Una comisión de alto nivel del Viceministerio de Planificación verificó el avance de los asentamientos ilegales por encima del límite urbanizable del Parque Nacional Tunari (PNT), establecido en la cota 2.750 (msnm). La misma concluyó que es necesario frenar las construcciones sobre el área protegida. Pero, también, pretende regularizar las construcciones establecidas hace más de cinco años, informó el asesor de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana Kanata, Omar Fernández.
“De acuerdo a la Ley 247 esas urbanizaciones se van a regularizar. La ley es clara y señala que todas las urbanizaciones que han tenido un uso de vivienda por más de cinco años van a regularizar su derecho propietario, pero, respetando las áreas agrícolas”, sostuvo Fernández.
Se sabe que la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario se aplica sólo en zonas urbanas. En el área del Parque Nacional Tunari hasta ahora los procesos de saneamiento se han realizado a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que prioriza el cumplimiento de la función económica social.
Actualmente, está en marcha el análisis de modificación de la Ley 1262 de Límites del PNT. La definición sobre este aspecto fue postergada hasta octubre por el ministro de Medio Ambiente, Marco Antonio Zamora, porque se considera que el parque es un tema “sensible”. La revisión de la norma se inició, después, de que Ayopaya se movilizó y expresó su intención de dejar de pertenecer al PNT.
Plan de manejo
El Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) lanzaron la convocatoria a “Manifestaciones de expresiones de interés para la elaboración del plan de manejo para el Parque Nacional Tunari”. El mismo será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través de la Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/FT-12808-BO.
El Sernap, como organismo ejecutor, instó a las universidades, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación y organizaciones similares a presentar cartas de intención.
DATOS DEL PARQUE Y DEL PLAN DE MANEJO
El Centro de Levantamientos Aeroespaciales y Aplicaciones SIG de la Universidad Mayor de San Simón (CLAS-UMSS) reveló que existen 4.568 lotes sobre la cota 2.750 considerada la principal zona de recarga acuífera del departamento.
Del total, el 65 por ciento (2.963) no cuenta con registro catastral y el 35 (1.573) tiene documentos. A ello se suma que Cercado ha invadido 198 hectáreas del PNT, Tiquipaya 67 y Sacaba 53.
El director del PNT dependiente del Sernap, José Cruz Pardo, informó que la propuesta del plan de manejo incluirá siete programas: de gestión financiera, educación ambiental, protección, manejo de recursos naturales, turismo, investigación científica y monitoreo y gestión social. Éste deberá concluirse en un año.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) garantizó hace dos años un presupuesto de 150.000 dólares para su elaboración del plan.
MUNICIPIOS DEBEN “DESMANCHAR” CULTIVOS
Gestionan respeto a los enclaves agrícolas
El asesor de Gestión y Desarrollo de la Región Metropolitana Kanata, Omar Fernández, informó que la comisión de alto nivel, conformada por los viceministerios de Planificación y Tierras, sectores agrícolas, alcaldías, acordó suscribir convenios para respetar las zonas agrícolas y los enclaves productivos.
“Se quedó en claro con los sectores urbanos y agropecuarios como en cacho. Lo que es agrario se respeta y lo que ya es urbano, donde la vivienda fue utilizada por más de cinco años, también se respeta como ampliación de mancha urbana “, enfatizó.
Añadió que en Cercado se establecieron convenios con Valle Hermoso, Tamborada, K’ara K’ara y Arumani. Hoy se tiene previsto trabajar con Quillacollo. Entretanto, que la siguiente semana se iniciarán las inspecciones en Sipe Sipe, Tiquipaya y Colcapirhua.
Una vez que se consoliden los consensos establecidos, los municipios deberán “desmanchar” las áreas agrícolas convertidas en urbanas a través de instrumentos normativos complementarios. Estos permitirán “acelerar” los procesos de homologación de las manchas urbanas al igual que la regularización del derecho propietario establecido en la Ley 247.
Sólo en los municipios de Cercado, Vinto y Quillacollo se prevé que cerca de 2.000 hectáreas de áreas productivas y enclaves productivos sean protegidas de las manchas urbanas, en el marco del Decreto Supremo 1809. La cantidad de hectáreas que se requieren proteger en el área metropolitana llegan a 9.000, desde Sacaba hasta Sipe Sipe. En las últimas semanas los productores agrícolas del norte y sur de la ciudad se han movilizado para pedir respeto de sus tierras.
viernes, 30 de mayo de 2014
jueves, 29 de mayo de 2014
Promulgaron Ley de Minería
El presidente en ejercicio del Estado, Álvaro García, promulgó ayer la nueva Ley de Minería y Metalurgia en un acto masivo en las instalaciones de la Gobernación de Oruro, donde aseguró que la normativa “permitirá potenciar la minería estatal”.
La normativa establece en su Artículo 151 que todo contrato entre una empresa privada transnacional y nacional con una cooperativa minera solo será legal cuando cuente con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Hemos hecho una ley con olor a mina, atrás queda el olor aristocrático del perfume de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy con el presidente Evo entran en la historia con sello de oro, (porque) es la primera ley minera hecha por los propios actores mineros”, dijo en su discurso a los cientos de cooperativistas presentes en el acto de promulgación.
En el acto estuvieron presentes los presidentes de Diputados y Senado, Marcelo Elío y Eugenio Rojas, respectivamente. García Linera afirmó que a diferencia de la anterior ley minera, la nueva norma fue elaborada junto a los trabajadores mineros.
“La Ley de Minería de 1997 que entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros, que marginaba al sistema cooperativo, hizo para que no haya minería estatal”, sostuvo.
La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La normativa establece en su Artículo 151 que todo contrato entre una empresa privada transnacional y nacional con una cooperativa minera solo será legal cuando cuente con el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Hemos hecho una ley con olor a mina, atrás queda el olor aristocrático del perfume de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy con el presidente Evo entran en la historia con sello de oro, (porque) es la primera ley minera hecha por los propios actores mineros”, dijo en su discurso a los cientos de cooperativistas presentes en el acto de promulgación.
En el acto estuvieron presentes los presidentes de Diputados y Senado, Marcelo Elío y Eugenio Rojas, respectivamente. García Linera afirmó que a diferencia de la anterior ley minera, la nueva norma fue elaborada junto a los trabajadores mineros.
“La Ley de Minería de 1997 que entregaba todos los recursos del Estado a los extranjeros, que marginaba al sistema cooperativo, hizo para que no haya minería estatal”, sostuvo.
La ley establece además que 1.500 nuevos contratos mineros deben ser revisados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
miércoles, 28 de mayo de 2014
Ley 348 sin reglamento
Según la diputada Ana Sempertegui, la falta de reglamentación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348) impide la coordinación entre varias instancias, haciendo que esta importante normativa solo sea aplicada de manera parcial.
Sempertegui señala que a falta de esta reglamentación, por ejemplo, no se ha logrado que la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (Felcv) funcione como manda la 348. otro ejemplo es la no coordinación entre otras instituciones, como son las gobernaciones, municipios, que mediante sus instancias operativas, deben crear los hogares de acogida, donde las víctimas de violencia deben ser atendidas para reestablecerse del daño físico y psicológico que hayan sufrido.
La reglamentación, hasta donde se sabe, está a cargo del Ministerio de Justicia que ha informado, que aún no se ha terminado el documento.
Sempertegui señala que a falta de esta reglamentación, por ejemplo, no se ha logrado que la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (Felcv) funcione como manda la 348. otro ejemplo es la no coordinación entre otras instituciones, como son las gobernaciones, municipios, que mediante sus instancias operativas, deben crear los hogares de acogida, donde las víctimas de violencia deben ser atendidas para reestablecerse del daño físico y psicológico que hayan sufrido.
La reglamentación, hasta donde se sabe, está a cargo del Ministerio de Justicia que ha informado, que aún no se ha terminado el documento.
martes, 27 de mayo de 2014
Ley de consulta previa
Se entregó días atrás en acto especial al Primer Mandatario para que ésta autoridad transfiera al Poder Legislativo, el anteproyecto de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, un complemento específico para viabilizar en todos los casos que fuesen necesarios, la autorización de los sectores originarios, indígenas y campesinos cuando deban realizarse trabajos exploratorios para determinar la existencia de yacimientos hidrocarburíferos o minerales en áreas del sector rural.
Se mencionó que la elaboración del proyecto es resultado del trabajo en el que participaron más de 4.000 representantes de organizaciones de base del sector originario y campesinos, algunas ONG,s y personeros de ocho ministerios que trabajaron año y medio en consensuar un documento que ahora será analizado en la Asamblea Legislativa.
Cuando se habla de la "consulta previa", se entiende que si bien la Carta Magna especifica que los pueblos originarios deben ser consultados mediante procedimientos apropiados cuando exista la necesidad de encarar proyectos susceptibles de afectar su territorio y modo de vida, en el caso presente al que nos referimos, con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables se espera asimismo llegar a un entendimiento para no alterar las condiciones de hábitat en determinadas comunidades.
A propósito del tema el propio Mandatario de la Nación, que ya en otras ocasiones expresó su punto de vista sobre el particular, reiteró en el acto de recepción del anteproyecto que "es necesario no solo que el Legislativo apruebe cuanto antes la norma, sino también que los procesos de consulta sean igualmente expeditos, dado que de no ser así los proyecto de desarrollo particularmente en infraestructura y explotación de recursos naturales, podrían verse postergados".
Esa aclaración oportuna recuerda algunos problemas que se presentaron tiempo atrás con la oposición al desarrollo de tareas exploratorias de pozos petrolíferos en algunas comunidades del sector oriental, que evidentemente retrasaron actividades importantes, ya planificadas y respaldadas con buen financiamiento que posteriormente dieron resultados positivos para su desarrollo.
Recientemente dirigentes del sector minero empresarial minero privado, tocaron el tema de la "consulta previa", explicando que existen muchas trabas para encarar nuevos proyectos, añadiendo que como reacción de los sectores originarios se producen los avasallamientos con serios daños a la propiedad privada y la economía y seguridad de inversionistas.
Dadas esas condiciones se hace necesario que los legisladores tomen en cuenta una serie de hechos que se han producido en el proceso de cumplir las recomendaciones de la consulta previa, pese a que las definiciones no tienen "carácter vinculante" representan un perjuicio en el desarrollo de proyectos que entre otras cosas son de beneficio colectivo, entendiendo que la misma CPE, establece que los recursos naturales son propiedad de los bolivianos, por lo mismo que su explotación racional, es un derecho de la comunidad boliviana.
Trabajo delicado que merece alta responsabilidad para responder a expectativa de los comunarios pero al mismo tiempo de responder a las necesidades de encarar proyectos cuya viabilidad es objetiva en provecho colectivo.
Se mencionó que la elaboración del proyecto es resultado del trabajo en el que participaron más de 4.000 representantes de organizaciones de base del sector originario y campesinos, algunas ONG,s y personeros de ocho ministerios que trabajaron año y medio en consensuar un documento que ahora será analizado en la Asamblea Legislativa.
Cuando se habla de la "consulta previa", se entiende que si bien la Carta Magna especifica que los pueblos originarios deben ser consultados mediante procedimientos apropiados cuando exista la necesidad de encarar proyectos susceptibles de afectar su territorio y modo de vida, en el caso presente al que nos referimos, con la exploración y explotación de recursos naturales no renovables se espera asimismo llegar a un entendimiento para no alterar las condiciones de hábitat en determinadas comunidades.
A propósito del tema el propio Mandatario de la Nación, que ya en otras ocasiones expresó su punto de vista sobre el particular, reiteró en el acto de recepción del anteproyecto que "es necesario no solo que el Legislativo apruebe cuanto antes la norma, sino también que los procesos de consulta sean igualmente expeditos, dado que de no ser así los proyecto de desarrollo particularmente en infraestructura y explotación de recursos naturales, podrían verse postergados".
Esa aclaración oportuna recuerda algunos problemas que se presentaron tiempo atrás con la oposición al desarrollo de tareas exploratorias de pozos petrolíferos en algunas comunidades del sector oriental, que evidentemente retrasaron actividades importantes, ya planificadas y respaldadas con buen financiamiento que posteriormente dieron resultados positivos para su desarrollo.
Recientemente dirigentes del sector minero empresarial minero privado, tocaron el tema de la "consulta previa", explicando que existen muchas trabas para encarar nuevos proyectos, añadiendo que como reacción de los sectores originarios se producen los avasallamientos con serios daños a la propiedad privada y la economía y seguridad de inversionistas.
Dadas esas condiciones se hace necesario que los legisladores tomen en cuenta una serie de hechos que se han producido en el proceso de cumplir las recomendaciones de la consulta previa, pese a que las definiciones no tienen "carácter vinculante" representan un perjuicio en el desarrollo de proyectos que entre otras cosas son de beneficio colectivo, entendiendo que la misma CPE, establece que los recursos naturales son propiedad de los bolivianos, por lo mismo que su explotación racional, es un derecho de la comunidad boliviana.
Trabajo delicado que merece alta responsabilidad para responder a expectativa de los comunarios pero al mismo tiempo de responder a las necesidades de encarar proyectos cuya viabilidad es objetiva en provecho colectivo.
Arce sugiere diferir el empleo del nuevo Código Procesal Civil
Ante la inestabilidad jurídica que generó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el procurador general del Estado, Héctor Arce, planteó postergar, hasta por un año, la aplicación del nuevo Código Procesal Civil prevista para este 6 de agosto.
La Comisión de Admisión del TCP suspendió a mediados de la pasada semana la aplicación de la Ley del Notariado, debido a que aceptó una demanda de inconstitucionalidad de algunos artículos de la citada norma, aspecto que causó diversas críticas de autoridades del Ejecutivo, Legislativo y del mismo Órgano Judicial.
Pero el viernes dio a conocer que a través de un auto constitucional solo se suspenden tres medidas: la elección del Director del Notariado Plurinacional, la transferencia de archivos y documentos y la suspensión de la elaboración del reglamento a la Ley del Notariado. Agrega que el resto de la norma, promulgada en febrero, continúa con su aplicación.
“Ante estas señales que nos dan los administradores de justicia, vemos que es muy peligroso y delicado tratar de hacer grandes transformaciones a la Justicia. Esta inestabilidad y acciones contrarias a la Constitución y las leyes, como la decisión del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado, hacen considerar esta situación”, afirmó Arce, según se lee en un documento de la Procuraduría General del Estado.
Con el nuevo Código Procesal Civil se busca incluir la oralidad en los procesos, con el fin de que los juicios en materia civil sean más ágiles, rápidos e inmediatos, lo que permita que el tiempo de un litigio se reduzca de entre cinco a diez años a seis meses.
Arce sugirió la necesidad de que esta situación sea analizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional y también en la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Agregó que considera la posibilidad de postergar por un año la aplicación de esta norma.
“Mientras no tengamos esa certeza de que ya no se den semejantes violaciones a la Constitución de parte del Órgano que especialmente tiene que precautelar la supremacía de la Constitución, no hay condiciones en Bolivia para realizar las grandes transformaciones a la justicia que clama la sociedad”, aseguró.
El nuevo Código Procesal Civil es parte de un paquete de normas destinadas a modernizar el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ya se tiene en vigencia el Código Procesal Constitucional, mientras que faltan los códigos Procesal de las Familias y el Código Niña, Niño y Adolescente y el del Sistema Penal Boliviano, que se está trabajando, entre otros.
Los notarios trabajan sin un reglamento
Dennis Luizaga
Tras la emisión del último auto de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que restituye la aplicabilidad de la Ley del Notariado, los notarios de fe pública informaron que trabajan sin el reglamento de esta norma, pero que todos sus actos tienen plena validez.
“(El TCP) ha dado por bien hecho todas las actuaciones de los notarios que estamos aplicando la Ley 483 (del Notariado). Implícitamente dice que la norma es vigente en los aspectos que son aplicables”, declaró Roxana Ríos Martínez, presidenta de la Asociación del Notariado Boliviano.
La vigencia de la Ley 483 fue suspendida a inicios de la pasada semana por el TCP, debido a la demanda de inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, aunque el viernes retrocedió y ordenó la aplicabilidad de la misma, excepto los artículos observados, entre ellos la designación del presidente de este sector, la transferencia de información y la redacción del reglamento de la norma.
Ríos explicó que las decisiones que toman los notarios de fe pública están enmarcadas en los códigos Civil y de Comercio, además de otras disposiciones relacionadas con la Carta Magna.
“Queremos por estos medios hacer conocer al Tribunal Constitucional que tiene que analizar muy bien la función notarial porque el notario cumple una función sumamente delicada a nombre del Estado. La función es la de dar seguridad a todo el tráfico jurídico de las personas”, agregó la representante de los notarios.
lunes, 26 de mayo de 2014
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Las leyes que no se cumplen
En 1995, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue aprobada la Ley 1678 de la persona con discapacidad y en 1997 se promulgó el Decreto 24807 en los que instruía la apertura de espacios de trabajo para discapacitados en empresas públicas y privadas.
En 2004, en la gestión de Carlos Mesa, los discapacitados marcharon de Caracollo a La Paz y lograron modificaciones al anterior decreto con la promulgación Decreto Supremo Nº 27477. En 2008 se dio la última modificación, en la gestión de Evo Morales, con el decreto 29608. Todo este andamiaje de leyes y decretos ordena reserva del 4% de su personal de las empresas para personas con algún de discapacidad.
“Esto no se cumple”, sostiene Lucio Temo, responsable del Codepedis. Argumenta que es porque las leyes no obligan a los empresarios a cumplir con este instructivo. “No hay que negar que hay avances en cuanto a sensibilización de la sociedad y de las empresas, pero no es suficiente”, asegura.
En 2004, en la gestión de Carlos Mesa, los discapacitados marcharon de Caracollo a La Paz y lograron modificaciones al anterior decreto con la promulgación Decreto Supremo Nº 27477. En 2008 se dio la última modificación, en la gestión de Evo Morales, con el decreto 29608. Todo este andamiaje de leyes y decretos ordena reserva del 4% de su personal de las empresas para personas con algún de discapacidad.
“Esto no se cumple”, sostiene Lucio Temo, responsable del Codepedis. Argumenta que es porque las leyes no obligan a los empresarios a cumplir con este instructivo. “No hay que negar que hay avances en cuanto a sensibilización de la sociedad y de las empresas, pero no es suficiente”, asegura.
jueves, 22 de mayo de 2014
Bolivia tiene 173.233 normas
Desde la fundación de Bolivia, la Gaceta Oficial tiene registradas en sus archivos 173.233 normas, que van desde leyes, decretos y hasta resoluciones supremas. El director de la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Edgar Martínez Rueda, explicó que esta entidad responsable de la publicación y difusión permanente de la normativa legal del país, cuenta con una base de datos en formato digital que data desde el año 1825 hasta el 2014.
Información libre y gratuita. "Contamos con una base de datos con más de 170.000 registros de normativa oficial desde el año 1825 a la fecha, como resultado de un proceso de digitalización en tres fases. La primera comprende las leyes, decretos ley, decretos supremos y presidenciales del periodo de 1960 al 2002, la segunda aborda el registro de la normativa oficial desde 1825 a 1959 y la tercera del periodo de 1960 a la fecha", precisó.
Martínez Rueda destacó que se puede acceder a toda esa información en el portal de internet www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo, que desde la gestión 2010 a la fecha ha recibido aproximadamente 9,4 millones de visitas, cifra que representa un promedio de 7.000 visitas por día.
Fin de la publicación. La Gaceta Oficial del Estado, entidad desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, es el editor oficial del Órgano Ejecutivo, publica leyes, decretos supremos, resoluciones supremas y otros de orden legal. El principio de la publicidad del ordenamiento jurídico se patentiza en cada ejemplar de la Gaceta como cita oficial para todos los efectos legales y especialmente para términos judiciales y administrativos, marcando su iniciación, suspensión o conclusión de todo acto jurídico-administrativo, consiguientemente de deberes y derechos para todos los habitantes y estantes en el país.
Información libre y gratuita. "Contamos con una base de datos con más de 170.000 registros de normativa oficial desde el año 1825 a la fecha, como resultado de un proceso de digitalización en tres fases. La primera comprende las leyes, decretos ley, decretos supremos y presidenciales del periodo de 1960 al 2002, la segunda aborda el registro de la normativa oficial desde 1825 a 1959 y la tercera del periodo de 1960 a la fecha", precisó.
Martínez Rueda destacó que se puede acceder a toda esa información en el portal de internet www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo, que desde la gestión 2010 a la fecha ha recibido aproximadamente 9,4 millones de visitas, cifra que representa un promedio de 7.000 visitas por día.
Fin de la publicación. La Gaceta Oficial del Estado, entidad desconcentrada del Ministerio de la Presidencia, es el editor oficial del Órgano Ejecutivo, publica leyes, decretos supremos, resoluciones supremas y otros de orden legal. El principio de la publicidad del ordenamiento jurídico se patentiza en cada ejemplar de la Gaceta como cita oficial para todos los efectos legales y especialmente para términos judiciales y administrativos, marcando su iniciación, suspensión o conclusión de todo acto jurídico-administrativo, consiguientemente de deberes y derechos para todos los habitantes y estantes en el país.
Aprueban 37 leyes en lo que va de año
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó al menos 37 leyes hasta el 30 de abril de este año, entre nuevas normas y modificaciones, de las cuales según el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, el 70 por ciento surgió de la Cumbre Social del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Por lo menos el 70% de las leyes de la Cumbre Social (de enero) coinciden con la programación de legislación, como el caso de la Ley Minera o la Ley de Estado Financieros que salió de la cumbre, hay normas importantes que se aprobaron. Se espera cumplir con el cien por ciento hasta fin de año”, dijo.
Las declaraciones las realizó el presidente de la Cámara de Diputados, al término de la rendición de cuentas públicas de la ALP que se desarrolló en el pasillo de la Vicepresidencia. Entre las leyes pendientes para la presente legislación dijo que se encuentran el Código Niño, Niña y Adolescente, el Código Procesal Penal, la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada. También dijo que se prevé contar con la Ley de Arbitraje y Conciliación./
“Por lo menos el 70% de las leyes de la Cumbre Social (de enero) coinciden con la programación de legislación, como el caso de la Ley Minera o la Ley de Estado Financieros que salió de la cumbre, hay normas importantes que se aprobaron. Se espera cumplir con el cien por ciento hasta fin de año”, dijo.
Las declaraciones las realizó el presidente de la Cámara de Diputados, al término de la rendición de cuentas públicas de la ALP que se desarrolló en el pasillo de la Vicepresidencia. Entre las leyes pendientes para la presente legislación dijo que se encuentran el Código Niño, Niña y Adolescente, el Código Procesal Penal, la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada. También dijo que se prevé contar con la Ley de Arbitraje y Conciliación./
miércoles, 21 de mayo de 2014
Diputados aprueban en grande Ley de Financiamiento de Sistema Asociativo Municipal
La Cámara de Diputados aprobó este martes, en su estación en grande, la Ley de Financiamiento del Sistema Asociativo Municipal, cuyo objetivo es establecer el mecanismo de financiamiento del Sistema. Este miércoles por la tarde continuará su aprobación en detalle.
El proyecto de ley que fue remitido por el Senado, permitirá crear un mecanismo de financiamiento a la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM) -que aglutina a los 339 gobiernos municipales- que hasta dependía de la cooperación internacional, lo que provocó una administración y una ejecución de millones de dólares que pasaron por la FAM sin ningún tipo de fiscalización, provocando actos de corrupción.
La normativa establece la conformación del Sistema Asociativo Municipal integrado por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), las nueve Asociaciones Departamentales de Municipios, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) compuesta por sus nueve Asociaciones Departamentales y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) integrada por los Gobiernos Municipales de ciudades capitales y la ciudad de El Alto.
Según el proyecto, este Sistema tiene como finalidad promover e impulsar el fortalecimiento institucional de sus afiliados, precautelar la plena vigencia y respeto de la autonomía municipal, y apoyar en la profundización del proceso autonómico municipal en el país y el desarrollo solidario y equitativo de los Gobiernos Autónomos Municipales del país.
Propone también financiar el sistema con los aportes de los Gobiernos Autónomos Municipales asociados, con recursos de cooperación de instituciones privadas e instituciones públicas, recursos de donación y recursos propios que puedan generar las entidades que conforman el Sistema Asociativo Municipal.
Los aportes de cada Alcaldía serán de los recursos de coparticipación tributaria, el cuatro por mil anual, que serán distribuidos por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) en 60% para las Asociaciones Departamentales de Municipios; 10% para la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL); 10% para Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB); y 20% para la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).
Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar el débito directo mensual de recursos de las cuentas corrientes fiscales de las Alcaldías a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), correspondientes a los aportes municipales, previa autorización expresa mediante Ley Municipal emitida por los Gobiernos Municipales.
La FAM asumirá el costo de las comisiones emergentes de las operaciones de débito directo realizadas por el Tesoro General del Estado y el Banco Central de Bolivia. Las entidades que integran el Sistema Asociativo Municipal son responsables del uso, administración y destino de los recursos públicos, de acuerdo a la normativa vigente.
El proyecto de ley que fue remitido por el Senado, permitirá crear un mecanismo de financiamiento a la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM) -que aglutina a los 339 gobiernos municipales- que hasta dependía de la cooperación internacional, lo que provocó una administración y una ejecución de millones de dólares que pasaron por la FAM sin ningún tipo de fiscalización, provocando actos de corrupción.
La normativa establece la conformación del Sistema Asociativo Municipal integrado por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), las nueve Asociaciones Departamentales de Municipios, la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL) compuesta por sus nueve Asociaciones Departamentales y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) integrada por los Gobiernos Municipales de ciudades capitales y la ciudad de El Alto.
Según el proyecto, este Sistema tiene como finalidad promover e impulsar el fortalecimiento institucional de sus afiliados, precautelar la plena vigencia y respeto de la autonomía municipal, y apoyar en la profundización del proceso autonómico municipal en el país y el desarrollo solidario y equitativo de los Gobiernos Autónomos Municipales del país.
Propone también financiar el sistema con los aportes de los Gobiernos Autónomos Municipales asociados, con recursos de cooperación de instituciones privadas e instituciones públicas, recursos de donación y recursos propios que puedan generar las entidades que conforman el Sistema Asociativo Municipal.
Los aportes de cada Alcaldía serán de los recursos de coparticipación tributaria, el cuatro por mil anual, que serán distribuidos por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) en 60% para las Asociaciones Departamentales de Municipios; 10% para la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia (ACOBOL); 10% para Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB); y 20% para la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).
Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar el débito directo mensual de recursos de las cuentas corrientes fiscales de las Alcaldías a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), correspondientes a los aportes municipales, previa autorización expresa mediante Ley Municipal emitida por los Gobiernos Municipales.
La FAM asumirá el costo de las comisiones emergentes de las operaciones de débito directo realizadas por el Tesoro General del Estado y el Banco Central de Bolivia. Las entidades que integran el Sistema Asociativo Municipal son responsables del uso, administración y destino de los recursos públicos, de acuerdo a la normativa vigente.
Proyectos de ley plantean un Defensor del Paciente
Los tres anteproyectos de ley sobre negligencia médica, presentados a la Cámara de Diputados, serán unificados para dar paso a la creación del Defensor del Paciente. Las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Justicia (Integrada) se reúnen hoy.
“Lo que haremos en la Comisión Integrada es unir los tres anteproyectos, rescatar lo mejor de cada uno en beneficio de la ciudadanía. Lo que casi está consensuado es la creación del Defensor del Paciente, instancia que garantizará una atención sin daños”, informó a La Razón el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Rodolfo Calle.
El asambleísta del MAS especificó que el Defensor del Paciente será una instancia conformada por representantes de los ministerios de Salud, Justicia, del Colegio Médico, víctimas y familiares organizados, entre otros sectores.
“Esta instancia será como un procurador y tendrá la potestad de recibir las denuncias para constituirse en parte demandante en un proceso penal; ya no se permitirá que los casos de mala praxis queden en la impunidad. Las especificaciones del Defensor del Paciente saldrán de la Comisión Integrada”, especificó Calle.
Los anteproyectos que serán tomados en cuenta por la Comisión Integrada pertenecen al diputado del MAS Richard Cordel (Ley Contra la Mala Praxis Médica), a la Asamblea Legislativa departamental de Cochabamba (Ley Contra la Negligencia Médica) y a la diputada oficialista Betty Tejada, quien presenta hoy el documento.
Contenido. Calle explicó que, entre los aspectos importantes que se rescatarán de los tres anteproyectos, está el resarcimiento económico del profesional a la víctima de mala praxis, hasta que recupere toda su salud; y el proceso penal contra el galeno en caso de la muerte de un paciente.
Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Édgar Villegas, dijo que no están en de- sacuerdo con una ley, pero solicitó la participación del ente colegiado al momento de elaborar la norma, para así evitar que sea una medida unilateral que ponga en riesgo la actividad de los galenos.
El presidente de la comisión aseguró que luego de unificar los proyectos, por lo menos en un mes, se convocará a los sectores involucrados para que realicen algunas mejoras, y estimó que hasta antes del término de la gestión legislativa se aprobará en el plenario.“Todo dependerá de la voluntad de los diputados y la participación de los médicos”, resaltó.
De 200 denuncias, 20 tienen una sentencia
De un total de 200 denuncias presentadas por mala praxis médica, desde junio de 2013, el 30% está en proceso de auditoría médica y 20 lograron una sanción, según datos del Ministerio de Salud. “En todo el país 20 casos tienen sentencia, el departamento donde mayor cantidad de sanciones se dieron es Santa Cruz, y hablamos de sanciones drásticas por este tema”, declaró en enero el titular del área, Juan Carlos Calvimontes.
Al respecto, el representante del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica en Bolivia, Víctor Hugo Llanos, indicó que a los 200 casos reportados en 2013 se agregan los datos registrados desde 1986 hasta 2011, que son 5.000.
“Los más de 2.000 afiliados al comité demandamos desde hace años que se castigue a los malos médicos y de una vez se apruebe el proyecto ley”, dijo. Llanos aclaró que no todos los casos son denunciados por falta de conocimiento de sus derechos. En otros casos se debe al factor económico.
“Lo que haremos en la Comisión Integrada es unir los tres anteproyectos, rescatar lo mejor de cada uno en beneficio de la ciudadanía. Lo que casi está consensuado es la creación del Defensor del Paciente, instancia que garantizará una atención sin daños”, informó a La Razón el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Rodolfo Calle.
El asambleísta del MAS especificó que el Defensor del Paciente será una instancia conformada por representantes de los ministerios de Salud, Justicia, del Colegio Médico, víctimas y familiares organizados, entre otros sectores.
“Esta instancia será como un procurador y tendrá la potestad de recibir las denuncias para constituirse en parte demandante en un proceso penal; ya no se permitirá que los casos de mala praxis queden en la impunidad. Las especificaciones del Defensor del Paciente saldrán de la Comisión Integrada”, especificó Calle.
Los anteproyectos que serán tomados en cuenta por la Comisión Integrada pertenecen al diputado del MAS Richard Cordel (Ley Contra la Mala Praxis Médica), a la Asamblea Legislativa departamental de Cochabamba (Ley Contra la Negligencia Médica) y a la diputada oficialista Betty Tejada, quien presenta hoy el documento.
Contenido. Calle explicó que, entre los aspectos importantes que se rescatarán de los tres anteproyectos, está el resarcimiento económico del profesional a la víctima de mala praxis, hasta que recupere toda su salud; y el proceso penal contra el galeno en caso de la muerte de un paciente.
Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Édgar Villegas, dijo que no están en de- sacuerdo con una ley, pero solicitó la participación del ente colegiado al momento de elaborar la norma, para así evitar que sea una medida unilateral que ponga en riesgo la actividad de los galenos.
El presidente de la comisión aseguró que luego de unificar los proyectos, por lo menos en un mes, se convocará a los sectores involucrados para que realicen algunas mejoras, y estimó que hasta antes del término de la gestión legislativa se aprobará en el plenario.“Todo dependerá de la voluntad de los diputados y la participación de los médicos”, resaltó.
De 200 denuncias, 20 tienen una sentencia
De un total de 200 denuncias presentadas por mala praxis médica, desde junio de 2013, el 30% está en proceso de auditoría médica y 20 lograron una sanción, según datos del Ministerio de Salud. “En todo el país 20 casos tienen sentencia, el departamento donde mayor cantidad de sanciones se dieron es Santa Cruz, y hablamos de sanciones drásticas por este tema”, declaró en enero el titular del área, Juan Carlos Calvimontes.
Al respecto, el representante del Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica en Bolivia, Víctor Hugo Llanos, indicó que a los 200 casos reportados en 2013 se agregan los datos registrados desde 1986 hasta 2011, que son 5.000.
“Los más de 2.000 afiliados al comité demandamos desde hace años que se castigue a los malos médicos y de una vez se apruebe el proyecto ley”, dijo. Llanos aclaró que no todos los casos son denunciados por falta de conocimiento de sus derechos. En otros casos se debe al factor económico.
martes, 20 de mayo de 2014
La nueva Ley de Inversiones
No cabe duda que la nueva Ley de Inversiones es de particular importancia para el país y su economía. Para el Gobierno tiene una connotación especial. Con esta norma se derogan las leyes neoliberales de inversiones de 1990, la de privatización de 1992, la de capitalización de 1994. Así, para el Gobierno es, sin duda, un avance importante en la construcción del Estado Plurinacional.
Definitivamente la orientación del Gobierno se puede resumir en la frase: “todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Coherente con la idea de la economía plural, el Estado asume el control de los principales procesos de inversión, desde el momento en que se crea un registro de inversiones, tanto para las extranjeras como para las estatales.
La ley mantiene la desconfianza frente a la inversión extranjera, pero acepta la necesidad que el país tiene de ella, por lo cual introduce diversos mecanismos de registro, seguimiento y control. A los obvios criterios de rentabilidad privada que buscan estas actividades, el Estado les impone requisitos que tomen en cuenta la equidad, la lucha contra la pobreza, etc.
Para orientar y promover las inversiones que al Estado le parecen pertinentes al país, el Ministerio de Planificación deberá convertirse en una estructura burocrática más compleja, y con mayor cantidad de funcionarios, expertos ellos, en la actividad productiva.
Como lo más probable es que tal cosa no ocurra, cabe pensar que el citado ministerio será una barrera más a la ya compleja burocracia estatal, y a la larga un cuello de botella para la actividad productiva. Si el sistema de inversiones preferentes no se construye con transparencia y eficiencia técnica, cabe pensar que será un importante espacio de corrupción del Gobierno, donde millones de bolivianos se canalizarán hacia fortunas mal habidas.
De particular interés es el tema del arbitraje con la inversión extranjera. El Gobierno insiste en que toda controversia debe solucionarse en las instancias nacionales e insiste en que la nueva ley da seguridad jurídica a los inversionistas. El tema es si los inversionistas lo creen así. Si así fuera, una era de incremento de financiamiento se abrirá en el país, pero si dentro de, por decir, cinco años, los resultados son modestos o negativos, sabremos, con la contundencia de los hechos, que la nueva normativa no ha sido una avance para el país, como ha ocurrido con la elección directa de las autoridades del Poder Judicial.
Finalmente, hay que destacar el lenguaje especial del nuevo marco jurídico. En su definición de inversión dice: “Inversión es toda colocación de aportes de inversión en los diferentes mecanismos de inversión de acuerdo con lo señalado en la presente ley de inversiones”
Definitivamente la orientación del Gobierno se puede resumir en la frase: “todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. Coherente con la idea de la economía plural, el Estado asume el control de los principales procesos de inversión, desde el momento en que se crea un registro de inversiones, tanto para las extranjeras como para las estatales.
La ley mantiene la desconfianza frente a la inversión extranjera, pero acepta la necesidad que el país tiene de ella, por lo cual introduce diversos mecanismos de registro, seguimiento y control. A los obvios criterios de rentabilidad privada que buscan estas actividades, el Estado les impone requisitos que tomen en cuenta la equidad, la lucha contra la pobreza, etc.
Para orientar y promover las inversiones que al Estado le parecen pertinentes al país, el Ministerio de Planificación deberá convertirse en una estructura burocrática más compleja, y con mayor cantidad de funcionarios, expertos ellos, en la actividad productiva.
Como lo más probable es que tal cosa no ocurra, cabe pensar que el citado ministerio será una barrera más a la ya compleja burocracia estatal, y a la larga un cuello de botella para la actividad productiva. Si el sistema de inversiones preferentes no se construye con transparencia y eficiencia técnica, cabe pensar que será un importante espacio de corrupción del Gobierno, donde millones de bolivianos se canalizarán hacia fortunas mal habidas.
De particular interés es el tema del arbitraje con la inversión extranjera. El Gobierno insiste en que toda controversia debe solucionarse en las instancias nacionales e insiste en que la nueva ley da seguridad jurídica a los inversionistas. El tema es si los inversionistas lo creen así. Si así fuera, una era de incremento de financiamiento se abrirá en el país, pero si dentro de, por decir, cinco años, los resultados son modestos o negativos, sabremos, con la contundencia de los hechos, que la nueva normativa no ha sido una avance para el país, como ha ocurrido con la elección directa de las autoridades del Poder Judicial.
Finalmente, hay que destacar el lenguaje especial del nuevo marco jurídico. En su definición de inversión dice: “Inversión es toda colocación de aportes de inversión en los diferentes mecanismos de inversión de acuerdo con lo señalado en la presente ley de inversiones”
lunes, 19 de mayo de 2014
Aprueban proyecto Ley de Desarrollo de la Amazonia
La Comisión de la Región Amazónica, Tierra y Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en grande el Proyecto de Ley N° 199/2014-2015 de “Desarrollo integral de la Amazonia Boliviana Bruno Racua” y anunció a través de su presidente, Alejandro Zapata, que en fechas próximas se tratará en detalle.
La aprobación en grande fue calificada como “un logro histórico y un significativo avance legislativo” por el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia – Bocinab, quienes convocaron a conferencia de prensa, en la Sede de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia - Cirabo, en Riberalta, para hacer pública la información.
En la conferencia de prensa, indígenas y campesinos recordaron que el Proyecto de Ley “Desarrollo integral de la Amazonia Boliviana Bruno Racua” es el resultado de la articulación de la alianza histórica de los sectores indígenas y campesinos, organizados a través del Bocinab, quienes desde su participación en la Asamblea Constituyente lograron insertar en la CPE el reconocimiento de la Amazonia como un espacio estratégico y de especial protección para el desarrollo del país.
Para ambos sectores, esta propuesta es la continuidad de esa visión, al considerar el desarrollo de la amazonia como un elemento integral, sostenible y sustentable; a través de una administración participativa, compartida y equitativa, en beneficio de la población amazónica y del país en general; respetando los valores culturales de los pueblos indígenas originarios y campesinos desde su propia cosmovisión. (Erbol)
La aprobación en grande fue calificada como “un logro histórico y un significativo avance legislativo” por el Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia – Bocinab, quienes convocaron a conferencia de prensa, en la Sede de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia - Cirabo, en Riberalta, para hacer pública la información.
En la conferencia de prensa, indígenas y campesinos recordaron que el Proyecto de Ley “Desarrollo integral de la Amazonia Boliviana Bruno Racua” es el resultado de la articulación de la alianza histórica de los sectores indígenas y campesinos, organizados a través del Bocinab, quienes desde su participación en la Asamblea Constituyente lograron insertar en la CPE el reconocimiento de la Amazonia como un espacio estratégico y de especial protección para el desarrollo del país.
Para ambos sectores, esta propuesta es la continuidad de esa visión, al considerar el desarrollo de la amazonia como un elemento integral, sostenible y sustentable; a través de una administración participativa, compartida y equitativa, en beneficio de la población amazónica y del país en general; respetando los valores culturales de los pueblos indígenas originarios y campesinos desde su propia cosmovisión. (Erbol)
viernes, 16 de mayo de 2014
Comisión de diputados elaborará anteproyecto de ley de negligencia médica
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, anunció hoy que una comisión integrada elaborará el anteproyecto de ley de negligencia médica desde la próxima semana.
Esta comisión que se encargará de ese trabajo está conformada por la Comisión de Derechos Humanos, de Justicia Plural y de Educación y Salud.
"Tenemos tres anteproyectos, de los cuales vamos a rescatar los mejores que favorezcan a la población y vamos a sacar uno solo, la próxima semana vamos a empezar a hacer el borrador", indicó.
Explicó que una vez que se tenga elaborado un borrador de la norma, se convocarán a todas las personas y entidades que estén involucradas.
Asimismo, abrió la posibilidad de trabajar la norma con peritos independientes especializados en el tema de negligencia médica.
"Tenemos que trabajar también con los equipos técnicos y trabajar con peritos, con gente entendida en la materia, porque hay gente en Bolivia que sabe al respecto, aunque no pertenezcan al Colegio Médico, no pertenezcan a alguna organización independientemente ello pueden venir", agregó.
En objetivo de esa norma es "resarcir el daño causado a las víctimas de esta mala praxis" y en caso de causar la muerte de un paciente, se añadirá el delito de "homicidio culposo", para ser sancionados por el Código Penal.
Calle aclaró que esa ley contemplará sanciones no sólo para los médicos, "también va a ser la parte administrativa, las enfermeras, los dueños de las clínicas, o sea todo ese personal que por negligencia hubieran causado una clase de efecto en los pacientes".
Esta comisión que se encargará de ese trabajo está conformada por la Comisión de Derechos Humanos, de Justicia Plural y de Educación y Salud.
"Tenemos tres anteproyectos, de los cuales vamos a rescatar los mejores que favorezcan a la población y vamos a sacar uno solo, la próxima semana vamos a empezar a hacer el borrador", indicó.
Explicó que una vez que se tenga elaborado un borrador de la norma, se convocarán a todas las personas y entidades que estén involucradas.
Asimismo, abrió la posibilidad de trabajar la norma con peritos independientes especializados en el tema de negligencia médica.
"Tenemos que trabajar también con los equipos técnicos y trabajar con peritos, con gente entendida en la materia, porque hay gente en Bolivia que sabe al respecto, aunque no pertenezcan al Colegio Médico, no pertenezcan a alguna organización independientemente ello pueden venir", agregó.
En objetivo de esa norma es "resarcir el daño causado a las víctimas de esta mala praxis" y en caso de causar la muerte de un paciente, se añadirá el delito de "homicidio culposo", para ser sancionados por el Código Penal.
Calle aclaró que esa ley contemplará sanciones no sólo para los médicos, "también va a ser la parte administrativa, las enfermeras, los dueños de las clínicas, o sea todo ese personal que por negligencia hubieran causado una clase de efecto en los pacientes".
miércoles, 14 de mayo de 2014
Cochabamba Concejo aprueba ley de las áreas patrimoniales
Después de que tres casonas del centro histórico fueron demolidas en 2014, el Concejo Municipal aprobó ayer la Ley Municipal de Protección del Centro Histórico y Áreas Patrimoniales. El objetivo es conservar las construcciones con valor histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.
El proyectista de la norma, el concejal David Herrada, dijo que la ley amplía el área de protección patrimonial. La misma antes se restringía al centro histórico, en una extensión de 46 manzanas. Sin embargo, ahora se incorpora un “anillo de transición” de 25 manzanas, las cuales limitan con las calles: Lanza, Uruguay, Tumusla y México.
La norma establece que los trabajos de construcción, mantenimiento, modificación, restauración y renovación controlada en los inmuebles dentro del “anillo de transición” estarán sujetos a supervisión. Asimismo, estos deberán mantener las rasantes en su trazo original, fachada y en “ningún caso” podrán sobrepasar las cinco plantas de altura.
La concejal, María Isabel Caero, añadió que la ley también establece la protección de “áreas patrimoniales” que no sean parte del centro histórico ni del anillo de transición. El Centro Simón y Patiño, la Casa Quinta Bickembach y las edificaciones religiosas, entre algunas ingresarán en esta categoría, la cual deberá contar con una reglamentación especial.
La ley también instruye a la Alcaldía remitir un catálogo de inmuebles con valor arquitectónico, histórico o cultural en un plazo de 120 días; además de actualizar el Reglamento General del Centro Histórico y elaborar un Plan de Gestión Patrimonial en 200 días calendario.
Herrada informó que la reglamentación de la norma deberá contener: multas, además, de políticas económicas para incentivar la conservación de las casas patrimoniales al igual que asesoramiento profesional para los propietarios de las casas o casonas con valor patrimonial.
El Ejecutivo municipal dispondrá de 120 días para trabajar en la elaboración y fijar incentivos para la protección del legado arquitectónico de la ciudad durante los próximos años.
Ciudad perdió 110 casonas
Las investigaciones de la decana de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Patricia Dueri Méndez, revelaron que de 1969 al 2014, 110 edificaciones consideradas con alto valor patrimonial arquitectónico fueron demolidas en la ciudad.
Según Dueri, la pérdida no contempla las infraestructuras demolidas entre 1973 y 1987, cuando en la gestión municipal del alcalde Humberto Coronel Rivas se ejecutó la avenida Ayacucho.
En lo que va del año, tres edificaciones corrieron la misma suerte en las calles General Achá y Junín, San Martín entre Heroínas y Bolívar y Junín entre Ayacucho y General Achá. Ante ello, un colectivo conformado por estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura asumieron medidas de presión.
El concejal, David Herrada, explicó que la falta de autoridad contribuyó a la pérdida de patrimonio arquitectónico. “Los funcionarios de la Alcaldía han sido muy blandos y tolerantes. Con esta nueva ley todos estamos obligados a cumplir la norma”, dijo.
La ley nacional
La Asamblea Legislativa sancionó el viernes el proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. El documento no incluyó las modificaciones implementadas por la Cámara de Diputados sobre la propiedad eclesiástica.
La propuesta fue tratada en el pleno de la Asamblea, debido a que la Cámara de Senadores rechazó los cambios que se consideraron en diputados.
Algunos legisladores manifestaron a la prensa paceña que existen problemas porque la norma desconoce las atribuciones de algunas instituciones. Uno de los aspectos más debatidos fue el desconocimiento del derecho propietario de la Iglesia que pasa a ser sólo un “custodio”.
El proyectista de la norma, el concejal David Herrada, dijo que la ley amplía el área de protección patrimonial. La misma antes se restringía al centro histórico, en una extensión de 46 manzanas. Sin embargo, ahora se incorpora un “anillo de transición” de 25 manzanas, las cuales limitan con las calles: Lanza, Uruguay, Tumusla y México.
La norma establece que los trabajos de construcción, mantenimiento, modificación, restauración y renovación controlada en los inmuebles dentro del “anillo de transición” estarán sujetos a supervisión. Asimismo, estos deberán mantener las rasantes en su trazo original, fachada y en “ningún caso” podrán sobrepasar las cinco plantas de altura.
La concejal, María Isabel Caero, añadió que la ley también establece la protección de “áreas patrimoniales” que no sean parte del centro histórico ni del anillo de transición. El Centro Simón y Patiño, la Casa Quinta Bickembach y las edificaciones religiosas, entre algunas ingresarán en esta categoría, la cual deberá contar con una reglamentación especial.
La ley también instruye a la Alcaldía remitir un catálogo de inmuebles con valor arquitectónico, histórico o cultural en un plazo de 120 días; además de actualizar el Reglamento General del Centro Histórico y elaborar un Plan de Gestión Patrimonial en 200 días calendario.
Herrada informó que la reglamentación de la norma deberá contener: multas, además, de políticas económicas para incentivar la conservación de las casas patrimoniales al igual que asesoramiento profesional para los propietarios de las casas o casonas con valor patrimonial.
El Ejecutivo municipal dispondrá de 120 días para trabajar en la elaboración y fijar incentivos para la protección del legado arquitectónico de la ciudad durante los próximos años.
Ciudad perdió 110 casonas
Las investigaciones de la decana de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Patricia Dueri Méndez, revelaron que de 1969 al 2014, 110 edificaciones consideradas con alto valor patrimonial arquitectónico fueron demolidas en la ciudad.
Según Dueri, la pérdida no contempla las infraestructuras demolidas entre 1973 y 1987, cuando en la gestión municipal del alcalde Humberto Coronel Rivas se ejecutó la avenida Ayacucho.
En lo que va del año, tres edificaciones corrieron la misma suerte en las calles General Achá y Junín, San Martín entre Heroínas y Bolívar y Junín entre Ayacucho y General Achá. Ante ello, un colectivo conformado por estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura asumieron medidas de presión.
El concejal, David Herrada, explicó que la falta de autoridad contribuyó a la pérdida de patrimonio arquitectónico. “Los funcionarios de la Alcaldía han sido muy blandos y tolerantes. Con esta nueva ley todos estamos obligados a cumplir la norma”, dijo.
La ley nacional
La Asamblea Legislativa sancionó el viernes el proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Boliviano. El documento no incluyó las modificaciones implementadas por la Cámara de Diputados sobre la propiedad eclesiástica.
La propuesta fue tratada en el pleno de la Asamblea, debido a que la Cámara de Senadores rechazó los cambios que se consideraron en diputados.
Algunos legisladores manifestaron a la prensa paceña que existen problemas porque la norma desconoce las atribuciones de algunas instituciones. Uno de los aspectos más debatidos fue el desconocimiento del derecho propietario de la Iglesia que pasa a ser sólo un “custodio”.
Ley Contra Negligencia Médica pide crear Defensor del Paciente
La Comisión Integrada que debate el Anteproyecto de Ley contra la Negligencia Médica contempló en uno de los artículos, la creación del Defensor del Paciente, que estaría a cargo del Ministerio de Justicia, informó la presidenta de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Betty Tejada.
“En el Anteproyecto de Ley también hay la fuente para poder ver el Defensor del Paciente que estará bajo la tuición del Ministerio de Justicia, el tema se debatirá en la Comisión. En otros países se ha creado hasta la Procuraduría de Salud y entonces son elementos para crear institucionalidad a cargo de garantizar la salud”, dijo Tejada al periódico digital Oxígeno.
Resaltó que se debe conocer a cabalidad cuáles son las normativas de negligencia médica y qué sanciones se aplicarán contra el ente responsable. De ahí debe surgir la propuesta para la creación de una Defensoría a favor del paciente, empero primero se deberá debatir en la Comisión encargada, luego en la Cámara de Diputados.
“Se han presentado diez proyectos de ley para esta nueva propuesta, lo que se hizo es recoger partes sustanciales para poder construir la Ley en su totalidad. El incentivo para su creación fue el Presidente (Evo Morales) habló a los médicos (diciendo) trátenlos como pacientes y no como clientes”, acotó la parlamentaria.
El anteproyecto de Ley será socializado con la Comisión de Derechos Humanos, el Sistema de Seguros, con el Colegio de Médicos, la Comisión de Justicia, los comités de negligencia y los controles sociales de los sistemas de seguros de Salud para su respectiva evaluación.
El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, indicó que la Ley Contra la Negligencia Médica debe ser debatida para poder reglamentarla con el Ministerio de Salud, con la Asamblea Legislativa, los profesionales de Salud.
La autoridad dijo que más allá de penalizar a los responsables, se deberá debatir para pensar cómo beneficiar al sector que sufre negligencia médica y si bien existen profesionales que realizan grandes esfuerzos por brindar una adecuada atención, hay quienes hacen quedar mal al sector.
“En el Anteproyecto de Ley también hay la fuente para poder ver el Defensor del Paciente que estará bajo la tuición del Ministerio de Justicia, el tema se debatirá en la Comisión. En otros países se ha creado hasta la Procuraduría de Salud y entonces son elementos para crear institucionalidad a cargo de garantizar la salud”, dijo Tejada al periódico digital Oxígeno.
Resaltó que se debe conocer a cabalidad cuáles son las normativas de negligencia médica y qué sanciones se aplicarán contra el ente responsable. De ahí debe surgir la propuesta para la creación de una Defensoría a favor del paciente, empero primero se deberá debatir en la Comisión encargada, luego en la Cámara de Diputados.
“Se han presentado diez proyectos de ley para esta nueva propuesta, lo que se hizo es recoger partes sustanciales para poder construir la Ley en su totalidad. El incentivo para su creación fue el Presidente (Evo Morales) habló a los médicos (diciendo) trátenlos como pacientes y no como clientes”, acotó la parlamentaria.
El anteproyecto de Ley será socializado con la Comisión de Derechos Humanos, el Sistema de Seguros, con el Colegio de Médicos, la Comisión de Justicia, los comités de negligencia y los controles sociales de los sistemas de seguros de Salud para su respectiva evaluación.
El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, indicó que la Ley Contra la Negligencia Médica debe ser debatida para poder reglamentarla con el Ministerio de Salud, con la Asamblea Legislativa, los profesionales de Salud.
La autoridad dijo que más allá de penalizar a los responsables, se deberá debatir para pensar cómo beneficiar al sector que sufre negligencia médica y si bien existen profesionales que realizan grandes esfuerzos por brindar una adecuada atención, hay quienes hacen quedar mal al sector.
martes, 13 de mayo de 2014
Ley 453 está en reglamento Sancionarán malos servicios o productos
Una vez que la Ley 453 de Derechos de Usuarios y Consumidores sea reglamentada, se podrá sancionar a los proveedores de servicios, productos y bienes que sean denunciados por los usuarios. Las sanciones varían entre el decomiso temporal del producto o la suspensión del servicio; la prohibición temporal de la producción, distribución, comercialización, provisión o suministro del producto o servicio; retiro temporal del producto; retiro temporal de publicidad o información y la entrega de garantías que aseguren el cumplimiento de la restauración.
Solo falta la reglamentación Dante Justiniano, viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, informó que la ley fue aprobada en diciembre del año pasado y ya se encuentra en vigencia, pero para que su aplicabilidad sea plena se necesita el reglamento que saldrá de un decreto supremo.
"Todo proveedor que no cumpla con los estándares mínimos o normas mínimas será comunicado oportunamente y si no corrige su adecuación a la normativa legal y sanitaria tendrá la respectiva sanción, entre otras pecuniarias", comentó Justiniano a tiempo de añadir que los municipios, gobernaciones y otras entidades rectoras tiene que aplicar la normativa.
La ley establece que un usuario o consumidor no necesita de patrocinio legal para iniciar una denuncia. Asimismo, todo reclamo debe ser resuelto, inclusive si el reclamante lo abandonara.
Las formas de resolución del reclamo pueden ser: disculpa del proveedor, reparación del bien o producto, devolver los montos más los intereses legales calculados, entre otros. "El objetivo es defender al usuario y el consumidor", dijo el viceministro.
Por último, el sistema financiero también tiene que adecuarse a la norma, entre las obligaciones están facilitar en cualquier momento y de manera gratuita el acceso a toda información relativa a los movimientos bancarios del cliente. Además de mantener el pago del contrato de crédito en la moneda de curso legal en la que fue convenido hasta su cancelación total.
Solo falta la reglamentación Dante Justiniano, viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, informó que la ley fue aprobada en diciembre del año pasado y ya se encuentra en vigencia, pero para que su aplicabilidad sea plena se necesita el reglamento que saldrá de un decreto supremo.
"Todo proveedor que no cumpla con los estándares mínimos o normas mínimas será comunicado oportunamente y si no corrige su adecuación a la normativa legal y sanitaria tendrá la respectiva sanción, entre otras pecuniarias", comentó Justiniano a tiempo de añadir que los municipios, gobernaciones y otras entidades rectoras tiene que aplicar la normativa.
La ley establece que un usuario o consumidor no necesita de patrocinio legal para iniciar una denuncia. Asimismo, todo reclamo debe ser resuelto, inclusive si el reclamante lo abandonara.
Las formas de resolución del reclamo pueden ser: disculpa del proveedor, reparación del bien o producto, devolver los montos más los intereses legales calculados, entre otros. "El objetivo es defender al usuario y el consumidor", dijo el viceministro.
Por último, el sistema financiero también tiene que adecuarse a la norma, entre las obligaciones están facilitar en cualquier momento y de manera gratuita el acceso a toda información relativa a los movimientos bancarios del cliente. Además de mantener el pago del contrato de crédito en la moneda de curso legal en la que fue convenido hasta su cancelación total.
Comienza debate de anteproyecto de Ley de Consulta Previa indígena
El presidente Evo Morales recibió ayer del ministro de Gobierno, Carlos Romero, el anteproyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada, con el que los pueblos indígenas podrán desarrollar procesos de consultas, cuyos acuerdos serán vinculantes para las autoridades del Estado.
La consulta será de carácter vinculante y eso parte del respeto a las diferencias culturales y la necesidad de converger las visiones de desarrollo del Estado y de los pueblos indígenas, dijo el ministro Romero, en el acto que se desarrolló en el Palacio Quemado, Romero aseguró que el anteproyecto “es una conquista de los pueblos indígenas”, que se encuentra sustentado en la Carta Magna y en dos acuerdos internacionales: el Convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
El Gobierno, que llegó al poder con el discurso de que cuenta con una base social en las organizaciones y pueblos indígenas, generó una distancia y provocó fisuras con los pueblos indígenas, en especial los del Beni, tras impulsar la construcción del frustrada carretera por el TIPNIS. El Ejecutivo realizó un proceso de consulta que provoco diferentes críticas, porque no se realizó como un proceso previo.
Romero indicó que es un ‘mecanismo democrático’ porque respeta las normas de los pueblos y pone en práctica la democracia comunitaria reconocida en la Constitución, que se basa en el consenso y la deliberación.
Destacó que tras la aprobación del anteproyecto, Bolivia se convertirá en el segundo país de la región que contará con ese tipo de norma, luego de Perú, porque Ecuador está en proceso y Colombia que sí tiene una ley de consulta no pudo aplicarla hasta la fecha.
La consulta será de carácter vinculante y eso parte del respeto a las diferencias culturales y la necesidad de converger las visiones de desarrollo del Estado y de los pueblos indígenas, dijo el ministro Romero, en el acto que se desarrolló en el Palacio Quemado, Romero aseguró que el anteproyecto “es una conquista de los pueblos indígenas”, que se encuentra sustentado en la Carta Magna y en dos acuerdos internacionales: el Convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
El Gobierno, que llegó al poder con el discurso de que cuenta con una base social en las organizaciones y pueblos indígenas, generó una distancia y provocó fisuras con los pueblos indígenas, en especial los del Beni, tras impulsar la construcción del frustrada carretera por el TIPNIS. El Ejecutivo realizó un proceso de consulta que provoco diferentes críticas, porque no se realizó como un proceso previo.
Romero indicó que es un ‘mecanismo democrático’ porque respeta las normas de los pueblos y pone en práctica la democracia comunitaria reconocida en la Constitución, que se basa en el consenso y la deliberación.
Destacó que tras la aprobación del anteproyecto, Bolivia se convertirá en el segundo país de la región que contará con ese tipo de norma, luego de Perú, porque Ecuador está en proceso y Colombia que sí tiene una ley de consulta no pudo aplicarla hasta la fecha.
ASAMBLEA SANCIONA LA LEY DE PATRIMONIO CULTURAL BOLIVIANO
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó el pasado viernes el proyecto de ley 061 "Ley de Patrimonio Cultural Boliviano", norma orientada a la protección, conservación, restauración, custodia y salvaguarda del patrimonio cultural del país.
Inicialmente, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores el 17 de diciembre de 2013, mientras que la Cámara de Diputados, como instancia revisora, aprobó el documento el 22 de abril de este año, e introdujo modificaciones en 30 artículos y la Disposición Transitoria Primera, antes de devolverlo a la Cámara de origen.
Las observaciones. El 6 de mayo pasado, la Cámara de Senadores determinó no aceptar 15 de los artículos modificados por Diputados, lo que motivó que el proyecto de ley sea puesto a consideración de la Asamblea Legislativa, según un comunicado de prensa.
La normativa tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias del patrimonio cultural boliviano.
La normativa define también el régimen de protección del patrimonio cultural boliviano y las medidas para lograr la apropiación por parte de toda la población y los demás responsables de llevar adelante una buena gestión a fin de que se garantice su supervivencia en el tiempo y espacio.
De la misma manera establece las medidas de protección y salvaguardia del patrimonio cultural boliviano, que es el conjunto de procedimientos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto podrían causar al patrimonio cultural boliviano.
Se crea el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (Fonpac) que funcionará bajo dependencia del Ministerio de Culturas y Turismo, con la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios adecuados para el cuidado de los bienes patrimoniales.
El patrimonio cultural boliviano es el conjunto de bienes culturales que representan el valor más importante en la
formación de la diversidad cultural del Estado boliviano, constituyéndose en un elemento clave para el desarrollo integral del país.
Inicialmente, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores el 17 de diciembre de 2013, mientras que la Cámara de Diputados, como instancia revisora, aprobó el documento el 22 de abril de este año, e introdujo modificaciones en 30 artículos y la Disposición Transitoria Primera, antes de devolverlo a la Cámara de origen.
Las observaciones. El 6 de mayo pasado, la Cámara de Senadores determinó no aceptar 15 de los artículos modificados por Diputados, lo que motivó que el proyecto de ley sea puesto a consideración de la Asamblea Legislativa, según un comunicado de prensa.
La normativa tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias del patrimonio cultural boliviano.
La normativa define también el régimen de protección del patrimonio cultural boliviano y las medidas para lograr la apropiación por parte de toda la población y los demás responsables de llevar adelante una buena gestión a fin de que se garantice su supervivencia en el tiempo y espacio.
De la misma manera establece las medidas de protección y salvaguardia del patrimonio cultural boliviano, que es el conjunto de procedimientos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto podrían causar al patrimonio cultural boliviano.
Se crea el Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (Fonpac) que funcionará bajo dependencia del Ministerio de Culturas y Turismo, con la finalidad de gestionar y asignar recursos económicos para la conservación, preservación, restauración, promoción e implementación de repositorios adecuados para el cuidado de los bienes patrimoniales.
El patrimonio cultural boliviano es el conjunto de bienes culturales que representan el valor más importante en la
formación de la diversidad cultural del Estado boliviano, constituyéndose en un elemento clave para el desarrollo integral del país.
lunes, 12 de mayo de 2014
Presentan anteproyecto de Ley de Consulta Previa de carácter vinculante
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y representantes de organizaciones sociales presentaron hoy el anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada al presidente Evo Morales, documento que plantea que los acuerdos que alcance el Gobierno y los sectores involucrados sobre proyectos de desarrollo son vinculantes.
Romero, en el acto que se desarrolló en Palacio Quemado, destacó que ese anteproyecto "es una conquista de los pueblos indígenas", que se encuentra sustentado en la Carta Magna y en dos acuerdos internacionales: el Convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
Explicó que es de carácter vinculante y tiene que ver con el respeto a las diferencias culturales y la necesidad de converger las visiones de desarrollo del Estado y de los pueblos indígenas.
El Ministro indicó que es un mecanismo democrático porque respeta las normas de los pueblos y pone en práctica la democracia comunitaria reconocida en la Constitución, que se basa en el consenso y la deliberación.
Destacó que tras la aprobación del anteproyecto, Bolivia se convertirá en el segundo país de la región que contará con ese tipo de norma, luego de Perú, porque Ecuador está en proceso y Colombia que sí tiene una ley de consulta no pudo aplicarla hasta la fecha.
Por su parte, el jefe de Estado ponderó la unidad de los sectores sociales en la elaboración del anteproyecto y agradeció el acompañamiento que realizó la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, demandó acelerar los procesos de consulta, para no perjudicar el avance de los proyectos que apuntan a industrializar los recursos naturales y construir carreteras en beneficio de los bolivianos.
"Mi pedido es, aprobado o no, acelerar las consultas correspondientes, queremos su participación en las comunidades en temas especiales de explotación, a veces perdemos tiempo uno, dos años se pierde mucho tiempo si solo en consulta vamos a perder dos, tres años y todo el pueblo pide industria, pero respetando derechos de la Madre Tierra"', dijo.
Morales también indicó que todos los problemas y diferencias que puedan presentarse en los procesos de consultas deben ser resueltos en el país y no con la intervención extranjera, en referencia a que en una oportunidad dirigentes indígenas pretendieron consultar a Bélgica sobre un conflicto en un proceso de consulta.
Romero, en el acto que se desarrolló en Palacio Quemado, destacó que ese anteproyecto "es una conquista de los pueblos indígenas", que se encuentra sustentado en la Carta Magna y en dos acuerdos internacionales: el Convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas.
Explicó que es de carácter vinculante y tiene que ver con el respeto a las diferencias culturales y la necesidad de converger las visiones de desarrollo del Estado y de los pueblos indígenas.
El Ministro indicó que es un mecanismo democrático porque respeta las normas de los pueblos y pone en práctica la democracia comunitaria reconocida en la Constitución, que se basa en el consenso y la deliberación.
Destacó que tras la aprobación del anteproyecto, Bolivia se convertirá en el segundo país de la región que contará con ese tipo de norma, luego de Perú, porque Ecuador está en proceso y Colombia que sí tiene una ley de consulta no pudo aplicarla hasta la fecha.
Por su parte, el jefe de Estado ponderó la unidad de los sectores sociales en la elaboración del anteproyecto y agradeció el acompañamiento que realizó la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, demandó acelerar los procesos de consulta, para no perjudicar el avance de los proyectos que apuntan a industrializar los recursos naturales y construir carreteras en beneficio de los bolivianos.
"Mi pedido es, aprobado o no, acelerar las consultas correspondientes, queremos su participación en las comunidades en temas especiales de explotación, a veces perdemos tiempo uno, dos años se pierde mucho tiempo si solo en consulta vamos a perder dos, tres años y todo el pueblo pide industria, pero respetando derechos de la Madre Tierra"', dijo.
Morales también indicó que todos los problemas y diferencias que puedan presentarse en los procesos de consultas deben ser resueltos en el país y no con la intervención extranjera, en referencia a que en una oportunidad dirigentes indígenas pretendieron consultar a Bélgica sobre un conflicto en un proceso de consulta.
domingo, 11 de mayo de 2014
Gobierno descarta cambios en Ley de Imprenta vigente
El Gobierno descartó ayer la modificación unilateral de la Ley de Imprenta que protege el secreto de las fuentes informativas y que esta semana saltó a la actualidad al denunciar la Procuraduría del Estado a un diario por supuestos delitos de espionaje y revelación de secretos.
En un desayuno con la prensa por el Día del Periodista, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que el Ejecutivo "no va a tomar una iniciativa unilateral" sobre ese asunto, al ser preguntado sobre una posible modificación de la Ley de Imprenta, reclamada desde algunas instancias oficiales.
La denuncia que ha motivado este debate fue presentada esta semana por la Procuraduría General del Estado contra un periodista y la directora del diario La Razón por la publicación de un reportaje sobre la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Un juez ordenó el viernes la reserva en la investigación de la denuncia presentada por el procurador general del Estado, Héctor Arce, quien pidió a la Fiscalía que iniciara una acción penal "por delitos de orden público" contra los citados periodistas.
Arce solicitó al Ministerio Público que un juez "competente" levantara el "secreto de fuente" por el reportaje titulado "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ´actos unilaterales´", y que fue publicado el 13 de abril.
García Linera sostuvo ayer que cualquier modificación de la Ley de Imprenta "tiene que salir de un debate de los periodistas" y aseguró que el Ejecutivo canalizará la decisión que tome el gremio.
"Personalmente creo que hay que actualizarla, (la Ley de Imprenta) tiene cien años", opinó el Vicepresidente, quien mencionó el surgimiento del periodismo digital.
Añadió que "en ningún momento la intención del Gobierno ha sido la de sancionar a un medio" de comunicación, sino "saber qué funcionario público" es responsable de la filtración, "para que no vuelva a repetirse un tema de seguridad de Estado".
En un desayuno con la prensa por el Día del Periodista, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo que el Ejecutivo "no va a tomar una iniciativa unilateral" sobre ese asunto, al ser preguntado sobre una posible modificación de la Ley de Imprenta, reclamada desde algunas instancias oficiales.
La denuncia que ha motivado este debate fue presentada esta semana por la Procuraduría General del Estado contra un periodista y la directora del diario La Razón por la publicación de un reportaje sobre la demanda marítima presentada por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Un juez ordenó el viernes la reserva en la investigación de la denuncia presentada por el procurador general del Estado, Héctor Arce, quien pidió a la Fiscalía que iniciara una acción penal "por delitos de orden público" contra los citados periodistas.
Arce solicitó al Ministerio Público que un juez "competente" levantara el "secreto de fuente" por el reportaje titulado "De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los ´actos unilaterales´", y que fue publicado el 13 de abril.
García Linera sostuvo ayer que cualquier modificación de la Ley de Imprenta "tiene que salir de un debate de los periodistas" y aseguró que el Ejecutivo canalizará la decisión que tome el gremio.
"Personalmente creo que hay que actualizarla, (la Ley de Imprenta) tiene cien años", opinó el Vicepresidente, quien mencionó el surgimiento del periodismo digital.
Añadió que "en ningún momento la intención del Gobierno ha sido la de sancionar a un medio" de comunicación, sino "saber qué funcionario público" es responsable de la filtración, "para que no vuelva a repetirse un tema de seguridad de Estado".
La ALP pisa el freno en el tratamiento de leyes
A cinco meses de las elecciones el ritmo de trabajo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que además optó por no abordar este año leyes sensibles, en un año que se presume será altamente politizado.
Así coinciden analistas y opositores, al sostener que es una estrategia con fines electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS). Como ejemplo toman la postergación del tratamiento de la Ley Minera y de las Fuerzas Armadas, con el fin de evitar conflictos con esos sectores que son cercanos al partido de Gobierno.
El partido oficialista niega la lentitud en la aprobación de las normas y culpa a sus adversarios de no tener capacidad propositiva.
Funcional al Ejecutivo. El politólogo Jorge Landívar, comentó que la ALP desde que fue conformada, tuvo una fuerte incidencia del masismo y sus aliados, siendo funcional a las decisiones del Ejecutivo nacional. 'El Legislativo tiene un funcionamiento que no se acomoda al propósito y responsabilidad que tiene un Parlamento de cualquier país', aseveró.
Landívar considera que el Legislativo nacional es un organismo dependiente y supeditado al Ejecutivo y por lo tanto, desconoce la independencia de poderes que es la base fundamental del funcionamiento de un Estado.
Política de rodillo para sus intereses. Para el abogado Paúl Antonio Coca, las políticas del rodillo parlamentario, son solamente para los intereses del oficialismo.
Indicó que tanto en el oficialismo como en la oposición, el cargo de asambleístas les quedó muy grande y solamente aparecen para el show ante las cámaras, pero en el hemiciclo se olvidaron de sus funciones legislativas. Avizora que en este 2014 los únicos que presentarán proyectos de ley serán los parlamentarios que no están buscando reelección, mientras que los otros se abocarán más a sus campañas electorales.
Sus inspiradores están en crisis. En esa línea, el periodista y analista Humberto Vacaflor, cuestionó que la falta de aprobación de leyes fundamentales, es porque sus inspiradores que son los venezolanos, se encuentran en crisis.
'Ya que eran estos extranjeros que les pasaban sus textos hechos, pero ahora cuando se diluye el socialismo del siglo 21, ya no hay las normativas que definían la política boliviana', advirtió. Con esa situación, dijo que los legisladores demuestran ser incapaces de elaborar leyes, por eso es que la ALP está, según él, paralizada.
Aprobación casi nula. Asimismo, el senador de Convergencia Nacional (CN), Germán Antelo, explicó que actualmente los oficialistas tienen aprobación casi nula de las leyes fundamentales.
Indicó que las normas son más simbólicas, como declarar patrimonio cultural, el día de un determinado pueblo, pero hay carencias de normas de beneficio colectivo. Además dijo que los proyectos normativos más polémicos son enviados desde el Poder Ejecutivo e incluso la Ley Minera desató enfrentamientos y muertos, motivo por el que se suspendió el debate.
Códigos obsoletos. Para la diputada de CN, Norma Piérola, dijo que no solo hay retraso evidente, sino que los códigos procesales quedaron obsoletos.
Esto porque tenían que adecuar estas normas a la nueva estructura de la Ley del Órgano Judicial, hasta el 21 de junio del 2012 y hasta la fecha no se han aprobado los mencionados códigos.
Dijo que los oficialistas les impide cualquier iniciativa legislativa ciudadana, ya que incluso le rechazaron 1068 proyectos de ley.
El MAS rechaza. Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, rechazó las sindicaciones a su partido de que no están aprobando leyes fundamentales.
'Hay muchas normas fundamentales que es muy difícil llegar a un consenso con los diferentes sectores sociales y lo que no queremos es que la derecha empiece a aprovecharse para ahondar en el conflicto con fines políticos', resaltó el oficialista. Es así que al ser un año electoral, avanzarán en normativas consensuadas que no sean detonante de conflictos, para evitar las intenciones de la oposición que consiste en el desprestigio a la gestión de Morales. Aclaró que desde el nacimiento de la ALP se aprobó mucho más leyes que en toda la historia del anterior Congreso.
CPE
Atribuciones de la Asamblea Plurinacional
CPE. Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional:
1. Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo, y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno.
3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
8. Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social.
15. Establecer el sistema monetario.
17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.
18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o del ministro.
19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.
Normas
Tres de las 38 aprobadas son fundamentales
alp. De las 38 leyes aprobadas en el 2014, solo tres son consideradas fundamentales. Estas son algunas de las normas:
1. Ley 482. LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
(09 de enero del 2014)
2. Ley 483. LEY DEL NOTARIADO PLURINACIONAL. (25 de enero del 2014)
3. Ley 484. Declara de Prioridad Plurinacional la gestión cultural del Patrimonio histórico el inmueble que ocupa el Gobierno Departamental de Potosí. (25 de enero de 2014)
11. Ley 492. Ley de acuerdos y convenios intergubernativos.
35. Ley 516. LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES.
(04 de abril del 2014)
36.- Ley 517. Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3151/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 6 de marzo de 2014, por un monto de hasta US$43.000.000, destinados a financiar el proyecto “Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud en El Alto - Bolivia”.
(09 de abril del 2014)
37. Ley 518. Ratifica el “Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, el 5 de diciembre de 2013. (09 de abril del 2014)
38. Ley 519. Modifica los Artículos 50 y 51, y la Disposición Adicional Octava de la Ley N° 466, de la Empresa Pública, de fecha 26 de diciembre de 2013.
(14 de abril de 2014)
"Desde que fue conformada la Asamblea Plurinacional, ha tenido una fuerte incidencia del masismo y sus aliados, siendo funcional a las decisiones del Ejecutivo "
Jorge Landívar
analista político
"La falta de aprobación de leyes es porque sus inspiradores están en crisis, los venezolanos les pasaban los textos hechos, (...) normas que definían la política boliviana".
Humberto Vacaflor
analista político
"No solo están lentas sino que los códigos procesales quedaron obsoletos, porque tenían que adecuarlos hasta el 21 de junio de 2012 y hasta la fecha no los aprobaron".
Norma Piérola
diputada de convergencia nacional (CN)
"Si bien es cierto que bajó un poco el ritmo, pero nuestro trabajo no es solo legislar, también está el de fiscalizar y gestionar y eso es lo que estamos haciendo".
Edgar Luis Fernández
diputado del movimiento al socialismo (MAS)
Punto de Vista
"Demuestran mediocridad "
Alvaro Puente
Analista Político
"La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está conformada por gente que demuestra mediocridad.
Estos legisladores aprueban leyes en la medida en que el Gobierno Nacional del presidente Evo Morales les presenta proyectos.
Sin embargo, los legisladores carecen de un plan o proceso, de ir aprobando las normativas fundamentales e importantes, como por ejemplo la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ley Minera, entre otras normas.
Es un drama y lo que es más grave aún, que como el Ejecutivo Nacional se encuentra abocado a la campaña electoral de los mandatarios, no presentan nada.
Incluso en ambas cámaras se ocupan de otras cosas que no tiene nada que ver con sus labores parlamentarias y ahora cada uno de ellos, están pensando en como encarar su campaña electoral.
Por lo que considero, que es muy previsible que de la misma manera se mantendrán los asambleístas nacionales hasta que lleguen las elecciones nacionales de fin de año.
Ahora supongo, que pasado los comicios presidenciales, puede haber más diversidad en las cámaras de Diputados y Senadores.
Esto en el sentido de que el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya no tenga mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Esto significa, que si bien la aprobación de las leyes nacionales seguirá lenta, pero esta vez será porque los parlamentarios del partido en función de Gobierno, se verían en la obligación de discutir y consensuar los proyectos de Ley con sus adversarios políticos".
Así coinciden analistas y opositores, al sostener que es una estrategia con fines electorales del Movimiento Al Socialismo (MAS). Como ejemplo toman la postergación del tratamiento de la Ley Minera y de las Fuerzas Armadas, con el fin de evitar conflictos con esos sectores que son cercanos al partido de Gobierno.
El partido oficialista niega la lentitud en la aprobación de las normas y culpa a sus adversarios de no tener capacidad propositiva.
Funcional al Ejecutivo. El politólogo Jorge Landívar, comentó que la ALP desde que fue conformada, tuvo una fuerte incidencia del masismo y sus aliados, siendo funcional a las decisiones del Ejecutivo nacional. 'El Legislativo tiene un funcionamiento que no se acomoda al propósito y responsabilidad que tiene un Parlamento de cualquier país', aseveró.
Landívar considera que el Legislativo nacional es un organismo dependiente y supeditado al Ejecutivo y por lo tanto, desconoce la independencia de poderes que es la base fundamental del funcionamiento de un Estado.
Política de rodillo para sus intereses. Para el abogado Paúl Antonio Coca, las políticas del rodillo parlamentario, son solamente para los intereses del oficialismo.
Indicó que tanto en el oficialismo como en la oposición, el cargo de asambleístas les quedó muy grande y solamente aparecen para el show ante las cámaras, pero en el hemiciclo se olvidaron de sus funciones legislativas. Avizora que en este 2014 los únicos que presentarán proyectos de ley serán los parlamentarios que no están buscando reelección, mientras que los otros se abocarán más a sus campañas electorales.
Sus inspiradores están en crisis. En esa línea, el periodista y analista Humberto Vacaflor, cuestionó que la falta de aprobación de leyes fundamentales, es porque sus inspiradores que son los venezolanos, se encuentran en crisis.
'Ya que eran estos extranjeros que les pasaban sus textos hechos, pero ahora cuando se diluye el socialismo del siglo 21, ya no hay las normativas que definían la política boliviana', advirtió. Con esa situación, dijo que los legisladores demuestran ser incapaces de elaborar leyes, por eso es que la ALP está, según él, paralizada.
Aprobación casi nula. Asimismo, el senador de Convergencia Nacional (CN), Germán Antelo, explicó que actualmente los oficialistas tienen aprobación casi nula de las leyes fundamentales.
Indicó que las normas son más simbólicas, como declarar patrimonio cultural, el día de un determinado pueblo, pero hay carencias de normas de beneficio colectivo. Además dijo que los proyectos normativos más polémicos son enviados desde el Poder Ejecutivo e incluso la Ley Minera desató enfrentamientos y muertos, motivo por el que se suspendió el debate.
Códigos obsoletos. Para la diputada de CN, Norma Piérola, dijo que no solo hay retraso evidente, sino que los códigos procesales quedaron obsoletos.
Esto porque tenían que adecuar estas normas a la nueva estructura de la Ley del Órgano Judicial, hasta el 21 de junio del 2012 y hasta la fecha no se han aprobado los mencionados códigos.
Dijo que los oficialistas les impide cualquier iniciativa legislativa ciudadana, ya que incluso le rechazaron 1068 proyectos de ley.
El MAS rechaza. Por su parte, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, rechazó las sindicaciones a su partido de que no están aprobando leyes fundamentales.
'Hay muchas normas fundamentales que es muy difícil llegar a un consenso con los diferentes sectores sociales y lo que no queremos es que la derecha empiece a aprovecharse para ahondar en el conflicto con fines políticos', resaltó el oficialista. Es así que al ser un año electoral, avanzarán en normativas consensuadas que no sean detonante de conflictos, para evitar las intenciones de la oposición que consiste en el desprestigio a la gestión de Morales. Aclaró que desde el nacimiento de la ALP se aprobó mucho más leyes que en toda la historia del anterior Congreso.
CPE
Atribuciones de la Asamblea Plurinacional
CPE. Artículo 158. I. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional:
1. Aprobar autónomamente su presupuesto y ejecutarlo; nombrar y remover a su personal administrativo, y atender todo lo relativo a su economía y régimen interno.
3. Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.
8. Aprobar leyes en materia de presupuestos, endeudamiento, control y fiscalización de recursos estatales de crédito público y subvenciones, para la realización de obras públicas y de necesidad social.
15. Establecer el sistema monetario.
17. Controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas.
18. Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o del ministro.
19. Realizar investigaciones en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, mediante la comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes.
Normas
Tres de las 38 aprobadas son fundamentales
alp. De las 38 leyes aprobadas en el 2014, solo tres son consideradas fundamentales. Estas son algunas de las normas:
1. Ley 482. LEY DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
(09 de enero del 2014)
2. Ley 483. LEY DEL NOTARIADO PLURINACIONAL. (25 de enero del 2014)
3. Ley 484. Declara de Prioridad Plurinacional la gestión cultural del Patrimonio histórico el inmueble que ocupa el Gobierno Departamental de Potosí. (25 de enero de 2014)
11. Ley 492. Ley de acuerdos y convenios intergubernativos.
35. Ley 516. LEY DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES.
(04 de abril del 2014)
36.- Ley 517. Aprueba el Contrato de Préstamo N° 3151/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, en fecha 6 de marzo de 2014, por un monto de hasta US$43.000.000, destinados a financiar el proyecto “Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud en El Alto - Bolivia”.
(09 de abril del 2014)
37. Ley 518. Ratifica el “Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, el 5 de diciembre de 2013. (09 de abril del 2014)
38. Ley 519. Modifica los Artículos 50 y 51, y la Disposición Adicional Octava de la Ley N° 466, de la Empresa Pública, de fecha 26 de diciembre de 2013.
(14 de abril de 2014)
"Desde que fue conformada la Asamblea Plurinacional, ha tenido una fuerte incidencia del masismo y sus aliados, siendo funcional a las decisiones del Ejecutivo "
Jorge Landívar
analista político
"La falta de aprobación de leyes es porque sus inspiradores están en crisis, los venezolanos les pasaban los textos hechos, (...) normas que definían la política boliviana".
Humberto Vacaflor
analista político
"No solo están lentas sino que los códigos procesales quedaron obsoletos, porque tenían que adecuarlos hasta el 21 de junio de 2012 y hasta la fecha no los aprobaron".
Norma Piérola
diputada de convergencia nacional (CN)
"Si bien es cierto que bajó un poco el ritmo, pero nuestro trabajo no es solo legislar, también está el de fiscalizar y gestionar y eso es lo que estamos haciendo".
Edgar Luis Fernández
diputado del movimiento al socialismo (MAS)
Punto de Vista
"Demuestran mediocridad "
Alvaro Puente
Analista Político
"La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está conformada por gente que demuestra mediocridad.
Estos legisladores aprueban leyes en la medida en que el Gobierno Nacional del presidente Evo Morales les presenta proyectos.
Sin embargo, los legisladores carecen de un plan o proceso, de ir aprobando las normativas fundamentales e importantes, como por ejemplo la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, Ley Minera, entre otras normas.
Es un drama y lo que es más grave aún, que como el Ejecutivo Nacional se encuentra abocado a la campaña electoral de los mandatarios, no presentan nada.
Incluso en ambas cámaras se ocupan de otras cosas que no tiene nada que ver con sus labores parlamentarias y ahora cada uno de ellos, están pensando en como encarar su campaña electoral.
Por lo que considero, que es muy previsible que de la misma manera se mantendrán los asambleístas nacionales hasta que lleguen las elecciones nacionales de fin de año.
Ahora supongo, que pasado los comicios presidenciales, puede haber más diversidad en las cámaras de Diputados y Senadores.
Esto en el sentido de que el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya no tenga mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Esto significa, que si bien la aprobación de las leyes nacionales seguirá lenta, pero esta vez será porque los parlamentarios del partido en función de Gobierno, se verían en la obligación de discutir y consensuar los proyectos de Ley con sus adversarios políticos".
sábado, 10 de mayo de 2014
Piden cambio en decreto y reivindican la Ley de Imprenta
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC), Claudio Rojas, aprovechó el acto del Día del Periodista Boliviano para plantear dos demandas. La primera tuvo que ver con la modificación de un decreto para que, en vez del “Día del Periodista Boliviano”, se establezca el “Día del Periodista Boliviano y Trabajador de la Prensa”. Para lo anterior, entregó una propuesta a la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa
Por otra parte, Rojas demandó la vigencia de la Ley de Imprenta, a propósito de una intención de transgresión del secreto profesional por una nota publicada en el diario La Razón.
Por otra parte, Rojas demandó la vigencia de la Ley de Imprenta, a propósito de una intención de transgresión del secreto profesional por una nota publicada en el diario La Razón.
viernes, 9 de mayo de 2014
Ley minera transita último espacio para su promulgación
Propiamente en el Día del Trabajo, coincidencia especial de homenaje a la fecha, se conoció la versión oficial sobre los acuerdos a que arribaron luego de prolongada negociación las autoridades de gobierno, los cooperativistas y entre ambos los regantes, consensuando algunas definiciones que deben incluirse en el proyecto de la nueva Ley Minera que transita el último espacio de su análisis por la Cámara de Senadores.
El problema se inició el 08 de abril, cundo se posesionó a un nuevo ministro de minería y éste ordenó el cierre (bajo precinto) de tres oficinas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), donde se entendía estaban las pruebas sobre la firma de un centenar de contratos que complicaban a los cooperativistas por transgresión a disposiciones vigentes.
El dicho común mostró otra realidad, más fue el ruido que las nueces, porque en las primeras diligencias tras las movilizaciones de los cooperativistas defendiendo sus actividades resultó que 42 contratos fueron objeto de una auditoría, permitiendo a los firmantes de esos acuerdos mostrar que en la mayoría de los casos se trataba de operaciones de "riesgo compartido" y en otros casos contratos con definiciones porcentuales que establecían un beneficio del 96% para las operadoras transnacionales y del 4% restante se beneficiaban en partes iguales la Comibol y los cooperativistas.
El proceso de auditoría en los más de 40 contratos, finalmente estableció que existían fallas en sólo siete contratos, los que además fueron suscritos entre las gestiones de 1998 y 2005, es decir antes de la vigencia de la nueva CPE aprobada el 2009, por tanto su validez es natural y normal, aunque según la Procuraduría tres de los siete contratos se firmaron el 2006 y por lo mismo entrarían en conflicto. Por lo demás el asunto pasa a una fase especial de adecuación de textos de los artículos observados para su último análisis en la Cámara Alta.
En las últimas negociaciones y en base a la representación que plantearon los "regantes" en defensa del medio ambiente y denunciando algunas operaciones que ponen en peligro la salud de la población, se aprobó incorporar al proyecto de ley algunas recomendaciones y medidas precautorias en caso de que se advirtieran daños ambientales en operaciones mineras, las mismas que de acuerdo a la gravedad del caso inclusive podrán ser interrumpidas en tanto se subsanen las fallas existentes, por lo que se tomarán en cuenta obligaciones que cumplirán los empresarios mineros para desarrollar programas de cuidado de los recursos hídricos, mitigación del medio ambiente, especialmente en áreas compartidas con actividades agrícolas.
Los factores adversos y contradictorios con la CPE que se observaron en la Cámara de Diputados y que dieron lugar al entredicho con los cooperativistas, en función especialmente de los contratos irregulares, se subsanan en el futuro con enmiendas a los textos de los artículos 151, 132 y el 62.
El texto del art 151 reformado señala concretamente que los únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la CPE son aquellos que se suscriban con el Estado a través de la Comibol. En el caso del art 132, se establece que la aprobación legislativa de nuevos contratos no deberá exceder de 90 días, aclarándose que si se pasa ese tiempo los contratos se dan por bien aprobados ante el silencio legislativo y finalmente el art 62 se refiere a una coordinación sobre el tiempo de vigencia de los contratos y su renegociación.
Así pasó el tiempo y por expresiones de los protagonistas de estos hechos las irregularidades que alteraron el ambiente no pasaron de un gran alboroto que finalmente se diluyó en varias reuniones, en las que primó el diálogo y por supuesto, según los analistas de la materia, predominó la buena intención de las partes y en principalmente del equipo oficial para no abrir una brecha con un sector altamente sensible en materia de apoyo político, como es el caso de los cooperativistas que al desatarse el problema anunciaron "una posible revisión del pacto con el gobierno".
En todo caso las aguas desbordadas vuelven a su cauce y en los niveles oficiales se menciona que la coyuntura sirvió principalmente para aplicar algunos cambios urgentes, el caso del Ministro de Minería por un lado y de algunas autoridades de la Comibol, por otro. Ambas circunstancias abrieron las puertas a ciertos ajustes de la cúpula administrativa de la minería nacional, actividad que necesita la implementación de una estrategia de acción que incorpore sobre todo elemento profesional especializado y de vasta experiencia para encarar la mentada y postergada "reactivación de la minería", como una necesidad para acome-
ter luego el proyecto de su
industrialización.
Entre los tres sub sectores de la minería nacional, el que sale fortalecido de veras es el cooperativista ya que además en las negociaciones con las autoridades logró un compromiso del Ministro de Minería y Metalurgia, (MMM) de gestionar un mayor apoyo financiero estatal para mejorar el acceso a créditos del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), lo que permitirá desarrollar importantes proyectos que plantearán los cooperativistas.
A propósito de este último anuncio, otro importante sector de la minería nacional es el de la "minería chica" que de manera permanente ha reclamado asistencia financiera para mejorar sus sistemas productivos, considerados importantes toda vez, que este sector da fuentes de empleo, tributa de manera regular, además de generar regalías, pero se halla desprotegido desde que hace años se liquido el Banco Minero de Bolivia. Una visión de amplitud en ejecutivos del MMM debería facilitar a los mineros chicos su acceso a los créditos específicos para impulsar la producción minera en el país.
El problema se inició el 08 de abril, cundo se posesionó a un nuevo ministro de minería y éste ordenó el cierre (bajo precinto) de tres oficinas de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), donde se entendía estaban las pruebas sobre la firma de un centenar de contratos que complicaban a los cooperativistas por transgresión a disposiciones vigentes.
El dicho común mostró otra realidad, más fue el ruido que las nueces, porque en las primeras diligencias tras las movilizaciones de los cooperativistas defendiendo sus actividades resultó que 42 contratos fueron objeto de una auditoría, permitiendo a los firmantes de esos acuerdos mostrar que en la mayoría de los casos se trataba de operaciones de "riesgo compartido" y en otros casos contratos con definiciones porcentuales que establecían un beneficio del 96% para las operadoras transnacionales y del 4% restante se beneficiaban en partes iguales la Comibol y los cooperativistas.
El proceso de auditoría en los más de 40 contratos, finalmente estableció que existían fallas en sólo siete contratos, los que además fueron suscritos entre las gestiones de 1998 y 2005, es decir antes de la vigencia de la nueva CPE aprobada el 2009, por tanto su validez es natural y normal, aunque según la Procuraduría tres de los siete contratos se firmaron el 2006 y por lo mismo entrarían en conflicto. Por lo demás el asunto pasa a una fase especial de adecuación de textos de los artículos observados para su último análisis en la Cámara Alta.
En las últimas negociaciones y en base a la representación que plantearon los "regantes" en defensa del medio ambiente y denunciando algunas operaciones que ponen en peligro la salud de la población, se aprobó incorporar al proyecto de ley algunas recomendaciones y medidas precautorias en caso de que se advirtieran daños ambientales en operaciones mineras, las mismas que de acuerdo a la gravedad del caso inclusive podrán ser interrumpidas en tanto se subsanen las fallas existentes, por lo que se tomarán en cuenta obligaciones que cumplirán los empresarios mineros para desarrollar programas de cuidado de los recursos hídricos, mitigación del medio ambiente, especialmente en áreas compartidas con actividades agrícolas.
Los factores adversos y contradictorios con la CPE que se observaron en la Cámara de Diputados y que dieron lugar al entredicho con los cooperativistas, en función especialmente de los contratos irregulares, se subsanan en el futuro con enmiendas a los textos de los artículos 151, 132 y el 62.
El texto del art 151 reformado señala concretamente que los únicos contratos de asociación admisibles en el marco de la CPE son aquellos que se suscriban con el Estado a través de la Comibol. En el caso del art 132, se establece que la aprobación legislativa de nuevos contratos no deberá exceder de 90 días, aclarándose que si se pasa ese tiempo los contratos se dan por bien aprobados ante el silencio legislativo y finalmente el art 62 se refiere a una coordinación sobre el tiempo de vigencia de los contratos y su renegociación.
Así pasó el tiempo y por expresiones de los protagonistas de estos hechos las irregularidades que alteraron el ambiente no pasaron de un gran alboroto que finalmente se diluyó en varias reuniones, en las que primó el diálogo y por supuesto, según los analistas de la materia, predominó la buena intención de las partes y en principalmente del equipo oficial para no abrir una brecha con un sector altamente sensible en materia de apoyo político, como es el caso de los cooperativistas que al desatarse el problema anunciaron "una posible revisión del pacto con el gobierno".
En todo caso las aguas desbordadas vuelven a su cauce y en los niveles oficiales se menciona que la coyuntura sirvió principalmente para aplicar algunos cambios urgentes, el caso del Ministro de Minería por un lado y de algunas autoridades de la Comibol, por otro. Ambas circunstancias abrieron las puertas a ciertos ajustes de la cúpula administrativa de la minería nacional, actividad que necesita la implementación de una estrategia de acción que incorpore sobre todo elemento profesional especializado y de vasta experiencia para encarar la mentada y postergada "reactivación de la minería", como una necesidad para acome-
ter luego el proyecto de su
industrialización.
Entre los tres sub sectores de la minería nacional, el que sale fortalecido de veras es el cooperativista ya que además en las negociaciones con las autoridades logró un compromiso del Ministro de Minería y Metalurgia, (MMM) de gestionar un mayor apoyo financiero estatal para mejorar el acceso a créditos del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), lo que permitirá desarrollar importantes proyectos que plantearán los cooperativistas.
A propósito de este último anuncio, otro importante sector de la minería nacional es el de la "minería chica" que de manera permanente ha reclamado asistencia financiera para mejorar sus sistemas productivos, considerados importantes toda vez, que este sector da fuentes de empleo, tributa de manera regular, además de generar regalías, pero se halla desprotegido desde que hace años se liquido el Banco Minero de Bolivia. Una visión de amplitud en ejecutivos del MMM debería facilitar a los mineros chicos su acceso a los créditos específicos para impulsar la producción minera en el país.
jueves, 8 de mayo de 2014
Proyectan aprobación ley contra hostigamiento escolar
Impulsarán la aprobación de una ley que sancione el hostigamiento escolar (bullying) en las unidades educativas, debido al incremento de casos de maltrato físico y psicológico contra estudiantes que están indefensos, según informó ayer el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle.
El asambleísta dijo que la participación de los profesores, directores de unidades educativas y padres de familia es importante para enriquecer con sugerencias y observaciones en el documento que pretende presentar y en base al documento socializar con los actores directos.
“No hemos tenido ninguna clase de recepción, ni respuesta, pero esperamos nosotros impulsar esa norma de nuevo”, sostuvo en contacto con los medios de comunicación.
Adelantó que una de las posibles sanciones pueda ser la expulsión de estudiantes que ejercen el hostigamiento (bullying) contra sus compañeros y en cualquier caso no podrán ser recibidos en ninguna de las unidades educativas del Estado.
Aunque estima que estas y otras sanciones que deben ser consideradas por los actores y la sociedad civil, que en este tiempo observa con extrañeza el comportamiento de los jóvenes.
El asambleísta dijo que la participación de los profesores, directores de unidades educativas y padres de familia es importante para enriquecer con sugerencias y observaciones en el documento que pretende presentar y en base al documento socializar con los actores directos.
“No hemos tenido ninguna clase de recepción, ni respuesta, pero esperamos nosotros impulsar esa norma de nuevo”, sostuvo en contacto con los medios de comunicación.
Adelantó que una de las posibles sanciones pueda ser la expulsión de estudiantes que ejercen el hostigamiento (bullying) contra sus compañeros y en cualquier caso no podrán ser recibidos en ninguna de las unidades educativas del Estado.
Aunque estima que estas y otras sanciones que deben ser consideradas por los actores y la sociedad civil, que en este tiempo observa con extrañeza el comportamiento de los jóvenes.
Senado aprueba en grande Ley de Minería
La Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización de la Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, informó su presidenta, Martha Poma. La sesión contó con la participación de tres técnicos del Ministerio de Minería.
“Se ha trabajado durante toda la anterior semana con el Ministerio de Minería y de Aguas, también con los hermanos mineros de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), y regantes, hay algunos detalles que debemos corregir, una vez terminado eso vamos a entrar a su tratamiento en detalle”, dijo.
Antes de la aprobación, el senador Eduardo Maldonado manifestaba su rechazo a la norma pues se trata del segundo recurso más importante del país, por lo que se debería velar por los intereses nacionales antes que los corporativos o partidarios.
“Yo espero que se imponga el criterio razonable y sobre todo anteponer el interés de la patria a cualquier consideración o consigna partidaria o política”, dijo.
“Se ha trabajado durante toda la anterior semana con el Ministerio de Minería y de Aguas, también con los hermanos mineros de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), y regantes, hay algunos detalles que debemos corregir, una vez terminado eso vamos a entrar a su tratamiento en detalle”, dijo.
Antes de la aprobación, el senador Eduardo Maldonado manifestaba su rechazo a la norma pues se trata del segundo recurso más importante del país, por lo que se debería velar por los intereses nacionales antes que los corporativos o partidarios.
“Yo espero que se imponga el criterio razonable y sobre todo anteponer el interés de la patria a cualquier consideración o consigna partidaria o política”, dijo.
SENADO RECHAZA MODIFICACIONES A LA LEY DE PATRIMONIO
La Cámara de Senadores rechazó las modificaciones al proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Boliviano, propuestas por la Cámara de Diputados, y según lo establece la Constitución Política del Estado (CPE) fue remitido al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para su tratamiento en Asamblea. El Jefe de Bancada del MAS, senador Julio Salazar, observó que la norma fue modificada, no sólo de forma, sino también de fondo, según un comunicado de prensa.
Tratamiento. "Este proyecto de ley ha sido aprobado (en Senado) en grande y detalle y remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y ha sufrido muchas modificaciones, algunas de forma y algunas de fondo. Por lo tanto hemos analizado el proyecto de ley en la comisión y después se han hecho conocer muchas contradicciones. Por lo tanto no es coherente aprobarlo, inclusive hay sugerencias de incorporar algunos artículos y eso tiene que ser en una sesión de Asamblea", explicó.
El proyecto de ley del patrimonio cultural, tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias de la heredad cultural.
Tratamiento. "Este proyecto de ley ha sido aprobado (en Senado) en grande y detalle y remitido a la Cámara de Diputados para su revisión y ha sufrido muchas modificaciones, algunas de forma y algunas de fondo. Por lo tanto hemos analizado el proyecto de ley en la comisión y después se han hecho conocer muchas contradicciones. Por lo tanto no es coherente aprobarlo, inclusive hay sugerencias de incorporar algunos artículos y eso tiene que ser en una sesión de Asamblea", explicó.
El proyecto de ley del patrimonio cultural, tiene por objetivo normar y definir políticas públicas que regulen la clasificación, registro, restitución, repatriación, difusión, defensa, propiedad, gestión y proceso de declaratorias de la heredad cultural.
martes, 6 de mayo de 2014
Ley de inversión: Estado asume más control del capital de las empresas
Las empresas que ingresen o exporten divisas deberán registrar en el Banco Central de Bolivia (BCB) el origen, el destino, el aporte y el mecanismo de inversión, como lo establece la nueva Ley de Promoción de Inversiones. El reglamento del procedimiento debe ser presentado el 4 de julio. En Bolivia, el mayor control de la moneda extranjera divide la opinión entre el sector privado y los economistas.
El texto de la ley dispone que la inversión extranjera que ingrese al país deberá registrarse “en formatos específicos que garanticen la captura de información referida a los aportes y modalidades de inversión establecidas”.
El economista Marcelo Núñez explica que dentro de la filosofía del MAS no está el ingreso del capital extranjero, no porque no lo necesite el país, sino porque le puede restar votos o popularidad. “Por ahora, el Gobierno se pone duro con los inversores extranjeros porque tiene musculatura financiera producto de las reservas internacionales”, indicó.
Un banquero, que pidió la reserva de su nombre, dijo que ahora se pide una transferencia de fondos y sólo se informa origen y destino del dinero. Considera que con la nueva ley se agrega burocracia o un trámite adicional al registrar en Fundempresa los aportes.
Seguimiento y reinversión
Armando Méndez, expresidente del BCB, cree que a través del registro el Estado será un fiscalizador riguroso de las inversiones extranjeras. La norma añade que los ministerios cabeza de sector harán el “seguimiento periódico a las inversiones”.
Al respecto, el economista Julio Alvarado asegura que el procedimiento de control desincentivará las inversiones. Para Méndez, la ley concreta lo dispuesto en la Carta Magna que establece “que el Estado es el encargado del de-sarrollo económico en el país y por ello es quien orienta dónde debe ir la inversión privada (...).
En la norma, la inversión privada nacional o extranjera se subordina a los intereses que el Estado determine”.
Asimismo, la norma establece que el Estado boliviano suscribirá ‘contratos de asociación’ con los inversionistas extranjeros si estos últimos garantizan la reinversión de las utilidades en el país.
El economista Carlos Hugo Barbery considera que el inversionista arriesga para obtener un excedente, que se constituye en su sueldo. Adicionalmente, dijo que determinar que los excedentes deban ser obligatoriamente reinvertidos en el país, en sí mismo es un mecanismo que frena la propensión a invertir.
Los empresarios
En criterio del inversionista Carlos Kempff es importante que se registren todos los ingresos y salidas de dinero de/hacia el extranjero. “Esta es una medida sana para hacer un sinnúmero de análisis económicos y por último controlados, para que no estén vinculados a actividades ilícitas, sean ligadas al narcotráfico, contrabando, evasión impositiva o lavado de dinero”, apuntó.
El empresario Leonardo Salvatierra coincide con Kempff y cree que se apunta a lo que están haciendo la mayoría de los estados y gobiernos en este nuevo escenario económico mundial, donde se está tratando de tener mayor control sobre los flujos de divisas y el tema de lavado de dinero. “La idea es correcta, el problema es que en nuestro país las instituciones públicas son demasiado lentas, burocráticas y lo hacen todo más complicado”, opinó.
Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, aseveró que todavía hay que esperar la reglamentación para ver el alcance de la ley y que la expedición de divisas sea de una manera fácil, por ejemplo, debería ser un tema a considerarse en la norma.
Desde el área de comunicación del ministerio de Planificación informaron que actualmente hay técnicos trabajando en la reglamentación donde “seguro se van a detallar los mecanismos para las inversiones, los plazos y la metodología y que hasta julio no están en condiciones de adelantar criterios”
Ministerio de Planificación otorgará y vetará incentivos de acuerdo a preferencias
Generales y específicas. Esas son las dos categorías de incentivos que establece la nueva Ley de Promoción de Inversiones Nº 516. Los primeros son otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico sin crear condiciones ventajosas de un inversionista frente a otros, y los segundos se destinarán a proyectos de inversión calificados como preferentes.
Ambos serán calificados por el Ministerio de Planificación y este recomendará al consejo de Ministros la aplicación o rechazo del incentivo. Así lo menciona la Ley Nº 516 y lo confirma la ministra de planificación, Viviana Caro, durante una entrevista previa a la aprobación de la norma.
Según Caro, darán los incentivos a los sectores que consideren necesarios, pero también pedirán resultados. Dijo que “el Estado no está entrando en todos los sectores de la economía”.
Puntualizó además que anterior a la normativa no tenían conocimiento ni de las condiciones, ni de cómo se firmaban los contratos que no pasaban por ningún control ni fiscalización, pero que ahora estos elementos están presentes en la ley.
Los sectores preferentes para las inversiones, según el artículo 22, son hidrocarburos, minería, energía, transporte, turismo, agroindustria, textiles y otros que aporten valor agregado y polos de desarrollo económico.
El texto de la ley dispone que la inversión extranjera que ingrese al país deberá registrarse “en formatos específicos que garanticen la captura de información referida a los aportes y modalidades de inversión establecidas”.
El economista Marcelo Núñez explica que dentro de la filosofía del MAS no está el ingreso del capital extranjero, no porque no lo necesite el país, sino porque le puede restar votos o popularidad. “Por ahora, el Gobierno se pone duro con los inversores extranjeros porque tiene musculatura financiera producto de las reservas internacionales”, indicó.
Un banquero, que pidió la reserva de su nombre, dijo que ahora se pide una transferencia de fondos y sólo se informa origen y destino del dinero. Considera que con la nueva ley se agrega burocracia o un trámite adicional al registrar en Fundempresa los aportes.
Seguimiento y reinversión
Armando Méndez, expresidente del BCB, cree que a través del registro el Estado será un fiscalizador riguroso de las inversiones extranjeras. La norma añade que los ministerios cabeza de sector harán el “seguimiento periódico a las inversiones”.
Al respecto, el economista Julio Alvarado asegura que el procedimiento de control desincentivará las inversiones. Para Méndez, la ley concreta lo dispuesto en la Carta Magna que establece “que el Estado es el encargado del de-sarrollo económico en el país y por ello es quien orienta dónde debe ir la inversión privada (...).
En la norma, la inversión privada nacional o extranjera se subordina a los intereses que el Estado determine”.
Asimismo, la norma establece que el Estado boliviano suscribirá ‘contratos de asociación’ con los inversionistas extranjeros si estos últimos garantizan la reinversión de las utilidades en el país.
El economista Carlos Hugo Barbery considera que el inversionista arriesga para obtener un excedente, que se constituye en su sueldo. Adicionalmente, dijo que determinar que los excedentes deban ser obligatoriamente reinvertidos en el país, en sí mismo es un mecanismo que frena la propensión a invertir.
Los empresarios
En criterio del inversionista Carlos Kempff es importante que se registren todos los ingresos y salidas de dinero de/hacia el extranjero. “Esta es una medida sana para hacer un sinnúmero de análisis económicos y por último controlados, para que no estén vinculados a actividades ilícitas, sean ligadas al narcotráfico, contrabando, evasión impositiva o lavado de dinero”, apuntó.
El empresario Leonardo Salvatierra coincide con Kempff y cree que se apunta a lo que están haciendo la mayoría de los estados y gobiernos en este nuevo escenario económico mundial, donde se está tratando de tener mayor control sobre los flujos de divisas y el tema de lavado de dinero. “La idea es correcta, el problema es que en nuestro país las instituciones públicas son demasiado lentas, burocráticas y lo hacen todo más complicado”, opinó.
Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, aseveró que todavía hay que esperar la reglamentación para ver el alcance de la ley y que la expedición de divisas sea de una manera fácil, por ejemplo, debería ser un tema a considerarse en la norma.
Desde el área de comunicación del ministerio de Planificación informaron que actualmente hay técnicos trabajando en la reglamentación donde “seguro se van a detallar los mecanismos para las inversiones, los plazos y la metodología y que hasta julio no están en condiciones de adelantar criterios”
Ministerio de Planificación otorgará y vetará incentivos de acuerdo a preferencias
Generales y específicas. Esas son las dos categorías de incentivos que establece la nueva Ley de Promoción de Inversiones Nº 516. Los primeros son otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico sin crear condiciones ventajosas de un inversionista frente a otros, y los segundos se destinarán a proyectos de inversión calificados como preferentes.
Ambos serán calificados por el Ministerio de Planificación y este recomendará al consejo de Ministros la aplicación o rechazo del incentivo. Así lo menciona la Ley Nº 516 y lo confirma la ministra de planificación, Viviana Caro, durante una entrevista previa a la aprobación de la norma.
Según Caro, darán los incentivos a los sectores que consideren necesarios, pero también pedirán resultados. Dijo que “el Estado no está entrando en todos los sectores de la economía”.
Puntualizó además que anterior a la normativa no tenían conocimiento ni de las condiciones, ni de cómo se firmaban los contratos que no pasaban por ningún control ni fiscalización, pero que ahora estos elementos están presentes en la ley.
Los sectores preferentes para las inversiones, según el artículo 22, son hidrocarburos, minería, energía, transporte, turismo, agroindustria, textiles y otros que aporten valor agregado y polos de desarrollo económico.
lunes, 5 de mayo de 2014
Senado debatirá esta semana Ley de Minería
El pleno de la Cámara de Senadores debatirá esta semana el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia tras los acuerdos logrados entre el Órgano Ejecutivo, Legislativo y la Federación Nacional de Cooperativa Mineras (Fencomin) informó el presidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas.
“Estamos trabajando junto a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, que preside la senadora Martha Poma, yo creo que el trabajo será hasta el día miércoles o jueves y posteriormente estaría entrando a su tratamiento en el pleno del Senado”, indicó.
Al referirse, el tiempo de aprobación Rojas dijo: “Esperamos aprobarlo en su estación en grade hasta el jueves o viernes y la siguiente semana en detalle, también estamos acordando con la comisión de diputados más porque una vez que lo aprobemos la norma será devuelta a diputados como cámara de origen”.
Durante las semanas anteriores, cooperativistas y el Gobierno acordaron modificaciones al proyecto de Ley de Minería. La tarea se dio después de que mineros observaran el Artículo 151 del documento que prohíbe la firma de contratos entre empresas privadas y las cooperativas mineras.
El artículo consensuado tiene implicancias en otros aspectos, así como el análisis en la modificación de otros artículos observados como el 132 o el 61.
En el aspecto económico recomendó a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Economía trabajar de manera conjunta con los cooperativistas en la posibilidad de brindar créditos para que los mineros inviertan en sus áreas de explotación.
“Estamos trabajando junto a la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, que preside la senadora Martha Poma, yo creo que el trabajo será hasta el día miércoles o jueves y posteriormente estaría entrando a su tratamiento en el pleno del Senado”, indicó.
Al referirse, el tiempo de aprobación Rojas dijo: “Esperamos aprobarlo en su estación en grade hasta el jueves o viernes y la siguiente semana en detalle, también estamos acordando con la comisión de diputados más porque una vez que lo aprobemos la norma será devuelta a diputados como cámara de origen”.
Durante las semanas anteriores, cooperativistas y el Gobierno acordaron modificaciones al proyecto de Ley de Minería. La tarea se dio después de que mineros observaran el Artículo 151 del documento que prohíbe la firma de contratos entre empresas privadas y las cooperativas mineras.
El artículo consensuado tiene implicancias en otros aspectos, así como el análisis en la modificación de otros artículos observados como el 132 o el 61.
En el aspecto económico recomendó a las autoridades del Ministerio de Planificación y de Economía trabajar de manera conjunta con los cooperativistas en la posibilidad de brindar créditos para que los mineros inviertan en sus áreas de explotación.
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