Las principales demandas del sector son la exención tributaria, promoción y un seguro social.
El Consejo Departamental de Culturas y Artes de La Paz (Codeca) presentó el pasado martes el anteproyecto de Ley del Artista, que tiene el propósito de resguardar los derechos de todos los artistas bolivianos "en los ámbitos de protección, política exterior y reconocimiento estatal, difusión y promoción, formación y capacitación, seguridad social, relación laboral y exención tributaria", según expone el mismo documento difundido por la Cámara Baja tras su recepción.
Puntos principales. El presidente de la Comisión que elaboró el documento, Gonzalo Quintanilla, explicó que el anteproyecto es una necesidad de los artistas que refleja sus preocupaciones, ya que éstos no gozan de un amparo legal en el país. "Los artistas no existen para el Estado y en este momento es necesario que exista un marco legal que los proteja, que los pueda promocionar y que pueda hacer respetar sus derechos", afirmó.
Según explicó, el tratamiento legislativo estará acompañado por una mesa técnica representada por artistas representantes del Sindicato Boliviano de Artistas, la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutores de Música (ABAIEM), la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom), la Asociación Boliviana de Actores (ABDA), SAMI, y el Consejo Nacional de Cine (Conacine) para trabajar con la comisión legislativa correspondiente.
Quintanilla señaló que el proyecto requiere de socialización para que los diferentes sectores puedan "alimentar, criticar, observar, robustecer este proceso legislativo". Para la presentación oficial, Quintanilla estuvo acompañado de artistas destacados como el actor David Santalla, quien manifestó que otra de las preocupaciones del gremio era lograr el reconocimiento profesional de los artistas mediante la capacitación y entrega de un título que acredite su solvencia profesional.
jueves, 20 de marzo de 2014
miércoles, 19 de marzo de 2014
Prevén aprobar hoy Ley de Expropiación
El Concejo Municipal apunta a aprobar hoy en todas sus estaciones el proyecto de Ley de Expropiaciones, el cual da un plazo de dos años al Gobierno Municipal de La Paz para efectuar el pago de la indemnización a los dueños de los predios que sean enajenados, informó su presidente, Omar Rocha.
“Mañana (hoy) vamos a terminar de realizar el tratamiento del proyecto. El documento, de 39 artículos, fue aprobado en grande, de los cuales 17 ya fueron avalados en su estación en detalle”, señaló.
Según Rocha, la municipalidad arrastra hasta la fecha aproximadamente 70 casos de expropiaciones que no se han pagado, pese a que los predios ya fueron utilizados por la Alcaldía.
Con la norma se busca mejorar los procedimientos que se efectúan actualmente al amparo de la Ley de Expropiaciones del 30 de diciembre de 1884 y la Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999.
El documento fue presentado y aprobado en grande hace un año. Su tratamiento fue demorado para buscar consenso sobre su contenido.
La Razón intentó contactar a la secretaria del Concejo, Gabriela Niño de Guzmán, y al director Jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, para conocer si la normativa había sido consensuada, pero ninguno respondió su teléfono móvil. La normativa, proyectada por Rocha, prevé en sus artículos 27 y 28 incorporar la indemnización por el uso del subsuelo y sobresuelo, detalle que, según el concejal, será incorporado a través de un procedimiento especial según el análisis de cada caso.
“El Estado tiene la obligación de respetar la propiedad privada y lo que se busca es que cuando haya una expropiación, se proceda a compensar a los afectados antes de que se realicen las obras”, recalcó el concejal.
El proyecto de ley minera es observado por gobernaciones
El Proyecto de Ley de Minería, entregado el lunes al presidente Evo Morales, ya tiene la observación de las gobernaciones de Potosí y Oruro en el tema regalitario, pues si la norma se aprueba tal cual está en el Órgano Legislativo, recibirán 80% y no así 85% que perciben hoy en día.
Así lo informó ayer a La Razón el diputado Jaime Medrano Veizaga del Comité de Minería de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados. El texto entregado a Morales la mañana del lunes también fue entregado por la tarde a esa comisión, añadió.
“Hubo por lo menos observaciones por parte de las gobernaciones (de Potosí y Oruro) y otros actores más por lo menos nosotros vamos a citar (para hoy) a los sectores mineros y a autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia para tomar en cuenta esos criterios”, aseguró.
La reunión de la comisión está prevista para las 11.00 y allí se analizarán los 241 artículos de la norma, sus disposiciones finales y transitorias que serán explicados por una autoridad de la cartera del sector.Porcentajes. El proyecto de Ley de Minería a tratar establece que el 80% de la regalía minera se destinará a los gobiernos autónomos departamentales, el 15% a los gobiernos municipales y el restante 5% al Tesoro General de la Nación (TGN).
Del 80% asignado a las gobernaciones, el 10% se destinará para las actividades de prospección y exploración minera en el respectivo departamento a cargo del Servicio Geológico Minero Metalúrgico (Sergeomin), a la que le transferirán directamente dicho porcentaje.
El presupuesto departamental garantizará los derechos de participación prioritaria de las naciones y pueblos indígenas originario campesino de las regiones mineras en las que se exploten los minerales.
El artículo 235 del proyecto establece que para la liquidación de la regalía minera, en cada operación de venta o exportación, se aplicará sobre la base de cálculo establecida y la alícuota determinada por el artículo 234 y el Reglamento en materia de regalía minera, que determinará los procedimientos de liquidación, retención y pago.
La Ley 3787 del Régimen Regalitario e Impositivo Minero, del 24 de noviembre de 2007, establece en su artículo 100 que el importe recaudado por Regalía Minera se repartirá de la siguiente manera: 85% para la prefectura departamental (ahora gobernaciones) productora.
La Ley 3787 vigente aún, añade que del 85%, el 10% será utilizado para la prospección y exploración, reactivación productiva y monitoreo ambiental en el sector minero con entidades especializadas.
La norma vigente aún señala que el 15% restante será destinado a gobernaciones y de esta cantidad el 85% a la inversión pública.
El lunes, el Jefe del Estado felicitó a los sectores mineros por el consenso para la redacción del proyecto de Ley de Minería y pidió a los asambleístas no cambiar nada “sino aprobar” lo que ya se acordó, pero además ser vigilantes del texto por si algún legislador intenta cambiarlo. Señaló que como hubo acuerdos no tardarán “ni tres días” para aprobar el documento.
Medrano indicó que dejarán pasar el tiempo que se necesite para aprobar la norma entregada a Diputados.
Porcentaje a pagar por trabajos
Patente Los montos recaudados por concepto de patente minera por prospección, exploración y explotación se distribuirán así: 60% para la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y 40% para el Servicio Geológico Minero (Sergeomin).
Funcionarios no podrán adquirir derechos
El artículo 30 del proyecto de ley minera, referido a las prohibiciones, indica que los funcionarios públicos no podrán adquirir ni obtener derechos mineros, personalmente o a través de intermediarios, mientras ejerzan sus funciones, bajo sanción de nulidad en el país. Entre estos funcionarios públicos están el Presidente y Vicepresidente del Estado, senadores y diputados, ministros de Estado, viceministros, directores generales, gobernadores de departamentos, asambleístas departamentales, servidores públicos y consultores del Ministerio de Minería y Metalurgia y del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas; de las entidades, empresas y corporaciones del Estado que tengan relación con actividades mineras, ministros, magistrados, jueces y fiscales del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, departamentales y regionales de la jurisdicción minera, servidoras y servidores de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entre otros.
La ‘nacionalización’ fue excluida de la nueva Ley de Inversiones
La Ley de Promoción de Inversiones fue aprobada ayer en su estación en detalle en la Cámara de Diputados. De la redacción original fue eliminado, a petición de la bancada del MAS, el artículo 27 referido a las nacionalizaciones de empresas.
El artículo anulado del proyecto de ley establecía garantías jurídicas a las inversiones empresariales en el país a partir de la norma. Pero indicaba que el Estado procedería con la nacionalización solo “por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”.
La solicitud de la bancada del MAS se fundamentó en que no “era necesario considerarlo porque ya estaba establecido en la Constitución Política del Estado”, manifestó durante su participación la jefa de bancada del partido gobernante, Flora Aguilar.
Esta posición fue cuestionada por la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, quien se opuso a la exclusión del artículo debido a que con esta decisión “se eliminaría la seguridad jurídica a las inversiones privadas”.
Sin embargo en la votación, más de dos tercios del pleno de diputados votaron por la exclusión del mencionado artículo.
La Ley de Promoción de Inversiones tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico del país a través de un marco jurídico; esta normativa abrogará la Ley de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994.
La norma fue proyectada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Por eso, la semana pasada la ministra Viviana Caro informó que en aquélla se incluyeron las sugerencias que presentaron sectores como el de los empresarios privados. Además, para la redacción, una comisión de legisladores, incluido el ministerio, sostuvo reuniones con representantes diplomáticos de otros países.
Nueva ley de inversiones
abrogaciónLa normativa abroga las leyes de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994. Tras su aprobación en Diputados fue remitida a la Cámara Alta.
martes, 18 de marzo de 2014
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Prevén aprobar 18 leyes los próximos seis meses
El primer secretario de la Cámara de Diputados, Javier Zabaleta, informó ayer que esa instancia legislativa apunta a aprobar 18 leyes en el primer semestre de la gestión 2014-2015.
“Son 18 las leyes que estamos en condiciones de aprobar hasta el primer semestre, antes del receso; para el segundo semestre hay otras listas, pero todavía está pendiente una última revisión entre los presidente de ambas cámaras”, indicó.
Detalló que las normas que están previstas trabajar antes del receso son el proyecto de ley del Sistema Asociativo Municipal, de Mancomunidades, de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa, de Exportaciones, del Sistema de Planificación Integral del Estado, de Inversiones, de la Región Metropolitana de Cochabamba y de Minería y Metalurgia.
Además de los proyectos de ley de Emergencias para la Atención de Desastres, el Código niño, niñas y adolescente, Código de Familia, norma Marco de Agua para la Vida, de Catastro Rural, Ley de Pesca, de Patrimonio cultural o de Culturas, de Cinematografía y Artes Visuales, del Órgano Legislativo y la de Donaciones y Trasplante de Órganos.
Zabaleta explicó que se dará prioridad a las leyes que ya tienen avance en el Legislativo.
“Son 18 las leyes que estamos en condiciones de aprobar hasta el primer semestre, antes del receso; para el segundo semestre hay otras listas, pero todavía está pendiente una última revisión entre los presidente de ambas cámaras”, indicó.
Detalló que las normas que están previstas trabajar antes del receso son el proyecto de ley del Sistema Asociativo Municipal, de Mancomunidades, de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa, de Exportaciones, del Sistema de Planificación Integral del Estado, de Inversiones, de la Región Metropolitana de Cochabamba y de Minería y Metalurgia.
Además de los proyectos de ley de Emergencias para la Atención de Desastres, el Código niño, niñas y adolescente, Código de Familia, norma Marco de Agua para la Vida, de Catastro Rural, Ley de Pesca, de Patrimonio cultural o de Culturas, de Cinematografía y Artes Visuales, del Órgano Legislativo y la de Donaciones y Trasplante de Órganos.
Zabaleta explicó que se dará prioridad a las leyes que ya tienen avance en el Legislativo.
lunes, 17 de marzo de 2014
Arce: Ley de Inversiones otorga seguridad jurídica a empresarios nacionales e inversores extranjeros
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, afirmó hoy que el proyecto de Ley de Inversiones, que se debate en la Cámara Baja, otorgará seguridad jurídica a empresarios privados nacionales e inversores extranjeros.
A su juicio, la norma se enmarca en la Constitución Política del Estado que, en el artículo 320, establece que toda la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera y fija que la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas.
"Además de garantizar las inversiones extranjeras de manera clara y real, también se está protegiendo a los empresarios bolivianos que tienen o realicen inversiones en el territorio nacional. Con esta ley, el Estado otorga seguridad jurídica a los privados nacionales e inversores extranjeros y la relación del Estado", subrayó.
Agregó que las inversiones extranjeras se realizarán en condiciones de "independencia, respeto mutuo y equidad".
"No se podrá otorgar al Estado o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos", respaldó.
Arce recordó que Bolivia es independiente en todas las decisiones de política económica interna, "y no acepta imposiciones ni condicionamientos sobre esa política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales'.
En ese marco, calificó de "histórica" la redacción y socialización de esa norma que -a su juicio- "nunca antes en la historia del Congreso Nacional se socializó una ley de estas características antes de su aprobación".
"Se recogió las propuestas y se escuchó ampliamente a los representantes diplomáticos de países con representación en Bolivia y a todo el sector empresarial boliviano; de ahí que se tendrá una ley de amplio consenso que entrará en vigencia gracias al aporte de todos y cada uno de los asambleístas y los directos interesado en una norma como ésta que garantiza las inversiones extranjeras y de los propios bolivianos", fundamento.
El debate en detalle del proyecto de Ley de Inversiones será retomado el martes por el pleno de la Cámara Baja.
A su juicio, la norma se enmarca en la Constitución Política del Estado que, en el artículo 320, establece que toda la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera y fija que la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas.
"Además de garantizar las inversiones extranjeras de manera clara y real, también se está protegiendo a los empresarios bolivianos que tienen o realicen inversiones en el territorio nacional. Con esta ley, el Estado otorga seguridad jurídica a los privados nacionales e inversores extranjeros y la relación del Estado", subrayó.
Agregó que las inversiones extranjeras se realizarán en condiciones de "independencia, respeto mutuo y equidad".
"No se podrá otorgar al Estado o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos", respaldó.
Arce recordó que Bolivia es independiente en todas las decisiones de política económica interna, "y no acepta imposiciones ni condicionamientos sobre esa política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales'.
En ese marco, calificó de "histórica" la redacción y socialización de esa norma que -a su juicio- "nunca antes en la historia del Congreso Nacional se socializó una ley de estas características antes de su aprobación".
"Se recogió las propuestas y se escuchó ampliamente a los representantes diplomáticos de países con representación en Bolivia y a todo el sector empresarial boliviano; de ahí que se tendrá una ley de amplio consenso que entrará en vigencia gracias al aporte de todos y cada uno de los asambleístas y los directos interesado en una norma como ésta que garantiza las inversiones extranjeras y de los propios bolivianos", fundamento.
El debate en detalle del proyecto de Ley de Inversiones será retomado el martes por el pleno de la Cámara Baja.
Evo presenta proyecto concertado para nueva ley minera
El mandatario destacó que la nueva normativa, que tiene 241 artículos, fue trabajada por los cuatro sectores de manera consensuada, y por ello pidió a los congresistas que no introduzcan cambios en el documento que pasará de inmediato a una comisión de diputados.
La minería en Bolivia sufrió una desaceleración a la espera de la nueva norma, que no incluye disposiciones tributarias para el sector porque ese aspecto se definirá en una ley financiera, explicaron los empresarios de este sector durante la presentación de la normativa.
Los mineros de empresas privadas destacaron que la ley permitirá trabajar en el gran potencial geológico de Bolivia, país que tiene altiplano en medio de dos grandes cordilleras, además de sus valles y tierras bajas, ricas en minerales.
Uno de los dirigentes de los trabajadores mineros del Estado, Miguel Pérez, recomendó que el Ministerio de Economía aplique los impuestos necesarios a todos los actores del sector.
Los obreros estatales han sido críticos con las cooperativas mineras porque consideran ínfimo el aporte que éstas pretenden hacer a las arcas estatales, de solo un 1 % sobre el valor de su producción.
La nueva ley, que reemplazará al Código de Minería vigente desde 1997, establecerá además que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dirigirá al menos seis compañías subsidiarias.
En 2013, las exportaciones mineras de Bolivia sumaron 3.038 millones de dólares, lo que representan una cuarta parte de los 12.042 millones de dólares sumados en total ese año por las ventas al exterior.
La minería en Bolivia sufrió una desaceleración a la espera de la nueva norma, que no incluye disposiciones tributarias para el sector porque ese aspecto se definirá en una ley financiera, explicaron los empresarios de este sector durante la presentación de la normativa.
Los mineros de empresas privadas destacaron que la ley permitirá trabajar en el gran potencial geológico de Bolivia, país que tiene altiplano en medio de dos grandes cordilleras, además de sus valles y tierras bajas, ricas en minerales.
Uno de los dirigentes de los trabajadores mineros del Estado, Miguel Pérez, recomendó que el Ministerio de Economía aplique los impuestos necesarios a todos los actores del sector.
Los obreros estatales han sido críticos con las cooperativas mineras porque consideran ínfimo el aporte que éstas pretenden hacer a las arcas estatales, de solo un 1 % sobre el valor de su producción.
La nueva ley, que reemplazará al Código de Minería vigente desde 1997, establecerá además que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dirigirá al menos seis compañías subsidiarias.
En 2013, las exportaciones mineras de Bolivia sumaron 3.038 millones de dólares, lo que representan una cuarta parte de los 12.042 millones de dólares sumados en total ese año por las ventas al exterior.
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