sábado, 25 de febrero de 2017

Senado sanciona ley para 22.000 hectáreas de coca

La Cámara de Senadores sancionó ayer la Ley General de la Coca, con la cual Bolivia se convierte en país productor legal de 22.000 hectáreas de cultivo de coca, en las regiones de los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba).

El documento, que fue objetado por los parlamentarios opositores y que al mismo tiempo da fin a la Ley 1008 (del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988), fue remitido al Órgano Ejecutivo para que el presidente Evo Morales la promulgue en las próximas horas.

La nueva norma autoriza la producción de la hoja de 14.300 hectáreas para de La Paz y 7.700 hectáreas entre las provincias del Trópico.

Según el artículo 16 de la Ley General de la Coca las zonas autorizadas, en La Paz, para producción de la hoja son:

“Provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi. En la zona de producción originaria y ancestral, bajo registro y catastro, están las provincias Pedro Domingo Murillo, Ildefonso de las Muñecas y Franz Tamayo. La zona de producción, bajo registro y catastro, está en parte de las provincias Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa Rosa de Mapiri) y parte del Municipio de La Asunta de la Provincia Sud Yungas”, señala textualmente el documento.

Mientras que en el departamento de Cochabamba, las zonas autorizadas de producción, bajo registro y catastro, son: Chapare, Carrasco y Tiraque.

El uso de la coca está autorizado para el acullicu, pijcheo, coqueo o boleo; para tradiciones rituales, medicinales, alimenticios, investigativos e industriales.

UNIÓN EUROPEA

De acuerdo con los monitoreos de la Naciones Unidas, Bolivia tiene en la actualidad 20.200 hectáreas de cultivos de coca, principalmente, en los Yungas y Chapare; en tanto, un estudio financiado por la Unión Europea, en 2013, estableció que la demanda legal solamente requiere como máximo unas 14.700 hectáreas cultivadas.

JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, señaló que la hoja fue estigmatizada por muchos años, por ello fue importante que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras sustente los pilares más importantes de la cultura boliviana, como es la producción de la coca.

“Lo más importante ha sido desatanizar a la hoja de coca, descriminalizarla, despenalizarla, liberarla. Estamos hablando de una Hoja Sagrada que no merecía ser estigmatizada de la forma en que se lo estaba haciendo, desde la Ley 1008”, dijo finalizada la sesión.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien asistió al hemiciclo del Senado, explicó que la antigua Ley 1008 era anticonstitucional, mientras que el contenido de la actual norma se basa fundamentalmente en la revalorización, producción e industrialización de hoja de coca.

“Nosotros tenemos proyecciones de consumo, de acuerdo a lo que tenemos hoy por hoy necesitaríamos producir ya no solamente 20 mil toneladas, requerimos producir cerca de 25 mil toneladas, tal vez sea necesario incrementar las zonas de producción, ya que el estudio de Conapi sólo toma en cuenta el acullicu, no toma en cuenta la posibilidad de investigación, no toma en cuenta la posibilidad de industrialización”, afirmó Cocarico.

Explicó también que en el país existen sólo dos mercados legales: el de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la zona de Villa Fátima, de la ciudad de La Paz, y el mercado de Sacaba, en Cochabamba.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

El ministro Cocarico explicó que de los mercados legales, la comercialización sólo podrá ser realizada por comerciantes minoristas o los mismos productores, a los que se denomina “productores a detalle”.

Estos comerciantes deben tener permisos, que son emitidos por la Dirección de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digicoin). Con el permiso podrá retirarse la producción del mercado legal para trasladar al lugar de consumo.

El proceso se realizará de la siguiente manera: El comerciante deberá pagar una tasa a dicha institución, depositar el monto establecido en el Banco y, mediante una hoja de ruta que será asignada por Digicoin, podrá recogerse la producción y sólo después proceder a la trasportación de esta.

La forma de control para la transportación cuenta con varios puntos de inspección: La compra que se transporta del mercado legal, debe pasar por los lugares de registro establecidos. El comerciante minorista puede llevar hasta diez taques, un productor comerciante puede un máximo de ocho taques. En los lugares donde ambos tienen sus puestos de venta, ésta sólo puede realizarse con la venta por detalle al consumidor.

La norma establece que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el encargado en regular, autorizar, acreditar y fiscalizar la circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca, a través de licencias o autorizaciones.

DISCONFORMIDAD

El senador opositor Yerko Núñez cuestionó que no se tengan estudios por parte del Gobierno respecto al tema, por lo cual señaló que la nueva norma tiene fines políticos, lo cual pondría en riesgo la vida e imagen de los bolivianos ante la mirada internacional.

“Nosotros necesitamos un estudio para poder aprobar una ley, claramente se nota las intenciones políticas del Gobierno, se quiere legalizar 7.700 hectáreas en el Chapare, que más del 90 por ciento va para fines ilícitos”, sostuvo Nuñez.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, también manifestó su rechazo a la nueva norma, alegando que el incremento es injustificado.

“Nosotros respaldamos que la hoja de Coca es milenaria, ancestral, tradicional y patrimonio del pueblo boliviano, pero rechazamos el incremento injustificado, hemos subido casi el cien por cien, sin un estudio demostrado que argumente la necesidad de incrementar para el acullicu, bajo el crecimiento poblacional y el avance demográfico”, declaró a EL DIARIO.

En ese sentido, observó que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobará con rapidez la Ley de la Coca.

Desde el oficialismo, la diputada Juana Quispe aseguró que si existen los controles necesarios que garantizan que la hoja sagrada no es desviada al narcotráfico.

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