De las 98 leyes propuestas en el plan de gobierno 2010-2015 del Movimiento Al Socialismo (MAS), para aplicar la nueva Constitución Política del Estado (CPE), 58 no fueron promulgadas. En cambio, 40 sí se materializaron.
Página Siete efectuó un trabajo de revisión y contraste de las leyes planteadas en ese plan y las normas que se pusieron en vigencia.
El tema referido al programa de gobierno ganó relevancia debido a que el pasado viernes concluyó el plazo para que los partidos presenten ese requisito, de cara a las próximas elecciones de octubre.
De las 40 leyes promulgadas, mencionadas en el indicado programa de gobierno del MAS, 16 son orgánicas (quedan por sancionar 19), 12 son de carácter social (aún deben aprobarse 17) y otras 12 son económico-sociales (todavía quedan por ponerse en vigencia 17). Del total de las leyes relacionadas con el tema tierra y territorio (cinco), ninguna fue promulgada hasta el momento.
Entre las normas que se aprobaron están las cinco leyes fundamentales: la Ley Marco de Autonomías, la Ley del Órgano Judicial, la Ley del Régimen Electoral, la Ley del Órgano Electoral y la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional. Además de aquellas está la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la de Control Social, entre otras.
El senador oficialista René Martínez expresa que las 40 leyes promulgadas representan un "saludable avance” hacia la aplicación del nuevo texto constitucional. Respecto de las normas todavía sin sancionar, sostiene que ello obedece a la falta de tiempo.
"Las prioridades han sido aprobadas y si algunas han quedado en el camino es por razones de tiempo, por la dinámica del Gobierno, y las tareas del Legislativo que no han alcanzado su aprobación”, dijo Martínez.
Las leyes que hasta ahora no fueron promulgadas, y que forman parte del plan referido, están en esa situación debido a que se encuentran en tratamiento, observación o fueron sancionadas sólo por una de las cámaras del Legislativo, según Mendoza.
Este asambleísta explica que existen todos los anteproyectos de la totalidad de leyes del plan de gobierno del MAS, y sostiene que no todas se aprobaron hasta el momento a causa de que están todavía en tratamiento en el Legislativo.
"De acuerdo con la marcha del diseño institucional del Estado Plurinacional, hay algunas leyes que han tenido algunos ajustes y se han quedado en proyectos de ley”, asegura el parlamentario.
Entre las leyes que no fueron promulgadas están la del Órgano Legislativo Plurinacional, las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas (LOFA) y de la Policía Boliviana y la Ley de Desarrollo Integral de la Amazonia Bruno Racua. Esta última se encuentra en su tratamiento en detalle desde mayo. Respecto de la LOFA y la Ley de la Policía, ambas merecen, según el asambleísta Martínez, un tratamiento conjunto entre los interesados y los parlamentarios.
En el caso de la Ley del Órgano Ejecutivo y de la ley de procedimiento para la adquisición de la nacionalidad boliviana, ambas fueron puestas en marcha bajo la figura de decreto supremo (29894 y 216, respectivamente).
¿Más leyes declarativas?
Para el diputado del Movimiento Sin Miedo Fabián Yaksic, apenas un 10% del total de las leyes promulgadas en este periodo legislativo (2010-junio de 2014) tienen relación con la implementación de la CPE. "Y mucho de ese 10% de leyes tiene vicios de inconstitucionalidad, se han hecho de manera apresurada y, lógicamente, no han logrado implementar ni mínimamente lo que establece la CPE”, comenta Yaksic.
El asambleísta agrega que más del 50% de las leyes promulgadas en el país son de carácter protocolar y declarativas, y que la mayoría oficialista en el parlamento se subordinó a cumplir decisiones del Ejecutivo.
"Hemos debido declarar patrimonio intangible de la humanidad y de los bolivianos a todas las piedras que hemos podido encontrar, a todos los sabores, a todos los bailes (…) Es la decisión del gobierno del presidente Evo Morales darle un rol absolutamente subordinado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha desperdiciado este escenario que debió haber sido de deliberación”, arguye el parlamentario de oposición.
Hasta junio de este año, en lo que va de este periodo legislativo (2010-2014), en Bolivia se promulgaron 539 leyes, según información proporcionada por el senador oficialista Adolfo Mendoza, y que está colgada en su blog. La última ley que se promulgó, la 539, abroga la Ley 3846, que versa en la entrega de predios de la Gobernación de Tarija al municipio de Entre Ríos.
Puntos de vista
Alexis Pérez
Sociólogo
"¿Estas leyes
son aplicables?”
La pregunta es si estas leyes son aplicables, si se ha hecho un estudio de aplicabilidad. Muchas de ellas todavía quedan en la nebulosa. Se las emite pero no se las puede aplicar por muchas razones. Por eso, 40 sí, pero las otras no.
Se ha incrementado la criminalidad de manera enorme. Lo que no están viendo son las raíces de la criminalidad. Por tanto, se emiten las leyes pero no se llevan a cabo. En el caso de la violencia contra la mujer, hay que preguntarse si las normas se aplican.
En el caso Ley de la Policía, no se puede promulgar porque es bastante complicado hacerlo; hay un problema de fondo. La Policía tiene un componente social, hay que ver sus condiciones de vida, su disciplina y formación.
Iván Arias
Analista político
"Importó más
la reelección”
Lo que ocurrió en estos últimos tres años en el Gobierno, (es que) no le ha importado la gestión, sino la reelección. Es decir, ya no hay que construir país, sino construir poder. El Gobierno lo único que quiere es pensar en corto plazo para no tener problemas.
La primera ley hecha a la velocidad de un rayo fue la de Aplicación Normativa que fue para garantizar la repostulación del Presidente. El Tribunal Constitucional reaccionó de manera inmediata a la solicitud. Es decir, todo está diseñado para garantizar la repostulación del Presidente. La ley minera ha sido tratada de manera rápida para ceder a las solicitudes y peticiones del sector más importante que tiene el Gobierno en cuanto a apoyo.
domingo, 6 de julio de 2014
viernes, 4 de julio de 2014
Proyecto negligencia médica será socializado y analizado luego de receso
El tratamiento del proyecto de negligencia médica será suspendido hasta el regreso de las vacaciones parlamentarias. La diputada Betty Tejada aseguró que el proyecto aprobado será sometido a una socialización.
Tejada sostuvo que la reunión de Comisión fue suspendida a petición del presidente David Ángel Mejía Gareca. Sin embargo, sostuvo que, “de acuerdo con el procedimiento se presentará al pleno un proyecto consolidado donde se han recogido aportes técnicos, que posteriormente pasarán a la etapa de socialización”.
Asimismo dijo que para el proceso de socialización serán invitados todos los actores y sectores que no sólo conocerán y evaluarán la norma también podrán brindar algunos aportes.
Sobre la posición que asumió el Colegio Médico de Bolivia, la asambleístas sostuvo que tomaron nota de sus declaraciones públicas pero, aclaró, que en la etapa de socialización se convocará a todos los sectores de salud, incluido el Colegio Médico.
Informó que el mandato legal de la creación de un Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje se encuentra en la disposición transitoria de la ley 3131.
“Los derechos del médico son protegidos; pero ninguna actividad puede atentar contra el derecho a la vida. La Mala práctica no es una novedad. Ya se hizo un código sobre el tema hace 700 años A de C. Pero además el artículo. 39 de la CPE Nos manda a desarrollar una ley contra la negligencia”, concluyó.
El proyecto analizado tiene su base en la propuesta del diputado Richar Cordel, aunque se realizó una valoración de todas las propuestas presentadas para elaborar un documento único.
Los años de cárcel dependerán del daño provocado al paciente, víctima de negligencia médica. Los centros hospitalarios en los que se incurra en mala praxis, también serán procesados.
Tejada sostuvo que la reunión de Comisión fue suspendida a petición del presidente David Ángel Mejía Gareca. Sin embargo, sostuvo que, “de acuerdo con el procedimiento se presentará al pleno un proyecto consolidado donde se han recogido aportes técnicos, que posteriormente pasarán a la etapa de socialización”.
Asimismo dijo que para el proceso de socialización serán invitados todos los actores y sectores que no sólo conocerán y evaluarán la norma también podrán brindar algunos aportes.
Sobre la posición que asumió el Colegio Médico de Bolivia, la asambleístas sostuvo que tomaron nota de sus declaraciones públicas pero, aclaró, que en la etapa de socialización se convocará a todos los sectores de salud, incluido el Colegio Médico.
Informó que el mandato legal de la creación de un Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje se encuentra en la disposición transitoria de la ley 3131.
“Los derechos del médico son protegidos; pero ninguna actividad puede atentar contra el derecho a la vida. La Mala práctica no es una novedad. Ya se hizo un código sobre el tema hace 700 años A de C. Pero además el artículo. 39 de la CPE Nos manda a desarrollar una ley contra la negligencia”, concluyó.
El proyecto analizado tiene su base en la propuesta del diputado Richar Cordel, aunque se realizó una valoración de todas las propuestas presentadas para elaborar un documento único.
Los años de cárcel dependerán del daño provocado al paciente, víctima de negligencia médica. Los centros hospitalarios en los que se incurra en mala praxis, también serán procesados.
Aprueban en grande proyecto de Ley de Defensa de Animales
La Cámara de Diputados aprobó ayer, en su estación en grande, el proyecto de Ley General para la Defensa de los Animales que tiene por objetivo regular la protección y defensa de los animales en el país.
La norma plantea la instauración de una política general de defensa en todos los niveles de Estado. Propone proteger, prevenir y sancionar todo tipo de violencia y maltrato contra animales dentro del territorio boliviano.
Durante la jornada, la diputada proyectista María Magdalena Chuca señaló que el propósito es determinar los mecanismos para la defensa de los animales, establecer los derechos y modificar el Código Sustantivo Penal, para la inclusión de tipos penales que sancionen acciones en contra de ellos.
Respecto a las críticas al proyecto de parte de algunas organizaciones privadas, la asambleísta señaló que el desacuerdo se debe a que la norma faculta al Estado a controlar a instituciones defensoras de los animales, que reciben fondos económicos del extranjero para, precisamente, proteger a esos seres vivos.
“Se debe reconocer como seres vivos, sujetos de derechos que merecen respecto, por lo tanto necesitamos tener esta ley para defender y protegerlos”, concluyó la parlamentaria.
ACERCA DE LA LEY
Los alcances del proyecto de ley incluyen tanto a los animales silvestres como a los animales domésticos.
Las personas que maltraten a los animales serán sancionadas con penas de entre dos a tres años de reclusión, mientras que para los casos en los que un animal cause lesiones a humanos, la pena será de entre tres a cinco años. Para ambos casos, la norma prevé algunas modificaciones al Código Penal.
Asimismo, establece la obligatoriedad para que las entidades públicas y privadas de defensa de los animales realicen tareas de formulación, colaboración, elaboración e implementación de normas, planes y políticas para la defensa de los animales, y medidas y mecanismos interinstitucionales para el control o eliminación de actividades que causen daño o pongan en riesgo de extinción a la fauna silvestre y a los recursos que le sirvan de alimento, abrigo o destruyan su hábitat.
El proyecto, en su Artículo 17, incorpora cinco tipos de infracciones o sanciones: multa, pérdida de la tenencia del animal, decomiso de los objetos usados como medios de perpetración, clausura temporal o definitiva de establecimientos privados y públicos, y cancelación de licencia de funcionamiento u otro tipo de autorización.
CRÍTICA DE ORTEGA
Andrés Ortega, diputado por Convergencia Nacional, aclaró que el Estado no puede controlar dinero que no le pertenece y tampoco puede controlar la vida de los animales, “cuando el mismo estado no puede controlar ni siquiera la vida de las personas”, dijo.
“El problema es que la gente e instituciones en Bolivia que se dedican a actividades netamente privadas, no tiene porque, ni necesitan hacer política, pero se enfrenta con un gobierno que hace política de absolutamente todo, un gobierno socialista que quiere controlar a los animales, a los niños, a la gente, a todos, esa es su ideología”, declaró Ortega.
Por último, Ortega reiteró que la Ley de Protección a los Animales es una norma “malísima”, que controlará los recursos y las transacciones que realicen las instituciones privadas.
La norma plantea la instauración de una política general de defensa en todos los niveles de Estado. Propone proteger, prevenir y sancionar todo tipo de violencia y maltrato contra animales dentro del territorio boliviano.
Durante la jornada, la diputada proyectista María Magdalena Chuca señaló que el propósito es determinar los mecanismos para la defensa de los animales, establecer los derechos y modificar el Código Sustantivo Penal, para la inclusión de tipos penales que sancionen acciones en contra de ellos.
Respecto a las críticas al proyecto de parte de algunas organizaciones privadas, la asambleísta señaló que el desacuerdo se debe a que la norma faculta al Estado a controlar a instituciones defensoras de los animales, que reciben fondos económicos del extranjero para, precisamente, proteger a esos seres vivos.
“Se debe reconocer como seres vivos, sujetos de derechos que merecen respecto, por lo tanto necesitamos tener esta ley para defender y protegerlos”, concluyó la parlamentaria.
ACERCA DE LA LEY
Los alcances del proyecto de ley incluyen tanto a los animales silvestres como a los animales domésticos.
Las personas que maltraten a los animales serán sancionadas con penas de entre dos a tres años de reclusión, mientras que para los casos en los que un animal cause lesiones a humanos, la pena será de entre tres a cinco años. Para ambos casos, la norma prevé algunas modificaciones al Código Penal.
Asimismo, establece la obligatoriedad para que las entidades públicas y privadas de defensa de los animales realicen tareas de formulación, colaboración, elaboración e implementación de normas, planes y políticas para la defensa de los animales, y medidas y mecanismos interinstitucionales para el control o eliminación de actividades que causen daño o pongan en riesgo de extinción a la fauna silvestre y a los recursos que le sirvan de alimento, abrigo o destruyan su hábitat.
El proyecto, en su Artículo 17, incorpora cinco tipos de infracciones o sanciones: multa, pérdida de la tenencia del animal, decomiso de los objetos usados como medios de perpetración, clausura temporal o definitiva de establecimientos privados y públicos, y cancelación de licencia de funcionamiento u otro tipo de autorización.
CRÍTICA DE ORTEGA
Andrés Ortega, diputado por Convergencia Nacional, aclaró que el Estado no puede controlar dinero que no le pertenece y tampoco puede controlar la vida de los animales, “cuando el mismo estado no puede controlar ni siquiera la vida de las personas”, dijo.
“El problema es que la gente e instituciones en Bolivia que se dedican a actividades netamente privadas, no tiene porque, ni necesitan hacer política, pero se enfrenta con un gobierno que hace política de absolutamente todo, un gobierno socialista que quiere controlar a los animales, a los niños, a la gente, a todos, esa es su ideología”, declaró Ortega.
Por último, Ortega reiteró que la Ley de Protección a los Animales es una norma “malísima”, que controlará los recursos y las transacciones que realicen las instituciones privadas.
jueves, 3 de julio de 2014
Diputados aprueban y sancionan Ley Código Niña, Niño y Adolescente
Con la garantía de que los menores gozarán del ejercicio pleno de sus derechos, para su desarrollo integral y el cumplimiento de sus deberes, anoche fue aprobada y sancionada, por la Cámara de Diputados la Ley 321/2013-2014 Código Niña, Niño y Adolescente.
La Cámara de Diputados aprobó y sancionó la noche de este miércoles, por mayoría absoluta, el proyecto de Ley 321/2013-2014 Código Niña, Niño y Adolescente, que garantiza a estos menores el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y el cumplimiento de sus deberes. Esta norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Esta norma establece que se aplicará la misma a niñas y niños desde su concepción hasta los 12 años cumplidos y a adolescentes desde los 12 a 18 años cumplidos.
Establece los derechos de los menores en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial. En estos casos, la familia, la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, deberán garantizar medios y recursos para la detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación y cuidado de su salud.
Dentro de las modificaciones se incluyen también obligaciones en el proceso de adopción, velando por el interés superior de la niña, niño o adolescente, debiendo los servidores públicos y personal de instituciones privadas actuar con celeridad, integridad ética y sin discriminación alguna.
Señala que estos menores tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral.
Se fija como edad mínima para trabajar, 14 de edad y excepcionalmente las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación.
La madre, el padre o tutores deben garantizar a la niña, niño y adolescente trabajador el acceso y permanencia en el sistema educativo, un horario especial y las condiciones necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento.
Se sancionará con pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años; cuando el hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño; o cuando haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte, por parte del mismo agresor.
Por otra parte, el Código establece que el o la adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificadas como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto.
Serán imputables los adolescentes a partir de 14 años y menores de 18 años, sindicados por la comisión de hechos tipificados como delitos. La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal.
Esta última determinación ocasionó que varias instituciones incluidas del Defensor del Pueblo la observen y pidan que se excluya de la norma y se mantenga la edad de 16 años como edad imputable.
La Cámara de Diputados aprobó y sancionó la noche de este miércoles, por mayoría absoluta, el proyecto de Ley 321/2013-2014 Código Niña, Niño y Adolescente, que garantiza a estos menores el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y el cumplimiento de sus deberes. Esta norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Esta norma establece que se aplicará la misma a niñas y niños desde su concepción hasta los 12 años cumplidos y a adolescentes desde los 12 a 18 años cumplidos.
Establece los derechos de los menores en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial. En estos casos, la familia, la sociedad y el Estado, en todos sus niveles, deberán garantizar medios y recursos para la detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación y cuidado de su salud.
Dentro de las modificaciones se incluyen también obligaciones en el proceso de adopción, velando por el interés superior de la niña, niño o adolescente, debiendo los servidores públicos y personal de instituciones privadas actuar con celeridad, integridad ética y sin discriminación alguna.
Señala que estos menores tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral.
Se fija como edad mínima para trabajar, 14 de edad y excepcionalmente las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación.
La madre, el padre o tutores deben garantizar a la niña, niño y adolescente trabajador el acceso y permanencia en el sistema educativo, un horario especial y las condiciones necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento.
Se sancionará con pena de presidio de 30 años, sin derecho a indulto, a quien mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años; cuando el hecho se haya producido en situación de vulnerabilidad de la niña o niño; o cuando haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, con anterioridad a la muerte, por parte del mismo agresor.
Por otra parte, el Código establece que el o la adolescente que incurra en la comisión de conductas punibles tipificadas como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto.
Serán imputables los adolescentes a partir de 14 años y menores de 18 años, sindicados por la comisión de hechos tipificados como delitos. La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal.
Esta última determinación ocasionó que varias instituciones incluidas del Defensor del Pueblo la observen y pidan que se excluya de la norma y se mantenga la edad de 16 años como edad imputable.
Empresarios privados Reciben anteproyecto de Ley de Arbitraje
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) recibió ayer el anteproyecto de Ley de Arbitraje y Conciliación de parte de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Justicia.
"Es el momento de iniciar este trabajo conjunto para fortalecer el sistema de solución de controversias que se ha desarrollado en nuestro país desde la promulgación de la Ley 1770”, señaló ayer el vicepresidente de la CEPB, Ronald Nostas.
Citó también que los casos de arbitraje en muchos casos fueron dirigidos por el propio sector privado, mediante la diversidad de centros de conciliación y arbitraje de las cámaras afiliadas al sector, que dan una salida alternativa a la administración tradicional de justicia.
Afirmó que la norma es importante para el sector empresarial productivo y mucho más para el Estado, al que particularmente le interesa proteger, promover y procurar inversiones no sólo nacionales, sino también extranjeras.
Es obligación del sector coordinar estas iniciativas a nivel técnico para lograr un consenso y enriquecer la normativa, dijo Nostas.
Durante la entrega del documento sobre arbitrajes y conciliación, las autoridades gubernamentales ratificaron la intención del Estado no sólo de socializar la norma, sino de permitir la participación de diferentes actores en esta tarea, como el sector privado, para continuar construyendo iniciativas de manera conjunta.
"Es el momento de iniciar este trabajo conjunto para fortalecer el sistema de solución de controversias que se ha desarrollado en nuestro país desde la promulgación de la Ley 1770”, señaló ayer el vicepresidente de la CEPB, Ronald Nostas.
Citó también que los casos de arbitraje en muchos casos fueron dirigidos por el propio sector privado, mediante la diversidad de centros de conciliación y arbitraje de las cámaras afiliadas al sector, que dan una salida alternativa a la administración tradicional de justicia.
Afirmó que la norma es importante para el sector empresarial productivo y mucho más para el Estado, al que particularmente le interesa proteger, promover y procurar inversiones no sólo nacionales, sino también extranjeras.
Es obligación del sector coordinar estas iniciativas a nivel técnico para lograr un consenso y enriquecer la normativa, dijo Nostas.
Durante la entrega del documento sobre arbitrajes y conciliación, las autoridades gubernamentales ratificaron la intención del Estado no sólo de socializar la norma, sino de permitir la participación de diferentes actores en esta tarea, como el sector privado, para continuar construyendo iniciativas de manera conjunta.
miércoles, 2 de julio de 2014
Inician tratamiento para Ley de Negligencia Médica
La Comisión Integrada de la Asamblea Legislativa iniciará hoy el tratamiento del proyecto de Ley Negligencia Médica toda vez que no hubo consenso con el sector de los galenos, informó la presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Betty Tejada.
La asambleísta sostuvo que hoy se dará inició nuevamente al debate y análisis de la norma que urge en el Sistema de Salud, con la finalidad de evitar la impunidad de los casos de negligencia médica.
“Es uno de los temas que serán considerados, no hay que dar la excusa de que no hay presupuesto y tenemos que cuidar la institucionalidad tenemos un Ministerio de Justicia que cuenta un Viceministerio en favor a los derechos humanos que se debe normar”, dijo.
A su vez, sostuvo que hoy “comenzará el tratamiento con la finalidad de aprobar la norma y que no sea una más, se trata del derecho a la vida”. La Comisión que debate el Anteproyecto de Ley contra la Negligencia Médica contempló en uno de los artículos, la creación del Defensor del Paciente, que estaría a cargo del Ministerio de Justicia.
Resaltó que se debe conocer a cabalidad cuáles son las normativas de negligencia médica y qué sanciones se aplicarán contra el ente responsable. Informó que el sector médico no participó.
La asambleísta sostuvo que hoy se dará inició nuevamente al debate y análisis de la norma que urge en el Sistema de Salud, con la finalidad de evitar la impunidad de los casos de negligencia médica.
“Es uno de los temas que serán considerados, no hay que dar la excusa de que no hay presupuesto y tenemos que cuidar la institucionalidad tenemos un Ministerio de Justicia que cuenta un Viceministerio en favor a los derechos humanos que se debe normar”, dijo.
A su vez, sostuvo que hoy “comenzará el tratamiento con la finalidad de aprobar la norma y que no sea una más, se trata del derecho a la vida”. La Comisión que debate el Anteproyecto de Ley contra la Negligencia Médica contempló en uno de los artículos, la creación del Defensor del Paciente, que estaría a cargo del Ministerio de Justicia.
Resaltó que se debe conocer a cabalidad cuáles son las normativas de negligencia médica y qué sanciones se aplicarán contra el ente responsable. Informó que el sector médico no participó.
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