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sábado, 11 de marzo de 2017

MAS defiende proyecto sobre aborto y la Iglesia se opone


El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que el proyecto de ley del nuevo Código Penal, que aborda la temática del aborto, ayudará a "terminar con la muerte de mujeres que van a un lugar clandestino para realizar esta práctica".

La Iglesia Católica, a través de su Conferencia Episcopal, sostiene que la iniciativa "no soluciona nada" y aboga para que exista mayor educación y respeto a la vida, de acuerdo a lo dicho po su secretario adjunto, José Fuentes.

"Para nosotros la vida es de Dios y por lo tanto hay que cuidarla desde el momento de la concepción, este proyecto de ley no soluciona nada, porque la mujer queda marcada. Es necesaria más educación, lamentablemente", aseveró eel representante.

La norma plantea legalizar el aborto cuando la solicitante esté en las ocho primeras semanas de embarazo y cumpla alguna de las siguientes causales: situación de extrema pobreza, no tenga la posibilidad de mantener al bebé o sea estudiante, entre algunas.

Susana Rivero, presidenta de la comisión de Constitución de Diputados, aclaró que dentro de la propuesta el aborto está penalizado igual que hoy, solo que se amplían las causales según una Sentencia Constitucional.

La Iglesia adelanta que en caso de aprobarse el proyecto, se irá contra la Constitución Política del Estado (CPE), y los Códigos Civil y de la Niñez. Anticipan una oposición moral y jurídica al tema.

Gonzales agregó que "es un tema para debatirlo y cuando se instale el debate habrá voces a favor y en contra, pero es bueno que entre bolivianos hagamos un acuerdo". La norma aún no ingresó a la Cámara Baja.

La propuesta dice en su artículo 157 que en caso de que se practique una interrupción "sin el expreso y libre consentimiento de ésta, o de su representante legal cuando ella esté impedida de manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionada con tres a diez años de prisión”

Proyecto Codigo Sistema Penal by Archivos Difusión Bolivia on Scribd

Proyecto de ley Choferes registrarían pertenencias de usuarios antes de transportarlos

La Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo anunció que está exigiendo la modificación del artículo 153 del proyecto de ley de Sustancias Controladas, que fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados, toda vez que permitirá la confiscación de los motorizados donde se encuentren estas sustancias, lo cual sería un perjuicio para el sector sindicalizado, indicó Mario Silva, secretario de hacienda del Transporte.

PROYECTO DE LEY

“Estamos observando el artículo 253 del proyecto de ley de Sustancias Controladas, que está totalmente en contra del autotransporte público, señala que en caso de flagrancia, si se encuentra sustancias contraladas en aviones, lanchas y otros vehículos, serán confiscados a favor del Estado, por lo que es necesario que sea modificado”, resaltó el dirigente.

En el artículo 253, de las disposiciones modificatorias del proyecto de ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas indica que en caso de encontrarse sustancias controladas en aviones, lanchas y vehículos automotores, se procederá a la confiscación, por parte del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y la entrega inmediata a la Dirección Administración de Bienes (Dircabi), para su administración.

PERJUICIO A PASAJEROS

El dirigente indicó, asimismo, que algunos usuarios del servicio de transporte público llevan maletas u otro tipo de bolsos y mochilas donde se encuentran su pertenencias, por lo que, con esta disposición se deberá revisar esas pertenencias, para evitar cualquier tipo de problemas, con el decomiso de los motorizados.

Se prevé, igualmente, que en los próximos días, el dirigente nacional del transporte público, Ismael Fernández, convoque a una asamblea de carácter urgente para tratar estos temas y determinar qué medidas se adoptarán, pero antes deberán efectuarse las reuniones departamentales.

Premura en aprobar el proyecto de ley de Sustancias Controladas

La mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó, ágilmente, en la madrugada de ayer el proyecto de ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que complemente a la Ley General de la Coca. En la tarde, el turno fue de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores que aprobó la propuesta en grande y en detalle.

“La Comisión ha aprobado el proyecto de ley de Sustancias Controladas, que tiene herramientas nuevas de investigación para mayor eficacia; contiene artículos para prevención del consumo de drogas, por tanto, tiene un abordaje integral de la problemática”, informó la presidenta de la Comisión, Anselma Perlacios.

La senadora informó que la aprobación y sanción del proyecto está prevista para el próximo martes 14 de marzo.

La futura norma contempla, entre otros aspectos, la creación de un Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, como entidad desconcentrada, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Las observaciones y protestas de la oposición en el parlamento fueron vanas, puesto que el MAS aprovechó sus dos tercios para aprobar la ley.

El documento consta de 124 artículos, 11 disposiciones transitorias, 7 disposiciones adicionales, 4 disposiciones abrogatorias y derogatorias; también, 5 disposiciones finales y anexos en 5 listas.

NORMA

De acuerdo con el artículo 1, del capítulo primero del proyecto de ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, el objetivo de la nueva norma es establecer los mecanismos de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el ámbito preventivo integral e investigativo; de control y fiscalización de las sustancias químicas controladas; el régimen de bienes secuestrados, incautados, confiscados; y regular la pérdida de dominio de bienes ilícitos a favor del Estado.

INCONSTITUCIONALIDAD

El diputado por Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría señaló que interpondrá una acción de inconstitucionalidad, en caso que sea promulgado el documento, porque viola el derecho a la presunción de inocencia, respecto a la extinción del patrimonio.

“Vamos a trabajar un recurso de inconstitucionalidad. Vamos esperar que se trate en el Senado. Pensamos que este proyecto de ley pisotea los derechos de las personas. Sobre extinción de patrimonio que está en todo un capítulo”, dijo el parlamentario.

VULNERAR TRATADOS

Por otra parte, la diputada de oposición Norma Piérola observó algunos artículos del proyecto de ley de Sustancias Controladas, criticando a la nacionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y la vulneración a tratados internacionales.

“Los artículos 6 y 7, al declarar la nacionalización y regionalización de la lucha antidroga, prácticamente denuncia los convenios y tratados internacionales de las cuales somos signatarios (…) La Ley 5090 del año 1990, ellos al declarar esto establecen sacar la coca de la lista 1 y 2”, declaró Piérola.

El artículo 6 del proyecto de ley señala que la nueva norma es un modelo de gestión propio, que recupera la soberanía y dignidad en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que no admite la injerencia extranjera, establece la participación social, la regionalización, el respeto a los Derechos Humanos y de la madre tierra, el fortalecimiento de las medidas de salud pública y bienestar social con un enfoque amplio, integrado y equilibrado, así como la responsabilidad común y compartida, como parte de una estrategia integral.

El 7 indica sobre regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, que es una acción para enfrentar de manera conjunta la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, impulsando e incorporando en la agenda de los bloques regionales la priorización de acciones contra el delito transnacional; sincronización de operativos, intercambio de información, reforzamiento de capacidades conjuntas y otros a través de acuerdos bilaterales y multilaterales.

JUSTIFICACIÓN

Para el oficialismo, la propuesta busca, desde todo punto de vista, luchar contra todas las actividades que involucren el narcotráfico contra las sustancias controladas, pero también ayuda a las personas a reinsertarse en la sociedad, después de superar sus problemas de adicción a las drogas.

“Es para trabajar en conjunto, no solamente el Gobierno nacional sino gobiernos municipales y departamentales”, dijo el diputado oficialista Franklin Flores.

Los oficialistas indicaron también que la norma establece una Estrategia de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que se basa en la nacionalización de la lucha contra el ilícito, que es un modelo de gestión propio que recupera la soberanía y dignidad en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sin injerencia extranjera.

OBSERVATORIO

El artículo 41 del proyecto de ley se refiere también a la creación de un Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, como entidad desconcentrada dependiente del Ministerio de Gobierno.

Este Observatorio tiene la función de recopilar, generar, procesar, analizar, interpretar y difundir información sobre seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y delitos en todas sus manifestaciones en el territorio nacional, que contribuya a la toma de decisiones, implementación y evaluación de políticas adoptadas en materia de seguridad estatal; cuando sea necesario, la comparación de datos con otros países.

jueves, 9 de marzo de 2017

Comisión aprueba proyecto de ley de sustancias controladas

La comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados aprobó, la noche de ayer, en grande y detalle el proyecto de Ley 364 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, ahora el documento deberá ser tratado en la Asamblea Legislativa.

El proyecto de Ley 364 consta de 124 artículos y 10 disposiciones transitorias.

El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Flores, informó que en el anexo se incorpora la lista de 1 de psicotrópicos, 2 de estupefacientes, 3 de convenios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), además de otras dos listas.

“Esta ley contiene todo aquello para dar con toda la verdad y dar con los delincuentes, vamos a dar con todo el narcotráfico”, declaró Flores finalizada la sesión.

El asambleísta señaló también que el proyecto de ley buscará mejorar la incautación, disposición de bienes y la creación de unidades especializadas de investigación y laboratorio.

“La ley de sustancias controladas que entró en tratamiento en la Comisión de Defensa, Gobierno y Fuerzas Armadas. Es una ley que define qué sustancias son lícitas y cuáles ilícitas. Esta ley va a regular el tráfico ilícito de sustancias controladas también por otra parte la disposición de bienes de incautados a las actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico”, indicó.

El legislador se refirió sobre los bienes incautados, aludiendo que antes se devolvía 1 por ciento de los bienes, pero con la nueva norma se regulará el tema para que esas riquezas pasen a manos de la población.

“Antes por ejemplo con la Ley 1008 del 100 por ciento de lo de los bienes incautados 1 por ciento pasaba al dominio del Estado boliviano, y volvía donde los narcotraficantes, ahora con esta ley se regula en coordinación con el investigador, el fiscal y el juez para que los bienes que son incautados como cocaína pasen definitivamente al dominio del Estado boliviano”, agregó.

Sobre la creación de unidades especializadas de investigación y laboratorio, Flores explicó que existirán policías especializados, policías preparados sobre sustancias controladas, que cuando “encuentren un hecho de narcotráfico tienen que solicitar un laboratorio”, para investigar bien la materia.

Asimismo, señaló que las sanciones y prohibiciones respecto de las sustancias controladas se establecerán en el Código del Sistema Penal.

miércoles, 8 de marzo de 2017

¿Qué dice la Ley General de la Hoja de Coca?


El presidente Evo Morales promulgó hoy en Palacio de Gobierno la Ley General de la Hoja de Coca, norma que legaliza en el país 22.000 cultivos. La norma es rechazada por un sector de Los Yungas, debido a que a su juicio beneficia la producción del Chapare.

La norma define que exista una extensión máxima de 14.300 hectáreas en las zonas autorizadas en el departamento de La Paz y 7.700 hectáreas en el departamento de Cochabamba. Unicialmente el proyecto solo avalaba 20.000 hectáreas de la hoja verde en todo el país.

Dentro sus artículos se promueve y fortalece el desarrollo integral sustentable en las zonas autorizadas de producción de coca; establece mecanismos de control y fiscalización a la producción, circulación, transporte, comercialización, investigación, industrialización y promoción de la coca.

Es considerada por el Gobierno como una de las tres normas que "entierra" a la ley 1008, vigente durante 29 años, desde 1988 y que reconocía solo 12.000 hectáreas de cultivos en Los Yungas; un decreto de 2004 autorizó la producción en el Chapare. Esperan la aprobación de una Ley de Sustancias Controladas y el nuevo Código Penal.

La nueva disposición prevé la promoción para la investigación científica, medicinal y sociocultural; y protege su utilización con fines ilícitos; además "dignifica al productor, comercializador, consumidor, industrializador; y también promociona la coca y sus derivados".

Establece que la hoja verde sea usada para el acullicu, pijcheo, coqueo o boleo; para usos rituales, medicinales, alimenticios, investigativos e industriales, a tiempo de crear el Consejo Nacional de Revalorización, Producción, Comercialización, Industrialización e Investigación de la Coca (Concoca).

Estipula que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, implemente a través de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca(DIGPROCOCA), el Registro de Productores de Coca, previa acreditación de la organización de productores de coca, sujeto a reglamentación específica.

Productores de los Yungas cuestionaron que a la par de sus áreas tradicionales se amplíen los cultivos en el Chapare, que aseguran no llega a los mercados legales y es utilizada para la producción de cocaína.

martes, 7 de marzo de 2017

Gobierno promulgará Ley de Coca mañana

La Ley General de Coca sancionada por el Senado antes de las fiestas de carnaval, será promulgada mañana por el presidente Evo Morales a su arribo de Cuba y Venezuela, donde estuvo la última semana, informó el presidente en ejercicio, Álvaro García.

“La Ley va a ser firmada el miércoles por el presidente Evo (Morales) a las 07” anunció la mañana del lunes el presidente en ejercicio, Álvaro García, al referirse a la promulgación de la Ley General de coca.

El pasado 24 de febrero, luego de las sesiones hechas por la Cámara de Diputados y la de Senadores, el Legislativo concluyó con la sanción de la Ley General de la Coca, la cual legaliza el cultivo de hasta 22000 hectáreas de hoja de coca en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

La promulgación, que fue pospuesta por las afecciones que sufría el Presidente, razón por la que viajó a La Habana, establece que son 7.700 hectáreas legales para el Chapare y 12.300 hectáreas para los Yungas.

La nueva ley pondrá fin a la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988 donde se establecía 12.000 hectáreas en total en el país.

Legisladores de la oposición cuestionaron el incremento de superficie, argumentando que éste será destinado al narcotráfico, como dispone un informe realizado por las Naciones Unidas, el cual establece que el 93% del cultivo de la hoja del Chapare es destinado a la producción de cocaína.

Desde el oficialismo defienden la necesidad de incrementar los cultivos legales para la demanda que existe en consumo, así como para impulsar la industrialización y exportación de productos procedentes de la hoja de coca.

García defendió nuevamente la normativa, insistiendo que según los informes entregados por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), gobiernos anteriores producían mayores hectáreas de coca que las gestiones de Morales.

El presidente en ejercicio explicó que en los años 90 se cultivaron 35 mil hectáreas de la hoja; en 2003 se cultivaron 23.600 hectáreas de la hoja; en 2004 unas 27.700 hectáreas y en 2005, 25.400 hectáreas.

“La ley establece un máximo de 22 mil que es una cifra inferior a todo lo que se producía en anteriores gestiones de gobierno, los políticos que se desgarran las vestiduras, que levantan el dedo acusador, de que hemos establecido 22 mil hectáreas, cuando eran gobiernos donde se producían 35mil hectáreas”, sostuvo.

El Ejecutivo informó se esta consolidando la exportación de la hoja a Ecuador y que se avanza con las negociaciones para llevar el producto a Argentina.

DISCONFORMIDAD

Según el secretario de Prensa de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Javier Coco, señaló el domingo que la coca de Chapare “no se destina al mercado tradicional” y planteó la realización de un referendo para definir cantidad de hoja requerida a nivel nacional.

El dirigente sindical, sostuvo que no es necesario que se amplíe el porcentaje de sembradíos en los Yungas, porque el consumo no demanda más espacio para nuevas plantaciones.

“Del Chapare todos saben que no va al consumo tradicional, no va al masticado. Esa coca es más larga y gruesa y lastima a la lengua”, afirmó.

Por ello, convocan hoy a una conferencia de prensa en la que rechazan la nueva Ley y anuncian una demanda internacional con fundamentos legales.

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA

En tanto, el secretario de conflictos de la Central Obrera Boliviana, Emilio Izquierdo, informó que los trabajadores se reunirán hoy para manejar aspectos sobre la hoja de coca.

“Que nos den una verdadera información en su verdadera dimensión información, primero queremos escuchar a nuestros compañeros al último acuerdo al que han llegado ahora apartir de los medios de comunicación se conoce, para nosotros para la COOB el principio de la razon se tiene que primar y no nos podemos basar en posiciones que afecten a los intereses nacionales”.

Al igual, recalcó, que según los ancestros, la coca que más se consume es la de los Yungas. “Todos sabemos y practicamos lo de nuestros ancestros, la coca que se acullica es la coca paceña”, dijo.

sábado, 4 de marzo de 2017

Nueva ley antidroga prevé ‘pinchazos’ e informantes



La próxima semana comenzará el tratamiento de una norma inédita en Bolivia, porque si se aprueba el proyecto de ley de sustancias controladas como está redactada, abrirá la posibilidad de pagar a informantes o reducirles penas si están procesados, o que con la autorización judicial se pueda intervenir teléfonos para obtener más datos sobre acciones ilícitas en el tráfico de estupefacientes.


La norma repone también la posibilidad, como ocurre en otros países, que las personas dedicadas al narcotráfico pierden sus bienes.
El proyecto de ley de sustancias controladas consta de 122 artículos, 10 disposiciones transitorias, seis disposiciones adicionales, cuatro abrogatorias, cuatro modificatorias y cinco disposiciones finales.


El diputado Franklin Flores (MAS) confirmó que estos cuatro ejes están incluidos en la nueva versión del proyecto de ley que fue repuesto el jueves por el Ministerio de Gobierno. “Hay informantes, escuchas y el tema de la extinción de bie-nes, pero el documento acaba de ingresar, ni siquiera está en tratamiento, no quisiera abundar en su contenido”, explicó el legislador oficialista.


Establece, según autoridades y especialistas, inéditos instrumentos de investigación penal en su capítulo cuarto, y los define como “nuevos instrumentos de investigación penal”.


La primera figura, en el artículo 13, define la compensación económica del riesgo del informante. “El que proporcione información a las autoridades del Ministerio Público o a miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) sobre la preparación o comisión de un delito, o de quienes hayan participado, y cuya información sea eficaz y apreciable en resultados recibirá remuneración económica, cuya cantidad será establecida mediante reglamento”, señala la norma.


El especialista en temas de coca y narcotráfico Franklin Alcaraz expresó que ve peligros en este punto.
“Ojo, es muy delicado, porque por ganar unos pesos, el informante puede suministrar datos equivocados, tergiversados o malintencionados”. Además, cuestionó cómo se puede comprobar que la información que se reciba sea real.
Alcaraz acotó que cualquiera puede dar información por venganza, o por despecho también, “hay que verlo con pinzas”, dijo.


La segunda vía es la cooperación eficaz, a la persona que siendo imputada, acusada o sentenciada proporcione información, pruebas, elementos de convicción para investigación y procesamiento de autores y cómplices, descubrimiento de bienes y ganancias o impidan la comisión de otros delitos. En ese caso, el beneficio será la reducción de la pena.
Para el analista Alcaraz, la mala intención también se puede aplicar a este tema. “Por disminuir su pena puede declarar cualquier cosa. La reglamentación de la ley tiene una tarea muy delicada, el establecer mecanismos que avalen la declaración del informante, establecer formas de verificar los datos, que deben ser establecidos por los organismos especializados


El artículo 15 norma la interceptación de comunicaciones en delitos de sustancias controladas. Señala específicamente que “el fiscal, de oficio o previo informe del investigador del caso, podrá solicitar fundadamente a la autoridad judicial competente, con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba”. La ley establece que no se podrá invocar la confidencialidad en materia de valores, seguros, y en materia comercial, tributaria ni financiera.


Franklin Alcaraz advierte que este puede ser un buen mecanismo, cuando se lo maneja en forma adecuada. “EEUU tiene ese mecanismo, no solo para casos de narcotráfico sino también para delitos comunes”, señaló.


En el caso de ese país, y como está estipulado en el proyecto de esta nueva ley boliviana, un juez debe ordenar el tema. “No se puede intervenir líneas de forma indiscriminada, para que con el pretexto de lucha contra los narcos, se pueda intervenir cualquier línea o llamada. Eso debe estar escrito de forma muy clara”.


En el texto del proyecto de ley se pone un acápite desde el artículo 67 al 122 para la pérdida del dominio de bie-nes, que es un instituto jurídico de carácter real y contenido patrimonial, que consiste en la pérdida del derecho de propiedad y posesión de bienes de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico sin compensación alguna para el titular, poseedor o tenedor, como establece el texto.


Los principales candidatos a perder el dominio de sus bie-nes son aquellos a los que se les compruebe incremento patrimonial injustificado, o de procedencia ilícita. Los bienes sin titular relacionados a delitos cometidos que no sean reclamados en tres meses desde su incautación, los de sucesión hereditaria adquiridos por el causante de actividades vinculadas a lo ilegal, entre otros.


Para el analista Alcaraz este no es un tema nuevo. “La Ley 1.008 lo contemplaba, porque confiscaba los bienes de los narcotraficantes con sentencia ejecutoriada”.
El problema mayor, sostiene, es que estas decisiones recaen sobre jueces, “cuando todos coincidimos que la justicia está muy mal en nuestro país. Esto lleva a que los organismos custodios de los bie-nes los disponen de forma arbitraria