Los empresarios del comercio consideran que la futura Ley de Inversiones que se debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe contemplar al menos tres condiciones para dar seguridad a los inversionistas, según la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
“Esta normativa debe contemplar algunas condiciones necesarias y dar seguridad a los inversionistas en aspectos referidos a la seguridad, sobre la propiedad de sus emprendimientos, o la justa compensación en caso de expropiación”, señala la primera condición insertada en la revista informativa de dicha institución, denominada Mercurio.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, dijo el jueves que los empresarios piden que el tema de la nacionalización no sea incluido en el proyecto de la Ley de Inversiones, porque en lugar de generar certidumbre genera incertidumbre en los inversionistas.
Por su parte, los empresarios agroindustriales de Santa Cruz demandaron del Gobierno restituir la seguridad jurídica a sus inversiones. Los avasallamientos de tierras en producción alcanzaron a 70 predios lo que movilizó en los pasados meses a los sectores productivos del departamento de Santa Cruz.
Las principales organizaciones cruceñas pidieron al Gobierno detener a los cabecillas de los avasallamientos. Demetrio Pérez, de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), dijo que entregó información a las autoridades sobre la identidad de los cabecillas de los asentamientos ilegales en decenas de propiedades rurales en producción.
TRIBUTACIÓN
La segunda condición planteada por la CNC está referida a la estabilidad de los sistemas tributarios a los que se encuentra sometido el empresariado, de tal manera que la evaluación de la rentabilidad del proyecto que se hace al momento de invertir no cambie cuando el proyecto se ejecuta.
La tercera observación hecha por los empresarios del comercio, es la posibilidad de disponer libremente de sus ganancias, que en caso de inversores extranjeros equivale a la posibilidad de repatriar sus ganancias, sin mayores penalizaciones y envío sin restricciones al exterior.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, manifestó semanas atrás que más del 90% del proyecto de ley está acordado entre todos los sectores involucrados en el tema. Enfatizó que las reuniones con los interesados en el tema continuarán para que no exista ninguna observación. Elío anticipó antes de asumir ese alto cargo camaral que el proyecto incorporaba incentivos a los inversionistas aunque no precisó si éstos serían tributarios o de otra índole.
La CNC resaltó que el artículo 56 de la Constitución Política del Estado (CPE) no ha sido suficiente como para evitar las “estatizaciones” poco fundamentadas y no se comprueba el pago de una indemnización justa. El artículo de la Carta Magna establece que se garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo.
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