jueves, 13 de abril de 2017
miércoles, 12 de abril de 2017
Ley de Minería 535 Reguladora envió contratos para aprobación legislativa
El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erik Ariñez, informó ayer que se enviaron 76 nuevos contratos administrativos mineros a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que sean aprobados mediante ley.
Según el Director de la AJAM, los nuevos contratos establecen la explotación de nuevas áreas mineras en distintas regiones del país, por parte de empresas privadas y cooperativas, en el marco de la nueva Ley de Minería 535.
EXMINISTRO
Al respecto, el exministro de minería Dionisio Garzón señaló que la reversión de concesiones mineras no cumple actualmente sus objetivos, debido a que si bien son áreas o parajes recuperados, en los hechos continúan abandonados por el Estado, sin que puedan cumplir su función productiva.
ÁREAS SIN PRODUCCIÓN
Dijo que por esa consideración, el Gobierno debe aplicar políticas de desarrollo y dotarlas de actividad. En los últimos cuatro años, el Estado estableció que más de 317 mil hectáreas de concesiones improductivas podrían ser objeto de reversión, de acuerdo con el informe del viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
“En relación con los contratos administrativos mineros, para llevar adelante nuevos proyectos mineros, estamos tratando de que estos se suscriban de manera más dinámica, al momento ya tenemos muchos contratos mineros remitidos a la Asamblea Legislativa, ahí seguirán su curso y serán aprobados mediante una ley. Más o menos tenemos remitidos 76 contratos mineros a la Asamblea”, dijo a los periodistas.
Ariñez explicó que a finales del año pasado se aprobó ya un primer contrato administrativo minero, a favor de la Empresa de Cementos de Bolivia.
ADECUACIÓN
Por otra parte, dijo que la AJAM también lleva adelante el proceso de adecuación de antiguos contratos mineros a la nueva Ley 535, es decir las concesiones establecidas en leyes anteriores, como el Código de Minería 177.
“Todos los actores productivos mineros, vale decir las empresas estatales y empresas privadas o cooperativas, están entrando a la adecuación”, agregó.
COMIBOL
En torno al tema, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, José Pimentel, expresó sus dudas sobre la adecuación a la normativa vigente de concesiones en poder de cooperativas.
Bajo la anterior ley, varias cooperativas suscribieron contratos sobre la base de las concesiones obtenidas con empresas privadas. La adecuación tiene el propósito de regularizar la situación legal, en el marco de la nueva ley vigente.
MINEROS CHICOS
La Cámara Nacional de Minería, que acoge a los mineros chicos del país, manifestó también su preocupación sobre la adecuación de sus entidades afiliadas a la nueva ley sectorial. “Corren plazos que el sector chico no podrá cumplir”, dijo Pimentel. Añadió que para seguir ese proceso deberán presentar no solamente proyectos de exploración y explotación, sino otros documentos que los cooperativistas estarían impedidos de asumir, por su complejidad técnica y los costos del caso.
Según el Director de la AJAM, los nuevos contratos establecen la explotación de nuevas áreas mineras en distintas regiones del país, por parte de empresas privadas y cooperativas, en el marco de la nueva Ley de Minería 535.
EXMINISTRO
Al respecto, el exministro de minería Dionisio Garzón señaló que la reversión de concesiones mineras no cumple actualmente sus objetivos, debido a que si bien son áreas o parajes recuperados, en los hechos continúan abandonados por el Estado, sin que puedan cumplir su función productiva.
ÁREAS SIN PRODUCCIÓN
Dijo que por esa consideración, el Gobierno debe aplicar políticas de desarrollo y dotarlas de actividad. En los últimos cuatro años, el Estado estableció que más de 317 mil hectáreas de concesiones improductivas podrían ser objeto de reversión, de acuerdo con el informe del viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler.
ASAMBLEA LEGISLATIVA
“En relación con los contratos administrativos mineros, para llevar adelante nuevos proyectos mineros, estamos tratando de que estos se suscriban de manera más dinámica, al momento ya tenemos muchos contratos mineros remitidos a la Asamblea Legislativa, ahí seguirán su curso y serán aprobados mediante una ley. Más o menos tenemos remitidos 76 contratos mineros a la Asamblea”, dijo a los periodistas.
Ariñez explicó que a finales del año pasado se aprobó ya un primer contrato administrativo minero, a favor de la Empresa de Cementos de Bolivia.
ADECUACIÓN
Por otra parte, dijo que la AJAM también lleva adelante el proceso de adecuación de antiguos contratos mineros a la nueva Ley 535, es decir las concesiones establecidas en leyes anteriores, como el Código de Minería 177.
“Todos los actores productivos mineros, vale decir las empresas estatales y empresas privadas o cooperativas, están entrando a la adecuación”, agregó.
COMIBOL
En torno al tema, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, José Pimentel, expresó sus dudas sobre la adecuación a la normativa vigente de concesiones en poder de cooperativas.
Bajo la anterior ley, varias cooperativas suscribieron contratos sobre la base de las concesiones obtenidas con empresas privadas. La adecuación tiene el propósito de regularizar la situación legal, en el marco de la nueva ley vigente.
MINEROS CHICOS
La Cámara Nacional de Minería, que acoge a los mineros chicos del país, manifestó también su preocupación sobre la adecuación de sus entidades afiliadas a la nueva ley sectorial. “Corren plazos que el sector chico no podrá cumplir”, dijo Pimentel. Añadió que para seguir ese proceso deberán presentar no solamente proyectos de exploración y explotación, sino otros documentos que los cooperativistas estarían impedidos de asumir, por su complejidad técnica y los costos del caso.
miércoles, 5 de abril de 2017
Gobierno impulsará una ley del cine
La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, anunció ayer que impulsará el análisis y debate del anteproyecto de la Ley del Cine y de la Cumbre de Culturas como prioridades en el mes de abril.
“Esta semana tenemos mucha tarea, el tema de la Ley del Cine y la Cumbre de Culturas, son dos temas que vamos a trabajar durante este mes”, dijo en entrevista con el ‘El pueblo es noticia’.
Recordó que el anteproyecto de la Ley del Cine se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras la Cumbre de Culturas está en la etapa de organización.
El proyecto de la Ley del Cine fue entregado a la Asamblea Legislativa en diciembre de 2016 y prevé entre otros aspectos sustituir a Conacine y registrar las obras nacionales y extranjeras para su distribución en el país, otorgar licencias de filmación, gestionar la producción y coproducción, y proteger los derechos de los autores de los filmes.
“Esta semana tenemos mucha tarea, el tema de la Ley del Cine y la Cumbre de Culturas, son dos temas que vamos a trabajar durante este mes”, dijo en entrevista con el ‘El pueblo es noticia’.
Recordó que el anteproyecto de la Ley del Cine se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras la Cumbre de Culturas está en la etapa de organización.
El proyecto de la Ley del Cine fue entregado a la Asamblea Legislativa en diciembre de 2016 y prevé entre otros aspectos sustituir a Conacine y registrar las obras nacionales y extranjeras para su distribución en el país, otorgar licencias de filmación, gestionar la producción y coproducción, y proteger los derechos de los autores de los filmes.
viernes, 31 de marzo de 2017
Envían al Legislativo proyecto de ley de ropa usada
El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, manifestó que ya se envió al Órgano Legislativo un proyecto de ley que busca prohibir la importación y la venta de ropa a medio uso en el país a través del control que deben realizar los gobiernos subnacionales.
“El proyecto de ley ya está en la Asamblea (Legislativa), y con esta ley los gobiernos municipales deben asumir la competencia de controlar el mercado interno o los mercados municipales”, expresó.
El viernes 18, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Ramírez explicó que el proyecto busca elevar a rango de ley el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y comercialización de prendas de vestir a medio uso en los mercados del país.
“El proyecto de ley ya está en la Asamblea (Legislativa), y con esta ley los gobiernos municipales deben asumir la competencia de controlar el mercado interno o los mercados municipales”, expresó.
El viernes 18, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Ramírez explicó que el proyecto busca elevar a rango de ley el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y comercialización de prendas de vestir a medio uso en los mercados del país.
martes, 28 de marzo de 2017
Ley General de Trabajo Empresarios demandaron restitución del artículo 12
Los empresarios privados del país demandaron a los poderes constitucionales revertir la decisión del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto el preaviso y pidió que “se restituya el equilibrio quebrantado con esta sentencia constitucional”.
COMUNICADO
Un comunicado de la entidad gremial leído por su presidente, Ronald Nostas, dijo que con tal medida, se permitirá, “preservar y motivar la generación de empleo protegido y el crecimiento económico”.
“Pedimos a las autoridades nacionales e instancias del Estado, se restituya el equilibrio que se quebrantó con la emisión con esa sentencia constitucional, apelando a los mecanismos legales e institucionales que permita preservar y motivar la generación sostenida de empleo protegido y crecimiento económico”, expresó Nostas en rueda de prensa, ofrecida en la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), donde se abstuvo de responder a preguntas de los periodistas.
El pasado 24 de marzo, el tribunal constitucional plurinacional emitió la sentencia 009/2017 que declaró la inconstitucionalidad del Art. 12 de la Ley General del Trabajo y del único artículo del Decreto Supremo Nº 6813, entre estos dejó sin efecto la carta de preaviso como una forma de despido.
CRISIS
Nostas señaló que fueron afectados en los últimos años por las decisiones judiciales que se tomaron, los cuales son excesivos, incluso injustos, muy pocas veces enfrentaron este tipo de determinaciones que afectan de la misma manera a los empresarios y trabajadores.
Al emitir la resolución, el TCP rehuyó al análisis de las consecuencias y efectos que causará esta sentencia, por lo que está generando un panorama de crisis en el sistema laboral y empresarial, con la falsa idea de resguardar la estabilidad laboral y otorgar las garantías correspondientes, sostuvo Nostas.
ESTABILIDAD
Señaló también que todo régimen de estabilidad laboral debe estar acompañado de un escenario de estabilidad empresarial, en tal caso, los despidos motivados por decisiones injustificadas son un excepción y no son de manera reiterada. Resaltó que asumir una determinación en base a excepciones no condice con la seriedad y la responsabilidad que se le exige a una institución seria que debe garantizar la aplicación de las normas del país.
Finalmente, sostuvo que la institución gremial tiene el mandato primordial de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y oportunidad, “en cuanto este mandato está sujeto a otro tipo de interés, afecta su naturaleza, adicionalmente desestructura otros componentes del marco regulatorio”.
COMUNICADO
Un comunicado de la entidad gremial leído por su presidente, Ronald Nostas, dijo que con tal medida, se permitirá, “preservar y motivar la generación de empleo protegido y el crecimiento económico”.
“Pedimos a las autoridades nacionales e instancias del Estado, se restituya el equilibrio que se quebrantó con la emisión con esa sentencia constitucional, apelando a los mecanismos legales e institucionales que permita preservar y motivar la generación sostenida de empleo protegido y crecimiento económico”, expresó Nostas en rueda de prensa, ofrecida en la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), donde se abstuvo de responder a preguntas de los periodistas.
El pasado 24 de marzo, el tribunal constitucional plurinacional emitió la sentencia 009/2017 que declaró la inconstitucionalidad del Art. 12 de la Ley General del Trabajo y del único artículo del Decreto Supremo Nº 6813, entre estos dejó sin efecto la carta de preaviso como una forma de despido.
CRISIS
Nostas señaló que fueron afectados en los últimos años por las decisiones judiciales que se tomaron, los cuales son excesivos, incluso injustos, muy pocas veces enfrentaron este tipo de determinaciones que afectan de la misma manera a los empresarios y trabajadores.
Al emitir la resolución, el TCP rehuyó al análisis de las consecuencias y efectos que causará esta sentencia, por lo que está generando un panorama de crisis en el sistema laboral y empresarial, con la falsa idea de resguardar la estabilidad laboral y otorgar las garantías correspondientes, sostuvo Nostas.
ESTABILIDAD
Señaló también que todo régimen de estabilidad laboral debe estar acompañado de un escenario de estabilidad empresarial, en tal caso, los despidos motivados por decisiones injustificadas son un excepción y no son de manera reiterada. Resaltó que asumir una determinación en base a excepciones no condice con la seriedad y la responsabilidad que se le exige a una institución seria que debe garantizar la aplicación de las normas del país.
Finalmente, sostuvo que la institución gremial tiene el mandato primordial de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y oportunidad, “en cuanto este mandato está sujeto a otro tipo de interés, afecta su naturaleza, adicionalmente desestructura otros componentes del marco regulatorio”.
sábado, 25 de marzo de 2017
Propuesta de ley amplía restricciones para fumadores en espacios públicos
Una propuesta de ley plantea ampliar las restricciones para fumadores en espacios públicos como en centros de diversión nocturna, de entretenimiento, donde se realicen eventos deportivos y culturales, en tiendas, galerías y
La iniciativa legal denominada Proyecto de ley de Prevención y Control a los Productos del Tabaco fue presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el presidente de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, Manuel Mamani.
Tiene la finalidad de “precautelar el derecho de la salud de las generaciones presentes y futuras de las bolivianas y bolivianos, protegiéndolas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno”.
El artículo 10 señala: “Se prohíbe fumar o mantener un producto de tabaco encendido en: establecimientos de salud, público y privados, y del Sistema Educativo Plurinacional, ambientes cerrados y abiertos; “así como a cien (100) metros a la redonda de dichos establecimientos”.
En Bolivia, el consumo de tabaco es considerado como una enfermedad y en muchos casos una adicción, además es el principal factor de riesgo de las Enfermedades No Transmisibles.
La restricción, según el proyecto de ley, llega a dependencias de instituciones públicas en sus diferentes niveles de Gobierno, así como en las empresas públicas, empresas privadas, de cualquier tipo de actividad industrial, comercial y de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.
Además en centros comerciales, tiendas, galerías, supermercados, mercados, terminales aéreas, terrestres, acuáticas y estaciones de transporte masivo. Incluso se contemplan a ambientes cerrados que se encargan de la comercialización de alimentos, bebidas alcohólicas, diversión nocturna y de entretenimiento, donde se realicen eventos deportivos y culturales.
En el parágrafo II del mismo artículo se establece además la prohibición de habilitar espacios para fumar en los lugares establecidos. Los ambientes señalados deberán tener señalizados la leyenda “ambiente 100% libre del humo del tabaco”, según el artículo 11.
La propuesta normativa también fija la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio por cualquier medio de difusión. El incumplimiento a lo establecido será sancionado con multas pecuniarias, decomisos o clausuras que serán aplicables tras una reglamentación. (24/03/2017)
viernes, 24 de marzo de 2017
Elevarán a ley decreto del estado plurinacional
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ciro Zabala, aseguró ayer que el proyecto que propone elevar a rango de ley el Decreto Supremo 405, que declara el 22 de enero día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra en debate para tomar una determinación.
"Como toda ley sigue un proceso de consulta a nivel de todas las instituciones, organizaciones sociales, instituciones del Ejecutivo, Legislativo y pueblo en general", indicó a los periodistas.
El proyecto de ley consta de dos artículos, también instruye al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación, coordinar con gobernaciones y alcaldías para realzar el 22 de enero desfiles cívicos y militares./ABI.
"Como toda ley sigue un proceso de consulta a nivel de todas las instituciones, organizaciones sociales, instituciones del Ejecutivo, Legislativo y pueblo en general", indicó a los periodistas.
El proyecto de ley consta de dos artículos, también instruye al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación, coordinar con gobernaciones y alcaldías para realzar el 22 de enero desfiles cívicos y militares./ABI.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)