Los alcaldes de Tiquipaya, Punata, Morochata, Arani, Cliza y Sipe Sipe admitieron, por separado, tener problemas en la implementación de la nueva Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 482.
En Cochabamba su aplicación es parcial y la normativa estaría poniendo en apuros a las autoridades ediles en la licitación de proyectos.
“Han cambiado todas las reglas de juego, entonces nosotros estamos acostumbrados a la ley 2028, (antigua ley de municipalidades) ahora tenemos que sacar leyes, decretos, estamos en transición, todos están igual que nosotros”, dijo Macario Álvarez alcalde de Arani.
El temor de incurrir en procesos morosos, impide que la norma aprobada el año pasado por el presidente Evo Morales que tiene como fin acelerar los procesos de adjudicación, contratación y licitación pues profundiza la autonomía entre los estamentos ejecutivo y legislativo (concejo) de las alcaldías, tanto en el ámbito financiero, administrativo como político, no es aplicada por los alcaldes.
“Está cambiando la forma de licitar proyectos eso nos demorará”, dijo el alcalde de Sipe Sipe Óscar Jaldín. En esta misma línea en anteriores días el alcalde de Tiquipaya Saúl Cruz, manifestó que para evitar retrasos en ese municipio las licitaciones de proyectos se siguen realizando con la Ley 2028. Por su parte el alcalde del municipio de Cliza Freddy Vargas, explicó que en esa Alcaldía cuando se licitan proyectos con montos mayores de los 200 mil bolivianos o un millón de bolivianos, el proceso de licitación se lo realiza con la Ley 2028.
“Hasta este momento seguimos nosotros como municipio de Cliza trabajando con el anterior sistema”, sostuvo Vargas.
Otra de las dificultades que observan los alcaldes es la poca costumbre que tienen los gobiernos municipales en emitir leyes.
“No estamos acostumbrados hacer decretos ni leyes, entonces una dificultad de forma y de fondo, ni los abogados están acostumbrados”, dice Jaldín.
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM y alcalde de Padilla en Chuquisaca, Juan Carlos León, hizo énfasis en el hecho de que es una ley transitoria, mientras las alcaldías consolidan sus cartas orgánicas.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), reportó 90 proyectos de cartas orgánicas, las alcaldías no avanzaron.
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