Increíble que esto suceda. Expresión de preocupados productores mineros. La Ley 535 de Minería y Metalurgia que tardó más de tres años en su confección y aprobación, fue por fin promulgada el 28 de mayo del 2014, durante un acto que se cumplió en la ciudad minera de Oruro y encabezó el presidente en ejercicio Álvaro García Linera.
Varios discursos, muchas promesas, reconocimiento al sector productivo minero como el "principal generador de divisas" para el país, inclusive señalando que frente a la eventualidad del uso intensivo de los hidrocarburos, el futuro económico de Bolivia, estuvo y estará centrado en la explotación minera y su industrialización.
Se recordó la importancia del poder minero desde la época de la conquista, pasando por el periodo republicano, el uso de las divisas que generó la minería y que sirvieron para abrir el camino del desarrollo nacional, impulsando el crecimiento de otras latitudes del país, no precisamente mineras.
La nueva ley, se aseguró que sería el instrumento para reactivar un sector de suma importancia en el contexto económico nacional, por lo que con sus 234 artículos favorecería el crecimiento del sector, ampliando su radio de acción para crear miles de empleos seguros y un desarrollo sostenible de beneficio común.
Se mencionó que en los tres próximos meses a su promulgación se tendría lista su reglamentación para ejecutar la normativa minera y dinamizar el proceso de transformación de la administración de la minería y metalurgia, pero ha transcurrido un año y e reglamento todavía se hace esperar. Y no es solo esa etapa de ordenamiento de ciertos aspectos de la ley que falta, algo sumamente importante es aprobar la escala tributaria para la minería en general, la estatal, la privada y la cooperativizada.
Esa tarea se atribuye el Ministerio de Finanzas, donde se dice que una comisión está trabajando en adecuar la escala del pago de impuestos, tarea que por lo visto debe ser muy compleja, pues también ha pasado el año sin que pueda regularse este aspecto que determinará contribuciones impositivas igualitarias para todos los sectores y que abran el interés de industriales mineros del país e inversionistas externos para encarar proyectos de prospección y exploración, disposición de capitales para explotación de nuevos yacimientos y si las condiciones son favorables, posiblemente se avance hacia proyectos industriales.
Nadie explica nada sobre este delicado asunto, pero debido a la crisis que se origina en la caída de los precios internacionales, las autoridades se han visto obligadas a disponer medidas de emergencia o planes de contingencia, para evitar el colapso del sector minero estatal. Las cooperativas exigen un tipo de subvención a los precios bajos, pero tal posibilidad ha sido descartada en el ministerio de minería.
La Ley 535 está promulgada, pero no aplicada, merece atención especial, para que el importante rubro minero no siga avanzando?sin rumbo fijo.
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