“A todos nos puede doler que el esfuerzo del minero sea como despreciado, fracasado por culpa del juqueo, aquí todos a aportar y organizados vamos a combatir el juqueo”, dijo, en el acto que se desarrolló en el auditorio de la Casa Grande del Pueblo.
Morales resaltó que con la promulgación de dicha ley y la presencia de los mineros también se inauguró ese ambiente, hecho que quedará en la memoria de los asistentes.
Señaló que todos están en la obligación de cumplir la norma en beneficio no solo de las empresas mineras estatales, que con el “juqueo” podían entrar en quiebra, sino del pueblo boliviano.
Según la ley, que incorpora cinco artículos al Código Penal, se sanciona el robo, hurto o receptación de mineral con la privación de libertad de entre uno a 10 años, dependiendo de las agravantes, entre quienes se contempla también a quienes compren y exporten minerales robados.
El robo de minerales por parte de los “jucus” (ladrones de minerales), genera una pérdida de al menos 24 millones de dólares al año, según declaraciones de abril de Guillermo Dalence, gerente la Empresa Minera Huanuni, al matutino La Patria.
La promulgación de la ley coincidió con la fecha de aprobación del Decreto Supremo 21060 en 1985 a cargo del exmandatario Víctor Paz Estenssoro, que según dijo Morales fue el inicio de la “subasta” del patrimonio boliviano.
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