Luego de declarar admisible el recurso de dos periodistas del diario La Razón, demandados por la Procuraduría General del Estado para que revelen sus fuentes informativas sobre el tema marítimo, la justicia ordinaria decidió remitir al Tribunal de Imprenta los obrados para que sean procesados por esta normativa, como lo establece la Constitución.
La información la suministró el demandante, el procurador, Héctor Arce, al conocer la disposición del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, asegurando que se someterá a la Ley de Imprenta de 1925.
“La Sala Penal Tercera declara admisible los recursos interpuestos por (el periodista) Ricardo Aguilar y (la directora del diario) Claudia Benavente... y declara probada la excepción de incompetencia del juez octavo en Instrucción en lo Penal. Se dispone la remisión de todos los antecedentes ante el Tribunal de Imprenta”, dice la resolución 148/2014 de dicha sala.
Sin embargo, en el despacho de Virginia Janeth Crespo Ibáñez, presidenta de la sala tercera, hasta el mediodía solo una disposición estaba admitida y se esperaba la segunda.
En mayo, Héctor Arce solicitó al Ministerio Público el inicio de una investigación para exigir que se revele la fuente informativa que divulgó información reservada en el tema marítimo, que se publicó en el diario paceño el 13 de abril.
El procurador reconoció y valoró ayer el principio fundamental de la vida democrática, a la “más absoluta libertad de prensa” y al respeto de la reserva del derecho de fuente, pero insistió en conocer la fuente de la supuesta infidencia. De tal modo, señaló que “estamos llevando adelante investigaciones a través de los órganos internos”.
Benavente, directora del diario aludido, dijo a EL DEBER que recibía “con mucha satisfacción” la decisión de la sala Tercera porque “es una muestra de que se instaló el sentido común, de justicia, de respeto a la Ley de Imprenta, los derechos constitucionales, a la fe en el periodismo” y agradeció las muestras de apoyo.
A través de un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) valoró la “meditada medida” porque se ajusta al curso que deben seguir los procesos contra periodistas por presuntas faltas por la Ley de Imprenta.
El secretario ejecutivo de la entidad periodística, Juan León, manifestó a este medio que hubiera sido un precedente nefasto para la libertad de prensa en nuestro país acatar el fallo del juez de la justicia ordinaria, que obligaba a Benavente y a Aguilar a revelar su fuente, por encima de la norma constitucional
miércoles, 6 de agosto de 2014
martes, 5 de agosto de 2014
Observan riesgos en la Ley del Notariado
La Ley del Notariado convierte la fe pública en un “botín político” porque establece que la designación de notarios es por tiempo indefinido; además, al depender del Ministerio de Justicia, arriesga la seguridad jurídica: el Gobierno tendría acceso a documentos sobre acciones civiles, coincidieron ayer la exmagistrada del Tribunal Constitucional (TCP), Silvia Salame y la diputada Rebeca Delgado.
Delgado agregó que esta ley aún no tiene reglamento ni presupuesto, por lo que la suspensión de dos magistradas por detener la aplicación es una excusa del Gobierno para intervenir el TCP. El procurador Héctor Arce dijo que es una norma que “simplifica” procedimientos.
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, coincidió con las observaciones que tiene Silvia Salame, también presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, quien presentó el recurso de inconstitucional contra la Ley del Notariado ante el TCP en febrero pasado.
El Artículo 15 de esta normativa -por ahora está suspendida- dice que la designación del notario es de forma indefinida y que sólo puede cesar en sus funciones por muerte, evaluación de desempeño negativo, destitución por proceso disciplinario, renuncia o por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.
“Se vuelve indefinida la notaria, en un país donde sabemos la calidad de notarios que tenemos y, por otro lado, en un país donde dependería de un órgano político, es decir, que la notaría sería un botín político”, dijo Salame.
Delgado aseguró que esto es lo más “preocupante” porque todo servidor público tiene un periodo de funciones definido, y de la forma que plantea la norma “todo el mundo va a querer ser notario”.
Defensa
En tanto, el procurador Héctor Arce aseguró que con la Ley del Notariado el ciudadano no tendrá que litigar por meses o años en los procesos voluntarios, sino que esos casos serían resueltos en el día. “Muchos trámites que no tendrían que ser judiciales acaban siendo judiciales, la lógica de la ley del notariado era sacar todo eso del ámbito judicial y volcar al ámbito notarial”.
Salame responde que “no porque esté colapsado el sistema judicial se va a quitar la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Además, la CPE “señala claramente quiénes tienen la atribución de administrar justicia, entre ellos no está el Órgano Ejecutivo y ellos al pretender llevar las notarías al Órgano Ejecutivo están proponiendo el divorcio notarial como si fuera un simple contrato”.
En criterio de Arce, que ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados cuando se trató la normativa, indicó que la Ley del Notariado contiene procedimientos modernos, pero además genera independencia para los notarios y trasparencia para la función notarial.
Recursos
La diputada Delgado aseguró que otro tema que se observó es el de los recursos económicos, “los notarios de fe pública generan muchos recursos y siempre todo mundo quiere ser notario. Aquí se ha puesto en la ley que de los dineros netos por concepto de recursos propios específicos de la dirección serán transferidos en un 30 por ciento al Ministerio de Justicia. Estamos hablando de dinero”.
Aseguró también que la Ley del Notariado indica que los procedimientos voluntarios que con la antigua ley eran gratuitos con esta nueva norma el ciudadano tendrán que pagar por ese trámite.
El Artículo 1 de las Disposiciones Finales indica que las fuentes de financiamiento de la Dirección del Notariado Plurinacional serán provenientes de sus recursos propios específicos como “la alícuota de aranceles de la vía voluntaria notarial”.
Excusa contra magistradas
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, aseguró que la suspensión de la aplicabilidad de la Ley del Notariado sólo fue una excusa para procesar a las dos magistradas del Tribunal Constitucional (TCP) porque hasta la fecha esta normativa no tiene reglamentos y tampoco un presupuesto asignado para que entre en vigencia.
“En las mismas disposiciones transitorias (…) establece un plazo de 90 días para que se haga el reglamento. Eso dice la disposición VI. Eso se ha sacado en enero, es decir, que están en pleno plazo, esto no estaba en vigencia, no se había hecho su reglamento. Entonces la Ley del Notario en realidad como tantas leyes no se conoce, no tiene presupuesto, no tiene reglamento”, dijo la diputada Delgado.
Hasta la fecha, no se designó un prepuesto específico para la aplicación de la Ley del Notariado, puesto que la normativa establece la creación de una Dirección Nacional y sus dependencias en cada departamento, instancias que todavía no existen.
JUICIO A MAGISTRADAS
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que esa instancia iniciará, después de las fiestas patrias, el juicio a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, por tres delitos vinculados a la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado. “Todavía no podemos comentar cuál es el procedimiento, no organizamos nada todavía, estamos viendo cómo viajamos a Sucre y trabajando en otras leyes”.
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Delgado agregó que esta ley aún no tiene reglamento ni presupuesto, por lo que la suspensión de dos magistradas por detener la aplicación es una excusa del Gobierno para intervenir el TCP. El procurador Héctor Arce dijo que es una norma que “simplifica” procedimientos.
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, coincidió con las observaciones que tiene Silvia Salame, también presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, quien presentó el recurso de inconstitucional contra la Ley del Notariado ante el TCP en febrero pasado.
El Artículo 15 de esta normativa -por ahora está suspendida- dice que la designación del notario es de forma indefinida y que sólo puede cesar en sus funciones por muerte, evaluación de desempeño negativo, destitución por proceso disciplinario, renuncia o por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal.
“Se vuelve indefinida la notaria, en un país donde sabemos la calidad de notarios que tenemos y, por otro lado, en un país donde dependería de un órgano político, es decir, que la notaría sería un botín político”, dijo Salame.
Delgado aseguró que esto es lo más “preocupante” porque todo servidor público tiene un periodo de funciones definido, y de la forma que plantea la norma “todo el mundo va a querer ser notario”.
Defensa
En tanto, el procurador Héctor Arce aseguró que con la Ley del Notariado el ciudadano no tendrá que litigar por meses o años en los procesos voluntarios, sino que esos casos serían resueltos en el día. “Muchos trámites que no tendrían que ser judiciales acaban siendo judiciales, la lógica de la ley del notariado era sacar todo eso del ámbito judicial y volcar al ámbito notarial”.
Salame responde que “no porque esté colapsado el sistema judicial se va a quitar la seguridad jurídica de los ciudadanos”.
Además, la CPE “señala claramente quiénes tienen la atribución de administrar justicia, entre ellos no está el Órgano Ejecutivo y ellos al pretender llevar las notarías al Órgano Ejecutivo están proponiendo el divorcio notarial como si fuera un simple contrato”.
En criterio de Arce, que ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados cuando se trató la normativa, indicó que la Ley del Notariado contiene procedimientos modernos, pero además genera independencia para los notarios y trasparencia para la función notarial.
Recursos
La diputada Delgado aseguró que otro tema que se observó es el de los recursos económicos, “los notarios de fe pública generan muchos recursos y siempre todo mundo quiere ser notario. Aquí se ha puesto en la ley que de los dineros netos por concepto de recursos propios específicos de la dirección serán transferidos en un 30 por ciento al Ministerio de Justicia. Estamos hablando de dinero”.
Aseguró también que la Ley del Notariado indica que los procedimientos voluntarios que con la antigua ley eran gratuitos con esta nueva norma el ciudadano tendrán que pagar por ese trámite.
El Artículo 1 de las Disposiciones Finales indica que las fuentes de financiamiento de la Dirección del Notariado Plurinacional serán provenientes de sus recursos propios específicos como “la alícuota de aranceles de la vía voluntaria notarial”.
Excusa contra magistradas
La diputada disidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rebeca Delgado, aseguró que la suspensión de la aplicabilidad de la Ley del Notariado sólo fue una excusa para procesar a las dos magistradas del Tribunal Constitucional (TCP) porque hasta la fecha esta normativa no tiene reglamentos y tampoco un presupuesto asignado para que entre en vigencia.
“En las mismas disposiciones transitorias (…) establece un plazo de 90 días para que se haga el reglamento. Eso dice la disposición VI. Eso se ha sacado en enero, es decir, que están en pleno plazo, esto no estaba en vigencia, no se había hecho su reglamento. Entonces la Ley del Notario en realidad como tantas leyes no se conoce, no tiene presupuesto, no tiene reglamento”, dijo la diputada Delgado.
Hasta la fecha, no se designó un prepuesto específico para la aplicación de la Ley del Notariado, puesto que la normativa establece la creación de una Dirección Nacional y sus dependencias en cada departamento, instancias que todavía no existen.
JUICIO A MAGISTRADAS
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, informó ayer que esa instancia iniciará, después de las fiestas patrias, el juicio a las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Ligia Velásquez, por tres delitos vinculados a la suspensión de la vigencia de la Ley del Notariado. “Todavía no podemos comentar cuál es el procedimiento, no organizamos nada todavía, estamos viendo cómo viajamos a Sucre y trabajando en otras leyes”.
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lunes, 4 de agosto de 2014
Preparan proyecto de ley para importación de ropa usada
El diputado orureño Ever Moya prepara, junto a comercializadores e importadores de ropa a medio uso, un proyecto de ley que permita la internación regulada de la llamada ropa "americana" para presentarla en los próximos días ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Actualmente la importación de la ropa a medio uso está prohibida por el Decreto Supremo Nº 28761 del año 2006, una norma que según el diputado Moya, no ha funcionado, pues el mercado de este tipo de ropa, ha crecido en un porcentaje considerable; tampoco la norma ha servido para impulsar el desarrollo de la industria interna.
"Analizando tanto el tema económico, como el tema social, hay mucha gente que no goza, no tiene un buen sueldo y no le alcanza para comprar ropa nueva, entonces recurre a esta ropa (a medio uso) por necesidad, entonces acude a estos mercados para comprar", indicó Moya.
El mencionado proyecto de ley tendría entre sus principales puntos, la regulación de la importación de ropa a medio uso, restringiendo algunas prendas como las íntimas, calcetines y otros de acuerdo a un estudio. Asimismo se normaría la otorgación de registro y certificado correspondiente por parte del ministerio de salud.
RECURSO
Al margen de este proyecto de ley que probablemente sea entregado en esta semana, el diputado Ever Moya alista un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado decreto que establece la prohibición de la internación al país de la ropa usada.
"Este jueves vamos a estar en Sucre para presentar este recurso de inconstitucionalidad, porque creemos que prohibir, restringir la venta de la ropa americana con un simple decreto no puede ser, debe hacerse mediante una ley nacional, por tanto creemos que esto no corresponde" aseveró.
Moya además considera que si el Gobierno tiene alguna alternativa laboral para los más de 260 mil comerciantes de ropa usada, no habría mayor problema en dejar de lado este rubro. Pero mientras tanto, concluyó el diputado, no se puede dejar a tanta gente sin una fuente de ingresos.
Actualmente la importación de la ropa a medio uso está prohibida por el Decreto Supremo Nº 28761 del año 2006, una norma que según el diputado Moya, no ha funcionado, pues el mercado de este tipo de ropa, ha crecido en un porcentaje considerable; tampoco la norma ha servido para impulsar el desarrollo de la industria interna.
"Analizando tanto el tema económico, como el tema social, hay mucha gente que no goza, no tiene un buen sueldo y no le alcanza para comprar ropa nueva, entonces recurre a esta ropa (a medio uso) por necesidad, entonces acude a estos mercados para comprar", indicó Moya.
El mencionado proyecto de ley tendría entre sus principales puntos, la regulación de la importación de ropa a medio uso, restringiendo algunas prendas como las íntimas, calcetines y otros de acuerdo a un estudio. Asimismo se normaría la otorgación de registro y certificado correspondiente por parte del ministerio de salud.
RECURSO
Al margen de este proyecto de ley que probablemente sea entregado en esta semana, el diputado Ever Moya alista un recurso de inconstitucionalidad contra el mencionado decreto que establece la prohibición de la internación al país de la ropa usada.
"Este jueves vamos a estar en Sucre para presentar este recurso de inconstitucionalidad, porque creemos que prohibir, restringir la venta de la ropa americana con un simple decreto no puede ser, debe hacerse mediante una ley nacional, por tanto creemos que esto no corresponde" aseveró.
Moya además considera que si el Gobierno tiene alguna alternativa laboral para los más de 260 mil comerciantes de ropa usada, no habría mayor problema en dejar de lado este rubro. Pero mientras tanto, concluyó el diputado, no se puede dejar a tanta gente sin una fuente de ingresos.
domingo, 3 de agosto de 2014
Desde el MAS piden al Legislativo congelar el tratamiento de 6 leyes
Aunque no es una posición unánime, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se sugirió evitar el tratamiento de al menos seis leyes, durante la etapa electoral, por ser consideradas como “delicadas” ya que corren el riesgo de politizarse en este periodo.
Entre esos proyectos normativos está la Ley del Régimen de la Coca, de Hidrocarburos, del Banco Central de Bolivia (BCB), de la Contraloría, de Organizaciones Políticas y el Código del Trabajo.
En criterio de Javier Zabaleta, exvicepresidente de la Cámara Baja —hoy postulante por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) a la diputación uninominal circunscripción 6 de La Paz—, la mayoría de esas propuestas legislativas tienden a politizarse y a contaminarse con las actividades proselitistas previstas para las elecciones del 12 de octubre.
La propuesta, que es compartida por otros candidatos oficialistas, aún no fue considerada en las reuniones de coordinación de la bancada del MAS con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Veo que lo más oportuno es esperar a que los nuevos legisladores (en 2015) las traten y las aprueben para no generar ruidos innecesarios”, sostuvo el candidato. Zabaleta agregó que esas propuestas están aún en calidad de anteproyectos —la mayoría—, otros en redacción y el resto, “en ideas”.
Según el calendario electoral, el periodo de campaña en actos públicos inició el 15 de julio y terminará 72 horas antes de la jornada de los comicios, y las cinco organizaciones políticas inscritas buscarán conquistar votos.
En tanto, el exlegislador Jaime Navarro, ahora postulante a diputado por la alianza Unidad Demócrata (UD), dijo que al oficialismo “no le conviene” aprobar la Ley de Organizaciones Políticas que implicaría una restricción en el uso de los medios de comunicación para los eventos preelectorales.
Sin embargo, cuestionó que la norma haya sido postergada debido a que en el debate del proyecto se hubiera incluido la reposición de la financiación a partidos políticos durante la campaña.
Este beneficio fue eliminado durante el primer gobierno de Evo Morales, el 21 de agosto de 2008, a través de la Ley 3925.
Osney Martínez, diputado opositor y exjefe de bancada de Convergencia Nacional (CN), dijo que otra norma que podría sufrir una alto grado de politización es la de la coca. “Son leyes que pueden generar polémica y ser usadas por algunos partidos y se perjudique el tema electoral. El mandatario Morales ya anunció que la Ley de la Coca será tratada en la próxima legislatura, pero ya habló de una legalización del cato de coca como una oferta electoral y crea una falsa esperanza en ese sector, eso debe preocuparnos”, explicó.
En cuanto a los códigos, Martínez dijo que debería pararse su tratamiento. “No hay condiciones políticas adecuadas, porque los debates no serán técnico-jurídicos, sino políticos con afanes proselitistas en favor de un partido”.
El MAS tiene dos tercios de representantes en la Asamblea y la capacidad de manejar la agenda legislativa. El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío (MAS), consideró que el tratamiento de las leyes se debe ejecutar con la participación de los sectores que resulten involucrados en las futuras normativas.
“Los códigos vamos a terminarlos de tratar como el de Familia, en cuyo análisis ya se trabajó bastante. (Las leyes) se las discute con distintos sectores, desde los más populares hasta los empresariales”, sostuvo tras anunciar que unas 150 leyes se aprobarían hasta fin de año. No precisó si los seis proyectos figuran en la agenda.
‘Deben neutralizarse leyes proselitistas’
En criterio de la analista María Teresa Zegada, durante el segundo semestre de la gestión legislativa se deberá “neutralizar” el tratamiento de las leyes con fines proselitistas.
“En la mayor parte de los casos se fue sancionando leyes de aprobaciones de presupuestos para obras, infraestructura, viviendas, que deberían neutralizarse en su tratamiento mientras dure el periodo electoral para evitar la contaminación política”, dijo la especialista.
No obstante, agregó que hay otro grupo de proyectos normativos, cuyo debate “no debe detenerse” porque son necesarias y urgentes para resolver temas críticos y legales de carácter administrativo y regulatorio.
“Si se aprueban leyes de caminos, escuelas u hospitales que vayan a beneficiar a cierto sector de la población, puede ser que fácilmente sean usados por ciertos candidatos a nombre del MAS, que tiene los dos tercios, no se debe contaminar la gestión pública con las campañas electorales, ojalá haya madurez al respecto”.
Estudio: Legislativo impulsó obras que ayudarían al MAS
Luis Mealla
Según un estudio de los analistas María Teresa Zegada y Jorge Komadina, en siete años de gestión de la Asamblea Legislativa —controlada por los dos tercios del MAS— se aprobaron 1.136 leyes, de las cuales más del 51% (584) están referidas a la financiación de obras de infraestructura.
Los dos expertos creen que estas normativas pueden ser usadas en el periodo de campaña electoral para favorecer a los candidatos del frente oficialista en virtud de sus actividades proselitistas, rumbo a las elecciones generales del 12 de octubre.
Zegada explicó que ese análisis fue publicado en el libro El espejo de la sociedad (2014), en el que se hace un detalle de la labor legislativa entre 2006, cuando el presidente Evo Morales juró a la primera magistratura, y fines de 2012, ya durante un nuevo mandato constitucional. (Ver la infografía adjunta).
“Del total de esas normas, un grupo mayoritario (584) se refiere a leyes de gestión pública —obras y proyectos— y las menos (552) se refieren a temas administrativos y regulatorios. Esto refleja que sí pueden ser usadas políticamente si es que son acompañadas por discursos proselitistas en favor del MAS”, señaló la politóloga.
Explicó que las temáticas referidas a caminos, infraestructura, asfalto y riego, entre otros, son proclives a ser usadas por los candidatos, sobre todo, en las regiones que fueron las beneficiarias con esos programas económicos.Para la analista, en la coyuntura electoral, tampoco está exenta del uso que se pueda hacer de la labor legislativa. “Solo el MAS es visible en la
Asamblea Legislativa, la oposición se dividió y desaparecerá en el debate”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, negó que se hayan priorizado algunas leyes con relación a otras, además que descartó que desde el Legislativo esté alineado con las estrategias de campaña proselitista.
“Esta Asamblea es histórica, es la que ha sentado las bases del proceso de cambio con una nueva institucionalidad, sin dedicarse a hacer campaña política y dando equilibrio al tratamiento de todas las leyes sin dar preferencia a temáticas y ni a sectores”, manifestó.
Se prevé aprobar diez normas importantes
La Cámara Baja busca aprobar hasta fin de año al menos 150 leyes, de las cuales diez son consideradas de “importancia” en temas estructurales y de beneficio social.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, recordó que hay un buen avance en cuanto a la aprobación de los proyectos normativos, tal es el caso de la Ley de Minería y Metalurgia, a la que calificó de “muy conflictiva”, por los intereses que había de diferentes sectores.
“Por eso fue una promulgación histórica, con mineros de distintos sectores; también está el Código Niño, Niña, Adolescente, que ha demandado bastante trabajo. A éstas se sumarán otras de igual significativa, como el Código de Familia, y en total serán unas diez leyes importantes con las que cerraremos la gestión”, explicó.
Elío agregó que al margen de esa labor, también se trabaja en otras como reformulación de presupuestos, los códigos Morales, y la de Resolución de Controversias y Arbitraje para resolver conflictos referidos a inversión internacional.
El Legislativo se vio afectado por 31 renuncias de asambleístas, quienes se repostularán en las elecciones. Este hecho afectó la labor legislativa, por lo que el receso de medio año tuvo que posponerse.
www.gacetamunicipalsucre.gob.bo Normas municipales de Sucre se difunden mediante portal digital
Las leyes municipales, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y otras normas que rigen en el municipio de Sucre ahora están más accesibles a los vecinos gracias a un portal digital.
Hasta hace poco, para conocer el contenido de una normativa, los vecinos debían revisar de manera física la Gaceta y Archivo Municipal, que no siempre estaba a la mano; en cambio, ahora está a disposición visitando el portal www.gacetamunicipalsucre.gob.bo donde están registradas 16.112 normas, entre vigentes, derogadas, abrogadas y no emitidas.
“Tenemos un portal web que está a disposición de toda la población de Sucre que requiera conocer nuestras normas. En el pasado había muchas ordenanzas que eran de desconocimiento de la población, pero ahora se está haciendo un trabajo de coordinación para tener todas las normas vigentes y aquellas que ya fueron derogadas”, informó el asesor de la Comisión Autonómica y Legislativa del Concejo Municipal, Pablo Arízaga.
Hasta hace poco, para conocer el contenido de una normativa, los vecinos debían revisar de manera física la Gaceta y Archivo Municipal, que no siempre estaba a la mano; en cambio, ahora está a disposición visitando el portal www.gacetamunicipalsucre.gob.bo donde están registradas 16.112 normas, entre vigentes, derogadas, abrogadas y no emitidas.
“Tenemos un portal web que está a disposición de toda la población de Sucre que requiera conocer nuestras normas. En el pasado había muchas ordenanzas que eran de desconocimiento de la población, pero ahora se está haciendo un trabajo de coordinación para tener todas las normas vigentes y aquellas que ya fueron derogadas”, informó el asesor de la Comisión Autonómica y Legislativa del Concejo Municipal, Pablo Arízaga.
sábado, 2 de agosto de 2014
Una ley y rampas para beneficiar a las personas con discapacidad
Dentro de los trabajos que lleva adelante la Alcaldía, de nivelación y cambio de piso en 13 manzanas del casco viejo de la ciudad, se han construido rampas para el paso de personas con capacidades diferentes. En el Concejo recientemente aprobó una ley para este sector de la población que autoriza el uso del espacio público como parte de su inclusión laboral.
A la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad (Fecrupdi) estas iniciativas no la convence, pues asegura que el gobierno municipal en ningún momento les consultó ni respondió tres pedidos que le hicieron al organismo deliberante para una audiencia pública.
Rampas
En el proyecto de remodelación y cambio de pisos en el centro de la ciudad se tiene previsto construir 52 rampas para personas con capacidades diferentes, las cuales tienen la pendiente desde el alto del cordón de la vereda, de 17,5 centímetros, según las especificaciones técnicas que se utilizan a escala internacional. Los desniveles están contemplados en las dos fases del cambio de piso de 13 manzanas del centro, cuyo costo es de Bs 7.509.752.
“De acuerdo con lo previsto, las baldosas son antideslizantes y tienen una inclinación del 10%, el ancho de acceso es de 1,20 metros”, refirió Jery Méndez, director del Centro de Patrimonio Histórico, encargado de llevar adelante la iniciativa.
“Se decidió construir las pendientes en el centro, que es la parte de la ciudad que más disfrutan los peatones, además se les da preferencia a las personas con capacidades diferentes”, agregó la secretaria municipal de Planificación, Sandra Velarde.
“Al fin han pensado en facilitar el tránsito de una acera a otra”, expresó Rosa María Pachuri, que tiene un familiar con discapacidad
Desniveles
Según la gente de Fecrupdi, las 52 rampas en el centro deberían multiplicarse, en especial para ingresar a la plaza principal.
Norma beneficiosa
Las personas con capacidades diferentes podrán usar el espacio público de 1,30 por 1,30 m para ganarse la vida.
A la Federación Cruceña de Personas con Discapacidad (Fecrupdi) estas iniciativas no la convence, pues asegura que el gobierno municipal en ningún momento les consultó ni respondió tres pedidos que le hicieron al organismo deliberante para una audiencia pública.
Rampas
En el proyecto de remodelación y cambio de pisos en el centro de la ciudad se tiene previsto construir 52 rampas para personas con capacidades diferentes, las cuales tienen la pendiente desde el alto del cordón de la vereda, de 17,5 centímetros, según las especificaciones técnicas que se utilizan a escala internacional. Los desniveles están contemplados en las dos fases del cambio de piso de 13 manzanas del centro, cuyo costo es de Bs 7.509.752.
“De acuerdo con lo previsto, las baldosas son antideslizantes y tienen una inclinación del 10%, el ancho de acceso es de 1,20 metros”, refirió Jery Méndez, director del Centro de Patrimonio Histórico, encargado de llevar adelante la iniciativa.
“Se decidió construir las pendientes en el centro, que es la parte de la ciudad que más disfrutan los peatones, además se les da preferencia a las personas con capacidades diferentes”, agregó la secretaria municipal de Planificación, Sandra Velarde.
“Al fin han pensado en facilitar el tránsito de una acera a otra”, expresó Rosa María Pachuri, que tiene un familiar con discapacidad
Desniveles
Según la gente de Fecrupdi, las 52 rampas en el centro deberían multiplicarse, en especial para ingresar a la plaza principal.
Norma beneficiosa
Las personas con capacidades diferentes podrán usar el espacio público de 1,30 por 1,30 m para ganarse la vida.
viernes, 1 de agosto de 2014
Constitucionalistas: la ley del Notariado viola la Carta Magna
Expertos constitucionalistas afirmaron que la Ley del Notariado contradice al menos tres artículos de la Constitución Política del Estado y que el Gobierno pretende legalizar estos "vicios jurídicos” teniendo el "dominio” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El constitucionalista William Bascopé explicó que la Ley del Notariado, cuya aplicación fue suspendida por los magistrados del TCP Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, viola la independencia de los cuatro poderes del Estado.
"La Ley del Notariado señala que el Ministerio de Justicia designará a los notarios de Fe Pública. Eso sería una usurpación de funciones y violación a la independencia del Órgano Judicial”, explicó Bascopé, quien aclaró que el artículo 12 de la Constitución señala que la organización del Estado está fundamentada en la independencia.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Börth dijo que dentro de las atribuciones de los directores departamentales del Notariado –que establece la Ley del Notariado– figura la administración de un archivo de todas las escrituras que emitieron los notarios y que estará en poder del Ministerio de Justicia.
"¿Ustedes quieren que sus contratos estén a disposición del Ministerio de Gobierno? Porque estando (el archivo) en el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno sólo le bastará enviar a sus funcionarios para que tengan acceso a la documentación”, dijo Börth, y advirtió que la confidencialidad y la seguridad jurídica habrán desaparecido.
En la misma línea, el jurista orureño Iver Pereira señaló que mediante la Ley del Notariado se quiere otorgar a los notarios labores que son de competencia de jueces, como ser la definición de herencias, juicios de divorcio y otros trámites.
En ese marco, los expertos coincidieron en que la Cámara de Diputados aprobó un juicio contra las magistradas para tener "dominio” del Tribunal Constitucional y así garantizar que la Ley del Notariado sea declarado constitucional.
"Sin estas magistradas, el TCP dirá que estos artículos de la Ley del Notariado son constitucionales. Con este antecedente, no creo que exista otro magistrado que se atreva a discutir las leyes del MAS”, advirtió Börth, quien dijo que el magistrado relator de este caso es Ruddy Flores, el que fue presidente del TCP, y al que se acusa de ser afín al MAS.
Por su lado, Pereira señaló que "las magistradas emitieron la resolución en estricto apego a las leyes. El Gobierno lo que quiere es meter miedo a las autoridades judiciales para que nadie contradiga ni observe las leyes”.
Asimismo, Carlos Börth y William Bascopé afirmaron que las magistradas sí cometieron un error al haber suspendido toda la norma, pero que esa falla era subsanable, por lo que no ameritaba que sean suspendidas, mucho menos enjuiciadas.
El procurador exige explicaciones
El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez, Zoraida Chánez y Gualberto Cusi que justifiquen las razones que tuvieron para suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
"Quisiéramos escuchar una explicación coherente de lo que se les interpela jurídicamente. Las señoras magistradas se han acogido al derecho al silencio, no han dicho absolutamente nada en la declaración ante la Asamblea Legislativa”, lamentó.
Arce consideró que las autoridades del más alto tribunal de justicia del país tienen la responsabilidad de explicar sus actos y "no pueden, como un vulgar delincuente, acogerse al silencio”.
Asimismo, señaló que las magistradas tampoco pueden eludir la acción de la justicia por medio de chicanas o acciones de inconstitucionalidad.
"Deben tener la dignidad de ir y explicar ante la Cámara Alta cuál fue el fundamento y las razones de haber cometido semejante felonía jurídica”, manifestó Arce. (ABI)
El constitucionalista William Bascopé explicó que la Ley del Notariado, cuya aplicación fue suspendida por los magistrados del TCP Gualberto Cusi, Ligia Velásquez y Soraida Chánez, viola la independencia de los cuatro poderes del Estado.
"La Ley del Notariado señala que el Ministerio de Justicia designará a los notarios de Fe Pública. Eso sería una usurpación de funciones y violación a la independencia del Órgano Judicial”, explicó Bascopé, quien aclaró que el artículo 12 de la Constitución señala que la organización del Estado está fundamentada en la independencia.
Por su parte, el constitucionalista Carlos Börth dijo que dentro de las atribuciones de los directores departamentales del Notariado –que establece la Ley del Notariado– figura la administración de un archivo de todas las escrituras que emitieron los notarios y que estará en poder del Ministerio de Justicia.
"¿Ustedes quieren que sus contratos estén a disposición del Ministerio de Gobierno? Porque estando (el archivo) en el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Gobierno sólo le bastará enviar a sus funcionarios para que tengan acceso a la documentación”, dijo Börth, y advirtió que la confidencialidad y la seguridad jurídica habrán desaparecido.
En la misma línea, el jurista orureño Iver Pereira señaló que mediante la Ley del Notariado se quiere otorgar a los notarios labores que son de competencia de jueces, como ser la definición de herencias, juicios de divorcio y otros trámites.
En ese marco, los expertos coincidieron en que la Cámara de Diputados aprobó un juicio contra las magistradas para tener "dominio” del Tribunal Constitucional y así garantizar que la Ley del Notariado sea declarado constitucional.
"Sin estas magistradas, el TCP dirá que estos artículos de la Ley del Notariado son constitucionales. Con este antecedente, no creo que exista otro magistrado que se atreva a discutir las leyes del MAS”, advirtió Börth, quien dijo que el magistrado relator de este caso es Ruddy Flores, el que fue presidente del TCP, y al que se acusa de ser afín al MAS.
Por su lado, Pereira señaló que "las magistradas emitieron la resolución en estricto apego a las leyes. El Gobierno lo que quiere es meter miedo a las autoridades judiciales para que nadie contradiga ni observe las leyes”.
Asimismo, Carlos Börth y William Bascopé afirmaron que las magistradas sí cometieron un error al haber suspendido toda la norma, pero que esa falla era subsanable, por lo que no ameritaba que sean suspendidas, mucho menos enjuiciadas.
El procurador exige explicaciones
El procurador general del Estado, Héctor Arce, pidió a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez, Zoraida Chánez y Gualberto Cusi que justifiquen las razones que tuvieron para suspender la aplicación de la Ley del Notariado.
"Quisiéramos escuchar una explicación coherente de lo que se les interpela jurídicamente. Las señoras magistradas se han acogido al derecho al silencio, no han dicho absolutamente nada en la declaración ante la Asamblea Legislativa”, lamentó.
Arce consideró que las autoridades del más alto tribunal de justicia del país tienen la responsabilidad de explicar sus actos y "no pueden, como un vulgar delincuente, acogerse al silencio”.
Asimismo, señaló que las magistradas tampoco pueden eludir la acción de la justicia por medio de chicanas o acciones de inconstitucionalidad.
"Deben tener la dignidad de ir y explicar ante la Cámara Alta cuál fue el fundamento y las razones de haber cometido semejante felonía jurídica”, manifestó Arce. (ABI)
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