El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de los artículos 4 y 6 del Decreto Supremo 2195, porque considera que vulneran el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, a la facultad de aplicar normas propias, administrados por sus estructuras de representación y a la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.
“Analizamos el Decreto desde la perspectiva de las normas nacionales y los principios internacionales de derechos humanos y consideramos que existen vulneraciones muy graves a estos derechos y por eso hemos pedido al Tribunal competente que declare inconstitucionales esos artículos”, indicó.
El recurso presentado el 29 de junio ante el Tribunal Constitucional es una nota informativa de la institución defensora. La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta incluye una serie de argumentos contra los artículos 4 y 6 del cuestionado decreto, especialmente contra las medidas que disponen que un acuerdo entre la empresa de explotación y el pueblo indígena, será el que determine cómo se invertirá la compensación, además les da plazos perentorios a las comunidades para que se pongan de acuerdo sobre la distribución de la compensación y establece que actividades y proyectos sociales o productivos podrán ser ejecutados por pueblos indígenas o por entidades públicas o privadas.
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