para entidades públicas
La tarde de ayer, la Cámara Alta aprobó en grande y detalle el proyecto de Ley de Seguros de Fianzas para Entidades y Empresas Públicas, norma con la que se garantizará que las fianzas (garantías económicas) entregadas a las Entidades del Estado sean simples y fáciles de ejecutar.
“Cuando una empresa ejecuta una obra tiene que dejar garantías para la ejecución o adquisición, esto afecta mucho a las instituciones del Estado, las alcaldías, gobernaciones, ministerios, cuando ejecutan obras, tienen plazos, incluso anticipos y la Ley es para que atiendan cuando hay daño económico al Estado”, dijo el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas.
De acuerdo con la Ley el objetivo es apoyar financieramente operaciones de cesión de cartera directa y por pagar, de entidades aseguradoras en proceso de intervención para su liquidación forzosa por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Planificación, Mirtha Da Costa, explicó que el Fondo estará conformado por aportes de las propias Entidades Aseguradoras, con el objetivo de coadyuvar al pago de siniestros, en caso de que alguna Compañía de Seguros quiebre por una crisis.
“De esta forma, el propio sistema de seguros garantiza a los asegurados el correcto e íntegro pago de las indemnizaciones por siniestros, así como la continuidad de vigencia de sus seguros, aún en caso de que estas entidades quiebren por insolvencia”, afirmó.
“Cuando una empresa ejecuta una obra tiene que dejar garantías para la ejecución o adquisición, esto afecta mucho a las instituciones del Estado, las alcaldías, gobernaciones, ministerios, cuando ejecutan obras, tienen plazos, incluso anticipos y la Ley es para que atiendan cuando hay daño económico al Estado”, dijo el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas.
De acuerdo con la Ley el objetivo es apoyar financieramente operaciones de cesión de cartera directa y por pagar, de entidades aseguradoras en proceso de intervención para su liquidación forzosa por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Planificación, Mirtha Da Costa, explicó que el Fondo estará conformado por aportes de las propias Entidades Aseguradoras, con el objetivo de coadyuvar al pago de siniestros, en caso de que alguna Compañía de Seguros quiebre por una crisis.
“De esta forma, el propio sistema de seguros garantiza a los asegurados el correcto e íntegro pago de las indemnizaciones por siniestros, así como la continuidad de vigencia de sus seguros, aún en caso de que estas entidades quiebren por insolvencia”, afirmó.
Lo critican por instruir la Ley de fuga; él insta a no politizar
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, recibió una lluvia de críticas por pedir a la Policía que aplique la ‘ley de fuga’ y entregue de manera inmediata ‘vivo o muerto’ al sicario que asesinó a sangre fría a Honorio Rodríguez.
El titular del Tribunal Constitucional, consultado por los medios, dijo que la ‘ley de fuga’ es anticonstitucional, mientras que parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) opinaron que el planteamiento del ministro “está fuera de contexto y demuestra desesperación del Gobierno” porque no logra poner fin a la inseguridad ciudadana.
“Con medidas desesperadas como la ‘ley de fuga’, se va a legalizar una serie de mecanismos en las que los ciudadanos van a terminar haciendo justicia por mano propia”, expresó el diputado Juan Luis Gantier (CN).
Por su parte, la diputada Maira Paz (CN) pidió al Gobierno un plan serio para frenar la ola de criminalidad.
Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, calificó de irresponsable las declaraciones del ministro. “Va a incrementar la violencia. La Policía se va a sentir con derecho de creer que cualquier criminal debe ser ajusticiado”, dijo.
El ministro pidió no politizar el tema de la seguridad ciudadana, porque esto solo contribuye a generar sensación de inseguridad en la gente y eso echa por tierra todo lo que se hace para combatir el delito.
Convocó una movilización nacional para ‘barrer’ las organizaciones criminales. “Pido a los policías que traten a los criminales como son y que golpee duro”.
LA CRUZADA CONTRA LA INSEGURIDAD QUE PLANTEA EL GOBIERNO
Trabajo conjunto
Que poderes del Estado, entidades públicas y privadas, y organizaciones sociales unan esfuerzos y colaboren con la tarea de seguridad. La Policía, sola, no podrá combatir el delito. Leyes y programas contra la inseguridad existen, solo se requiere ponerlos en práctica.
Control a los extranjeros
Que Migración no solo registre la entrada y salida de extranjeros, sino que elabore una base de datos y la conecte con los registros de hoteles, medios de transporte, puntos fronterizos, etc., para saber si el que ingresa al país tienen o no antecedentes.
Control territorial
Si el vecino informa a la Policía todo lo que sucede en su barrio, se podrá lograr un control territorial.
Cámaras de seguridad
Se han instalado 130 cámaras en la urbe cruceña, con una inversión de Bs 10 millones. Cada uno de estos equipos permite saber lo que está pasando 400 metros a la redonda. Se sugiere que con los recursos municipales y de las gobernaciones se instalen más cámaras.
Criminales reincidentes
Según las estadísticas, los delincuentes mayores son reos reincidentes. Los operadores de justicia deben revisar bien antes de darles libertad.
Mejor utilización de recursos
Los municipios y las gobernaciones manejan Bs 470 millones para seguridad. Con $us 250 millones se pueden construir 50 estaciones policiales.
FRASES
“En los últimos 30 casos resueltos fueron detenidas 80 a 87 personas, pero salieron de la cárcel con autorización de fiscales y jueces".
Jorge Pérez / Viceministro De Régimen Interior
“De 10 colombianos que llegan al país, dos son buenos, seis son pichicateros y los demás son asesinos”.
Isaac Ávalos / Senador del MAS
“Si alguien comete un delito, merece sanción. También hay leyes y derechos humanos que garantizan la libertad de la persona”.
Cristina Mamani / Pdta. Consejo de la Magistratura
El titular del Tribunal Constitucional, consultado por los medios, dijo que la ‘ley de fuga’ es anticonstitucional, mientras que parlamentarios de Convergencia Nacional (CN) opinaron que el planteamiento del ministro “está fuera de contexto y demuestra desesperación del Gobierno” porque no logra poner fin a la inseguridad ciudadana.
“Con medidas desesperadas como la ‘ley de fuga’, se va a legalizar una serie de mecanismos en las que los ciudadanos van a terminar haciendo justicia por mano propia”, expresó el diputado Juan Luis Gantier (CN).
Por su parte, la diputada Maira Paz (CN) pidió al Gobierno un plan serio para frenar la ola de criminalidad.
Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, calificó de irresponsable las declaraciones del ministro. “Va a incrementar la violencia. La Policía se va a sentir con derecho de creer que cualquier criminal debe ser ajusticiado”, dijo.
El ministro pidió no politizar el tema de la seguridad ciudadana, porque esto solo contribuye a generar sensación de inseguridad en la gente y eso echa por tierra todo lo que se hace para combatir el delito.
Convocó una movilización nacional para ‘barrer’ las organizaciones criminales. “Pido a los policías que traten a los criminales como son y que golpee duro”.
LA CRUZADA CONTRA LA INSEGURIDAD QUE PLANTEA EL GOBIERNO
Trabajo conjunto
Que poderes del Estado, entidades públicas y privadas, y organizaciones sociales unan esfuerzos y colaboren con la tarea de seguridad. La Policía, sola, no podrá combatir el delito. Leyes y programas contra la inseguridad existen, solo se requiere ponerlos en práctica.
Control a los extranjeros
Que Migración no solo registre la entrada y salida de extranjeros, sino que elabore una base de datos y la conecte con los registros de hoteles, medios de transporte, puntos fronterizos, etc., para saber si el que ingresa al país tienen o no antecedentes.
Control territorial
Si el vecino informa a la Policía todo lo que sucede en su barrio, se podrá lograr un control territorial.
Cámaras de seguridad
Se han instalado 130 cámaras en la urbe cruceña, con una inversión de Bs 10 millones. Cada uno de estos equipos permite saber lo que está pasando 400 metros a la redonda. Se sugiere que con los recursos municipales y de las gobernaciones se instalen más cámaras.
Criminales reincidentes
Según las estadísticas, los delincuentes mayores son reos reincidentes. Los operadores de justicia deben revisar bien antes de darles libertad.
Mejor utilización de recursos
Los municipios y las gobernaciones manejan Bs 470 millones para seguridad. Con $us 250 millones se pueden construir 50 estaciones policiales.
FRASES
“En los últimos 30 casos resueltos fueron detenidas 80 a 87 personas, pero salieron de la cárcel con autorización de fiscales y jueces".
Jorge Pérez / Viceministro De Régimen Interior
“De 10 colombianos que llegan al país, dos son buenos, seis son pichicateros y los demás son asesinos”.
Isaac Ávalos / Senador del MAS
“Si alguien comete un delito, merece sanción. También hay leyes y derechos humanos que garantizan la libertad de la persona”.
Cristina Mamani / Pdta. Consejo de la Magistratura
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