Una comisión de alto nivel del Viceministerio de Planificación verificó el avance de los asentamientos ilegales por encima del límite urbanizable del Parque Nacional Tunari (PNT), establecido en la cota 2.750 (msnm). La misma concluyó que es necesario frenar las construcciones sobre el área protegida. Pero, también, pretende regularizar las construcciones establecidas hace más de cinco años, informó el asesor de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana Kanata, Omar Fernández.
“De acuerdo a la Ley 247 esas urbanizaciones se van a regularizar. La ley es clara y señala que todas las urbanizaciones que han tenido un uso de vivienda por más de cinco años van a regularizar su derecho propietario, pero, respetando las áreas agrícolas”, sostuvo Fernández.
Se sabe que la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario se aplica sólo en zonas urbanas. En el área del Parque Nacional Tunari hasta ahora los procesos de saneamiento se han realizado a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que prioriza el cumplimiento de la función económica social.
Actualmente, está en marcha el análisis de modificación de la Ley 1262 de Límites del PNT. La definición sobre este aspecto fue postergada hasta octubre por el ministro de Medio Ambiente, Marco Antonio Zamora, porque se considera que el parque es un tema “sensible”. La revisión de la norma se inició, después, de que Ayopaya se movilizó y expresó su intención de dejar de pertenecer al PNT.
Plan de manejo
El Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) lanzaron la convocatoria a “Manifestaciones de expresiones de interés para la elaboración del plan de manejo para el Parque Nacional Tunari”. El mismo será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/FT-12808-BO.
El Sernap, como organismo ejecutor, instó a las universidades, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y organizaciones similares a presentar cartas de intención.
DATOS DEL PARQUE Y DEL PLAN DE MANEJO
El Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG de la Universidad Mayor de San Simón (CLAS-UMSS) reveló que existen 4.568 lotes sobre la cota 2.750 considerada la principal zona de recarga acuífera del departamento.
Del total, el 65 por ciento (2.963) no cuenta con registro catastral y el 35 (1.573) tiene documentos. A ello se suma que Cercado ha invadido 198 hectáreas del PNT, Tiquipaya 67 y Sacaba 53.
El director del PNT dependiente del Sernap, José Cruz Pardo, informó que la propuesta del plan de manejo incluirá siete programas: de gestión financiera, educación ambiental, protección, manejo de recursos naturales, turismo, investigación científica y monitoreo y gestión social. Éste deberá concluirse en un año.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) garantizó hace dos años un presupuesto de 150.000 dólares para su elaboración del plan.
MUNICIPIOS DEBEN “DESMANCHAR” CULTIVOS
Gestionan respeto a los enclaves agrícolas
El asesor de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana Kanata, Omar Fernández, informó que la comisión de alto nivel, conformada por los viceministerios de Planificación y Tierras, sectores agrícolas, alcaldías, acordó suscribir convenios para respetar las zonas agrícolas y los enclaves productivos.
“Se quedó en claro con los sectores urbanos y agropecuarios como en cacho. Lo que es agrario se respeta y lo que ya es urbano, donde la vivienda fue utilizada por más de cinco años, también se respeta como ampliación de mancha urbana “, enfatizó.
Añadió que en Cercado se establecieron convenios con Valle Hermoso, Tamborada, K’ara K’ara y Arumani. Hoy se tiene previsto trabajar con Quillacollo. Entretanto, que la siguiente semana se iniciarán las inspecciones en Sipe Sipe, Tiquipaya y Colcapirhua.
Una vez que se consoliden los consensos establecidos, los municipios deberán “desmanchar” las áreas agrícolas convertidas en urbanas a través de instrumentos normativos complementarios. Estos permitirán “acelerar” los procesos de homologación de las manchas urbanas al igual que la regularización del derecho propietario establecido en la Ley 247.
Sólo en los municipios de Cercado, Vinto y Quillacollo se prevé que cerca de 2.000 hectáreas de áreas productivas y enclaves productivos sean protegidas de las manchas urbanas, en el marco del Decreto Supremo 1809. La cantidad de hectáreas que se requieren proteger en el área metropolitana llegan a 9.000, desde Sacaba hasta Sipe Sipe. En las últimas semanas los productores agrícolas del norte y sur de la ciudad se han movilizado para pedir respeto de sus tierras.
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