La falta de conocimiento sobre las normativas que rigen la tenencia y uso de explosivos se hace evidente entre autoridades del Gobierno. Entre ellas discrepan sobre la revisión de los decretos y deslindar la responsabilidad en quienes la emplean, según el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
Después del enfrentamiento que se dio el miércoles, entre efectivos de la Policía y extrabajadores de Enatex, que dejó como saldo una persona que perdió la mano debido a la manipulación de dinamita, el viceministro de régimen interior, Rodolfo Illanes, aseguró que el uso de explosivos está prohibido en el marco de la Ley 400, que sanciona la tenencia y uso de estos artefactos.
Illanes recordó que la Ley 400 está por encima de cualquier Decreto Supremo (DS), como es el 2754 aprobado el 1 de mayo, que “abroga” otro decreto de prohibición.
Sobre el DS 2754, el ministro Ferreira argumentó que se procedió de esta manera porque la dinamita tiene un antecedente histórico en el país, por ello todas las organizaciones sociales pueden hacer uso de la misma, pero sin que se dañe a la población.
La medida del primero de mayo fue asumida debido a un pedido de la Central Obrera Boliviana (COB), por la cual el Gobierno dejó sin efecto el Decreto Supremo 1359, de 26 de septiembre de 2012, que prohibía la tenencia y uso de materiales explosivos que eran utilizados en las manifestaciones sociales.
Illanes, a manera de explicación, indicó que el DS 2754 “no dice exactamente si permite (uso de dinamita), simplemente dice se abroga (el DS 1359 que prohíbe tenencia y uso de explosivos)”.
Por su lado, David Ramos, presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, adelantó el martes que ante el uso de dinamita se revisaría el DS 2754, dejando de lado el análisis de las otras normativas para tener en claro cuál de estas es la que rige.
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