martes, 14 de abril de 2015
jueves, 9 de abril de 2015
Chuquisaca Mesas analizarán la Ley Departamental de Culturas
Gestores y actores culturales de Sucre y Chuquisaca Norte analizarán en mesas de trabajo el proyecto de Ley Departamental de Culturas. El propósito es enriquecer la norma para su posterior aprobación en instancias de la Asamblea Legislativa Departamental.
En conferencia de prensa, el presidente de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Asamblea, Cristian Sanabria, explicó que el proceso de construcción de la Ley demandó cuatro meses de trabajo junto al Consejo Departamental de Culturas y la Secretaría del ramo de la misma Gobernación.
“En este taller vamos a presentar la propuesta final del proyecto de ley que creemos que es importante porque la cultura ha sido desvalorada durante mucho tiempo”, expresó Sanabria.
Para el análisis de la propuesta todos los gestores y actores culturales de la ciudad están llamados a participar del taller y las mesas de trabajo que empezarán a las 9:00, en el Salón de Convenciones de la Gobernación.
En conferencia de prensa, el presidente de la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Asamblea, Cristian Sanabria, explicó que el proceso de construcción de la Ley demandó cuatro meses de trabajo junto al Consejo Departamental de Culturas y la Secretaría del ramo de la misma Gobernación.
“En este taller vamos a presentar la propuesta final del proyecto de ley que creemos que es importante porque la cultura ha sido desvalorada durante mucho tiempo”, expresó Sanabria.
Para el análisis de la propuesta todos los gestores y actores culturales de la ciudad están llamados a participar del taller y las mesas de trabajo que empezarán a las 9:00, en el Salón de Convenciones de la Gobernación.
martes, 7 de abril de 2015
Preparan ley complementaria para garantizar referendo
La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz alista una norma que permita garantizar los 19 millones de bolivianos que se requieren para la realización del referendo autonómico, toda vez que, hasta la fecha, la Gobernación de La Paz no transfirió tales recursos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que convoque a este proceso.
Debido a la no transferencia del dinero de parte de las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro; el TSE convocó el pasado 1 de abril a referendo autonómico sólo en el departamento de Chuquisaca y los pueblos indígenas de Totora Marka (Oruro) y Charagua (Santa Cruz), a cumplirse el próximo 12 de julio.
El presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz, Nelson Guarachi, mencionó que hace dos semanas se aprobó una ley departamental para la transferencia de los 19 millones al TSE, no obstante el Ejecutivo paceño informó que no cuenta con esos recursos, por ello este lunes se convocó a rendir un informe oral al gobernador César Cocarico y se decidió elaborar una ley complementaria que permita buscar fuentes alternativas de financiamiento para llevar adelante el referendo.
“Se va a autorizar hacer un ajuste presupuestario de las regalías mineras y también buscar otras fuentes de financiamiento (…) para garantizar el referendo autonómico para el 12 de julio”, informó Guarachi a la ANF, respecto al contenido de la ley complementaria que todavía está siendo tratada por la comisión de economía y finanzas del legislativo.
De acuerdo con Guarachi, la Asamblea paceña tiene hasta el jueves para transferir los recursos al TSE y, de ese modo, pueda participar de la consulta el próximo 12 de julio. “El jueves hay sala plena (del TSE) para convocar al 12 de julio, si no alcanzamos hasta el jueves, se pone en riesgo el referendo autonómico de La Paz”, precisó.
Sin embargo, el vocal del TSE, Ramiro Paredes, indicó que no existe un plazo para que las restantes gobernaciones puedan transferir recursos para los referendos autonómicos, dado que éstos se pueden desarrollar el 12 de julio u otra fecha, conforme a la asignación del dinero correspondiente.
“En la medida que vayan haciendo las transferencias (de recursos), nosotros estamos en la obligación de lanzar las convocatorias. No hay plazos fatales, porque es un derecho establecido en la Constitución”, explicó Paredes en entrevista con la ANF.
No obstante, para aquellos departamentos que quieran participar del proceso del 12 de julio, los recursos deben ser transferidos hasta el día en que se desarrolle la primera actividad del calendario electoral, el cual se desconoce porque el calendario todavía no ha sido publicado. El plazo para la publicación de éste fenece el próximo sábado.
Los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro deben someterse a referendos autonómicos tras la aprobación de sus estatutos por parte de las Asambleas Legislativas y su revisión en el Tribunal Constitucional. De momento, Pando y Tarija tienen vigentes sus estatutos, en cambio Beni y Santa Cruz se encuentran retrasados porque aún los adecuan a la Constitución. Los últimos cuatro departamentos ya aprobaron sus estatutos en 2008, cuando la autonomía no se encontraba constitucionalizada.
Debido a la no transferencia del dinero de parte de las gobernaciones de La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro; el TSE convocó el pasado 1 de abril a referendo autonómico sólo en el departamento de Chuquisaca y los pueblos indígenas de Totora Marka (Oruro) y Charagua (Santa Cruz), a cumplirse el próximo 12 de julio.
El presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz, Nelson Guarachi, mencionó que hace dos semanas se aprobó una ley departamental para la transferencia de los 19 millones al TSE, no obstante el Ejecutivo paceño informó que no cuenta con esos recursos, por ello este lunes se convocó a rendir un informe oral al gobernador César Cocarico y se decidió elaborar una ley complementaria que permita buscar fuentes alternativas de financiamiento para llevar adelante el referendo.
“Se va a autorizar hacer un ajuste presupuestario de las regalías mineras y también buscar otras fuentes de financiamiento (…) para garantizar el referendo autonómico para el 12 de julio”, informó Guarachi a la ANF, respecto al contenido de la ley complementaria que todavía está siendo tratada por la comisión de economía y finanzas del legislativo.
De acuerdo con Guarachi, la Asamblea paceña tiene hasta el jueves para transferir los recursos al TSE y, de ese modo, pueda participar de la consulta el próximo 12 de julio. “El jueves hay sala plena (del TSE) para convocar al 12 de julio, si no alcanzamos hasta el jueves, se pone en riesgo el referendo autonómico de La Paz”, precisó.
Sin embargo, el vocal del TSE, Ramiro Paredes, indicó que no existe un plazo para que las restantes gobernaciones puedan transferir recursos para los referendos autonómicos, dado que éstos se pueden desarrollar el 12 de julio u otra fecha, conforme a la asignación del dinero correspondiente.
“En la medida que vayan haciendo las transferencias (de recursos), nosotros estamos en la obligación de lanzar las convocatorias. No hay plazos fatales, porque es un derecho establecido en la Constitución”, explicó Paredes en entrevista con la ANF.
No obstante, para aquellos departamentos que quieran participar del proceso del 12 de julio, los recursos deben ser transferidos hasta el día en que se desarrolle la primera actividad del calendario electoral, el cual se desconoce porque el calendario todavía no ha sido publicado. El plazo para la publicación de éste fenece el próximo sábado.
Los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro deben someterse a referendos autonómicos tras la aprobación de sus estatutos por parte de las Asambleas Legislativas y su revisión en el Tribunal Constitucional. De momento, Pando y Tarija tienen vigentes sus estatutos, en cambio Beni y Santa Cruz se encuentran retrasados porque aún los adecuan a la Constitución. Los últimos cuatro departamentos ya aprobaron sus estatutos en 2008, cuando la autonomía no se encontraba constitucionalizada.
lunes, 6 de abril de 2015
Proponen ley para crear el Defensor del Paciente
Ante la cantidad de reclamos y denuncias por la vulneración de los derechos de los pacientes y la falta de una instancia específica que pueda velar, proteger y hacer cumplir la normas de salud es que se hace urgente la creación de la Oficina del Defensor del Paciente en el departamento y ciudad de Oruro, expresó el exasambleísta, José Luis Toco.
Dijo que a través de una ley debe crearse esta instancia para preservar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, además de proporcionar información y transparencia a todo proceso médico, desde el ingreso del paciente al centro de salud, con el objetivo de que se pueda garantizar calidez en la atención al paciente, generando un clima de respeto e informar a todos sobre sus derechos.
Asimismo, se encargaría de registrar reclamos de pacientes o familiares por temas como malos tratos, falta de atención médica, falta de información sobre el estado de salud del usuario, coacción de cualquier naturaleza ejercida sobre el paciente o su entorno y otros.
Además de orientar e informar sobre trámites administrativos y consultas; canalizar gestiones interinstitucionales para el tratamiento de casos especiales que requieran atención inmediata o especializada; derivar a las instancias competentes los reclamos o denuncias que ameriten otro tratamiento y remitir información a la instancia correspondiente sobre los datos registrados en el servicio y elaborar informes mensuales sobre el trabajo desarrollado.
"Lo ideal es que el paciente debe estar informado del por qué le prescriben un medicamento o que le expliquen los tratamientos que determina un médico. La falta de información hace que las personas actúen de forma apresurada y en muchos de los casos, salgan más perjudicados que beneficiados", manifestó Toco.
Señaló que uno de los primeros pasos es que las historias clínicas de los pacientes sean sistematizadas en una base de datos única del hospital en una primera fase, para ampliarla a una red nacional, porque es importante, ya que indica qué padece o a qué tratamiento fue sometido, lo que facilita que un médico haga un diagnóstico rápido y certero y evite repetir análisis o tratamientos.
ANTECEDENTES
Afirmó que desde la gestión 2012 se puso en marcha 14 oficinas del Defensor del Paciente en diferentes departamentos del país, en Oruro en el Hospital General "San Juan de Dios", desde el Defensor del Pueblo, pero que han transcurrido dos años y nadie conoce del trabajo y los resultados obtenidos hasta la fecha, peor cuando debería ser la instancia que haga conocer la precaria infraestructura y atención de los pacientes en el actual Hospital General.
MUNICIPIO
Desde el Municipio de manera institucional se debe implementar la figura del Defensor del Paciente para mejorar la atención en todos los centros de salud del municipio, donde el Defensor del Paciente debe ser un funcionario elegido por concurso de méritos, y su misión específica debe ser fiscalizar que en los centros de salud los pacientes reciban un trato de calidad por parte del personal administrativo, médico y de enfermería.
"El Defensor del Paciente no debe ser un funcionario de escritorio, sino que tendrá que estar moviéndose permanentemente por todos los centros de salud cumpliendo el rol que le corresponde.
A nivel legislativo una ley municipal sería una iniciativa para dar inicio y nacimiento al Defensor del Paciente que definitivamente hace mucha falta en nuestra ciudad y departamento con las funciones y atribuciones específicas que garanticen la atención en el momento oportuno", refirió la exautoridad.
Dijo que a través de una ley debe crearse esta instancia para preservar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, además de proporcionar información y transparencia a todo proceso médico, desde el ingreso del paciente al centro de salud, con el objetivo de que se pueda garantizar calidez en la atención al paciente, generando un clima de respeto e informar a todos sobre sus derechos.
Asimismo, se encargaría de registrar reclamos de pacientes o familiares por temas como malos tratos, falta de atención médica, falta de información sobre el estado de salud del usuario, coacción de cualquier naturaleza ejercida sobre el paciente o su entorno y otros.
Además de orientar e informar sobre trámites administrativos y consultas; canalizar gestiones interinstitucionales para el tratamiento de casos especiales que requieran atención inmediata o especializada; derivar a las instancias competentes los reclamos o denuncias que ameriten otro tratamiento y remitir información a la instancia correspondiente sobre los datos registrados en el servicio y elaborar informes mensuales sobre el trabajo desarrollado.
"Lo ideal es que el paciente debe estar informado del por qué le prescriben un medicamento o que le expliquen los tratamientos que determina un médico. La falta de información hace que las personas actúen de forma apresurada y en muchos de los casos, salgan más perjudicados que beneficiados", manifestó Toco.
Señaló que uno de los primeros pasos es que las historias clínicas de los pacientes sean sistematizadas en una base de datos única del hospital en una primera fase, para ampliarla a una red nacional, porque es importante, ya que indica qué padece o a qué tratamiento fue sometido, lo que facilita que un médico haga un diagnóstico rápido y certero y evite repetir análisis o tratamientos.
ANTECEDENTES
Afirmó que desde la gestión 2012 se puso en marcha 14 oficinas del Defensor del Paciente en diferentes departamentos del país, en Oruro en el Hospital General "San Juan de Dios", desde el Defensor del Pueblo, pero que han transcurrido dos años y nadie conoce del trabajo y los resultados obtenidos hasta la fecha, peor cuando debería ser la instancia que haga conocer la precaria infraestructura y atención de los pacientes en el actual Hospital General.
MUNICIPIO
Desde el Municipio de manera institucional se debe implementar la figura del Defensor del Paciente para mejorar la atención en todos los centros de salud del municipio, donde el Defensor del Paciente debe ser un funcionario elegido por concurso de méritos, y su misión específica debe ser fiscalizar que en los centros de salud los pacientes reciban un trato de calidad por parte del personal administrativo, médico y de enfermería.
"El Defensor del Paciente no debe ser un funcionario de escritorio, sino que tendrá que estar moviéndose permanentemente por todos los centros de salud cumpliendo el rol que le corresponde.
A nivel legislativo una ley municipal sería una iniciativa para dar inicio y nacimiento al Defensor del Paciente que definitivamente hace mucha falta en nuestra ciudad y departamento con las funciones y atribuciones específicas que garanticen la atención en el momento oportuno", refirió la exautoridad.
Ley Alexander quedó rezagada
LA MUERTE DEL BEBÉ ALEXANDER MOTIVÓ A QUE LOS HOGARES SEAN FISCALIZADOS A PARTIR DE UNA NORMA QUE DUERME EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.
La exsenadora por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la anterior gestión, Silvia Alarcón Heredia, expresó su extrañeza porque en la actual legislatura no repusieron el tratamiento de la “Ley Alexander” que tenía como objetivo el fiscalizar las casas de acogida en los nueve departamentos del país.
Según Heredia, el proyecto de esta normativa se la empezó a elaborar luego del “nefasto” hecho de muerte que fue víctima el bebé Alexander ocurrido el 13 de noviembre de 2014.
La senadora Alarcón recordó que el trabajo se inició en el mes de diciembre de 2014, pasado un mes de lo ocurrido con el bebé Alexander que en principio tenía la tarea de hacer un seguimiento y obtener información.
“Lo primero que se hizo, dentro mis actividades, fue solicitar minutas de comunicación (4 de diciembre de 2014) que se presentó a cada Gobernación para precautelar los derechos de los menores y los adolescentes que viven en los hogares”, relató a EL DIARIO.
Asimismo, dijo que la idea también era que se instalen cámaras de seguridad en las distintas casas de acogida que se encuentran en las terminales terrestres de cada capital para vigilar la atención que reciben los menores.
Alarcón recordó que cuando se empezó con la elaboración de dicho proyecto se debía contar con informes de las gobernaciones de los nueve departamentos, “eso era para tener bases sólidas sobre qué temas específicos teníamos que ahondar más”.
De la misma manera, se solicitó informes al Defensor del Pueblo, la exministra de Justicia, así como del Consejo de la Magistratura al igual que al Fiscal General del Estado. “Pero lamentablemente por el tiempo que teníamos tan corto y próximos a culminar nuestra gestión, algunos ya no tuvieron la oportunidad de presentar los informes correspondientes para argumentar este proyecto”, afirmó.
La exsenadora dijo que en el tiempo que estuvieron elaborando la idea, sólo cuatro gobernaciones hicieron llegar sus informes. “Las gobernaciones que cumplieron a medias fueron Potosí, Chuquisaca, Tarija y Pando”, las otras gobernaciones no argumentaron “nada” a pesar del tiempo que tenían para elaborar sus informes.
Alarcón dijo que en principio era conocer cuántos hogares de acogida existen en el territorio nacional, cuál es el estado en el que se encuentran, cuál es el personal con el que cuentan y sus antecedentes.
“Ahora estoy en la tarea de que se reponga esta ley, porque es necesario fiscalizar y regular las casas y hogares de acogida del país, porque tenemos en la Constitución Política del Estado que es un deber de las autoridades, precautelar estos derechos y evitar todo tipo de violencia que se podría generar en estos centros y luchar contra la trata y tráfico de personas”, afirmó.
PROYECTO DE LEY
La normativa tenía el denominativo de “Ley de Fiscalización al Funcionamiento de Hogares de Niños y Adolescentes”, tenía como objeto regular en el ámbito nacional el funcionamiento de los hogares de Niñas, Niños, y Adolescentes, para que organismos administrativos de protección estén facultados para la supervisión y el monitoreo de todas las instituciones públicas y privadas que los albergan y puedan contar con la mayor información institucional, así como la efectiva fiscalización por parte de autoridades de los diferentes Órganos del Estado.
Este proyecto constaba de ocho artículos, entre los cuales se hacía referencia a la cualidad de los hogares, las condiciones mínimas de atención, el personal mínimo que debía contar, la supervisión, el consejo nacional de fiscalización, el presupuesto y los informes.
viernes, 3 de abril de 2015
Proyectan una nueva Ley de propiedad industrial
A LA ALP
Después de esta fase de difusión que abarcará todos los Departamentos del país, presentarán el proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de un mes.
El proyecto de Ley de Propiedad Industrial e Infracciones, que acaba de ingresar a su etapa de difusión, podría ser remitido en un mes a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación. Este trabajo es impulsado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el Programa de Apoyo a la Promoción del Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones (PROEX) y la firma Rigoberto Paredes y Asociados.
Rigoberto Paredes, quien se encarga de la revisión de la norma, inició el proceso de difusión en Sucre donde expuso los detalles del proyecto y destacó que esta norma generará un cambio trascendental en el funcionamiento y la administración de derechos intelectuales y es una inyección de seguridad jurídica para el desempeño empresarial.
El experto recordó que Bolivia se encuentra en un “desamparo” legislativo y normativo, ya que su política legal de propiedad intelectual, sustentada en una ley de 1916 y una norma de 1918, es bastante “primitiva”.
“Esas normas prácticamente están en desuso porque no son compatibles con los tratados internacionales que suscribió el país, como la decisión 486” sobre el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), remarcó.
Enfatizó que para mejorar en importaciones y exportaciones, avanzar en cualquier sector de la industria es determinante que haya una nueva Ley de propiedad industrial en Bolivia, con reglas claras que inyecten seguridad jurídica a todas las inversiones.
Dijo que la carencia de una regulación de propiedad intelectual deja a Bolivia al margen del ingreso de empresas, tecnologías, industrias, invenciones porque una condición básica de cualquier inversor o creador de tecnología para ingresar a cualquier país es que se le brinde seguridad jurídica.
Después de esta fase de difusión que abarcará todos los Departamentos del país, presentarán el proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de un mes.
El proyecto de Ley de Propiedad Industrial e Infracciones, que acaba de ingresar a su etapa de difusión, podría ser remitido en un mes a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y aprobación. Este trabajo es impulsado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el Programa de Apoyo a la Promoción del Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones (PROEX) y la firma Rigoberto Paredes y Asociados.
Rigoberto Paredes, quien se encarga de la revisión de la norma, inició el proceso de difusión en Sucre donde expuso los detalles del proyecto y destacó que esta norma generará un cambio trascendental en el funcionamiento y la administración de derechos intelectuales y es una inyección de seguridad jurídica para el desempeño empresarial.
El experto recordó que Bolivia se encuentra en un “desamparo” legislativo y normativo, ya que su política legal de propiedad intelectual, sustentada en una ley de 1916 y una norma de 1918, es bastante “primitiva”.
“Esas normas prácticamente están en desuso porque no son compatibles con los tratados internacionales que suscribió el país, como la decisión 486” sobre el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), remarcó.
Enfatizó que para mejorar en importaciones y exportaciones, avanzar en cualquier sector de la industria es determinante que haya una nueva Ley de propiedad industrial en Bolivia, con reglas claras que inyecten seguridad jurídica a todas las inversiones.
Dijo que la carencia de una regulación de propiedad intelectual deja a Bolivia al margen del ingreso de empresas, tecnologías, industrias, invenciones porque una condición básica de cualquier inversor o creador de tecnología para ingresar a cualquier país es que se le brinde seguridad jurídica.
miércoles, 1 de abril de 2015
Aprueban "Ley Seca" para Semana Santa
"Ley Seca" desde el jueves a las cero horas hasta las 24:00 del sábado. Esto dicta la norma que fue aprobada en el Concejo Municipal la mañana de ayer y que será promulgada hoy por el alcalde Juan José Ramírez, para evitar que existan excesos durante los días de Semana Santa.
La ley municipal fue aprobada luego de conocerse el informe por mayoría de la Comisión de Desarrollo Humano, que sugería dar curso a la norma. Ocho concejales votaron a favor de esta medida.
"La presente Ley Municipal tiene por objeto declarar Ley Seca en el municipio de Oruro por 72 horas, a partir de las cero horas del jueves santo hasta las 24 horas del sábado santo del mes de abril de todos los años, con motivo de honrar los días de Semana Santa y garantizar el ejercicio y la libertad de culto y fe cristiana", señala el primer artículo de la normativa.
Con esta ley municipal, no será necesario que como se hacía antes, se tenga que aprobar cada año una ordenanza similar, sino que ésta tiene validez permanente, o hasta que se emita otra norma que la abrogue.
La ley aprobada además contempla que todos los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, como discotecas, bares, chicherías, pubs, cafés y otros, no funcionen durante estas 72 horas.
PELÍCULAS
Al margen de la "Ley Seca", esta norma determina en su artículo 4, que durante los días de Semana Santa, se deben exhibir películas con cierto contenido y temática.
"Las salas cinematográficas y canales de televisión de la ciudad, deben exhibir necesariamente los días jueves, viernes y sábado películas de alto contenido moral y relacionado con Semana Santa", indica dicho artículo.
Se aguarda que la ley municipal sea promulgada hoy para que las unidades correspondientes de la Municipalidad, hagan cumplir con lo estipulado.
La ley municipal fue aprobada luego de conocerse el informe por mayoría de la Comisión de Desarrollo Humano, que sugería dar curso a la norma. Ocho concejales votaron a favor de esta medida.
"La presente Ley Municipal tiene por objeto declarar Ley Seca en el municipio de Oruro por 72 horas, a partir de las cero horas del jueves santo hasta las 24 horas del sábado santo del mes de abril de todos los años, con motivo de honrar los días de Semana Santa y garantizar el ejercicio y la libertad de culto y fe cristiana", señala el primer artículo de la normativa.
Con esta ley municipal, no será necesario que como se hacía antes, se tenga que aprobar cada año una ordenanza similar, sino que ésta tiene validez permanente, o hasta que se emita otra norma que la abrogue.
La ley aprobada además contempla que todos los locales de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, como discotecas, bares, chicherías, pubs, cafés y otros, no funcionen durante estas 72 horas.
PELÍCULAS
Al margen de la "Ley Seca", esta norma determina en su artículo 4, que durante los días de Semana Santa, se deben exhibir películas con cierto contenido y temática.
"Las salas cinematográficas y canales de televisión de la ciudad, deben exhibir necesariamente los días jueves, viernes y sábado películas de alto contenido moral y relacionado con Semana Santa", indica dicho artículo.
Se aguarda que la ley municipal sea promulgada hoy para que las unidades correspondientes de la Municipalidad, hagan cumplir con lo estipulado.
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