martes, 20 de junio de 2017

Protegerán los saberes de los pueblos indígenas



El nuevo marco normativo que trabaja el Legislativo para la protección de la propiedad intelectual en el país incluirá la defensa del aporte colectivo de los saberes y conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos, lo cual está enmarcado en las decisiones de la CAN.

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, explicó que esta disposición se basa en los artículo 30 y 410 de la Constitución. El primero establece los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y el segundo define el ajuste de la Carta Magna a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país.

PASOS. “A consecuencia de ello, la legislación nacional de Propiedad Intelectual ha quedado obsoleta y, por tanto, nos impone el reto de actualizarlas en continuidad a los estándares internacionales, bajo el moderno régimen que nos establece la Comunidad Andina (CAN)”, dijo Arce durante el seminario internacional sobre el tema organizado el 1 de junio por la Secretaría General del bloque de países, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

El nuevo marco legal reemplazará a las ya obsoletas Ley de Privilegios Industriales de 1916, la Ley General sobre Marcas y Registros Industriales de 1918 y el Código de Comercio de 1975.

Walker San Miguel, secretario general de la Comunidad Andina, resaltó que uno de los temas centrales que se trató en el encuentro internacional es el de los derechos culturales y la defensa y la protección de los saberes ancestrales de colectividades indígenas y afrodescendientes.

También se abordó la cuestión de amparar esos derechos con un régimen jurídico que sancione las conductas que atenten contra los saberes ancestrales que hay en el conjunto de estados que conforman la CAN.

Este tipo de conocimientos, que son compartidos incluso por varios países del bloque, muchas veces están siendo depredados por terceras personas, a través del robo de ideas o la utilización de éstas por parte de marcas de países o ciudades sin pagar derecho de autor. Eso es lo que se busca frenar a través de estos encuentros multilaterales, afirmó el Secretario General.

El bloque logró desarrollar normas que protegen las creaciones relacionadas con los derechos de autor, la propiedad industrial, las invenciones y otros derechos conexos.

Según Arce, las normativas de la Comunidad Andina denominadas Decisión 351, sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, y la Decisión 486, sobre Propiedad Industrial, son de cumplimiento obligatorio en los países miembros, entre ellos Bolivia.

San Miguel complementó que, con relación al tema, también están vigentes la Decisión 391, de Acceso a los Recursos Genéticos, y la Decisión 345, de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Arce recordó además que a pedido del presidente Evo Morales se conformó la Dirección de Derecho Internacional, que tiene la finalidad de prestar asesoramiento al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y coadyuvar en la reforma del Código de Comercio para la actualización de las normas especiales que forman parte de la propiedad intelectual.

Actos de la secretaría general

Seminarios

La Secretaria General de la Comunidad Andina (CAN) anunció que este año organizará otros seminarios especializados en Propiedad Intelectual en Lima (Perú), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia).

Objetivo

El fin de estos encuentros será el de animar a los empresarios y entendidos en la materia a reactivar el régimen comunitario en propiedad intelectual..

jueves, 8 de junio de 2017

Aprobaron Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Lily Ramos, proyectista de la norma y presidenta de la comisión de Constitución y Gobierno, indicó que el objetivo principal es promover el ejercicio de derecho a la lectura desde temprana edad y garantizar a la población el acceso a toda información, además de acortar las brechas de desigualdades en la formación lectora. “Todos los sectores debemos ejecutar estrategias y políticas agresivas para ampliar el escenario de la lectura y así promover el desarrollo humano”, agregó Ramos al informar que abril fue declarado “Mes de la Lectura”. Por su lado, María Arias, asambleísta departamental por la provincia Sara y presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Deporte y Turismo, manifestó que a través de políticas acertadas puede aumentar el índice de la población lectora. La normativa contempla el relevamiento de indicadores estadísticos, regulación de la administración, protección y modernización de centros de información y documentación, además de la promoción y formación continua de lectores y de la producción biográfica. Se implementarán acciones extra curriculares al sistema educativo para fortalecer la práctica de la lectura. Datos de la Ley ·Para estimular el hábito de la lectura, escritura e investigación en los estudiantes habrá concursos con premios y becas. ·Los medios digitales serán tomados en cuenta para desarrollar acciones de fomento. ·Se crea el Premio Departamental de Literatura de Santa Cruz, el Observatorio del Libro, la Red Departamental de Archivos y Bibliotecas y el Consejo Departamental de Fomento a la Lectura, Escritura y el Libro.

Concluyen reglamento para Ley de Coca

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras presentará mañana a productores del municipio de Coripata, de los Yungas, de La Paz, el borrador del decreto supremo que reglamenta la implementación de la Ley Integral de Hoja de Coca.

Después de varias reuniones con productores de la milenaria hoja, la redacción del primer borrador será socializada con pobladores de Coripata, confirmó el ministro de esa cartera de Estado, César Cocarico.

“Este viernes lo vamos a presentar, nos estamos preparando para poder asistir, estamos haciendo las últimas complementaciones a este primer borrador, que vamos a llevar para discutir con los compañeros”, dijo. Expresó su complacencia por los resultados alcanzados hasta el momento para construir ese texto por la vía del diálogo, por lo que agradeció la invitación de Coripata para ese propósito.

BLOQUEO
El dirigente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, calificó como una provocación la presencia del Ministro de Desarrollo Rural en esa región yungueña. “Los Yungas está molesto, la gente se está convocando para un bloqueo de caminos, porque no está de acuerdo con la Ley y su reglamentación”, declaró en Sucre.

DELITO
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que toda prohibición de circulación de vehículos del Estado o privados es un delito “y será tratado como tal”, porque hay una norma institucional que debe ser respetada.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Proyecto de ley: No se podrá fumar en estadios, pubs y cajeros automáticos



Todos los espacios públicos y privados, como los estadios, centros de venta de alimentos, de bebidas alcohólicas, de diversión nocturno y hasta los cajeros automáticos y muchos otros estarán prohibidos para la práctica de fumar. Tampoco habrá "espacios para fumadores”, indica el proyecto de ley prevención y control a los productos de tabaco.

El artículo décimo de la propuesta de ley, presentada por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Educación y Salud, Manuel Mamani, indica que "se prohíbe fumar o mantener un producto de tabaco encendido” en al menos 15 lugares (ver infografía) públicos y privados cerrados, como abiertos, así como a 100 metros a la redonda de establecimientos educativos y de salud.

"En los centros de diversión nocturna y de venta de bebidas alcohólicas nos referimos a discotecas, pubs, karaokes, entre otros”, explicó el proyectista tras asegurar que desde hoy socializa la propuesta en todo el país. Inicia en La Paz y luego recorrerá todas las regiones.

El parágrafo II, de esa propuesta de ley, indica que también "se prohíbe habilitar espacios para fumar en los espacios establecidos en el parágrafo precedente”. Es decir, comentó el proyectista, tampoco van a poder habilitar espacios para fumar, como se cuenta actualmente.

Mamani aseguró que la propuesta de ley es "más dura que la actual norma que se tiene en el país”, en razón a que Bolivia es el tercer país de Latinoamérica en el consumo de tabaco, después de Chile y Cuba, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Datos del Ministerio de Salud indican que actualmente el 25% de la población boliviana consume tabaco, que la prevalencia en la población joven alcanza al 18,7% y que la edad de inicio de consumo es a los 13 años.

El impulsor de la norma destaca que el objetivo es establecer medidas para reducir la demanda y oferta de productos de tabaco, previniendo el consumo y evitando la exposición al humo del cigarrillo ajeno, además de incentivar el abandono de ese hábito por sus consumidores.

"De lo contrario las muertes por enfermedades cardiovasculares y respiratorias seguirán aumentando”, remarcó. Un informe del Ministerio de Salud destaca que cada año fallecen cerca de 4.500 personas.

La norma también prohíbe que la comercialización de cigarros sea por unidad o al raleo, la venta a menores de 18 años, además, la comercialización también debe ser a 100 metros a la redonda de centros de salud y educación.

Los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, según sus competencias, definirán infracciones en una reglamentación específica; las sanciones irán desde multas pecuniarias, decomisos hasta clausuras, de acuerdo a la gravedad. Lo recaudado servirá para proyectos en favor de personas que deseen dejar el consumo del tabaco. El Ministerio de Salud elaborará los protocolos de atención.

lunes, 22 de mayo de 2017

Órgano Electoral comienza debate de Ley de Organizaciones Políticas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzará desde hoy con los talleres y foros en los nueve departamentos del país, la recolección de propuestas para desarrollar la nueva Ley de Organizaciones Políticas, informó la presidenta de la instancia electoral, Katia Uriona.

“Inicia desde mañana (hoy), vamos a tener dos talleres, uno de representantes de tierras indígenas y posterior a eso tendremos nueve foros departamentales, que concluirán en un evento nacional, que nos permitirá recoger insumos para la elaboración de la propuesta de ley de organizaciones políticas”, explicó en una entrevista a Radio Panamericana.

El pasado jueves la instancia electoral presentó una propuesta de Ley de Organizaciones Políticas, el cual será debatido en estos talleres y los encuentros departamentales. Uriona manifestó que es necesaria la conformación de una nueva normativa que debe estar acorde con el proceso que se instaló después de la vigencia de la nueva Constitución Política Del Estado (2009).

EJES TEMÁTICOS

Uriona indicó que esta nueva norma se basará en cuatro ejes temáticos, la principal es el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos políticos. En ese marco, se plantea los mecanismos de decisión en el interior de las tiendas políticas, donde también se tendrá un régimen especial para la inclusión indígena y un enfoque paritario, que pretende un tratamiento específico en el acoso y violencia política hacia las mujeres.

Inicialmente, el proyecto de Ley de Partidos Políticos se basará en un primer aspecto referido a la conformación de las organizaciones políticas, relacionados con el registro de partidos, número de militantes, actualización del registro de éstos, militantes, extinción y cancelación de la personería jurídica, entre otros aspectos.

Luego tiene que verse la democracia interna, es decir, se tratará en este punto todo lo referido a los mecanismos de estructura y reglamentación; en este eje, deberá garantizarse la paridad.

El tercer eje se referirá a la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las cuales deberán constituir su representación política.

El cuarto eje, según Uriona, abrirá una discusión porque se trata del financiamiento y fiscalización de los partidos, como por ejemplo su patrimonio, el uso de los recursos de las organizaciones y los financiamientos en las campañas electorales”.

viernes, 19 de mayo de 2017

Cocaleros de Yungas presentan recurso contra Ley de Coca


La Asociación Departamental de Productores de Coca de Yungas de La Paz (Adepcoca) introdujo ayer una demanda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra del artículo 16 de la Ley General de la Coca. El documento también lleva la firma del diputado Wilson Santamaría (UD) y el asesor legal de los cocaleros de Yungas, Froylán Tola.
El artículo cuestionado dispone los tipos de zonas autorizadas para el cultivo de coca, y señala que el límite de sembradíos es 22.000 hectáreas a escala nacional, de los cuales 14.300 son para La Paz y 7.700 para Cochabamba.

Antecedente
La Adepcoca optó por impugnar esta norma, porque no está de acuerdo con legalizar los cultivos en el trópico de Cochabamba, puesto que no son ancentrales.
La semana pasada, los yungueños solicitaron que legisladores ‘valientes’ se presten a firmar su recurso contra la Ley de Coca, y el jefe de bancada de Unidad Demócrata en la Cámara de Diputados se ofreció para hacerlo.
Ayer, una delegación conformada por el diputado Santamaría y dirigentes de los cocaleros presentaron la acción de inconstitucionalidad abstracta contra el artículo 16 de la Ley de Coca. /Erbol

miércoles, 17 de mayo de 2017

Senado paraliza debate del proyecto de ley de Empresas Sociales



La Cámara de Senadores dispuso suspender el tratamiento del proyecto de ley de Empresas Sociales, tras un pedido del presidente, Evo Morales. Empresarios privados se declararon en emergencia ante los alcances de la norma.

El titular de esa instancia del Legislativo, José Alberto Gonzales, informó que "se va a conformar mesas técnicas para tratar el tema, no queremos generar susceptibilidades con el sector empresarial".

Durante un discurso público, el primer mandatario afirmó que "esta madrugada me he sorprendido con algunos medios de comunicación, que el gobierno nacional mediante un proyecto de ley, estarían planteando confiscar las empresas privadas. Quiero decirles, es totalmente falso".

Gonzales sostuvo además que "el proyecto de ley no tiene ningún afán confiscatorio sobre la propiedad privada, convocaremos a los empresarios para tratar el tema". Ratificó que se consensuarán los aspectos que son observados.

Los datos indican que el proyecto de ley propone que los obreros se hagan cargo de empresas que están en quiebra y las conviertan en una compañía social, con el objetivo de reactivar la producción y absorber la mano de obra.

"¿Cómo desde el Gobierno nacional podemos platear confiscar empresas privadas?", preguntó Morales, señalando que la intención del Gobierno es apostar por fomentar la creación de empleos en ese campo.

Comienza el trabajo para ley de Organizaciones Políticas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitirá mañana la convocatoria para que en los nueve departamentos del país comience la discusión y recepción de insumos para la propuesta de Ley de Organizaciones Políticas, informó su presidenta, Katia Uriona.

“Se está convocando a organizaciones políticas, organizaciones sociales, medios de comunicación, representantes de las diferentes organizaciones de mujeres y jóvenes para que podamos abrir un espacio que recoja insumos para la propuesta de la Ley de Organizaciones Políticas”, dijo a los periodistas.

Uriona explicó que en ese proceso se discutirán cuatro ejes referidos a los requisitos de conformación de las organizaciones políticas, porcentaje de registro para habilitarse, participación de pueblos indígena originario campesinos, financiamiento y fiscalización.

“Vamos a trabajar también en todo lo que hace al eje de democracia interna. Las organizaciones políticas deben discutir una propuesta de democratización en el marco de lo que establece la nueva Constitución, sobre todo reconociendo democracia la de interculturalidad y paritaria”, complementó.

Los talleres departamentales se desarrollarán del 18 de mayo al 23 de junio.

lunes, 15 de mayo de 2017

Presentan proyecto de ley para evitar 'compadrerío' en Gobierno


El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, presentó hoy a la Cámara de Senadores el proyecto de ley que busca acabar con el "compadrerío" de cargos para familiares dentro de la administración pública nacional.

"Las instituciones públicas están plagadas de parientes de los principales dignatarios de Estado. Se está burlando la Constitución Política del Estado, que establece que no se puede trabajar en la misma entidad", aseveró el opositor en conferencia de prensa.

Detalló que la modalidad que utilizan las autoridades nacionales para dar trabajo en dependencias del Gobierno es acomodarlas en instancias en las que no tienen relación directa, así evitan denuncias por nepotismo.

La iniciativa legislativa entregada por Doria Medina contempla siete artículos que prohiben contratar a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad en el caso del presidente, vicepresidente, ministros, presidentes de Diputados y Senadores.

"Solo dos excepciones, si hay un pariente que trabaja antes de que su familiar sea nombrado o en caso de necesidad nacional, mediante Decreto Supremo", aseveró el político y empresario.

Concluyó señalando que "el elemento más importante está en la condena ciudadana. Los profesionales del país ven que para entrar a alguna entidad del sector público no vale el título profesional sino el parentesco y la militancia política".

jueves, 4 de mayo de 2017

Comisión aprueba ley que incrementa la Renta Dignidad

El presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica, Javier Zavaleta, anticipó que hasta la próxima semana se podría sancionar el proyecto de ley que incrementa la Renta Dignidad para las personas de la tercera edad a 3.900 bolivianos.
La Comisión aprobó este jueves el proyecto y tiene previsto remitir el informe al pleno de la Cámara de Diputados, para su tratamiento y posterior aprobación, anticipó que inmediatamente se enviaría al Senado.

La Comisión de Planificación “está aprobando el proyecto de ley que incrementa la renta dignidad. Sabemos que es de vital importancia para muchas personas de la tercera edad por eso la rapidez”, afirmó Zavaleta.

“Es probable que hasta la próxima semana este proyecto esté aprobado y entre en vigencia desde el mes de mayo. Efectivamente ya se pagaría desde mayo, esa es una decisión”, declaró el legislador.

El presidente Evo Morales anunció la pasada semana y ratificó la decisión el 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajo, el incremento en la Renta Dignidad que beneficia a las personas de la tercera edad.

“El proyecto establece que a partir de mayo de este año subirá a 3.900 bolivianos para los que no tienen jubilación incluido el aguinaldo y para los que tienen jubilación alcanza a 3.250 anuales incluido el aguinaldo”, explicó.

Argumentó que desde hace cuatro años, específicamente desde el 2013 no se había incrementado la renta para las personas de la tercera edad, excepto el 2014 que se incluyó el aguinaldo, por lo que en “justicia” se justifica el aumento, dijo Zavaleta.

Paralizan proyecto de control a la ropa usada


El proyecto de ley que establece que los municipios sean los responsables del control del comercio de la mercadería usada quedó paralizada en su tratamiento dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), según informó la senadora Nélida Sifuentes.

"Hasta la próxima semana el presidente Evo Morales se reunirá con todos los dirigentes de venta de ropa usada, mientras tanto la ley no se toca, se paraliza su tratamiento en la Cámara de Diputados", explicó la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En la reunión que el primer mandatario sostuvo con sus legisladores se advirtió que la venta de la ropa usada afecta la industria boliviana, pero también se verificó que muchas familias "tiene ingresos propios gracias a este negocio", reporta ABI.

Elizabeth Verástegui, dirigente del sector, informó que un ampliado de emergencia en El Alto, determinó ir al paro nacional el lunes en defensa de sus fuentes de trabajo y por la legalización del comercio de prendería a medio uso.

"Una vez tenemos que pedir la legalización, que se levante el decreto que prohíbe la venta y se empiece a trabajar en una normativa", sostuvo la representante en entrevista con Red Uno.

martes, 2 de mayo de 2017

Ley da a los hombres cinco años para negar paternidad

Los hombres que dudan si son padres o no de los niños registrados con su apellido pueden iniciar un proceso judicial de negación de paternidad, establecido en el nuevo Código de Familias y de Procesos Familiares, vigente desde marzo de 2016.

La norma establece un plazo de cinco años desde el momento en que el menor sea registrado en el Servicio de Registro Cívico (Sereci), para revertir la filiación.

Pasado este tiempo, expira la posibilidad de realizar cualquier modificación en la partida de nacimiento de los menores.

El juez Óscar Ortiz, del juzgado quinto público de Familia, recordó el caso de un futbolista famoso que realizó el proceso de negación de paternidad, pero como pasó el tiempo establecido, su demanda fue negada. El hombre acudió hasta el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, pero su proceso fue rechazado.

Las solicitudes de negación de paternidad no son aisladas y en la mayoría de los casos los hombres terminan teniendo la razón. Lo que pasa es que los litigantes “van a lo seguro” porque los denunciantes tienen la certeza de no ser lo padres.

En el juzgado público Quinto de Familia se han recibido al menos 20 casos desde la implementación del nuevo código.

El juez recordó el proceso de una pareja de policías en el que el varón demandó la negación de paternidad, pese a que años atrás reconoció al niño en el vientre. Una vez realizado el examen de ADN, se determinó que no era el padre.

ADN El avance de la tecnología permite tener certeza sobre el parentesco entre padres e hijos. Si bien en el anterior código no era obligatorio el examen, ahora los jueces instruyen que se realice el procedimiento.

Los litigantes pueden hacer el test en el Instituto de Investigación Forense (IDIF) o en otras entidades privadas como Identigen. “Se toman como ciertos los hechos si hay la negativa de una de las partes a someterse a la prueba”.

El estudio de laboratorio solo se puede realizar con orden judicial o de manera voluntaria, en el mejor de los casos. Ortiz habló de un proceso en el que los litigantes ya acompañaron el examen, porque hubo un previo acuerdo.

El resultado determina el fallo judicial. Si los litigantes desean reparar los daños o perjuicios económicos o morales, deben hacerlo por la vía civil y penal.

EMBARAZO La norma establece que las embarazadas sean favorecidas con la asistencia familiar. La mujer inicia un proceso en un juzgado de Familia donde identifica al padre del bebé. Una vez que nace el niño, el progenitor puede realizar el trámite de negación de paternidad. Debe proponer como medio de prueba el examen de ADN.

Se han presentado casos porque les han reconocido en el vientre y se ha fijado una asistencia familiar a la madre, “entonces nace el hijo y aparece la duda y van por la vía judicial”.

FILIACIÓN Para borrar una partida de nacimiento de un menor debe haber una sentencia judicial ejecutoriada, no se lo puede hacer sin este requisito. El registro de los menores es voluntario, pero “borrar esa afiliación debe ser después de un proceso judicial”.

Ortiz explicó que debe hacer prevalecer el interés superior que es el bienestar del niño. De esta manera se evitan presiones hacia cualquiera de los progenitores.

CONVENCIONAL Una vez que se anula la filiación paterna del menor, se lo registra con el apellido convencional. “Se borra la casilla del padre y se coloca solo el de la madre”.

Esto significa que el menor puede mantener esa identidad hasta que cumpla la mayoría de edad. Posteriormente, puede acreditar su verdadera filiación. “Puede ser que a los 18 años tenga relación con su padre y lo puede cambiar”.

Reserva

Cuando se desconoce la identidad de los padres, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia demandará la filiación convencional ante un juez.

30 Días

La madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación de su hija o hijo al momento del nacimiento y hasta 30 días después.

El menor podrá ser registrando por la simple indicación de cualquiera de ellos.

Madres rechazan filiación

Cuando una persona ha registrado una afiliación errónea puede plantear la anulación de paternidad o maternidad. El nuevo Código de la Familia y Procesos Familiares señala que las madres también pueden realizar el trámite. Estos son los casos de las abuelas “biológicas” que registran como sus hijos a sus nietos, cuandos sus hijas dieron a luz siendo solteras y muy jóvenes. Entonces, los menores son registrados por los abuelos con los apellidos paternos y maternos, y resultan legalmente como hermanos con sus madres a las que consideran “verdaderas”.

El juez Óscar Ortiz dijo que a la larga pueden presentarse dificultades por reclamos de los hijos verdaderos.

También se han visto situaciones en que se han reconocido a los hijos de ahijadas o empleadas. “Resulta que biológicamente no es su hijo y se va por la vía de la negación, a través de la prueba de ADN”.

La abogada Mabel Antezana destaca la nueva normativa porque se vela por el derecho a la identidad que tienen los menores al momento de nacer.

Apuntes



Registro

El artículo 14 del Código de Familias y Procesos Familiares señala que la filiación se realiza por voluntad conjunta de los progenitores, por

indicación de la madre o del padre, o por resolución judicial. Toda filiación deberá registrarse ante el Servicio de Registro Cívico, de acuerdo a su normativa.

Por indicación

En el artículo 15 se habla de la filiación por indicación. Dice que la madre o el padre podrán realizar el registro de filiación de su hija o hijo menor de edad, y por indicación la maternidad o paternidad del otro progenitor debidamente identificado, cuando este no lo realice voluntariamente o esté imposibilitado o imposibilitada de hacerlo.

El Servicio de Registro Cívico, hará conocer la filiación a la persona indicada como padre o madre, en su último domicilio consignado. En caso de desconocerse el domicilio, esto no invalida la filiación por indicación.

La persona indicada tiene derecho a la acción de negación en la vía jurisdiccional, sin perjuicio de la vigencia de la filiación registrada.

El registro de la filiación subsiste salvo cancelación por sentencia judicial.

Judicial

El artículo 16 señala que la filiación puede ser judicial. La persona mayor de edad que no cuente con filiación materna o paterna, debidamente establecida, podrá demandar la filiación ante la autoridad

judicial en materia familiar.

La acción también podrá ser interpuesta por sus descendientes.

La o el hijo póstumo podrá dirigir su acción contra los herederos de quienes

considera su madre o su padre.

Si la resolución judicial declara probada la demanda, se dispondrá en la

misma resolución el respectivo registro.

Familia

La filiación es el vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores. Se considera tres clases de filiación: i) matrimonial, es la que tiene su origen en el matrimonio; ii) extramatrimonial, que corresponde a hijos de personas no casados entre sí; y, iii) adoptiva, que no corresponde a una realidad biológica sino al vínculo paterno – filial creado por ley. es un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos, con la hija o hijo, que implica responsabilidades y derechos recíprocos.

miércoles, 26 de abril de 2017

Proyectos para ley del artista son analizados

La ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, confirmó que recibió alrededor de cuatro proyectos para redactar el anteproyecto de la Ley del Artista. Las propuestas llegaron de distintos grupos, incluido uno de Santa Cruz.

Aclaró que “no hay ningún cobro adicional. La Ley 2206 y el decreto supremo siguen vigentes, por lo tanto, los artistas siguen eximidos de los impuestos”, dijo.

La declaración la hizo en respuesta a un sector de intérpretes de música electrónica y otros que marchó ayer en contra del pago impositivo.

“Ayer (lunes) de manera disciplinada y comprometida, la Asociación de Artistas en Variedades entregó una propuesta de ley. Santa Cruz nos envió otra y dos grupos más que se movilizaron”, dijo la autoridad.

Alanoca explicó que se tratarán diversos aspectos en el marco de lo que será la Cumbre de Culturas, que se presentará el 28 de abril.

“Todo se debe valorar en la mesa. Los artistas quieren y buscan su dignidad, y nosotros, como Estado, debemos cumplir, así como queremos que ellos cumplan con el Estado con respeto y las reglas claras. La convocatoria es amplia, por favor hagan llegar sus propuestas. Encontré muchas coincidencias entre Santa Cruz y La Paz, acá lo que nos mueve es contar con una ley del artista, tenemos que establecer una nueva que establezca derechos y obligaciones”, dijo.

Norma vigente

La Ley 2206, promulgada por Banzer, exime del pago de Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Transacciones (IT) a las actividades de producción, presentación y difusión de eventos, teatro, danza, música nacional, pintura, escultura y cine que sean producidos por artistas bolivianos.

martes, 25 de abril de 2017

Ley electoral modificada prevé mayor control de los medios

En la fase estrictamente relacionada al proceso electoral de magistrados a cargo del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Ley de Régimen Electoral modificado, si algo nuevo incorpora, son las medidas restrictivas a la tarea de los medios de comunicación.

25 de Abril de 2017


Bajo el rótulo de sanción a los medios, señala el artículo 84 modificado del Régimen Electoral, que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “mediante resolución fundamentada sancionará a medio de comunicación que incumpla el régimen especial de prohibiciones establecidas”. En ese orden, precisa que los medios de comunicación que difundan mensajes de campaña y propaganda, orientados a solicitar el voto por una postulación o grupo de postulaciones o mensajes orientados de manera explícita a favorecer o perjudicar a una postulación o grupo de postulantes, serán sancionados.

martes, 18 de abril de 2017

Código de Familia obliga a hijos a dar asistencia a sus padres y establece sanción con cárcel



El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, dijo este martes que el Código de Familia, vigente en el país, obliga a los hijos a dar una asistencia económica a sus padres, en ciertas circunstancias, y establece una sanción de seis meses de cárcel al incumplimiento.

"Al igual que los hijos pueden pedir asistencia, de la misma forma los padres que se encuentran en situación de necesidad, que no puedan valerse por sí mismos o sean mayores de 65 años, pueden solicitar mediante un juez que se le pase una asistencia familiar, que tiene que ser en proporción a sus necesidades y a quien puede darle esa asistencia", indicó a los periodistas.

Manifestó que en caso de no cumplirse con dicha norma, la sanción será la privación de libertad de la persona por un máximo de seis meses, extremo que puede ser cambiado, pues en el país no existe cárcel por ese tiempo.

"Ahí puede hacer un compromiso de pago que deberá cumplirse en un plazo de tres meses, de lo contrario puede volver a la cárcel", agregó.

Cárdenas explicó que esa disposición se encuentra en el artículo 33 que habla sobre los deberes de los hijos y en el inciso d) del Código de Familia, promulgada en 2014, que indica que los hijos deben "prestar asistencia a su madre, padre o ambos, y ascendientes, cuando se hallen en situación de necesidad y no estén en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia".

Mencionó que para obtener dicha asistencia se debe seguir un procedimiento, es decir, presentar una demanda ante el juez de familia, para que luego esa autoridad notifique en cinco días y en 10 días cite a audiencia, para que ahí se defina el monto económico de la asistencia que se entregará.

El legislador recordó que según la norma el monto de dicha asistencia no será menor al 20% del salario mínimo.

"Entonces es importante que se conozca sobre esto porque sólo se han conocido pocos casos de la asistencia a padres, en el caso de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, donde vimos que hay voluntad, pero antes de ir a un juez se puede acudir a la Defensoría del Adulto Mayor de su municipio para que lo ayuden y si no funciona este mecanismo recién acudir a un juez", manifestó.

Añadió que lo importante es que la población conozca el tema e indicó que existen situaciones críticas, en las que hay padres que son ultrajados o despojados de sus inmuebles y no son atendidos por sus hijos, por lo que esas personas creen que no tienen a alguien que los ampare. (18/04/2017)

lunes, 17 de abril de 2017

Cocaleros proyectan demandar la Ley de la Coca por inconstitucional

Los cocaleros de la zona subtropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, informaron este lunes de que quieren denunciar ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de coca, promulgada el mes pasado, que amplía la superficie legal de cultivos en Bolivia de 12.000 a 22.000 hectáreas.

Representantes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) explicaron a los medios que quieren presentar un recurso de inconstitucionalidad parcial contra dos de los artículos de la ley porque irían en contra de la Constitución, que protege la "coca originaria y ancestral".

La nueva Ley General de la Coca, promulgada el 8 de marzo por el presidente Evo Morales, sustituye a la denominada 1008, que regulaba desde 1988 la producción de la hoja de coca y las políticas de lucha contra el narcotráfico.

La antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en los Yungas.

La nueva norma autoriza hasta 7.700 hectáreas de cultivo en el Chapare (Cochabamba, centro), considerada una zona no tradicional, y 14.300 en el departamento de La Paz.

Los cocaleros de los Yungas se manifestaron desde un primer momento en contra de que se amplíen las hectáreas de cultivo en la zona del Chapare, y exigieron con protestas que no se aprobase la norma, aunque sólo consiguieron que se ampliasen en 2.300 hectáreas los cultivos en su zona.

Gran parte de la producción de coca de la zona del Chapare, según informes internacionales, no pasa por mercados legales, por eso parlamentarios opositores ya llevaron al Constitucional una demanda, el pasado 10 de abril, contra la producción de la planta en "zonas no tradicionales".

Adepcoca y la oposición coinciden en algunos de los artículos cuestionados, que son los que dividen las zonas de cultivo de la planta en Bolivia y que, según el asesor legal de la asociación de cocaleros, Froilán Tola, "no tiene sustento constitucional ni amparo de la Constitución".

"Estamos solicitando que se suspenda la aplicación de la ley 906, Ley General de la Coca", dijo Tola a los medios.

El presidente de Adepcoca, Franklin Rojas, señaló que espera que la demanda llegue esta semana a Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, pero antes tienen que firmarla los representantes de los Yungas en el Parlamento, que son los legitimados para presentar este tipo de instrumentos legales.

"Estamos convocando a nuestro diputado y a nuestra senadora para que se hagan presentes en esta semana y puedan firmar esta demanda que vamos a presentar al Tribunal Constitucional", explicó Rojas.

Además de la demanda de inconstitucionalidad, Adepcoca ha presentado dos solicitudes a los representantes de la Unión Europea en Bolivia para preguntar sobre los recursos que la institución destina en el país andino para la lucha contra el narcotráfico y la ayuda en proyectos productivos.

Rojas indicó que en su sector están "un poco molestos" porque no les han convocado para ninguna reunión aún y no pueden "seguir esperando porque se está queriendo mediante una ley expandir más coca en zonas excedentarias".

"Estamos pidiendo el informe económico que ha destinado a Bolivia porque con ese dinero debían luchar contra el narcotráfico y no contribuir a la expansión de la hoja de coca", criticó el presidente de Adepcoca.

miércoles, 12 de abril de 2017

Ley de Minería 535 Reguladora envió contratos para aprobación legislativa

El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Erik Ariñez, informó ayer que se enviaron 76 nuevos contratos administrativos mineros a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que sean aprobados mediante ley.

Según el Director de la AJAM, los nuevos contratos establecen la explotación de nuevas áreas mineras en distintas regiones del país, por parte de empresas privadas y cooperativas, en el marco de la nueva Ley de Minería 535.

EXMINISTRO

Al respecto, el exministro de minería Dionisio Garzón señaló que la reversión de concesiones mineras no cumple actualmente sus objetivos, debido a que si bien son áreas o parajes recuperados, en los hechos continúan abandonados por el Estado, sin que puedan cumplir su función productiva.

ÁREAS SIN PRODUCCIÓN

Dijo que por esa consideración, el Gobierno debe aplicar políticas de desarrollo y dotarlas de actividad. En los últimos cuatro años, el Estado estableció que más de 317 mil hectáreas de concesiones improductivas podrían ser objeto de reversión, de acuerdo con el informe del viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler.

ASAMBLEA LEGISLATIVA

“En relación con los contratos administrativos mineros, para llevar adelante nuevos proyectos mineros, estamos tratando de que estos se suscriban de manera más dinámica, al momento ya tenemos muchos contratos mineros remitidos a la Asamblea Legislativa, ahí seguirán su curso y serán aprobados mediante una ley. Más o menos tenemos remitidos 76 contratos mineros a la Asamblea”, dijo a los periodistas.

Ariñez explicó que a finales del año pasado se aprobó ya un primer contrato administrativo minero, a favor de la Empresa de Cementos de Bolivia.



ADECUACIÓN

Por otra parte, dijo que la AJAM también lleva adelante el proceso de adecuación de antiguos contratos mineros a la nueva Ley 535, es decir las concesiones establecidas en leyes anteriores, como el Código de Minería 177.

“Todos los actores productivos mineros, vale decir las empresas estatales y empresas privadas o cooperativas, están entrando a la adecuación”, agregó.

COMIBOL

En torno al tema, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia, José Pimentel, expresó sus dudas sobre la adecuación a la normativa vigente de concesiones en poder de cooperativas.

Bajo la anterior ley, varias cooperativas suscribieron contratos sobre la base de las concesiones obtenidas con empresas privadas. La adecuación tiene el propósito de regularizar la situación legal, en el marco de la nueva ley vigente.

MINEROS CHICOS

La Cámara Nacional de Minería, que acoge a los mineros chicos del país, manifestó también su preocupación sobre la adecuación de sus entidades afiliadas a la nueva ley sectorial. “Corren plazos que el sector chico no podrá cumplir”, dijo Pimentel. Añadió que para seguir ese proceso deberán presentar no solamente proyectos de exploración y explotación, sino otros documentos que los cooperativistas estarían impedidos de asumir, por su complejidad técnica y los costos del caso.

miércoles, 5 de abril de 2017

Gobierno impulsará una ley del cine

La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, anunció ayer que impulsará el análisis y debate del anteproyecto de la Ley del Cine y de la Cumbre de Culturas como prioridades en el mes de abril.

“Esta semana tenemos mucha tarea, el tema de la Ley del Cine y la Cumbre de Culturas, son dos temas que vamos a trabajar durante este mes”, dijo en entrevista con el ‘El pueblo es noticia’.

Recordó que el anteproyecto de la Ley del Cine se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras la Cumbre de Culturas está en la etapa de organización.

El proyecto de la Ley del Cine fue entregado a la Asamblea Legislativa en diciembre de 2016 y prevé entre otros aspectos sustituir a Conacine y registrar las obras nacionales y extranjeras para su distribución en el país, otorgar licencias de filmación, gestionar la producción y coproducción, y proteger los derechos de los autores de los filmes.

viernes, 31 de marzo de 2017

Envían al Legislativo proyecto de ley de ropa usada

El ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, manifestó que ya se envió al Órgano Legislativo un proyecto de ley que busca prohibir la importación y la venta de ropa a medio uso en el país a través del control que deben realizar los gobiernos subnacionales.

“El proyecto de ley ya está en la Asamblea (Legislativa), y con esta ley los gobiernos municipales deben asumir la competencia de controlar el mercado interno o los mercados municipales”, expresó.

El viernes 18, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Víctor Ramírez explicó que el proyecto busca elevar a rango de ley el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y comercialización de prendas de vestir a medio uso en los mercados del país.

martes, 28 de marzo de 2017

Ley General de Trabajo Empresarios demandaron restitución del artículo 12

Los empresarios privados del país demandaron a los poderes constitucionales revertir la decisión del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto el preaviso y pidió que “se restituya el equilibrio quebrantado con esta sentencia constitucional”.

COMUNICADO

Un comunicado de la entidad gremial leído por su presidente, Ronald Nostas, dijo que con tal medida, se permitirá, “preservar y motivar la generación de empleo protegido y el crecimiento económico”.

“Pedimos a las autoridades nacionales e instancias del Estado, se restituya el equilibrio que se quebrantó con la emisión con esa sentencia constitucional, apelando a los mecanismos legales e institucionales que permita preservar y motivar la generación sostenida de empleo protegido y crecimiento económico”, expresó Nostas en rueda de prensa, ofrecida en la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), donde se abstuvo de responder a preguntas de los periodistas.

El pasado 24 de marzo, el tribunal constitucional plurinacional emitió la sentencia 009/2017 que declaró la inconstitucionalidad del Art. 12 de la Ley General del Trabajo y del único artículo del Decreto Supremo Nº 6813, entre estos dejó sin efecto la carta de preaviso como una forma de despido.

CRISIS

Nostas señaló que fueron afectados en los últimos años por las decisiones judiciales que se tomaron, los cuales son excesivos, incluso injustos, muy pocas veces enfrentaron este tipo de determinaciones que afectan de la misma manera a los empresarios y trabajadores.

Al emitir la resolución, el TCP rehuyó al análisis de las consecuencias y efectos que causará esta sentencia, por lo que está generando un panorama de crisis en el sistema laboral y empresarial, con la falsa idea de resguardar la estabilidad laboral y otorgar las garantías correspondientes, sostuvo Nostas.

ESTABILIDAD

Señaló también que todo régimen de estabilidad laboral debe estar acompañado de un escenario de estabilidad empresarial, en tal caso, los despidos motivados por decisiones injustificadas son un excepción y no son de manera reiterada. Resaltó que asumir una determinación en base a excepciones no condice con la seriedad y la responsabilidad que se le exige a una institución seria que debe garantizar la aplicación de las normas del país.

Finalmente, sostuvo que la institución gremial tiene el mandato primordial de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y oportunidad, “en cuanto este mandato está sujeto a otro tipo de interés, afecta su naturaleza, adicionalmente desestructura otros componentes del marco regulatorio”.

sábado, 25 de marzo de 2017

Propuesta de ley amplía restricciones para fumadores en espacios públicos



Una propuesta de ley plantea ampliar las restricciones para fumadores en espacios públicos como en centros de diversión nocturna, de entretenimiento, donde se realicen eventos deportivos y culturales, en tiendas, galerías y

La iniciativa legal denominada Proyecto de ley de Prevención y Control a los Productos del Tabaco fue presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional por el presidente de la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados, Manuel Mamani.

Tiene la finalidad de “precautelar el derecho de la salud de las generaciones presentes y futuras de las bolivianas y bolivianos, protegiéndolas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas causadas por el consumo de productos de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno”.

El artículo 10 señala: “Se prohíbe fumar o mantener un producto de tabaco encendido en: establecimientos de salud, público y privados, y del Sistema Educativo Plurinacional, ambientes cerrados y abiertos; “así como a cien (100) metros a la redonda de dichos establecimientos”.

En Bolivia, el consumo de tabaco es considerado como una enfermedad y en muchos casos una adicción, además es el principal factor de riesgo de las Enfermedades No Transmisibles.

La restricción, según el proyecto de ley, llega a dependencias de instituciones públicas en sus diferentes niveles de Gobierno, así como en las empresas públicas, empresas privadas, de cualquier tipo de actividad industrial, comercial y de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera.

Además en centros comerciales, tiendas, galerías, supermercados, mercados, terminales aéreas, terrestres, acuáticas y estaciones de transporte masivo. Incluso se contemplan a ambientes cerrados que se encargan de la comercialización de alimentos, bebidas alcohólicas, diversión nocturna y de entretenimiento, donde se realicen eventos deportivos y culturales.

En el parágrafo II del mismo artículo se establece además la prohibición de habilitar espacios para fumar en los lugares establecidos. Los ambientes señalados deberán tener señalizados la leyenda “ambiente 100% libre del humo del tabaco”, según el artículo 11.

La propuesta normativa también fija la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio por cualquier medio de difusión. El incumplimiento a lo establecido será sancionado con multas pecuniarias, decomisos o clausuras que serán aplicables tras una reglamentación. (24/03/2017)

viernes, 24 de marzo de 2017

Elevarán a ley decreto del estado plurinacional

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ciro Zabala, aseguró ayer que el proyecto que propone elevar a rango de ley el Decreto Supremo 405, que declara el 22 de enero día de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra en debate para tomar una determinación.

"Como toda ley sigue un proceso de consulta a nivel de todas las instituciones, organizaciones sociales, instituciones del Ejecutivo, Legislativo y pueblo en general", indicó a los periodistas.

El proyecto de ley consta de dos artículos, también instruye al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación, coordinar con gobernaciones y alcaldías para realzar el 22 de enero desfiles cívicos y militares./ABI.

El Senado sanciona ley de impuesto a la banca

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó ayer el proyecto de ley que autoriza el incremento de la Alícuota Adicional del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (AA-IUE) de 22% a 25%.

Con la aplicación de esta norma se espera recaudar unos Bs 75 millones por año, recursos económicos que serán invertidos en proyectos de inversión pública.

“Queda sancionado el proyecto de ley”, informó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, al finalizar de la sesión del tratamiento de la norma.

El proyecto modifica el artículo 51 de la Ley 843 de Reforma Tributaria y establece un incremento a la Alícuota del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas del 22% al 25%.

La AA-IUE para las entidades financieras fue creada mediante la Ley N° 211, del 23 de diciembre de 2011, y modificada por la Ley N° 771, del 29 de diciembre de 2015, con el objetivo de que el Estado participe de la creciente rentabilidad de este sector.

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, señaló en declaraciones pasadas que la norma busca captar los excedentes de la banca para convertirlos en obras públicas.

domingo, 19 de marzo de 2017

Ley 1008, guerra a la coca antes que contra el narcotráfico



Acabar con los cultivos de coca antes que luchar contra las redes del narcotráfico. Esa fue la política encaminada en el país a partir de la puesta en vigencia de la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, hace 28 años (19 de julio de 1988), coinciden analistas de diversa orientación ideológica. De allí que se aplicaron un sinfín de programas y planes para erradicar las plantaciones, sea de manera forzosa o concertada, o sustituirlas por otros productos, una estrategia que, en los hechos, no resultó.

El fin, según lo establecía esa normativa, era consolidar la siembra de solo 12.000 hectáreas de plantaciones en una zona tradicional del territorio. Pero ese objetivo, que suponía la base de la lucha contra el flagelo de las drogas —considerando que la coca es materia prima para la cocaína— nunca fue alcanzado. ¿Por qué? Hugo Moldiz, exministro de Gobierno del presidente Evo Morales, asegura que la denominada “guerra internacional contra las drogas” que impulsó Estados Unidos y que en el país fue encaminada a través de la Ley 1008, fracasó porque hizo énfasis en la oferta y no en la demanda, lo que significó criminalizar la producción de coca y a los cocaleros, y, al contrario, fue permisiva con el narcotráfico, una actividad que por la década de los 80 estaba configurando su presencia organizada en Sudamérica: Bolivia, Colombia y Perú.

“La excesiva criminalización no cumplió con la meta que se habían propuesto de coca cero porque estaba clarísimo que concebían el cultivo de la hoja como un hecho delictivo y no como un fenómeno social, político, económico y cultural, y no pudieron llevarlo a la sustitución voluntaria, ni pudieron erradicarla, pese a la violencia, persecución o asesinato de cocaleros”, dice.

FALLIDA. Con ese criterio coincide el experto José Carlos Campero, quien complementa que la estrategia de lucha contra esa actividad ilícita fue fallida porque fue formulada en una época —la década de los 80— en la que primaba el paradigma de guerra contra las drogas, bajo el cual “hoja de coca y droga llegan a ser la misma cosa”, un concepto que “riñe con lo real” y que, en su criterio, llevó a mezclar “de forma incorrecta” aspectos regulatorios del cultivo de esta planta con los del narcotráfico.

“Lo que sí queda claro es que los resultados perseguidos por esas intervenciones (erradicación) han sido fallidos, pues no solo no se ha logrado reducir la cantidad de hoja producida en territorio (hectáreas) ni en volumen (toneladas); sino que tampoco, se ha logrado reducir el contrabando de precursores ni la cantidad producida de base y clorhidrato de cocaína”, afirma Campero.

Para el exministro de Gobierno Saúl Lara (autoridad durante la gestión de Carlos Mesa), el objetivo central de la Ley 1008 fue regular la producción excedente de estas plantaciones, una finalidad que, en su criterio, sí fue cumplida porque permitió reducir las hectáreas (ha) de cocales de 46.000, cosechadas durante la década de los 80, a cerca de 25.000 ha, pero además limitó la superficie cultivada a determinadas zonas y evitó su expansión desenfrenada.

El presidente Evo Morales, durante su informe de gestión, el 22 de enero de 2017, informó que el pico más alto de producción de coca se registró en 1998, con 38.000 ha. Según el mismo reporte, en 2005 la cantidad de coca era de 25.400 ha.

Si bien hubo una estandarización en el número de cocales, Lara admite que la Ley 1008 fracasó en cuanto al objetivo de lograr 12.000 ha. “Si bien nunca hemos llegado a 12.000, nos hemos quedado en el mejor de los casos y con mucha sangre y dolor, en 25.000”, asevera.

Ese criterio no lo comparte el exministro Moldiz. “Nunca pudo establecer límites, esos límites estaban en el papel, no pudieron impedir que creciera los cultivos de la hoja de coca, que llegó a un momento en que sobrepasaban hasta las 40.000 hectáreas”, indica.

En el caso de la lucha contra el narcotráfico, según el informe de gestión del Presidente, entre 1996 y 2005 se realizaron 48.949 operativos y entre 2006 y 2016 éstos se incrementaron en 172% a 133.346 intervenciones. Pese a estos logros, la incautación de cocaína también aumentó: de 101 toneladas (t) secuestradas entre 1996 y 2005 a 283 t, entre 2006 y 2016, un aumento del 180%, lo que muestra que el ilícito no fue controlado y persiste.

En lo que sí coinciden los exministros y el experto es en que esta política aplicada desde Estados Unidos dejó luto en el país.

MUERTOS. Según el informe del presidente Morales, entre 1996 y 2005 se registró la muerte de 60 personas y otras 702 resultaron heridas. El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (Fonadal) precisó, a través de un informe de 2006, que entre 1997 y 2003 fallecieron 53 cocaleros, 631 resultaron con lesiones graves y 700 fueron encarcelados.

“Los saldos negativos de la 1008 supusieron violaciones de los derechos humanos, muertes de seres humanos, que no deben solo identificarse entre cocaleros, pues deben también tomarse en cuenta las muertes de los agentes de la fuerza pública en cumplimiento de la ley, como de aquellas personas con consumo problemático de drogas sin apoyo estatal para tratar su enfermedad”, entre otros actores, reflexiona Campero. “En el paradigma de la guerra contra las drogas, los perdedores somos todos”.

La asambleísta departamental de Cochabamba Leonilda Zurita, quien es productora de coca y ya lleva 23 años en la dirigencia de los productores de la hoja en el trópico de Cochabamba, recuerda con un nudo en la garganta “el dolor y la muerte” que trajo consigo la Ley 1008. “Esta normativa era de enfrentamiento, militarización (...) Se han ofrendado tantas vidas, pero gracias a esas vidas hoy se cumple el sueño de los antepasados, de esa gente que murió producto de la persecución”.

Según Moldiz, las muertes de cocaleros fueron una consecuencia “natural” de la política formulada al influjo de la llamada “guerra internacional contra el narcotráfico”, aplicada a través de la Ley 1008, una historia negra para el país.

Pero no solo resultó fallida la estrategia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas en cuanto a la erradicación de las plantaciones, sino que también lo fue en cuanto a generar una economía alternativa para los cocaleros, es decir, productos que sustituyeran a la coca. A fin de lograr ese objetivo, la Ley 1008 previó la implementación del plan de desarrollo alternativo y sustitución de cocales, para lo que creó el Fonadal.

El exministro de Morales considera que esa política fracasó porque no hubo mercados, en el país y el exterior, para la producción boliviana. “La economía se contrajo y el mercado interno se achicó y en el mercado mundial no había condiciones favorables para los productos alternativos. Además, a los gobiernos neoliberales lo que menos les interesaba era la situación de los campesinos y la adecuada inserción de Bolivia al ámbito externo”, dice.

MERCADOS. Campero relaciona ese fracaso con la aplicación de políticas a medias, es decir que no hubo acompañamiento logístico a los productores de palmito, banano u otros. Y coincide con Moldiz en que no hubo una búsqueda efectiva de mercados que aseguren ingresos sostenibles para los productores.

“Si bien la sustitución de cultivos tiene el gran incentivo de la legalidad de la actividad económica, adolece de una integralidad en cuanto a sus resultados. El productor necesita seguridad legal, pero también ingresos sostenibles, educación, salud y otros aspectos que hacen a una vida digna. Las intervenciones realizadas en Bolivia no tuvieron esa integralidad y fracasaron en sus objetivos centrales”, considera Campero.

Para el exministro Lara, la inversión desde el Estado de ingentes cantidades de dinero para diversificar la producción de los cocaleros, sea con bananos, cítricos, palmito, así como la mejora en infraestructura vial, escolar, sanitaria, no guarda relación con el objetivo final que era erradicar esas plantaciones.

En su criterio, aunque no se haya logrado el fin, se justifica la inversión de esos recursos porque ello evitó más violencia y la aparición, por ejemplo, de columnas guerrilleras, como ocurrió en otros países. “Valía la pena, sí, que el Estado haya invertido millones de dólares, sí valía la pena. Se justifica, estoy convencido de ello, pero esto no guarda relación porque no se han cumplido las metas”, manifiesta.

Hace una semana, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley General de la Coca, una normativa que regula la producción, transporte y comercio de la hoja en su estado natural. La misma fue derivada al Órgano Ejecutivo para su promulgación y establece una producción máxima de 22.000 hectáreas en La Paz y Cochabamba. A futuro, con la aprobación de la Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, la 1008 quedará abrogada.

Esta disposición legal será sustituida 10 años después de que el presidente Morales, también presidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (productores de coca), asumiera el mando del país. ¿Qué pasó, por qué tardó tanto en aprobarse una legislación especial para la coca y aún se espera por otra para la lucha contra el tráfico de drogas? Moldiz explica que ello se debió a que, primero, debería hacerse un estudio respecto al consumo legal de la hoja de coca; segundo, debería debatirse si se mantenía el concepto de zona excedentaria en transición; tercero, debería demostrarse a la comunidad internacional que la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico sin presencia de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) daba resultados; y cuarto, debería revalorizarse la hoja de coca como patrimonio nacional y cultural, lo que fue posible a través de la denuncia a la Convención de 1961 y la adhesión con la reserva, porque esa planta está en una lista de estupefacientes.

En más de una ocasión, el presidente Morales destacó la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico porque permitió la aplicación de políticas soberanas y de respeto a los derechos humanos. Además, a través de esta política, dijo recientemente en su informe del 22 de enero, se permite “la articulación soberana de nuestros esfuerzos, la modificación de enfoques intervencionistas y la aplicación del criterio de responsabilidad compartida”.

ACTUALIZARLA. El exministro Lara no comparte la visión del Gobierno de sustituir la Ley 1008 pues, en su criterio, si bien es anacrónica, solo había que actualizarla. Además considera que la ampliación legal de los cocales de 12.000 a 22.000 ha solo persigue un fin político. “Mi temor es que esta ampliación va a permitir un incremento casi inmediatamente de la producción”, sostiene.

Y aunque la lucha contra el narcotráfico bajo la Ley 1008 fracasó, Lara opina que “mal que bien” esta normativa fue parte de una política de Estado y fue pilar fundamental de sucesivos gobiernos a partir de la década de los 80 hasta la actualidad.

“La política del Estado boliviano, una de las pocas, que trasciende a los gobiernos, fundamentalmente está basada en cuatro pilares, sean gobiernos de derecha, neoliberales, populistas, etc., y no ha cambiado: interdicción, prevención, desarrollo alternativo hoy llamado desarrollo integral y erradicación de la superficie excedente”, asegura.

En criterio de Campero, también el cambio era necesario y que se debía separar el marco legal en tres cuerpos: “Primero, una ley que regule de una manera más técnica y rigurosa la producción, transporte y comercialización de la hoja de coca, con el objetivo de reducir lo más que se pueda su desvío a mercados ilegales.

Segundo, una norma que regule el narcotráfico, es decir el ciclo de producción y tráfico ilícito de sustancias prohibidas (incluyendo el tráfico de precursores). Y tercero, una norma que caracterice de forma adecuada y centrada en la realidad actual a las organizaciones del crimen organizado transnacional y regule sus diversas intervenciones criminales, no solo en narcotráfico, sino también en todos los otros crímenes que comete como el tráfico de personas, armas, órganos, entre otros”.

viernes, 17 de marzo de 2017

Aprueban reglamento de la nueva Ley del Deporte 804

El primer mandatario promulgará este reglamento en los próximos días mediante Decreto Supremo, para que luego sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia y de esa forma entre en vigencia. El reglamento apunta a regular, normar y establecer los procedimientos que sistematizarán la Ley, para que pueda ser viable en el ámbito de la jurisdicción nacional. La Ley 804 tiene 73 artículos, divididos en 11 títulos, mientras que el reglamento consta de 64 artículos y 18 capítulos. /Ministerio de Deportes

martes, 14 de marzo de 2017

Ley General de la Coca permitiría trabajar en industrialización de la hoja sagrada

Representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), llegaron al departamento para explicar a los parlamentarios las alternativas y avances que permitiría la recién promulgada Ley General de la Hoja de Coca, en el tema de una verdadera industrialización de la hoja sagrada.

La pasada jornada los técnicos del MDRyT, fueron parte de la sesión de la Brigada Parlamentaria de Oruro, en la que se explicaron los pormenores de este futuro proceso de industrialización de la hoja de coca, y de los estudios científicos previos, que será posible mediante la nueva ley, y que eran restringidos por la Ley 1008 del Régimen de la Coca.

"Hemos llegado hasta Oruro a solicitud de los parlamentarios, para explicar el tema de la industrialización de la hoja de coca, ya que en los últimos días se viene hablando de forma dudosa de esta hoja milenaria, en relación a la recién promulgada Ley General de la Hoja de Coca", manifestó el jefe nacional de la Unidad de Industrialización de la Hoja de Coca del MDRyT, Didí William Mercado.

Añadió que en los recientes 10 años no se ha podido avanzar mucho en la industrialización de la coca, pero esto se debe a que la Ley 1008 coartaba el poder trabajar en este aspecto, especialmente en la investigación, por eso las universidades se han restringido a temas de investigación más simples.

"Ahora con la nueva ley se permite aperturar estas investigaciones para la industrialización y generar alternativas de producción de nuevos productos a partir de la utilización de la hoja de coca", agregó.

Mercado dijo que en adelante solo quedan realizar convenios interinstitucionales, entre el gobierno central, las universidades y los institutos de investigación, para que se inicien las tareas de investigación científica y lograr en el menor tiempo posible la industrialización, logrando que se generen expectativas similares a la quinua, que antes de los estudios de sus beneficios no tenía mucha importancia en el país, siendo hoy un alimento incluso mundial.

Viendo este tipo de componentes bioquímicos de la hoja de coca y sus posibles usos en diversos productos, este proceso de estudio e industrialización tendrá tres etapas, en la primera se determinarán las variedades existentes; en la segunda la realización de pruebas preclínicas para determinar de manera precisa los beneficios de la coca, y finalmente en la tercera etapa se procederá a plantear las alternativas de usos medicinales para su industrialización, haciendo realidad la elaboración de estos productos para su comercialización en el mercado nacional e internacional.

Los informes respecto a los avances del proceso de industrialización de la hoja de coca, se realizarán en todos los departamentos, para ver de qué manera se beneficiarían o podrían contribuir los ciudadanos y autoridades de cada región del país.

sábado, 11 de marzo de 2017

Proyecto plantea legalizar el aborto para 9 circunstancias


¿Cuántas mujeres mueren por abortos mal practicados? Lanza el cuestionamiento el presidente del Senado, José Alberto Gonzales; mientras que los opositores, Samuel Doria Medina y Oscar Ortiz dicen que el aborto "no es legal" y que la "vida" está protegida por la Constitución Política del Estado. Así se abre el debate sobre el polémico tema de la interrupción del embarazo.



Gonzales confirmó que se ha introducido en el proyecto del Código del Sistema Penal la legalización del aborto para nuevas circunstancias en las que las mujeres pueden recurrir a una praxis, es decir se ha "ampliado y abierto" el candado de las restricciones, a diferencia del actual Código Penal



El proyecto que se encuentra en la Comisión de Justicia Plural prevé al menos nueve causas que permiten la práctica de una interrupción del embarazo sin que signifique una infracción. Primero; cuando se realice el aborto en las primeras ocho semanas de gravidez y por única vez: la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia y de su familia; sea madre de tres o más hijos y no cuente con recursos; y sea estudiante.



Segundo, en cualquier etapa de la gestación cuando: se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; se realiza para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada; se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida; el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto; y la embarazada sea niña o adolescente.



Gonzales apela a debatir con racionalidad, calma y mirando la realidad de esta problemática. "Un primer elemento para el debate: ¿cuántas mujeres mueren por abortos mal practicados?" cuestiona. "Tenemos una estadística escandalosa de gente que se dedica a la práctica de abortos clandestinos", plantea el legislador.



Aclara que no está "asumiendo una posición", pero que es evidente que hay una realidad que debe ser enfrentada con el debate, porque la práctica "clandestina" de los abortos deja mujeres muertas o mujeres con graves lesiones en el útero.



"Así como se garanticen temas éticos o religiosos también se piense en preservar la vida de las mujeres y se evite que haya personas que sigan haciendo negocios en este tema".



Samuel Doria Medina líder de Unidad Nacional, recuerda que este tema no fue nada simple en el debate de la Asamblea Constituyente. Aunque precisa que la Constitución Política del Estado es clara: "el aborto no es legal en Bolivia", sostiene.



Manifiesta que si se quiere cambiar este tema, necesariamente se debe modificar la Constitución Política del Estado, mucho más porque la mayor parte de la población en el país profesa la religión católica.



En esa misma línea, el senador Oscar Ortiz de Unidad Demócrata afirmó que "la vida está garantizada en la Constitución Política del Estado y en el Pacto de San José de Costa Rica. No solo va en contra de la Constitución sino en contra del sentimiento de la gente", sostuvo.



Gonzales aclara que las modificaciones al Código Penal no tienen la intención de "promocionar el aborto" o "alentar" a que cualquier mujer se practique una interrupción del embarazo. "Suena bien el término de despenalizar y da la impresión que ahora el deporte nacional en Bolivia será este. No es así, no es así", sostuvo Gonzales.

MAS defiende proyecto sobre aborto y la Iglesia se opone


El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que el proyecto de ley del nuevo Código Penal, que aborda la temática del aborto, ayudará a "terminar con la muerte de mujeres que van a un lugar clandestino para realizar esta práctica".

La Iglesia Católica, a través de su Conferencia Episcopal, sostiene que la iniciativa "no soluciona nada" y aboga para que exista mayor educación y respeto a la vida, de acuerdo a lo dicho po su secretario adjunto, José Fuentes.

"Para nosotros la vida es de Dios y por lo tanto hay que cuidarla desde el momento de la concepción, este proyecto de ley no soluciona nada, porque la mujer queda marcada. Es necesaria más educación, lamentablemente", aseveró eel representante.

La norma plantea legalizar el aborto cuando la solicitante esté en las ocho primeras semanas de embarazo y cumpla alguna de las siguientes causales: situación de extrema pobreza, no tenga la posibilidad de mantener al bebé o sea estudiante, entre algunas.

Susana Rivero, presidenta de la comisión de Constitución de Diputados, aclaró que dentro de la propuesta el aborto está penalizado igual que hoy, solo que se amplían las causales según una Sentencia Constitucional.

La Iglesia adelanta que en caso de aprobarse el proyecto, se irá contra la Constitución Política del Estado (CPE), y los Códigos Civil y de la Niñez. Anticipan una oposición moral y jurídica al tema.

Gonzales agregó que "es un tema para debatirlo y cuando se instale el debate habrá voces a favor y en contra, pero es bueno que entre bolivianos hagamos un acuerdo". La norma aún no ingresó a la Cámara Baja.

La propuesta dice en su artículo 157 que en caso de que se practique una interrupción "sin el expreso y libre consentimiento de ésta, o de su representante legal cuando ella esté impedida de manifestar su voluntad por cualquier causa, será sancionada con tres a diez años de prisión”

Proyecto Codigo Sistema Penal by Archivos Difusión Bolivia on Scribd

Proyecto de ley Choferes registrarían pertenencias de usuarios antes de transportarlos

La Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo anunció que está exigiendo la modificación del artículo 153 del proyecto de ley de Sustancias Controladas, que fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados, toda vez que permitirá la confiscación de los motorizados donde se encuentren estas sustancias, lo cual sería un perjuicio para el sector sindicalizado, indicó Mario Silva, secretario de hacienda del Transporte.

PROYECTO DE LEY

“Estamos observando el artículo 253 del proyecto de ley de Sustancias Controladas, que está totalmente en contra del autotransporte público, señala que en caso de flagrancia, si se encuentra sustancias contraladas en aviones, lanchas y otros vehículos, serán confiscados a favor del Estado, por lo que es necesario que sea modificado”, resaltó el dirigente.

En el artículo 253, de las disposiciones modificatorias del proyecto de ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas indica que en caso de encontrarse sustancias controladas en aviones, lanchas y vehículos automotores, se procederá a la confiscación, por parte del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid) y la entrega inmediata a la Dirección Administración de Bienes (Dircabi), para su administración.

PERJUICIO A PASAJEROS

El dirigente indicó, asimismo, que algunos usuarios del servicio de transporte público llevan maletas u otro tipo de bolsos y mochilas donde se encuentran su pertenencias, por lo que, con esta disposición se deberá revisar esas pertenencias, para evitar cualquier tipo de problemas, con el decomiso de los motorizados.

Se prevé, igualmente, que en los próximos días, el dirigente nacional del transporte público, Ismael Fernández, convoque a una asamblea de carácter urgente para tratar estos temas y determinar qué medidas se adoptarán, pero antes deberán efectuarse las reuniones departamentales.

Premura en aprobar el proyecto de ley de Sustancias Controladas

La mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó, ágilmente, en la madrugada de ayer el proyecto de ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que complemente a la Ley General de la Coca. En la tarde, el turno fue de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de Senadores que aprobó la propuesta en grande y en detalle.

“La Comisión ha aprobado el proyecto de ley de Sustancias Controladas, que tiene herramientas nuevas de investigación para mayor eficacia; contiene artículos para prevención del consumo de drogas, por tanto, tiene un abordaje integral de la problemática”, informó la presidenta de la Comisión, Anselma Perlacios.

La senadora informó que la aprobación y sanción del proyecto está prevista para el próximo martes 14 de marzo.

La futura norma contempla, entre otros aspectos, la creación de un Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, como entidad desconcentrada, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Las observaciones y protestas de la oposición en el parlamento fueron vanas, puesto que el MAS aprovechó sus dos tercios para aprobar la ley.

El documento consta de 124 artículos, 11 disposiciones transitorias, 7 disposiciones adicionales, 4 disposiciones abrogatorias y derogatorias; también, 5 disposiciones finales y anexos en 5 listas.

NORMA

De acuerdo con el artículo 1, del capítulo primero del proyecto de ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, el objetivo de la nueva norma es establecer los mecanismos de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el ámbito preventivo integral e investigativo; de control y fiscalización de las sustancias químicas controladas; el régimen de bienes secuestrados, incautados, confiscados; y regular la pérdida de dominio de bienes ilícitos a favor del Estado.

INCONSTITUCIONALIDAD

El diputado por Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría señaló que interpondrá una acción de inconstitucionalidad, en caso que sea promulgado el documento, porque viola el derecho a la presunción de inocencia, respecto a la extinción del patrimonio.

“Vamos a trabajar un recurso de inconstitucionalidad. Vamos esperar que se trate en el Senado. Pensamos que este proyecto de ley pisotea los derechos de las personas. Sobre extinción de patrimonio que está en todo un capítulo”, dijo el parlamentario.

VULNERAR TRATADOS

Por otra parte, la diputada de oposición Norma Piérola observó algunos artículos del proyecto de ley de Sustancias Controladas, criticando a la nacionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas y la vulneración a tratados internacionales.

“Los artículos 6 y 7, al declarar la nacionalización y regionalización de la lucha antidroga, prácticamente denuncia los convenios y tratados internacionales de las cuales somos signatarios (…) La Ley 5090 del año 1990, ellos al declarar esto establecen sacar la coca de la lista 1 y 2”, declaró Piérola.

El artículo 6 del proyecto de ley señala que la nueva norma es un modelo de gestión propio, que recupera la soberanía y dignidad en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que no admite la injerencia extranjera, establece la participación social, la regionalización, el respeto a los Derechos Humanos y de la madre tierra, el fortalecimiento de las medidas de salud pública y bienestar social con un enfoque amplio, integrado y equilibrado, así como la responsabilidad común y compartida, como parte de una estrategia integral.

El 7 indica sobre regionalización de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, que es una acción para enfrentar de manera conjunta la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, impulsando e incorporando en la agenda de los bloques regionales la priorización de acciones contra el delito transnacional; sincronización de operativos, intercambio de información, reforzamiento de capacidades conjuntas y otros a través de acuerdos bilaterales y multilaterales.

JUSTIFICACIÓN

Para el oficialismo, la propuesta busca, desde todo punto de vista, luchar contra todas las actividades que involucren el narcotráfico contra las sustancias controladas, pero también ayuda a las personas a reinsertarse en la sociedad, después de superar sus problemas de adicción a las drogas.

“Es para trabajar en conjunto, no solamente el Gobierno nacional sino gobiernos municipales y departamentales”, dijo el diputado oficialista Franklin Flores.

Los oficialistas indicaron también que la norma establece una Estrategia de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, que se basa en la nacionalización de la lucha contra el ilícito, que es un modelo de gestión propio que recupera la soberanía y dignidad en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, sin injerencia extranjera.

OBSERVATORIO

El artículo 41 del proyecto de ley se refiere también a la creación de un Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas, como entidad desconcentrada dependiente del Ministerio de Gobierno.

Este Observatorio tiene la función de recopilar, generar, procesar, analizar, interpretar y difundir información sobre seguridad ciudadana, criminalidad transnacional y delitos en todas sus manifestaciones en el territorio nacional, que contribuya a la toma de decisiones, implementación y evaluación de políticas adoptadas en materia de seguridad estatal; cuando sea necesario, la comparación de datos con otros países.

jueves, 9 de marzo de 2017

Comisión aprueba proyecto de ley de sustancias controladas

La comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados aprobó, la noche de ayer, en grande y detalle el proyecto de Ley 364 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, ahora el documento deberá ser tratado en la Asamblea Legislativa.

El proyecto de Ley 364 consta de 124 artículos y 10 disposiciones transitorias.

El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Franklin Flores, informó que en el anexo se incorpora la lista de 1 de psicotrópicos, 2 de estupefacientes, 3 de convenios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), además de otras dos listas.

“Esta ley contiene todo aquello para dar con toda la verdad y dar con los delincuentes, vamos a dar con todo el narcotráfico”, declaró Flores finalizada la sesión.

El asambleísta señaló también que el proyecto de ley buscará mejorar la incautación, disposición de bienes y la creación de unidades especializadas de investigación y laboratorio.

“La ley de sustancias controladas que entró en tratamiento en la Comisión de Defensa, Gobierno y Fuerzas Armadas. Es una ley que define qué sustancias son lícitas y cuáles ilícitas. Esta ley va a regular el tráfico ilícito de sustancias controladas también por otra parte la disposición de bienes de incautados a las actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico”, indicó.

El legislador se refirió sobre los bienes incautados, aludiendo que antes se devolvía 1 por ciento de los bienes, pero con la nueva norma se regulará el tema para que esas riquezas pasen a manos de la población.

“Antes por ejemplo con la Ley 1008 del 100 por ciento de lo de los bienes incautados 1 por ciento pasaba al dominio del Estado boliviano, y volvía donde los narcotraficantes, ahora con esta ley se regula en coordinación con el investigador, el fiscal y el juez para que los bienes que son incautados como cocaína pasen definitivamente al dominio del Estado boliviano”, agregó.

Sobre la creación de unidades especializadas de investigación y laboratorio, Flores explicó que existirán policías especializados, policías preparados sobre sustancias controladas, que cuando “encuentren un hecho de narcotráfico tienen que solicitar un laboratorio”, para investigar bien la materia.

Asimismo, señaló que las sanciones y prohibiciones respecto de las sustancias controladas se establecerán en el Código del Sistema Penal.

miércoles, 8 de marzo de 2017

¿Qué dice la Ley General de la Hoja de Coca?


El presidente Evo Morales promulgó hoy en Palacio de Gobierno la Ley General de la Hoja de Coca, norma que legaliza en el país 22.000 cultivos. La norma es rechazada por un sector de Los Yungas, debido a que a su juicio beneficia la producción del Chapare.

La norma define que exista una extensión máxima de 14.300 hectáreas en las zonas autorizadas en el departamento de La Paz y 7.700 hectáreas en el departamento de Cochabamba. Unicialmente el proyecto solo avalaba 20.000 hectáreas de la hoja verde en todo el país.

Dentro sus artículos se promueve y fortalece el desarrollo integral sustentable en las zonas autorizadas de producción de coca; establece mecanismos de control y fiscalización a la producción, circulación, transporte, comercialización, investigación, industrialización y promoción de la coca.

Es considerada por el Gobierno como una de las tres normas que "entierra" a la ley 1008, vigente durante 29 años, desde 1988 y que reconocía solo 12.000 hectáreas de cultivos en Los Yungas; un decreto de 2004 autorizó la producción en el Chapare. Esperan la aprobación de una Ley de Sustancias Controladas y el nuevo Código Penal.

La nueva disposición prevé la promoción para la investigación científica, medicinal y sociocultural; y protege su utilización con fines ilícitos; además "dignifica al productor, comercializador, consumidor, industrializador; y también promociona la coca y sus derivados".

Establece que la hoja verde sea usada para el acullicu, pijcheo, coqueo o boleo; para usos rituales, medicinales, alimenticios, investigativos e industriales, a tiempo de crear el Consejo Nacional de Revalorización, Producción, Comercialización, Industrialización e Investigación de la Coca (Concoca).

Estipula que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, implemente a través de la Dirección General de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca(DIGPROCOCA), el Registro de Productores de Coca, previa acreditación de la organización de productores de coca, sujeto a reglamentación específica.

Productores de los Yungas cuestionaron que a la par de sus áreas tradicionales se amplíen los cultivos en el Chapare, que aseguran no llega a los mercados legales y es utilizada para la producción de cocaína.

martes, 7 de marzo de 2017

Gobierno promulgará Ley de Coca mañana

La Ley General de Coca sancionada por el Senado antes de las fiestas de carnaval, será promulgada mañana por el presidente Evo Morales a su arribo de Cuba y Venezuela, donde estuvo la última semana, informó el presidente en ejercicio, Álvaro García.

“La Ley va a ser firmada el miércoles por el presidente Evo (Morales) a las 07” anunció la mañana del lunes el presidente en ejercicio, Álvaro García, al referirse a la promulgación de la Ley General de coca.

El pasado 24 de febrero, luego de las sesiones hechas por la Cámara de Diputados y la de Senadores, el Legislativo concluyó con la sanción de la Ley General de la Coca, la cual legaliza el cultivo de hasta 22000 hectáreas de hoja de coca en los departamentos de La Paz y Cochabamba.

La promulgación, que fue pospuesta por las afecciones que sufría el Presidente, razón por la que viajó a La Habana, establece que son 7.700 hectáreas legales para el Chapare y 12.300 hectáreas para los Yungas.

La nueva ley pondrá fin a la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988 donde se establecía 12.000 hectáreas en total en el país.

Legisladores de la oposición cuestionaron el incremento de superficie, argumentando que éste será destinado al narcotráfico, como dispone un informe realizado por las Naciones Unidas, el cual establece que el 93% del cultivo de la hoja del Chapare es destinado a la producción de cocaína.

Desde el oficialismo defienden la necesidad de incrementar los cultivos legales para la demanda que existe en consumo, así como para impulsar la industrialización y exportación de productos procedentes de la hoja de coca.

García defendió nuevamente la normativa, insistiendo que según los informes entregados por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), gobiernos anteriores producían mayores hectáreas de coca que las gestiones de Morales.

El presidente en ejercicio explicó que en los años 90 se cultivaron 35 mil hectáreas de la hoja; en 2003 se cultivaron 23.600 hectáreas de la hoja; en 2004 unas 27.700 hectáreas y en 2005, 25.400 hectáreas.

“La ley establece un máximo de 22 mil que es una cifra inferior a todo lo que se producía en anteriores gestiones de gobierno, los políticos que se desgarran las vestiduras, que levantan el dedo acusador, de que hemos establecido 22 mil hectáreas, cuando eran gobiernos donde se producían 35mil hectáreas”, sostuvo.

El Ejecutivo informó se esta consolidando la exportación de la hoja a Ecuador y que se avanza con las negociaciones para llevar el producto a Argentina.

DISCONFORMIDAD

Según el secretario de Prensa de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Javier Coco, señaló el domingo que la coca de Chapare “no se destina al mercado tradicional” y planteó la realización de un referendo para definir cantidad de hoja requerida a nivel nacional.

El dirigente sindical, sostuvo que no es necesario que se amplíe el porcentaje de sembradíos en los Yungas, porque el consumo no demanda más espacio para nuevas plantaciones.

“Del Chapare todos saben que no va al consumo tradicional, no va al masticado. Esa coca es más larga y gruesa y lastima a la lengua”, afirmó.

Por ello, convocan hoy a una conferencia de prensa en la que rechazan la nueva Ley y anuncian una demanda internacional con fundamentos legales.

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA

En tanto, el secretario de conflictos de la Central Obrera Boliviana, Emilio Izquierdo, informó que los trabajadores se reunirán hoy para manejar aspectos sobre la hoja de coca.

“Que nos den una verdadera información en su verdadera dimensión información, primero queremos escuchar a nuestros compañeros al último acuerdo al que han llegado ahora apartir de los medios de comunicación se conoce, para nosotros para la COOB el principio de la razon se tiene que primar y no nos podemos basar en posiciones que afecten a los intereses nacionales”.

Al igual, recalcó, que según los ancestros, la coca que más se consume es la de los Yungas. “Todos sabemos y practicamos lo de nuestros ancestros, la coca que se acullica es la coca paceña”, dijo.

sábado, 4 de marzo de 2017

Nueva ley antidroga prevé ‘pinchazos’ e informantes



La próxima semana comenzará el tratamiento de una norma inédita en Bolivia, porque si se aprueba el proyecto de ley de sustancias controladas como está redactada, abrirá la posibilidad de pagar a informantes o reducirles penas si están procesados, o que con la autorización judicial se pueda intervenir teléfonos para obtener más datos sobre acciones ilícitas en el tráfico de estupefacientes.


La norma repone también la posibilidad, como ocurre en otros países, que las personas dedicadas al narcotráfico pierden sus bienes.
El proyecto de ley de sustancias controladas consta de 122 artículos, 10 disposiciones transitorias, seis disposiciones adicionales, cuatro abrogatorias, cuatro modificatorias y cinco disposiciones finales.


El diputado Franklin Flores (MAS) confirmó que estos cuatro ejes están incluidos en la nueva versión del proyecto de ley que fue repuesto el jueves por el Ministerio de Gobierno. “Hay informantes, escuchas y el tema de la extinción de bie-nes, pero el documento acaba de ingresar, ni siquiera está en tratamiento, no quisiera abundar en su contenido”, explicó el legislador oficialista.


Establece, según autoridades y especialistas, inéditos instrumentos de investigación penal en su capítulo cuarto, y los define como “nuevos instrumentos de investigación penal”.


La primera figura, en el artículo 13, define la compensación económica del riesgo del informante. “El que proporcione información a las autoridades del Ministerio Público o a miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) sobre la preparación o comisión de un delito, o de quienes hayan participado, y cuya información sea eficaz y apreciable en resultados recibirá remuneración económica, cuya cantidad será establecida mediante reglamento”, señala la norma.


El especialista en temas de coca y narcotráfico Franklin Alcaraz expresó que ve peligros en este punto.
“Ojo, es muy delicado, porque por ganar unos pesos, el informante puede suministrar datos equivocados, tergiversados o malintencionados”. Además, cuestionó cómo se puede comprobar que la información que se reciba sea real.
Alcaraz acotó que cualquiera puede dar información por venganza, o por despecho también, “hay que verlo con pinzas”, dijo.


La segunda vía es la cooperación eficaz, a la persona que siendo imputada, acusada o sentenciada proporcione información, pruebas, elementos de convicción para investigación y procesamiento de autores y cómplices, descubrimiento de bienes y ganancias o impidan la comisión de otros delitos. En ese caso, el beneficio será la reducción de la pena.
Para el analista Alcaraz, la mala intención también se puede aplicar a este tema. “Por disminuir su pena puede declarar cualquier cosa. La reglamentación de la ley tiene una tarea muy delicada, el establecer mecanismos que avalen la declaración del informante, establecer formas de verificar los datos, que deben ser establecidos por los organismos especializados


El artículo 15 norma la interceptación de comunicaciones en delitos de sustancias controladas. Señala específicamente que “el fiscal, de oficio o previo informe del investigador del caso, podrá solicitar fundadamente a la autoridad judicial competente, con la finalidad de obtener mayores elementos de prueba”. La ley establece que no se podrá invocar la confidencialidad en materia de valores, seguros, y en materia comercial, tributaria ni financiera.


Franklin Alcaraz advierte que este puede ser un buen mecanismo, cuando se lo maneja en forma adecuada. “EEUU tiene ese mecanismo, no solo para casos de narcotráfico sino también para delitos comunes”, señaló.


En el caso de ese país, y como está estipulado en el proyecto de esta nueva ley boliviana, un juez debe ordenar el tema. “No se puede intervenir líneas de forma indiscriminada, para que con el pretexto de lucha contra los narcos, se pueda intervenir cualquier línea o llamada. Eso debe estar escrito de forma muy clara”.


En el texto del proyecto de ley se pone un acápite desde el artículo 67 al 122 para la pérdida del dominio de bie-nes, que es un instituto jurídico de carácter real y contenido patrimonial, que consiste en la pérdida del derecho de propiedad y posesión de bienes de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico sin compensación alguna para el titular, poseedor o tenedor, como establece el texto.


Los principales candidatos a perder el dominio de sus bie-nes son aquellos a los que se les compruebe incremento patrimonial injustificado, o de procedencia ilícita. Los bienes sin titular relacionados a delitos cometidos que no sean reclamados en tres meses desde su incautación, los de sucesión hereditaria adquiridos por el causante de actividades vinculadas a lo ilegal, entre otros.


Para el analista Alcaraz este no es un tema nuevo. “La Ley 1.008 lo contemplaba, porque confiscaba los bienes de los narcotraficantes con sentencia ejecutoriada”.
El problema mayor, sostiene, es que estas decisiones recaen sobre jueces, “cuando todos coincidimos que la justicia está muy mal en nuestro país. Esto lleva a que los organismos custodios de los bie-nes los disponen de forma arbitraria

sábado, 25 de febrero de 2017

Senado sanciona ley para 22.000 hectáreas de coca

La Cámara de Senadores sancionó ayer la Ley General de la Coca, con la cual Bolivia se convierte en país productor legal de 22.000 hectáreas de cultivo de coca, en las regiones de los Yungas (La Paz) y el Chapare (Cochabamba).

El documento, que fue objetado por los parlamentarios opositores y que al mismo tiempo da fin a la Ley 1008 (del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988), fue remitido al Órgano Ejecutivo para que el presidente Evo Morales la promulgue en las próximas horas.

La nueva norma autoriza la producción de la hoja de 14.300 hectáreas para de La Paz y 7.700 hectáreas entre las provincias del Trópico.

Según el artículo 16 de la Ley General de la Coca las zonas autorizadas, en La Paz, para producción de la hoja son:

“Provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi. En la zona de producción originaria y ancestral, bajo registro y catastro, están las provincias Pedro Domingo Murillo, Ildefonso de las Muñecas y Franz Tamayo. La zona de producción, bajo registro y catastro, está en parte de las provincias Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y Santa Rosa de Mapiri) y parte del Municipio de La Asunta de la Provincia Sud Yungas”, señala textualmente el documento.

Mientras que en el departamento de Cochabamba, las zonas autorizadas de producción, bajo registro y catastro, son: Chapare, Carrasco y Tiraque.

El uso de la coca está autorizado para el acullicu, pijcheo, coqueo o boleo; para tradiciones rituales, medicinales, alimenticios, investigativos e industriales.

UNIÓN EUROPEA

De acuerdo con los monitoreos de la Naciones Unidas, Bolivia tiene en la actualidad 20.200 hectáreas de cultivos de coca, principalmente, en los Yungas y Chapare; en tanto, un estudio financiado por la Unión Europea, en 2013, estableció que la demanda legal solamente requiere como máximo unas 14.700 hectáreas cultivadas.

JUSTIFICACIÓN DEL GOBIERNO

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, señaló que la hoja fue estigmatizada por muchos años, por ello fue importante que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras sustente los pilares más importantes de la cultura boliviana, como es la producción de la coca.

“Lo más importante ha sido desatanizar a la hoja de coca, descriminalizarla, despenalizarla, liberarla. Estamos hablando de una Hoja Sagrada que no merecía ser estigmatizada de la forma en que se lo estaba haciendo, desde la Ley 1008”, dijo finalizada la sesión.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, quien asistió al hemiciclo del Senado, explicó que la antigua Ley 1008 era anticonstitucional, mientras que el contenido de la actual norma se basa fundamentalmente en la revalorización, producción e industrialización de hoja de coca.

“Nosotros tenemos proyecciones de consumo, de acuerdo a lo que tenemos hoy por hoy necesitaríamos producir ya no solamente 20 mil toneladas, requerimos producir cerca de 25 mil toneladas, tal vez sea necesario incrementar las zonas de producción, ya que el estudio de Conapi sólo toma en cuenta el acullicu, no toma en cuenta la posibilidad de investigación, no toma en cuenta la posibilidad de industrialización”, afirmó Cocarico.

Explicó también que en el país existen sólo dos mercados legales: el de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la zona de Villa Fátima, de la ciudad de La Paz, y el mercado de Sacaba, en Cochabamba.

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

El ministro Cocarico explicó que de los mercados legales, la comercialización sólo podrá ser realizada por comerciantes minoristas o los mismos productores, a los que se denomina “productores a detalle”.

Estos comerciantes deben tener permisos, que son emitidos por la Dirección de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digicoin). Con el permiso podrá retirarse la producción del mercado legal para trasladar al lugar de consumo.

El proceso se realizará de la siguiente manera: El comerciante deberá pagar una tasa a dicha institución, depositar el monto establecido en el Banco y, mediante una hoja de ruta que será asignada por Digicoin, podrá recogerse la producción y sólo después proceder a la trasportación de esta.

La forma de control para la transportación cuenta con varios puntos de inspección: La compra que se transporta del mercado legal, debe pasar por los lugares de registro establecidos. El comerciante minorista puede llevar hasta diez taques, un productor comerciante puede un máximo de ocho taques. En los lugares donde ambos tienen sus puestos de venta, ésta sólo puede realizarse con la venta por detalle al consumidor.

La norma establece que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el encargado en regular, autorizar, acreditar y fiscalizar la circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca, a través de licencias o autorizaciones.

DISCONFORMIDAD

El senador opositor Yerko Núñez cuestionó que no se tengan estudios por parte del Gobierno respecto al tema, por lo cual señaló que la nueva norma tiene fines políticos, lo cual pondría en riesgo la vida e imagen de los bolivianos ante la mirada internacional.

“Nosotros necesitamos un estudio para poder aprobar una ley, claramente se nota las intenciones políticas del Gobierno, se quiere legalizar 7.700 hectáreas en el Chapare, que más del 90 por ciento va para fines ilícitos”, sostuvo Nuñez.

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, también manifestó su rechazo a la nueva norma, alegando que el incremento es injustificado.

“Nosotros respaldamos que la hoja de Coca es milenaria, ancestral, tradicional y patrimonio del pueblo boliviano, pero rechazamos el incremento injustificado, hemos subido casi el cien por cien, sin un estudio demostrado que argumente la necesidad de incrementar para el acullicu, bajo el crecimiento poblacional y el avance demográfico”, declaró a EL DIARIO.

En ese sentido, observó que la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobará con rapidez la Ley de la Coca.

Desde el oficialismo, la diputada Juana Quispe aseguró que si existen los controles necesarios que garantizan que la hoja sagrada no es desviada al narcotráfico.