La Oficialía Mayor de Desarrollo Humano concluyó la elaboración de la Ley Municipal de Campos Deportivos con el objetivo de lograr una mejor administración de los escenarios para la práctica del fútbol, básquet y otras disciplinas. El proceso duró más de dos años y contó con la participación de los representantes de las organizaciones. Ahora sólo resta su aprobación en el Concejo Municipal y su promulgación por parte del Ejecutivo.
“La normativa permitirá regular el acceso y uso de estos campos deportivos. La administración de los complejos y canchas deportivas de césped natural y sintético ha pasado a manos del municipio a través de las seis subalcaldías”, sostuvo la oficial mayor de Desarrollo Humano, Arminda Sánchez.
Explicó que actualmente existen dos tipos de campos deportivos: las canchas polifuncionales que deben estar abiertas y tienen carácter gratuito, su administración se basa en una ordenanza municipal de 2010. Luego, están los escenarios recién construidos en los barrios que son complejos polifuncionales y canchas para diferentes disciplinas. Éstas pueden ser de césped natural o sintético y serán administradas por el municipio y las comunas.
Los responsables de deportes de cada una de las comunas y el Departamento de Deportes de la Alcaldía son los encargados de la administración de las canchas deportivas en las OTB, a través de una planificación que se realizará de acuerdo a la demanda de uso de las canchas por parte de los vecinos, ligas y otros sectores interesados en realizar deporte de manera sostenida o esporádica. El acceso a los campos es gratuito para los niños y adolescentes hasta los 18 años, también para las familias, vecinos de las OTB, para los niños institucionalizados (albergues y otros) y para las ligas legalmente constituidas con personería jurídica. Únicamente pagarán un costo mínimo “terceros”, como asociaciones o grupos de personas que quieran realizar un campeonato deportivo.
La planificación del uso del campo deportivo será responsabilidad de un equipo conformado por una comisión que se llamará Equipo de Gestión Deportiva, en el que estarán el responsable de deportes de las comunas, el presidente del distrito, de la OTB y de la liga de la zona. Las comunas también deben formar escuelas deportivas para alentar la práctica de deportes entre los niños y adolescentes en los barrios.
Canchas cerradas en los barrios
Ante la existencia de campos deportivos cerrados en algunos distritos del municipio, la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano manifestó que se gestiona la contratación de personal para los campos deportivos, que deben estar abiertos y funcionar de acuerdo con una programación consensuada con los vecinos. Así se podrá definir en qué horarios el lugar estará abierto para la OTB, campeonatos, escuelas deportivas o ligas. En los siguientes días se prevé agilizar las contrataciones.
EL MUNICIPIO RECOBRA ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
PROPUESTA. La Ley Municipal de Acceso y Uso de Campos Deportivos del municipio se elaboró, durante dos años, con la participación de diversos sectores como las OTB y las ligas legalmente conformadas.
ADMINISTRACIÓN. Los responsables de deportes de cada una de las seis comunas y el Departamento de Deportes de la Alcaldía son los encargados de la administración de las canchas deportivas en las OTB a través de una planificación.
HORARIO. Ningún escenario deportivo una vez que se cuente con el personal adecuado podrá estar cerrado. La comisión de administración debe planificar el uso de los campos deportivos. Por ejemplo, puede establecer que los domingos el lugar estará abierto de 6:00 a 23:00. Las OTB deben tener un cronograma para usar las canchas, así como las escuelas, las ligas y terceros.
RECURSOS. La comisión de administración debe realizar una rendición de cuentas de cuánto ha recaudado en la gestión. Los recursos tienen que ser reinvertidos en los escenarios deportivos. La Alcaldía es responsable sólo del pago de los servicios básicos y de la contratación del personal para la administración.
PROPIEDAD. La Oficial Mayor de Desarrollo Humano informó que hay varias canchas de césped sintético que en este momento siguen siendo administradas por las OTB, pero tienen que pasar a manos de la administración municipal. Añadió que el municipio ha empezado a contratar personal para la atención de los campos deportivos, pero aún resta contratar otra cantidad para cubrir todos los escenarios.
FONDOS. Las ligas deportivas con personería jurídica podrán usar de manera gratuita y según una planificación los campos deportivos. Sin embargo, deberán destinar una parte de sus ingresos a obras sociales.
lunes, 31 de marzo de 2014
domingo, 30 de marzo de 2014
Gobierno dice que modificaciones a ley minera son para proteger derechos del Estado
El ministro de Minería, Mario Virreira, afirmó hoy que las modificaciones propuestas a la ley de minería que se debate en la Cámara de Diputados no conculcan ningún derecho de los cooperativistas mineros, que se oponen a esos cambios, sino que buscan defender los intereses del Estado y del pueblo boliviano, en apego a la Constitución Política del Estado.
Virreira descartó cualquier intención de perjudicar a los cooperativistas, que recordó están reconocidos por la Carta Magna, y llamó a la reflexión a ese sector para encontrar un acuerdo para que el proyecto de Ley, que se trabajó más de 3 años, no tenga observaciones futuras de inconstitucionalidad.
"A pesar que se dice que se ha trabajado 3 años pero en su momento hemos tenido nosotros otro criterio que debemos reconocer con hidalguía que en el fondo posiblemente nos hemos equivocado en una interpretación, pero ya estamos en estas instancias de aprobación y bueno si era inconstitucional de todas maneras la observación iba a surgir en cualquier momento y esa ley hubiera sido invalidada", fundamentó en una entrevista con la Red Patria Nueva.
En esa línea, dijo que es oportuno salvar esa observación, que ha ocasionado la molestia del sector cooperativo, pero aseguró que no se trata de "liquidar a la actividad cooperativa".
"Eso no es evidente", matizó y aseguró que el único problema es el artículo 151 del proyecto de Ley que "pretende dar derechos que no corresponde a una cooperativa, que no puede contratar directamente a una empresa privada", porque se estaría quitando ese rol al Estado, de administrar los recursos mineralógicos, como manda la Constitución Política del Estado.
"El artículo 349 de la CPE señala que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo indivisible e indescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo", respaldó.
"Eso es lo único que se está observando, y tenemos que preservar esa función, ese rol, esa potestad del Estado boliviano de poder hacer estos contratos en las que participan los privados o cualquier actor estatal, ese es el fondo del problema', complementó.
Virreira descartó cualquier intención de perjudicar a los cooperativistas, que recordó están reconocidos por la Carta Magna, y llamó a la reflexión a ese sector para encontrar un acuerdo para que el proyecto de Ley, que se trabajó más de 3 años, no tenga observaciones futuras de inconstitucionalidad.
"A pesar que se dice que se ha trabajado 3 años pero en su momento hemos tenido nosotros otro criterio que debemos reconocer con hidalguía que en el fondo posiblemente nos hemos equivocado en una interpretación, pero ya estamos en estas instancias de aprobación y bueno si era inconstitucional de todas maneras la observación iba a surgir en cualquier momento y esa ley hubiera sido invalidada", fundamentó en una entrevista con la Red Patria Nueva.
En esa línea, dijo que es oportuno salvar esa observación, que ha ocasionado la molestia del sector cooperativo, pero aseguró que no se trata de "liquidar a la actividad cooperativa".
"Eso no es evidente", matizó y aseguró que el único problema es el artículo 151 del proyecto de Ley que "pretende dar derechos que no corresponde a una cooperativa, que no puede contratar directamente a una empresa privada", porque se estaría quitando ese rol al Estado, de administrar los recursos mineralógicos, como manda la Constitución Política del Estado.
"El artículo 349 de la CPE señala que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo indivisible e indescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo", respaldó.
"Eso es lo único que se está observando, y tenemos que preservar esa función, ese rol, esa potestad del Estado boliviano de poder hacer estos contratos en las que participan los privados o cualquier actor estatal, ese es el fondo del problema', complementó.
Cámara de Diputados aprueba Ley de Minería y Metalurgia
La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de la Ley de Minería y Metalurgia en sus estaciones en grande y en destalle, informaron fuentes oficiales. La norma fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión.
Según fuentes legislativas, la Cámara Baja reinició la sesión camaral, suspendida ayer, para debatir la aprobación de los artículos que requerían un ajuste constitucional.
"Se ha aprobado una de las leyes más importantes para el Estado", informó el vicepresidente de la Cámara Baja, Javier Zabaleta.
Recordó que el Proyecto de Ley tiene 7 títulos, 31 capítulos y 241 artículos, que regularán las actividades minero-metalúrgicas, estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades mineras, de manera responsable, planificada y sustentable.
Explicó que horas antes, los equipos técnicos del Ministerio de Minería y de la Asamblea Legislativa trabajaron sobre los artículos observados por los cooperativistas mineros, razón por la cual, el debate de esos artículos fue diferido para el final, precisamente para lograr acuerdos con el sector cooperativo que amenazó cercar el edificio de la Asamblea Legislativa, si se modificaba ese proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo.
Los cooperativistas rechazan que los contratos mineros que firmen con privados, deban ser aprobados por la Asamblea Legislativa, remarca un boletín institucional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, había argumentado antes del debate que la Ley se enmarcará en la Constitución Política del Estado y garantizará la seguridad jurídica de los mineros cooperativistas.
Sin embargo, el ejecutivo de los cooperativistas Carlos Mamani, advirtió que de no aprobarse la norma que fue consensuada, a partir del próximo lunes iniciarían el bloqueo de caminos, según reportó la ANF.
Según fuentes legislativas, la Cámara Baja reinició la sesión camaral, suspendida ayer, para debatir la aprobación de los artículos que requerían un ajuste constitucional.
"Se ha aprobado una de las leyes más importantes para el Estado", informó el vicepresidente de la Cámara Baja, Javier Zabaleta.
Recordó que el Proyecto de Ley tiene 7 títulos, 31 capítulos y 241 artículos, que regularán las actividades minero-metalúrgicas, estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades mineras, de manera responsable, planificada y sustentable.
Explicó que horas antes, los equipos técnicos del Ministerio de Minería y de la Asamblea Legislativa trabajaron sobre los artículos observados por los cooperativistas mineros, razón por la cual, el debate de esos artículos fue diferido para el final, precisamente para lograr acuerdos con el sector cooperativo que amenazó cercar el edificio de la Asamblea Legislativa, si se modificaba ese proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo.
Los cooperativistas rechazan que los contratos mineros que firmen con privados, deban ser aprobados por la Asamblea Legislativa, remarca un boletín institucional.
El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, había argumentado antes del debate que la Ley se enmarcará en la Constitución Política del Estado y garantizará la seguridad jurídica de los mineros cooperativistas.
Sin embargo, el ejecutivo de los cooperativistas Carlos Mamani, advirtió que de no aprobarse la norma que fue consensuada, a partir del próximo lunes iniciarían el bloqueo de caminos, según reportó la ANF.
viernes, 28 de marzo de 2014
Seis artículos de ley minera se hallan en suspenso
La Cámara de Diputados dejó ayer en suspenso el análisis de seis artículos de la Ley de Minería, hasta llegar a un acuerdo con el sector cooperativista del país, que después de presionar en las instalaciones del Legislativo se retiró con amenazas de realizar un cerco a la Asamblea, porque rechaza las modificaciones incorporadas en la norma minera.
“Se ha dado un cuarto intermedio, mañana vamos a reiniciar, queremos consensuar con los actores (sector minero)”, informó el presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja, José Antonio Yucra.
Tras el debate instalado ayer en la tarde en Diputados, algunos artículos de la normativa fueron modificados, lo que generó el malestar de los representantes de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, quienes reclamaron airadamente y luego abandonaron el hemiciclo del Legislativo en señal de protesta.
Cambios. “Lamentamos que esta Ley de Minería ha sido modificada en todos los artículos que se refiere al sistema cooperativo boliviano. Quiero manifestar que estos malos actos que están ocurriendo, los responsables son el Ministro de Minería y los asambleístas”, señaló el ejecutivo de la Fencomin, Alejandro Santos, minutos antes de replegar a sus bases a un ampliado.
Entre los artículos observados por los mineros están el 62, 131, 132, 151, 147 y 197. Dos son los aspectos centrales que molesta a los mineros. Que la titularidad de las concesiones mineras sea del Estado boliviano y no los concesionarios, y que la aprobación de los contratos sea realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto último es considerado como una demora perjudicial.
El ministro de Minería, Mario Virreira, explicó que estas modificaciones son una homologación a la Constitución Política. “Hay algunas precisiones que se deben realizar y que ha provocado molestias en algún sector minero, pero debemos tomar en cuenta”, señaló y citó que los numerales reclamados por los mineros contravienen a los artículos 349, 351, 369, 371 y 372 de la Carta Magna. “No vamos a permitir que se apruebe esta ley, porque estaría en desmedro de la minería”, refirió el secretario de Minería de la Fencomin, Hernán Montero.
La comisión redactora revisará esos artículos observados en el Ministerio de Minería desde las 07.00 de hoy. Para las 10.00 está previsto el reinicio del debate parlamentario. Anoche, no hubo una reunión entre Gobierno y cooperativistas, como fue anunciada.
Malestar minero
Ley
Los artículos modificados por Diputados que molestaron al sector cooperativo minero del país son: 62, 131, 132, 151, 147 y 197.
Cooperativistas analizan medidas de presión
La Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) analiza la posibilidad de asumir medidas de presión, tras la modificación de algunos artículos de la Ley de Minería realizada ayer por legisladores de la Cámara de Diputados. Anuncian un cerco a la plaza Murillo.
“En vista de que se han modificado artículos a la ley (minera), las cooperativas pasado (sábado) estaremos cercando el Parlamento, es una posición firme de la Fencomin”, afirmó su ejecutivo Alejandro Santos, minutos antes de que los representantes mineros abandonen la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El reclamo del sector minero se sustenta en el llamado que hizo el presidente Evo Morales, el lunes de la semana pasada, para que la norma no sea alterada en la Asamblea, donde ayer comenzó su tratamiento.
Tras el conflicto, el ministro de Minería, Mario Virreira, llamó a Fencomin a un diálogo, el mismo que no se realizó hasta el cierre de esta edición. La jefa de bancada del MAS, Flora Aguilar, indicó que se buscará explicar a los mineros los cambios realizados, para lograr un consenso.
Leyes de inversiones y minería
Después de varios años de continuas postergaciones, todo parece indicar que la Asamblea Legislativa Plurinacional por fin está a punto de terminar el tratamiento de dos muy importantes proyectos de ley. Por lo que se sabe, tanto la Ley de Promoción de Inversiones como la de Minería han sido ya aprobadas por ambas cámaras legislativas, por lo que ya sólo faltaría cumplir con algunos aspectos formales antes de su aprobación y posterior promulgación.
Más de tres años ha durado todo el proceso que está a punto de concluir. Durante todo ese tiempo se hicieron grandes esfuerzos entre las diferentes instancias estatales y empresariales directamente involucradas en ambos temas para superar discrepancias y alcanzar los consensos mínimos imprescindibles para que las leyes elaboradas satisfagan las expectativas de todos los sectores.
Sin embargo y a juzgar por el hermetismo con que se sigue eludiendo una difusión masiva de ambos proyectos de modo que sea verdaderamente público y abierto el debate, hay motivos para temer que los esfuerzos hechos hasta ahora no han sido suficientes para despejar dudas y susceptibilidades. En efecto, según han coincidido en señalar expertos en materia económica y minera ambas leyes que están a punto de ser puestas en vigencia dejan todavía demasiado margen para la incertidumbre, lo que de antemano las condenaría a fracasar en su principal objetivo que es estimular las inversiones privadas en nuestro país.
En lo que a la ley de inversiones se refiere, el principal motivo de incertidumbre sigue siendo hoy, como viene ocurriendo desde hace ocho años, el relativo a las seguridades que ofrece el Estado boliviano a quienes inviertan sus capitales en nuestro país.
Lamentablemente la aparente persistencia de ambigüedad y contradicciones en la redacción de la ley, mantiene muchas de las dudas que pesan sobre tan importante asunto y abren un espacio grande a las interpretaciones arbitrarias, de manera que el principal objetivo de la ley, que es atraer inversiones privadas, queda en entredicho.
Similar es el caso del proyecto de ley de minería que, tal como ha sido aprobado en su versión final, ha sido recibido con pesimismo por expertos en materia minera pues consideran que no será suficiente para atraer al país las masivas inversiones, la tecnología de punta y la experiencia necesaria para devolver al sector minero el dinamismo perdido.
Las excesivas concesiones que se hacen al sector de la minería cooperativizada, en desmedro, tanto de la minería estatal pero sobre todo la privada, es el principal cuestionamiento que se hace al proyecto de ley. A tal punto llegan las discrepancias sobre el tema, que ha sido el Ministro de Economía uno de los más severos críticos de la manera de encarar el futuro de la minería nacional.
De cualquier modo a pesar de las muchas limitaciones de los dos instrumentos legales, cuya promulgación está prevista para los próximos días, no deja de ser bueno que se ponga fin a tan larga espera. Serán los hechos, plasmados en la magnitud de las inversiones privadas durante los próximos meses, los que prueben si las cualidades de ambas leyes son o no mayores que sus defectos.
Más de tres años ha durado todo el proceso que está a punto de concluir. Durante todo ese tiempo se hicieron grandes esfuerzos entre las diferentes instancias estatales y empresariales directamente involucradas en ambos temas para superar discrepancias y alcanzar los consensos mínimos imprescindibles para que las leyes elaboradas satisfagan las expectativas de todos los sectores.
Sin embargo y a juzgar por el hermetismo con que se sigue eludiendo una difusión masiva de ambos proyectos de modo que sea verdaderamente público y abierto el debate, hay motivos para temer que los esfuerzos hechos hasta ahora no han sido suficientes para despejar dudas y susceptibilidades. En efecto, según han coincidido en señalar expertos en materia económica y minera ambas leyes que están a punto de ser puestas en vigencia dejan todavía demasiado margen para la incertidumbre, lo que de antemano las condenaría a fracasar en su principal objetivo que es estimular las inversiones privadas en nuestro país.
En lo que a la ley de inversiones se refiere, el principal motivo de incertidumbre sigue siendo hoy, como viene ocurriendo desde hace ocho años, el relativo a las seguridades que ofrece el Estado boliviano a quienes inviertan sus capitales en nuestro país.
Lamentablemente la aparente persistencia de ambigüedad y contradicciones en la redacción de la ley, mantiene muchas de las dudas que pesan sobre tan importante asunto y abren un espacio grande a las interpretaciones arbitrarias, de manera que el principal objetivo de la ley, que es atraer inversiones privadas, queda en entredicho.
Similar es el caso del proyecto de ley de minería que, tal como ha sido aprobado en su versión final, ha sido recibido con pesimismo por expertos en materia minera pues consideran que no será suficiente para atraer al país las masivas inversiones, la tecnología de punta y la experiencia necesaria para devolver al sector minero el dinamismo perdido.
Las excesivas concesiones que se hacen al sector de la minería cooperativizada, en desmedro, tanto de la minería estatal pero sobre todo la privada, es el principal cuestionamiento que se hace al proyecto de ley. A tal punto llegan las discrepancias sobre el tema, que ha sido el Ministro de Economía uno de los más severos críticos de la manera de encarar el futuro de la minería nacional.
De cualquier modo a pesar de las muchas limitaciones de los dos instrumentos legales, cuya promulgación está prevista para los próximos días, no deja de ser bueno que se ponga fin a tan larga espera. Serán los hechos, plasmados en la magnitud de las inversiones privadas durante los próximos meses, los que prueben si las cualidades de ambas leyes son o no mayores que sus defectos.
jueves, 27 de marzo de 2014
Consensuan 70 leyes para La Paz
Entre las leyes pactadas se encuentran normativas de fomento al turismo y control a las organizaciones no gubernamentales.
El encuentro de representantes de la Gobernación, de la Asamblea Departamental y de organizaciones sociales de La Paz determinó una agenda de 70 leyes que serán aprobadas hasta mayo del próximo año, informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Nelzon Guarachi.
“En este encuentro propusimos una agenda legislativa de 70 leyes, la idea es que hasta el 31 de mayo de 2015 podamos terminar de consolidar todas las leyes que nos hemos planteado en la localidad de Huajchilla”, señaló.
Guarachi explicó que la elaboración de esa agenda fue participativa y se sostiene en el Estatuto Autonómico de La Paz y en los 14 lineamientos definidos por el Diálogo por La Paz, además que nació de las necesidades del departamento.
El encuentro de representantes de la Gobernación, de la Asamblea Departamental y de organizaciones sociales de La Paz determinó una agenda de 70 leyes que serán aprobadas hasta mayo del próximo año, informó el presidente de la Asamblea Legislativa, Nelzon Guarachi.
“En este encuentro propusimos una agenda legislativa de 70 leyes, la idea es que hasta el 31 de mayo de 2015 podamos terminar de consolidar todas las leyes que nos hemos planteado en la localidad de Huajchilla”, señaló.
Guarachi explicó que la elaboración de esa agenda fue participativa y se sostiene en el Estatuto Autonómico de La Paz y en los 14 lineamientos definidos por el Diálogo por La Paz, además que nació de las necesidades del departamento.
Aprueban ley que dará mayor seguridad a las inversiones
Después de tiempo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Promoción de Inversiones, exigida por los empresarios privados. Ahora, en los rostros de los que manejan capitales para invertir hay satisfacción, pues creen que es una norma que dará seguridad jurídica y atraerá recursos para proyectos futuros.
La norma, que trató de ser consensuada entre los empresarios, los diputados y los senadores, tiene seis capítulos y 26 artículos, además de tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, seis finales, una abrogatoria, y una derogatoria.
“Sus objetivos son garantizar y generar seguridad jurídica para las inversiones; garantizar que no exista ninguna duda en el país sobre cuáles son las inversiones para los sectores estratégicos de la economía y la tuición del Estado respecto de la inversión estratégica; y que todo se base en una normativa nacional para que quien invierta respete nuestra soberanía”, indicó el senador del oficialismo, Adolfo Mendoza.
Ronald Nostas, vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), reconoció que se trabajó “arduamente” con el Ejecutivo para lograr consensos. “Después de las últimas modificaciones estamos conformes con la ley. Creemos que cumple con sus objetivos, aunque no podemos hablar de consensos absolutos”, reconoció en contacto con EL DEBER.
Al sector privado le hubiera gustado, por ejemplo, que en la ley, que en los próximos días será promulgada por el presidente Juan Evo Morales, se plantee incentivos específicos y se plasme temas de resolución de conflictos, aunque “no son inconvenientes de fondo”.
El senador Mendoza explicó que los incentivos van a depender de la calidad de la inversión y del sector donde se incorpore la inversión.
Lo que sí aprueban los privados, es la omisión del artículo que hablaba de posibles nacionalizaciones de empresas por razones de interés público y el capítulo sobre delitos contra la inversión.
Ya en mayo del año pasado, empresarios extranjeros esperaban que Bolivia emita señales de que serán respetadas sus inversiones.
“Si no hay tantas inversiones es porque quizás el marco regulatorio deja dudas. Del Gobierno boliviano depende que efectivamente las inversiones acudan”, declaró en ese entonces el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez.
Los europeos esperan que el nuevo marco jurídico dé luces para las inversiones, además de que se complemente con leyes conexas, como de hidrocarburos, arbitrajes y de la financiera
DATOS DE LA LEY
OBJETIVO
El objetivo de la ley es establecer el marco jurídico para la promoción de las inversiones.
SECTORES ESTRATÉGICOS
El Estado dirige, controla y regula los sectores estratégicos de la economía del país.
DESARROLLO DEL PAÍS
La inversión efectuada debe contribuir al desarrollo económico y social del país.
MINISTERIO COMPETENTE
El Ministerio de Planificación es la instancia competente del nivel central del Estado para la promoción de la inversión.
ANÁLISIS
“Hay otras normas pendientes”
Teófilo Caballero - Analista Económico
Esta ley es un paso muy importante, pero tiene que complementarse con el tema de la Ley de Hidrocarburos, que es fundamental para el país porque ahora se constituye en el principal soporte del crecimiento de la economía.
Otras de las leyes complementarias son la ley de minería y de avasallamiento a la propiedad privada.
Creemos que con eso, el círculo económico se estaría cerrando. Por otro lado, si en esta aprobación final fue retirado el tema de las nacionalizaciones, ya es una ley de inversiones que, sin duda, va a ser beneficiosa para el país en el sentido de que va a establecer, de forma clara, las reglas del juego a las que se tienen que someter los empresarios nacionales y extranjeros.
El gran problema que había era que cierto grupo del Gobierno confundía la ley de inversiones con una de nacionalización. Viene a llenar un vacío que era lo que reclamaban los europeos. La norma destrabará un poco las decisiones de inversión de los que estaban sensibles
La norma, que trató de ser consensuada entre los empresarios, los diputados y los senadores, tiene seis capítulos y 26 artículos, además de tres disposiciones adicionales, cinco transitorias, seis finales, una abrogatoria, y una derogatoria.
“Sus objetivos son garantizar y generar seguridad jurídica para las inversiones; garantizar que no exista ninguna duda en el país sobre cuáles son las inversiones para los sectores estratégicos de la economía y la tuición del Estado respecto de la inversión estratégica; y que todo se base en una normativa nacional para que quien invierta respete nuestra soberanía”, indicó el senador del oficialismo, Adolfo Mendoza.
Ronald Nostas, vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), reconoció que se trabajó “arduamente” con el Ejecutivo para lograr consensos. “Después de las últimas modificaciones estamos conformes con la ley. Creemos que cumple con sus objetivos, aunque no podemos hablar de consensos absolutos”, reconoció en contacto con EL DEBER.
Al sector privado le hubiera gustado, por ejemplo, que en la ley, que en los próximos días será promulgada por el presidente Juan Evo Morales, se plantee incentivos específicos y se plasme temas de resolución de conflictos, aunque “no son inconvenientes de fondo”.
El senador Mendoza explicó que los incentivos van a depender de la calidad de la inversión y del sector donde se incorpore la inversión.
Lo que sí aprueban los privados, es la omisión del artículo que hablaba de posibles nacionalizaciones de empresas por razones de interés público y el capítulo sobre delitos contra la inversión.
Ya en mayo del año pasado, empresarios extranjeros esperaban que Bolivia emita señales de que serán respetadas sus inversiones.
“Si no hay tantas inversiones es porque quizás el marco regulatorio deja dudas. Del Gobierno boliviano depende que efectivamente las inversiones acudan”, declaró en ese entonces el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez.
Los europeos esperan que el nuevo marco jurídico dé luces para las inversiones, además de que se complemente con leyes conexas, como de hidrocarburos, arbitrajes y de la financiera
DATOS DE LA LEY
OBJETIVO
El objetivo de la ley es establecer el marco jurídico para la promoción de las inversiones.
SECTORES ESTRATÉGICOS
El Estado dirige, controla y regula los sectores estratégicos de la economía del país.
DESARROLLO DEL PAÍS
La inversión efectuada debe contribuir al desarrollo económico y social del país.
MINISTERIO COMPETENTE
El Ministerio de Planificación es la instancia competente del nivel central del Estado para la promoción de la inversión.
ANÁLISIS
“Hay otras normas pendientes”
Teófilo Caballero - Analista Económico
Esta ley es un paso muy importante, pero tiene que complementarse con el tema de la Ley de Hidrocarburos, que es fundamental para el país porque ahora se constituye en el principal soporte del crecimiento de la economía.
Otras de las leyes complementarias son la ley de minería y de avasallamiento a la propiedad privada.
Creemos que con eso, el círculo económico se estaría cerrando. Por otro lado, si en esta aprobación final fue retirado el tema de las nacionalizaciones, ya es una ley de inversiones que, sin duda, va a ser beneficiosa para el país en el sentido de que va a establecer, de forma clara, las reglas del juego a las que se tienen que someter los empresarios nacionales y extranjeros.
El gran problema que había era que cierto grupo del Gobierno confundía la ley de inversiones con una de nacionalización. Viene a llenar un vacío que era lo que reclamaban los europeos. La norma destrabará un poco las decisiones de inversión de los que estaban sensibles
miércoles, 26 de marzo de 2014
Nueva Ley de Minería frenará explotación ilegal de minas
El proyecto de nueva Ley de Minería y Metalurgia pone un freno a la explotación ilegal de recursos minerales y establece sanciones penales que incluyen el pago por el mineral extraído, las regalías e impuestos correspondientes.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) será la encargada de interponer las acciones legales.
"El que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con la licencia o derecho otorgado en el marco de la presente ley incurre en explotación ilegal. Las sanciones penales establecidas por ley incluirán la obligación de restituir al Estado el valor de los minerales extraídos y de cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que corresponderían a los actores productivos mineros”, establece el artículo 104 de Explotación Ilegal, del proyecto de Ley de Minería.
El ministro de Minería, Mario Virreira, afirmó que la futura norma que regulará la actividad permitirá un mejor control de la minería ilegal.
"Lo que hace falta es el apoyo de los fiscales y la fuerza pública; obviamente no es fácil, porque hay que gestionar, justificar y demostrar el uso de la fuerza pública para recuperar un yacimiento tomado”, dijo la autoridad.
La AJAM, advertida de la presunta comisión de ilícitos en áreas de libre disponibilidad, interpondrá las denuncias en el Ministerio Público para su investigación, señala el numeral II de artículo 104.
En el numeral III agrega que el Ministerio de Minería propondrá o desarrollará normas para la neutralización, decomiso o destrucción de maquinaria empleada en actividades mineras ilegales.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería, Saturnino Ramos, afirmó ayer que los operadores mineros exigieron que se incluya un artículo que haga referencia a la explotación ilegal.
"Los avasallamientos surgieron desde 2004, entonces la explotación ilegal hace referencia a este tipo de hechos. Los más afectados por este delito somos los mineros chicos y hasta la fecha hay identificados unos 200 casos, que principalmente son cometidos por las comunidades”, precisó Ramos.
Incluso mencionó que varias comunidades actúan bajo el paraguas de cooperativas mineras, pero no tienen registro ni personería jurídica.
El representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Francisco Montaño, indicó que el Estado es el que debe hacer cumplir las leyes, debe ser el que devuelva los derechos mineros a sus legítimos operadores.
En mayo de 2013, el Gobierno promulgó la Ley 367, que incorpora el delito de avasallamiento minero dentro del Código Penal y que establece una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen recursos minerales sin autorización de la Comibol.
Al respecto, el ministro Virreira aclaró que los que tienen que hacer cumplir la norma son los administradores de justicia.
El representante de las cooperativas auríferas, Edmundo Polo, afirmó que la Ley 367 es "un saludo a la bandera. ¿Usted cree que el Gobierno irá contra los pueblos indígenas?, no. Igual que no podrá actuar contra nosotros en algún momento, porque las bases de este Gobierno son los indígenas y nosotros somos sus aliados”. La pasada semana, el empresario Pablo Alberto Schwarz denunció la toma de la mina Puerta del Sol, debido a que desde hace siete años el yacimiento de estaño, bismuto y oro que operaba fue avasallada por comunarios que están asentados alrededor del lugar, en La Paz.
Los detalles
Tratamiento El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia fue debatido ayer por el pleno de la Cámara de Diputados. Hoy se prevé su aprobación en detalle para luego remitirlo al Senado.
Contenido El proyecto de ley tiene por objetivo la regulación de las actividades minero metalúrgicas, establece principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas; determina la nueva estructura institucional, roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores productivos mineros, y dispone las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera, conforme a la Constitución Política.
Rol de la Autoridad Jurisdiccional en la minería
El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia dispone la creación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que será una entidad bajo la tuición del Ministerio de Minería.
El artículo 39 del proyecto de ley dispone que la AJAM tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera. Será la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera que se desarrolle en el país.
Una de sus atribuciones principales será promover e interponer acciones legales en contra de quienes realicen explotación ilegal en áreas libres, dispone el artículo 40.
La AJAM reemplaza a la que pasó a denominarse Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera y Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM), en reemplazo de la Superintendencia de Minas. La AGJAM fue creada con el Decreto Supremo 0071, de febrero de 2009, y la Superintendencia con la Ley 1777, Código de Minería. En el proyecto de Ley de Minería, disposiciones abrogatorias y derogatorias, señala que se derogan ambos cuerpos normativos.
Entre las más de 30 atribuciones que tendrá la AJAM están recibir y procesar solicitudes para licencias de prospección y exploración, y nuevos contratos administrativos mineros.
La Comibol podrá realizar trabajos de exploración
Página Siete y ANF/ La Paz
La Comibol podrá realizar trabajos de exploración, explotación de minerales y suscribir contratos de asociación con firmas privadas, en las que tendrá mayoría accionaria, según proyecto de Ley de Minería.
El presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, José Yujra, recordó que el Código Minero (Ley 1777), promulgado en 1997, establece que la Comibol no está facultada para realizar actividad de producción minera de forma directa.
"En el litio, el Estado conformará una sociedad con una empresa china, pero va a controlar el 55%, y de la misma forma hay algunas gobernaciones, porque ahora la actual Ley Minera no les permite hacer explotación de minerales, lo único que permite es industrializar el mineral, cualesquiera sean los minerales, pero no hacer prospección explotación ni eso”, explicó.
Uno de los mandatos del artículo 61 del proyecto de Ley de Minería establece que "para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la Comibol Empresa Corporativa financiará sus operaciones mineras con recursos propios o recursos obtenidos mediante créditos de la banca privada o pública, títulos valores crediticios o de instituciones o financiamiento externo, conforme al artículo 50 de la Ley 466 de Empresa Pública, del 26 de diciembre de 2013”. El parlamentario también mencionó que con la futura norma el 5% de las regalías mineras será distribuido entre las regiones no productoras, monto que alcanza a unos 100 millones de bolivianos.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) será la encargada de interponer las acciones legales.
"El que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con la licencia o derecho otorgado en el marco de la presente ley incurre en explotación ilegal. Las sanciones penales establecidas por ley incluirán la obligación de restituir al Estado el valor de los minerales extraídos y de cumplir las obligaciones regalitarias y tributarias que corresponderían a los actores productivos mineros”, establece el artículo 104 de Explotación Ilegal, del proyecto de Ley de Minería.
El ministro de Minería, Mario Virreira, afirmó que la futura norma que regulará la actividad permitirá un mejor control de la minería ilegal.
"Lo que hace falta es el apoyo de los fiscales y la fuerza pública; obviamente no es fácil, porque hay que gestionar, justificar y demostrar el uso de la fuerza pública para recuperar un yacimiento tomado”, dijo la autoridad.
La AJAM, advertida de la presunta comisión de ilícitos en áreas de libre disponibilidad, interpondrá las denuncias en el Ministerio Público para su investigación, señala el numeral II de artículo 104.
En el numeral III agrega que el Ministerio de Minería propondrá o desarrollará normas para la neutralización, decomiso o destrucción de maquinaria empleada en actividades mineras ilegales.
El presidente de la Cámara Nacional de Minería, Saturnino Ramos, afirmó ayer que los operadores mineros exigieron que se incluya un artículo que haga referencia a la explotación ilegal.
"Los avasallamientos surgieron desde 2004, entonces la explotación ilegal hace referencia a este tipo de hechos. Los más afectados por este delito somos los mineros chicos y hasta la fecha hay identificados unos 200 casos, que principalmente son cometidos por las comunidades”, precisó Ramos.
Incluso mencionó que varias comunidades actúan bajo el paraguas de cooperativas mineras, pero no tienen registro ni personería jurídica.
El representante de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Francisco Montaño, indicó que el Estado es el que debe hacer cumplir las leyes, debe ser el que devuelva los derechos mineros a sus legítimos operadores.
En mayo de 2013, el Gobierno promulgó la Ley 367, que incorpora el delito de avasallamiento minero dentro del Código Penal y que establece una condena de entre cuatro y ocho años de cárcel para las personas que se apropien ilegalmente de algún yacimiento o comercialicen recursos minerales sin autorización de la Comibol.
Al respecto, el ministro Virreira aclaró que los que tienen que hacer cumplir la norma son los administradores de justicia.
El representante de las cooperativas auríferas, Edmundo Polo, afirmó que la Ley 367 es "un saludo a la bandera. ¿Usted cree que el Gobierno irá contra los pueblos indígenas?, no. Igual que no podrá actuar contra nosotros en algún momento, porque las bases de este Gobierno son los indígenas y nosotros somos sus aliados”. La pasada semana, el empresario Pablo Alberto Schwarz denunció la toma de la mina Puerta del Sol, debido a que desde hace siete años el yacimiento de estaño, bismuto y oro que operaba fue avasallada por comunarios que están asentados alrededor del lugar, en La Paz.
Los detalles
Tratamiento El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia fue debatido ayer por el pleno de la Cámara de Diputados. Hoy se prevé su aprobación en detalle para luego remitirlo al Senado.
Contenido El proyecto de ley tiene por objetivo la regulación de las actividades minero metalúrgicas, establece principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades minero metalúrgicas; determina la nueva estructura institucional, roles y atribuciones de las entidades estatales y de los actores productivos mineros, y dispone las atribuciones y procedimientos de la jurisdicción administrativa minera, conforme a la Constitución Política.
Rol de la Autoridad Jurisdiccional en la minería
El proyecto de Ley de Minería y Metalurgia dispone la creación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que será una entidad bajo la tuición del Ministerio de Minería.
El artículo 39 del proyecto de ley dispone que la AJAM tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera. Será la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad minera que se desarrolle en el país.
Una de sus atribuciones principales será promover e interponer acciones legales en contra de quienes realicen explotación ilegal en áreas libres, dispone el artículo 40.
La AJAM reemplaza a la que pasó a denominarse Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera y Autoridad Regional Jurisdiccional Administrativa Minera (AGJAM), en reemplazo de la Superintendencia de Minas. La AGJAM fue creada con el Decreto Supremo 0071, de febrero de 2009, y la Superintendencia con la Ley 1777, Código de Minería. En el proyecto de Ley de Minería, disposiciones abrogatorias y derogatorias, señala que se derogan ambos cuerpos normativos.
Entre las más de 30 atribuciones que tendrá la AJAM están recibir y procesar solicitudes para licencias de prospección y exploración, y nuevos contratos administrativos mineros.
La Comibol podrá realizar trabajos de exploración
Página Siete y ANF/ La Paz
La Comibol podrá realizar trabajos de exploración, explotación de minerales y suscribir contratos de asociación con firmas privadas, en las que tendrá mayoría accionaria, según proyecto de Ley de Minería.
El presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, José Yujra, recordó que el Código Minero (Ley 1777), promulgado en 1997, establece que la Comibol no está facultada para realizar actividad de producción minera de forma directa.
"En el litio, el Estado conformará una sociedad con una empresa china, pero va a controlar el 55%, y de la misma forma hay algunas gobernaciones, porque ahora la actual Ley Minera no les permite hacer explotación de minerales, lo único que permite es industrializar el mineral, cualesquiera sean los minerales, pero no hacer prospección explotación ni eso”, explicó.
Uno de los mandatos del artículo 61 del proyecto de Ley de Minería establece que "para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la Comibol Empresa Corporativa financiará sus operaciones mineras con recursos propios o recursos obtenidos mediante créditos de la banca privada o pública, títulos valores crediticios o de instituciones o financiamiento externo, conforme al artículo 50 de la Ley 466 de Empresa Pública, del 26 de diciembre de 2013”. El parlamentario también mencionó que con la futura norma el 5% de las regalías mineras será distribuido entre las regiones no productoras, monto que alcanza a unos 100 millones de bolivianos.
Modifican el 50% de ley sobre el espacio aéreo
La Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo debe cuidar convenios y tratados internacionales para no caer en equivocaciones e irregularidades, afirma el senador y militar pasivo, Marcelo Antezana (PPB-CN). Hasta la fecha, la norma sufrió un 50% de modificaciones. “El proyecto de ley para brindar seguridad al espacio aéreo viene a llenar un vacío jurídico político, una estructural jurídica militar en el espacio de la Fuerza Aérea de acuerdo a la misión constitucional”, señaló a El Día.
Sin embargo, dijo que se decidió suspender la aprobación en detalle para que la norma vuelva a la comisión del Senado, que hizo un 50 por ciento de correcciones a la propuesta original porque “es necesario pulirla más y coordinar cabalmente para evitar caer en irregularidades”.
Sin embargo, dijo que se decidió suspender la aprobación en detalle para que la norma vuelva a la comisión del Senado, que hizo un 50 por ciento de correcciones a la propuesta original porque “es necesario pulirla más y coordinar cabalmente para evitar caer en irregularidades”.
Senado sanciona Ley de Promoción de Inversiones
La Cámara de Senadores sancionó anoche la Ley de Promoción de Inversiones en la que se eliminó el artículo 27 que se refiere a la nacionalización de empresas, informó el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Fianzas, David Sánchez.
“La comisión decidió aprobar sin modificaciones, ya no está el artículo 27 (sobre la nacionalización), con esto se superan algunas susceptibilidades de algunos empresarios”, dijo el oficialista.
El artículo observado decía que “el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica y promoviendo su desarrollo para fortalecer la independencia y soberanía económica del país, en ese marco, las inversiones no serán nacionalizadas, únicamente procederá la nacionalización por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”
Según Sánchez, el proyecto tiene como propósito dotar de un marco jurídico e institucional a la promoción de inversiones, otorgando seguridad al inversionista nacional o extranjero con la aprobación de una nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, y la posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan transferir al exterior utilidades en divisas libremente convertibles por medio del sistema bancario.
Los nuevos incentivos para las inversiones preferentes, prioritarias para el Estado, que sean comprometidas por las empresas privadas regirán a partir de la aprobación de los contratos de inversión en el Legislativo.
“La comisión decidió aprobar sin modificaciones, ya no está el artículo 27 (sobre la nacionalización), con esto se superan algunas susceptibilidades de algunos empresarios”, dijo el oficialista.
El artículo observado decía que “el Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa empresarial otorgándole seguridad jurídica y promoviendo su desarrollo para fortalecer la independencia y soberanía económica del país, en ese marco, las inversiones no serán nacionalizadas, únicamente procederá la nacionalización por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”
Según Sánchez, el proyecto tiene como propósito dotar de un marco jurídico e institucional a la promoción de inversiones, otorgando seguridad al inversionista nacional o extranjero con la aprobación de una nueva Ley de Conciliación y Arbitraje, y la posibilidad de que los inversionistas extranjeros puedan transferir al exterior utilidades en divisas libremente convertibles por medio del sistema bancario.
Los nuevos incentivos para las inversiones preferentes, prioritarias para el Estado, que sean comprometidas por las empresas privadas regirán a partir de la aprobación de los contratos de inversión en el Legislativo.
martes, 25 de marzo de 2014
Aprobaron 23 leyes para Santa Cruz y 0 para Pando
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en 2013 más leyes regionales y municipales para Santa Cruz y ninguna norma para el departamento de Pando, según los datos de Fundación Milenio.
Un total de 23 leyes se aprobaron para Santa Cruz, entre ellas varios créditos con organismos multilaterales (CAF y BID) destinados a proyectos de construcción de la doble vía Montero-Cristal Mayu y Montero-Yapacaní.
También se aprobaron normas para programas de infraestructura rural de Santa Cruz, la declaración de Patrimonio Nacional, Cultural o Turístico –según corresponda– del Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno y de las cabañas del río Piraí, entre otras
Un total de 23 leyes se aprobaron para Santa Cruz, entre ellas varios créditos con organismos multilaterales (CAF y BID) destinados a proyectos de construcción de la doble vía Montero-Cristal Mayu y Montero-Yapacaní.
También se aprobaron normas para programas de infraestructura rural de Santa Cruz, la declaración de Patrimonio Nacional, Cultural o Turístico –según corresponda– del Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno y de las cabañas del río Piraí, entre otras
Legislativo aprobó 23 leyes para Santa Cruz
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó en 2013 más leyes regionales y municipales para Santa Cruz y ninguna norma para el departamento de Pando, según los datos de Fundación Milenio.
Un total de 23 leyes se aprobaron para Santa Cruz, entre ellas varios créditos con organismos multilaterales (CAF y BID) destinados a proyectos de construcción de la doble vía Montero- Cristal Mayu y Montero-Yapacaní.
También se aprobaron normas para programas de infraestructura rural de Santa Cruz, la declaración de Patrimonio Nacional, Cultural o Turístico –según corresponda– del Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno, de las cabañas del río Piraí, de las artesanías elaboradas en el municipio Urubichá y el monumento “Cristo Redentor”, entre otros.
Asimismo, se encuentran las leyes referidas a la aprobación y/o modificación de contratos de exploración y explotación de diversas áreas hidrocarburíferas en poder de YPFB y a favor de otras empresas.
Chuquisaca y Cochabamba, con 9 y 8 leyes, respectivamente, son los departamentos que siguen en número de leyes aprobadas para sus regiones.
“Se debe hacer notar que en ambos casos resalta la predominancia de las leyes de autorización, aprobación o modificación de contratos en el ámbito hidrocarburífero. En el caso de Chuquisaca esta característica tiene más importancia ya que sólo 3 de las 9 leyes de aplicación exclusiva en el departamento no están relacionadas a este sector”, indica Milenio.
Estas leyes están referidas a la declaración de prioridad nacional de la reforestación del Parque Nacional de la Serranía del Iñao (Ley Nº 383), la aprobación de un préstamo entre el gobierno nacional y la CAF para la construcción de la carretera Padilla-El Salto (Nº 419) y la Ley de Delimitación Interdepartamental con Cochabamba (Nº 431).
Para Cochabamba, además de la ley de delimitación interdepartamental, se aprobaron las referidas a la declaración de patrimonio cultural de las pinturas rupestres de Rumi Plaza en Tiquipaya (Nº 411), la aprobación del préstamo para el financiamiento parcial de la doble vía Quillacollo-Suticollo y Sacaba-Chiñata, ambas con la CAF (Nº 347) y la declaración de prioridad nacional de la construcción de un nuevo centro penitenciario en el departamento (Nº 410).
Para La Paz se promulgaron siete leyes, de las cuales resalta la Ley de aprobación del préstamo concedido por el BID (35 millones de dólares) para la rehabilitación de la autopista La Paz-El Alto. Para Oruro y Potosí se aprobaron cinco leyes en ambos casos, mientras que para Tarija se promulgaron 4 leyes.
“En 2013 no se ha aprobado ninguna ley de aplicación específica para el departamento de Pando y solo dos para el Beni”, señala la Fundación.
DATOS GLOBALES
Durante el 2013, el Legislativo aprobó 131 leyes, en un total de 210 sesiones ordinarias, lo que significa que en promedio se ha necesitado 1,6 sesiones por cada ley aprobada.
De acuerdo al análisis de Milenio, 10 leyes de las 131 aprobadas, son de carácter general, es decir, que se aplican a estructuras institucionales que afectan a la ciudadanía en general. (Erbol)
Un total de 23 leyes se aprobaron para Santa Cruz, entre ellas varios créditos con organismos multilaterales (CAF y BID) destinados a proyectos de construcción de la doble vía Montero- Cristal Mayu y Montero-Yapacaní.
También se aprobaron normas para programas de infraestructura rural de Santa Cruz, la declaración de Patrimonio Nacional, Cultural o Turístico –según corresponda– del Museo de Historia de la Universidad Gabriel René Moreno, de las cabañas del río Piraí, de las artesanías elaboradas en el municipio Urubichá y el monumento “Cristo Redentor”, entre otros.
Asimismo, se encuentran las leyes referidas a la aprobación y/o modificación de contratos de exploración y explotación de diversas áreas hidrocarburíferas en poder de YPFB y a favor de otras empresas.
Chuquisaca y Cochabamba, con 9 y 8 leyes, respectivamente, son los departamentos que siguen en número de leyes aprobadas para sus regiones.
“Se debe hacer notar que en ambos casos resalta la predominancia de las leyes de autorización, aprobación o modificación de contratos en el ámbito hidrocarburífero. En el caso de Chuquisaca esta característica tiene más importancia ya que sólo 3 de las 9 leyes de aplicación exclusiva en el departamento no están relacionadas a este sector”, indica Milenio.
Estas leyes están referidas a la declaración de prioridad nacional de la reforestación del Parque Nacional de la Serranía del Iñao (Ley Nº 383), la aprobación de un préstamo entre el gobierno nacional y la CAF para la construcción de la carretera Padilla-El Salto (Nº 419) y la Ley de Delimitación Interdepartamental con Cochabamba (Nº 431).
Para Cochabamba, además de la ley de delimitación interdepartamental, se aprobaron las referidas a la declaración de patrimonio cultural de las pinturas rupestres de Rumi Plaza en Tiquipaya (Nº 411), la aprobación del préstamo para el financiamiento parcial de la doble vía Quillacollo-Suticollo y Sacaba-Chiñata, ambas con la CAF (Nº 347) y la declaración de prioridad nacional de la construcción de un nuevo centro penitenciario en el departamento (Nº 410).
Para La Paz se promulgaron siete leyes, de las cuales resalta la Ley de aprobación del préstamo concedido por el BID (35 millones de dólares) para la rehabilitación de la autopista La Paz-El Alto. Para Oruro y Potosí se aprobaron cinco leyes en ambos casos, mientras que para Tarija se promulgaron 4 leyes.
“En 2013 no se ha aprobado ninguna ley de aplicación específica para el departamento de Pando y solo dos para el Beni”, señala la Fundación.
DATOS GLOBALES
Durante el 2013, el Legislativo aprobó 131 leyes, en un total de 210 sesiones ordinarias, lo que significa que en promedio se ha necesitado 1,6 sesiones por cada ley aprobada.
De acuerdo al análisis de Milenio, 10 leyes de las 131 aprobadas, son de carácter general, es decir, que se aplican a estructuras institucionales que afectan a la ciudadanía en general. (Erbol)
Armada propone ley para fortalecer naval boliviana
La Armada Boliviana con motivo de celebrar el 23 de Marzo, Día del Mar, presentó al Senado el Anteproyecto de Ley de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres, que plantea establecer un marco legal y administrativo para el ejercicio de la soberanía, jurisdicción y control estatal sobre los espacios acuáticos, ribereños adyacentes, islas y actividades desarrolladas en toda la extensión territorial del Estado Plurinacional de Bolivia.
“La misión es fortalecer y ampliar el poder naval, administrar y proteger los intereses marítimos, fluviales y lacustres de la marina mercante, a fin de contribuir a la seguridad, defensa y participar en el desarrollo integral del Estado”, informó el comandante general de la Armada Boliviana, Gonzalo Alcón en el Buque Multipropósito “Mosoj Huayna” en la localidad de Guaqui.
El Anteproyecto de Ley consta de 90 artículos dispuestos en ocho títulos plantea además, una plataforma estratégica para políticas y planes de desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres bolivianos.
Entre otros aspectos, se destaca la creación de la Administración Marítima, Fluvial y Lacustre, como la instancia responsable de administrar y desarrollar el sector mediante competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas a través de dos niveles de organización, el político y ejecutivo.
El nivel político será la responsable de planificación dirigir la política marítimo del país y estará presidido por el Presidente del Estado, en coordinación directa con el Consejo Plurinacional de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres (IMFL) y el Ministerio de Defensa a la cabeza del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El nivel Ejecutivo estará compuesto por el Comando General de la Armada Marítima, Fluvial y Lacustre, la Dirección General del IMFL y empresas navales, que serán las instituciones a cargo de materializar los roles constitucionales de administración y protección.
La secretaria del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Sandra Soriano, saludó la iniciativa de la Armada Boliviana por la propuesta normativa por preservar los intereses nacionales, priorizando la apertura y participación de la sociedad civil a través de sus instituciones y organizaciones sociales, recomendó además la socialización de la propuesta normativa en todos los niveles e instancias que corresponda.
“Nos satisface de gran manera, señor Almirante (Alcón), por ese trabajo que está haciendo y que servirá mucho para las generaciones que van a venir. La verdad es que es un anteproyecto de que necesita un poquito más de socializar, enriquecerlo, porque también la sociedad debería tomar parte de esto, porque es para toda la sociedad a nivel nacional”, recomendó la oficialista por el departamento de Oruro, Sandra Soriano.
“La misión es fortalecer y ampliar el poder naval, administrar y proteger los intereses marítimos, fluviales y lacustres de la marina mercante, a fin de contribuir a la seguridad, defensa y participar en el desarrollo integral del Estado”, informó el comandante general de la Armada Boliviana, Gonzalo Alcón en el Buque Multipropósito “Mosoj Huayna” en la localidad de Guaqui.
El Anteproyecto de Ley consta de 90 artículos dispuestos en ocho títulos plantea además, una plataforma estratégica para políticas y planes de desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres bolivianos.
Entre otros aspectos, se destaca la creación de la Administración Marítima, Fluvial y Lacustre, como la instancia responsable de administrar y desarrollar el sector mediante competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas a través de dos niveles de organización, el político y ejecutivo.
El nivel político será la responsable de planificación dirigir la política marítimo del país y estará presidido por el Presidente del Estado, en coordinación directa con el Consejo Plurinacional de Intereses Marítimos, Fluviales y Lacustres (IMFL) y el Ministerio de Defensa a la cabeza del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El nivel Ejecutivo estará compuesto por el Comando General de la Armada Marítima, Fluvial y Lacustre, la Dirección General del IMFL y empresas navales, que serán las instituciones a cargo de materializar los roles constitucionales de administración y protección.
La secretaria del Comité de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, Sandra Soriano, saludó la iniciativa de la Armada Boliviana por la propuesta normativa por preservar los intereses nacionales, priorizando la apertura y participación de la sociedad civil a través de sus instituciones y organizaciones sociales, recomendó además la socialización de la propuesta normativa en todos los niveles e instancias que corresponda.
“Nos satisface de gran manera, señor Almirante (Alcón), por ese trabajo que está haciendo y que servirá mucho para las generaciones que van a venir. La verdad es que es un anteproyecto de que necesita un poquito más de socializar, enriquecerlo, porque también la sociedad debería tomar parte de esto, porque es para toda la sociedad a nivel nacional”, recomendó la oficialista por el departamento de Oruro, Sandra Soriano.
La ley minera puede sufrir modificaciones en el Senado
El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, abrió la posibilidad de modificar el proyecto de ley minera en esta instancia legislativa “que aprueben en la comisión no quiere decir que no se pueda modificar, el pleno del Senado puede modificar el proyecto”, dijo la primera autoridad del Senado.
Sin embargo, Rojas dijo que de los consensos participarán los interesados y en ese marco dijo que pueden participar mineros y campesinos, pero no otros actores.
Frente a esta propuesta, el dirigente campesino Rafael Quispe dijo que la norma remitida a la Asamblea es inconstitucional porque no fija ni señala bajo qué aspectos pagarán las regalías los mineros y denunció que en el último año el sector exportó por un valor de $us 3.000 millones, pero que solo dejaron a las arcas $us 131 millones.
Afirmó que existe reuniones internas de los campesinos para asumir medidas, puesto que este proyecto sepulta incluso las formas de consulta que debe existir para cualquier emprendimiento y demandó la participación de los pueblos indígenas y de los comités cívicos.
El senador Andrés Villca, en representación de los mineros, afirmó que no habrá cambios al proyecto
lunes, 24 de marzo de 2014
Ley de botellas PET será reglamentada
Se desarrollarán políticas públicas coordinadas con el Ministerio de Educación a efectos de facilitar las campañas de difusión y concientización.
El proyecto de Ley de Promoción para la Reducción de Contaminación por Uso de Botellas Plásticas No Retornables será reglamentado con la participación del sector industrial boliviano, reportó Oxígeno.
Ese es el acuerdo alcanzado el viernes entre las autoridades de gobierno y representantes empresariales en una reunión realizada en Santa Cruz.
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales; la diputada Betty Tejada, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), Luis Barbery; el presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, y el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yafar, participaron en la reunión que se cumplió en la sede de la Cainco.
Una vez que las autoridades gubernamentales escucharon las observaciones de los empresarios sobre esta ley se definió que el sector privado participará activamente en la reglamentación de esta norma que establece una tasa que deberán pagar las embotelladoras de bebidas que trabajen con botellas PET.
En dicha reunión se llegó a establecer la forma en la que se realizará el pago de esta tasa, tomando en cuenta mecanismos que posibiliten deducir el monto que pagarán los industriales por las botellas que se reciclan. El concepto es que por cada botella reciclada se hará la exención del pago de una botella PET.
Barbery destacó la predisposición de autoridades y empresarios para llegar a acuerdos.
El proyecto de Ley de Promoción para la Reducción de Contaminación por Uso de Botellas Plásticas No Retornables será reglamentado con la participación del sector industrial boliviano, reportó Oxígeno.
Ese es el acuerdo alcanzado el viernes entre las autoridades de gobierno y representantes empresariales en una reunión realizada en Santa Cruz.
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales; la diputada Betty Tejada, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), Luis Barbery; el presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, y el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yafar, participaron en la reunión que se cumplió en la sede de la Cainco.
Una vez que las autoridades gubernamentales escucharon las observaciones de los empresarios sobre esta ley se definió que el sector privado participará activamente en la reglamentación de esta norma que establece una tasa que deberán pagar las embotelladoras de bebidas que trabajen con botellas PET.
En dicha reunión se llegó a establecer la forma en la que se realizará el pago de esta tasa, tomando en cuenta mecanismos que posibiliten deducir el monto que pagarán los industriales por las botellas que se reciclan. El concepto es que por cada botella reciclada se hará la exención del pago de una botella PET.
Barbery destacó la predisposición de autoridades y empresarios para llegar a acuerdos.
domingo, 23 de marzo de 2014
Ley de Aduanas y algunas consideraciones
La Ley General de Aduanas (LGA) instituye a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) como una entidad de derecho público, autárquica, con jurisdicción nacional, de duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propios, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
La ANB ejerce la potestad aduanera, con competencia y estructura de alcance nacional, siendo la entidad encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, e intervenir en el tráfico internacional de mercancías a efecto de la recaudación de tributos y generar estadísticas de ese movimiento, al margen de otras atribuciones o funciones que le señalen las leyes.
Para tal ejercicio, cuenta con servidores públicos cuyas actividades y servicios -a dedicación exclusiva- originan la función pública aduanera (art. 41 de la LGA y arts. 39 y 40 de su reglamento).
La actividad aduanera
La ANB cuenta para ciertas actividades con el apoyo del ‘auxiliar de la función pública aduanera’ -el despachante de Aduana-, una persona natural y profesional autorizada por la ANB, previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior por cuenta de terceros (art. 42 de la LGA). El anexo de la LGA amplía tal definición indicando que es la persona natural y profesional de una agencia despachante de Aduana autorizada -antes por el Ministerio de Hacienda y hoy por la ANB (disposición final cuarta del código tributario boliviano)- un ‘auxiliar de la función pública aduanera’, cuya actividad profesional consiste en efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior por cuenta de terceros.
El art. 41 del Reglamento de la LGA indica: que el despachante de aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, como persona natural y profesional, sea que actúe a título propio o como representante legal de una agencia despachante de aduana, y ambos son responsables de la correcta aplicación de la normativa.
Funciones y atribuciones
Entre muchas otras, el despachante de aduana: a) debe dar fe por la correcta declaración de la cantidad, calidad y valor de las mercancías, en la importación y exportación; b) tiene que liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de importación, exportación y otros regímenes aduaneros y c) debe conservar la documentación de los despachos y operaciones aduaneras realizadas por un período de cinco años.
Modificaciones a la LGA
La ley 455 establece modificaciones y supresiones a varios artículos de la LGA e incorpora un precepto a ser cumplido por los despachantes de aduana. En la disposición adicional tercera, modifica el art. 44 de la LGA: "Los exámenes de suficiencia para postulantes a la licencia de despachantes de aduana se realizarán ante un tribunal examinador designado por el Ministerio de Economía (...) La licencia de despachante de aduana será otorgada por la ANB conforme a los resultados del examen de suficiencia convocado y calificado por el tribunal examinador (…) deberá ser personal, indelegable e intransferible. En ningún caso la licencia podrá otorgarse de forma provisional y tendrá una vigencia de cinco años calendario. La renovación de la licencia de despachante de aduana procederá previo examen de suficiencia…". En la disposición adicional cuarta, modifica el inciso e) del art. 45 de la LGA, a: "Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones aduaneras realizadas, por el término de prescripción de las acciones de la administración tributaria, inclusive cuando haya cesado en sus funciones como agente despachante de aduana".
Correr riesgos no es necesario
Si bien es cierto que desde que Dios creó al hombre le dio la capacidad del “libre albedrío”, esta cualidad, que todo ser humano tiene, nos puede llevar a tomar decisiones de acierto o desacierto, con consecuencias que a veces no estamos preparados a asumirlas, esto por una mala elección en su momento, por falta de información y la ignorancia de creer fiable un espejismo.
Por ello, pese a que se quiera descalificar la labor del despachante de aduana, sin duda es el más calificado para el desaduanamiento de mercancías y otras tareas aduaneras, por su estudio, capacidad y experiencia. Las últimas normas dictaminadas pueden parecer buenas, pero no hay que encandilarse con algo aparentemente brillante que mañana podría dañar la economía del país. Valorar al especialista en su labor es sabio
LAS FRASES
“Los exámenes de suficiencia para postulantes a licencia de despachantes de aduana se realizarán ante un tribunal examinador designado por el Ministerio de Economía”
“La ANB ejerce la potestad aduanera con competencia y estructura de alcance nacional, siendo la entidad la encargada de controlar y fiscalizar el paso de las mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país”
Perfil
Ámbito profesional
Jorge Henrich Costas se graduó como licenciado en Contaduría Pública. Realizó cursos y se especializó como técnico superior en Comercio Exterior, Política y Administración Aduanera.
Actualmente, se desempeña como presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra (CRDA-SCZ).
También es gerente general de la Agencia Despachante de Aduana Panamericana Ltda.
La ANB ejerce la potestad aduanera, con competencia y estructura de alcance nacional, siendo la entidad encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, e intervenir en el tráfico internacional de mercancías a efecto de la recaudación de tributos y generar estadísticas de ese movimiento, al margen de otras atribuciones o funciones que le señalen las leyes.
Para tal ejercicio, cuenta con servidores públicos cuyas actividades y servicios -a dedicación exclusiva- originan la función pública aduanera (art. 41 de la LGA y arts. 39 y 40 de su reglamento).
La actividad aduanera
La ANB cuenta para ciertas actividades con el apoyo del ‘auxiliar de la función pública aduanera’ -el despachante de Aduana-, una persona natural y profesional autorizada por la ANB, previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior por cuenta de terceros (art. 42 de la LGA). El anexo de la LGA amplía tal definición indicando que es la persona natural y profesional de una agencia despachante de Aduana autorizada -antes por el Ministerio de Hacienda y hoy por la ANB (disposición final cuarta del código tributario boliviano)- un ‘auxiliar de la función pública aduanera’, cuya actividad profesional consiste en efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior por cuenta de terceros.
El art. 41 del Reglamento de la LGA indica: que el despachante de aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, como persona natural y profesional, sea que actúe a título propio o como representante legal de una agencia despachante de aduana, y ambos son responsables de la correcta aplicación de la normativa.
Funciones y atribuciones
Entre muchas otras, el despachante de aduana: a) debe dar fe por la correcta declaración de la cantidad, calidad y valor de las mercancías, en la importación y exportación; b) tiene que liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de importación, exportación y otros regímenes aduaneros y c) debe conservar la documentación de los despachos y operaciones aduaneras realizadas por un período de cinco años.
Modificaciones a la LGA
La ley 455 establece modificaciones y supresiones a varios artículos de la LGA e incorpora un precepto a ser cumplido por los despachantes de aduana. En la disposición adicional tercera, modifica el art. 44 de la LGA: "Los exámenes de suficiencia para postulantes a la licencia de despachantes de aduana se realizarán ante un tribunal examinador designado por el Ministerio de Economía (...) La licencia de despachante de aduana será otorgada por la ANB conforme a los resultados del examen de suficiencia convocado y calificado por el tribunal examinador (…) deberá ser personal, indelegable e intransferible. En ningún caso la licencia podrá otorgarse de forma provisional y tendrá una vigencia de cinco años calendario. La renovación de la licencia de despachante de aduana procederá previo examen de suficiencia…". En la disposición adicional cuarta, modifica el inciso e) del art. 45 de la LGA, a: "Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones aduaneras realizadas, por el término de prescripción de las acciones de la administración tributaria, inclusive cuando haya cesado en sus funciones como agente despachante de aduana".
Correr riesgos no es necesario
Si bien es cierto que desde que Dios creó al hombre le dio la capacidad del “libre albedrío”, esta cualidad, que todo ser humano tiene, nos puede llevar a tomar decisiones de acierto o desacierto, con consecuencias que a veces no estamos preparados a asumirlas, esto por una mala elección en su momento, por falta de información y la ignorancia de creer fiable un espejismo.
Por ello, pese a que se quiera descalificar la labor del despachante de aduana, sin duda es el más calificado para el desaduanamiento de mercancías y otras tareas aduaneras, por su estudio, capacidad y experiencia. Las últimas normas dictaminadas pueden parecer buenas, pero no hay que encandilarse con algo aparentemente brillante que mañana podría dañar la economía del país. Valorar al especialista en su labor es sabio
LAS FRASES
“Los exámenes de suficiencia para postulantes a licencia de despachantes de aduana se realizarán ante un tribunal examinador designado por el Ministerio de Economía”
“La ANB ejerce la potestad aduanera con competencia y estructura de alcance nacional, siendo la entidad la encargada de controlar y fiscalizar el paso de las mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país”
Perfil
Ámbito profesional
Jorge Henrich Costas se graduó como licenciado en Contaduría Pública. Realizó cursos y se especializó como técnico superior en Comercio Exterior, Política y Administración Aduanera.
Actualmente, se desempeña como presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz de la Sierra (CRDA-SCZ).
También es gerente general de la Agencia Despachante de Aduana Panamericana Ltda.
TSE debe modificar Ley de Partidos Políticos antes de las elecciones
Antes de las elecciones generales de este año y para tener un proceso eleccionario transparente y legítimo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe modificar la Ley de Partidos Políticos con una norma complementaria que se enmarque en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Régimen Electoral, recomendó el experto constitucionalista William Bascopé.
“Si quiere conducir y llevar adelante unas buenas elecciones que tengan un grado de legitimidad y de credibilidad en lo técnico, el camino correcto para el TSE es hacer una modificación antes que algún ciudadano o alguna agrupación política se vea afectada por esto y pueda demandar ante el Tribunal Constitucional de inconstitucional al órgano electoral”, afirmó Bascopé.
La Ley de Régimen Electoral en sus disposiciones finales dice que quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a las establecidas en la presente ley, en especial las consignadas en la Ley 1983 de Partidos Políticos, la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y la Ley de Municipalidades.
En este caso, si hay en la Ley del Régimen Electoral ciertos vacíos y ciertas contradicciones, éstas pueden ser modificadas y corregidas, con otra norma que complemente corrija o reconduzca su ilegalidad a una constitucionalidad. Esa labor la tiene que realizar el TSE presentando un proyecto de ley complementaria ante el Órgano Legislativo que debería tratar y aprobar el mismo antes de las elecciones presidenciales.
“Si hay artículos de carácter inconstitucional éstos pueden ser demandados por inconstitucionalidad, por quienes se crean afectados como un partido político o agrupación ciudadana que podría demandar ante el Tribunal Constitucional esa inconstitucionalidad”, explicó.
Sobre el tema, el vocal del TSE, Ramiro Paredes afirmó que por el momento el organismo no presentará ninguna modificación u otra norma que supla la Ley de Partidos Políticos, porque la prioridad de la entidad es concluir con la delimitación de las circunscripciones uninominales y el registro de ciudadanos en el padrón biométrico en el país y el exterior.
“No estamos trabajando en ese reglamento normativo. Tenemos otras prioridades, estamos trabajando en todo lo concerniente al proceso electoral. Por lo tanto, no estamos llevando la atención nuestra a otra propuesta referida a la Ley de Organizaciones políticas. Estamos totalmente abocados a lo concerniente al proceso electoral de las elecciones del 2014”, indicó Paredes.
En tanto, el vocal Wilfredo Ovando, indicó que el año pasado el TSE inició la elaboración de una nueva propuesta de ley de organizaciones políticas con la participación de distintas entidades de la sociedad.
“Lo que hemos hecho es socializar y recoger insumos, inquietudes, sugerencias de las organizaciones políticas, la sociedad civil, del sector femenino, estudiantes universitarios entre otros. En este momento estamos en trabajo de sistematización porque tenemos un material abundante. Una vez que concluyamos con la redacción del proyecto de Ley enviaremos a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, sostuvo la autoridad.
“Si quiere conducir y llevar adelante unas buenas elecciones que tengan un grado de legitimidad y de credibilidad en lo técnico, el camino correcto para el TSE es hacer una modificación antes que algún ciudadano o alguna agrupación política se vea afectada por esto y pueda demandar ante el Tribunal Constitucional de inconstitucional al órgano electoral”, afirmó Bascopé.
La Ley de Régimen Electoral en sus disposiciones finales dice que quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a las establecidas en la presente ley, en especial las consignadas en la Ley 1983 de Partidos Políticos, la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y la Ley de Municipalidades.
En este caso, si hay en la Ley del Régimen Electoral ciertos vacíos y ciertas contradicciones, éstas pueden ser modificadas y corregidas, con otra norma que complemente corrija o reconduzca su ilegalidad a una constitucionalidad. Esa labor la tiene que realizar el TSE presentando un proyecto de ley complementaria ante el Órgano Legislativo que debería tratar y aprobar el mismo antes de las elecciones presidenciales.
“Si hay artículos de carácter inconstitucional éstos pueden ser demandados por inconstitucionalidad, por quienes se crean afectados como un partido político o agrupación ciudadana que podría demandar ante el Tribunal Constitucional esa inconstitucionalidad”, explicó.
Sobre el tema, el vocal del TSE, Ramiro Paredes afirmó que por el momento el organismo no presentará ninguna modificación u otra norma que supla la Ley de Partidos Políticos, porque la prioridad de la entidad es concluir con la delimitación de las circunscripciones uninominales y el registro de ciudadanos en el padrón biométrico en el país y el exterior.
“No estamos trabajando en ese reglamento normativo. Tenemos otras prioridades, estamos trabajando en todo lo concerniente al proceso electoral. Por lo tanto, no estamos llevando la atención nuestra a otra propuesta referida a la Ley de Organizaciones políticas. Estamos totalmente abocados a lo concerniente al proceso electoral de las elecciones del 2014”, indicó Paredes.
En tanto, el vocal Wilfredo Ovando, indicó que el año pasado el TSE inició la elaboración de una nueva propuesta de ley de organizaciones políticas con la participación de distintas entidades de la sociedad.
“Lo que hemos hecho es socializar y recoger insumos, inquietudes, sugerencias de las organizaciones políticas, la sociedad civil, del sector femenino, estudiantes universitarios entre otros. En este momento estamos en trabajo de sistematización porque tenemos un material abundante. Una vez que concluyamos con la redacción del proyecto de Ley enviaremos a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, sostuvo la autoridad.
Ley de botellas PET será reglamentada
Se desarrollarán políticas públicas coordinadas con el Ministerio de Educación a efectos de facilitar las campañas de difusión y concientización.
El proyecto de Ley de Promoción para la Reducción de Contaminación por Uso de Botellas Plásticas No Retornables será reglamentado con la participación del sector industrial boliviano, reportó Oxígeno.
Ese es el acuerdo alcanzado el viernes entre las autoridades de gobierno y representantes empresariales en una reunión realizada en Santa Cruz.
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales; la diputada Betty Tejada, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), Luis Barbery; el presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, y el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yafar, participaron en la reunión que se cumplió en la sede de la Cainco.
Una vez que las autoridades gubernamentales escucharon las observaciones de los empresarios sobre esta ley se definió que el sector privado participará activamente en la reglamentación de esta norma que establece una tasa que deberán pagar las embotelladoras de bebidas que trabajen con botellas PET.
En dicha reunión se llegó a establecer la forma en la que se realizará el pago de esta tasa, tomando en cuenta mecanismos que posibiliten deducir el monto que pagarán los industriales por las botellas que se reciclan. El concepto es que por cada botella reciclada se hará la exención del pago de una botella PET.
Barbery destacó la predisposición de autoridades y empresarios para llegar a acuerdos.
El proyecto de Ley de Promoción para la Reducción de Contaminación por Uso de Botellas Plásticas No Retornables será reglamentado con la participación del sector industrial boliviano, reportó Oxígeno.
Ese es el acuerdo alcanzado el viernes entre las autoridades de gobierno y representantes empresariales en una reunión realizada en Santa Cruz.
La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Teresa Morales; la diputada Betty Tejada, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), Luis Barbery; el presidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, Gabriel Dabdoub, y el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yafar, participaron en la reunión que se cumplió en la sede de la Cainco.
Una vez que las autoridades gubernamentales escucharon las observaciones de los empresarios sobre esta ley se definió que el sector privado participará activamente en la reglamentación de esta norma que establece una tasa que deberán pagar las embotelladoras de bebidas que trabajen con botellas PET.
En dicha reunión se llegó a establecer la forma en la que se realizará el pago de esta tasa, tomando en cuenta mecanismos que posibiliten deducir el monto que pagarán los industriales por las botellas que se reciclan. El concepto es que por cada botella reciclada se hará la exención del pago de una botella PET.
Barbery destacó la predisposición de autoridades y empresarios para llegar a acuerdos.
El racismo persiste pese a las leyes
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó que en el país se mantengan vigentes la discriminación y el racismo a pesar de que el Estado Plurinacional ha aprobado leyes para sancionarlos y pese a que existen políticas públicas, institucionalidad y un Plan Plurinacional para erradicarlas.
El caso de los yuquis en Chimoré. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó que en el país se mantengan vigentes la discriminación y el racismo a pesar de que el Estado Plurinacional ha aprobado leyes para sancionarlos y pese a que existen políticas públicas, institucionalidad y un Plan Plurinacional para erradicarlas.
Alta vulnerabilidad indígena. El caso fue seguido por las Representaciones de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y del Chapare y refutada por las autoridades ediles; sin embargo, Villena cuestionó el solo hecho que se plantee expulsarlos de la Casa Comunal que habitan en Chimoré bajo argumentos que no toman en cuenta su condición de alta vulnerabilidad y cuando factores externos como la invasión de su territorio, los obligaron a salir y establecerse en esa región.
Abandono y maltrato. También expresó su preocupación por la discriminación que aún persiste en contra de las personas adultas mayores, que son víctimas de abandono y maltrato o contra las personas con opciones sexuales diferentes, quienes en su primer informe anual, denunciaron la vulneración del derecho a la igualdad, a la no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la seguridad personal, a la educación, al disfrute del más alto nivel de salud y a formar una familia.
Las leyes no frenan la discriminación. Rolando Villena dijo que continúa la discriminación cuando aún no se cumple la normativa que obliga a que del total del personal de instituciones estatales y empresas privadas, un 4% sean personas con discapacidad.
El 57% de las denuncias sobre racismo y discriminación se registra en las instituciones públicas, es decir, en entidades del Estado y el 43% en el sector privado.
Origen. La Ley 139 del 14 de junio de 2011 establece que cada 24 de mayo se recuerde el Día Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, por aquellos vejámenes que sufrieron más de 50 campesinos en la ciudad de Sucre en esa fecha el 2008, cuando fueron recibidos a golpes por algunos grupos radicales.
El caso de los yuquis en Chimoré. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, lamentó que en el país se mantengan vigentes la discriminación y el racismo a pesar de que el Estado Plurinacional ha aprobado leyes para sancionarlos y pese a que existen políticas públicas, institucionalidad y un Plan Plurinacional para erradicarlas.
Alta vulnerabilidad indígena. El caso fue seguido por las Representaciones de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba y del Chapare y refutada por las autoridades ediles; sin embargo, Villena cuestionó el solo hecho que se plantee expulsarlos de la Casa Comunal que habitan en Chimoré bajo argumentos que no toman en cuenta su condición de alta vulnerabilidad y cuando factores externos como la invasión de su territorio, los obligaron a salir y establecerse en esa región.
Abandono y maltrato. También expresó su preocupación por la discriminación que aún persiste en contra de las personas adultas mayores, que son víctimas de abandono y maltrato o contra las personas con opciones sexuales diferentes, quienes en su primer informe anual, denunciaron la vulneración del derecho a la igualdad, a la no discriminación, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la seguridad personal, a la educación, al disfrute del más alto nivel de salud y a formar una familia.
Las leyes no frenan la discriminación. Rolando Villena dijo que continúa la discriminación cuando aún no se cumple la normativa que obliga a que del total del personal de instituciones estatales y empresas privadas, un 4% sean personas con discapacidad.
El 57% de las denuncias sobre racismo y discriminación se registra en las instituciones públicas, es decir, en entidades del Estado y el 43% en el sector privado.
Origen. La Ley 139 del 14 de junio de 2011 establece que cada 24 de mayo se recuerde el Día Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, por aquellos vejámenes que sufrieron más de 50 campesinos en la ciudad de Sucre en esa fecha el 2008, cuando fueron recibidos a golpes por algunos grupos radicales.
sábado, 22 de marzo de 2014
Senado aprueba en grande la ley para el derribo de aviones
La Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el proyecto de ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, que permitirá el derribo de aviones que no tengan autorización de vuelo o que se encuentren transportando droga, explicó el presidente de la Cámara Alta, Eugenio Rojas.
“Los aviones que no estén autorizados serán secuestrados o, en último caso, derribados y rápidamente pasarán a las Fuerzas Armadas”, dijo Rojas.
Las labores de control serán realizadas por las Fuerzas Armadas (FFAA) y el manejo de los radares, que serán adquiridos, por personal civil./ANF
“Los aviones que no estén autorizados serán secuestrados o, en último caso, derribados y rápidamente pasarán a las Fuerzas Armadas”, dijo Rojas.
Las labores de control serán realizadas por las Fuerzas Armadas (FFAA) y el manejo de los radares, que serán adquiridos, por personal civil./ANF
Ley de Cine prevé protección de la actividad cinematográfica
En el marco del Día del Cine Boliviano que se celebró ayer 21 de marzo, la senadora Marcelina Chávez, secretaria del Comité de Culturas, Interculturalidad y Patrimonio Cultural de la Cámara Alta, destacó el contenido del anteproyecto de Ley de la “Cinematografía y las Artes Audiovisuales”, que contempla la creación del Consejo Plurinacional de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (Coplucine).
Esta institución será descentralizada, con personería jurídica, y estará bajo tuición del Ministerio de Culturas y Turismo.
El objeto de la norma es fomentar y proteger en forma equitativa la actividad cinematográfica y las artes audiovisuales desarrolladas en el Estado boliviano, en sus diversas formas de producción y uso, como expresión de nuestra diversidad y riqueza cultural.
“Estamos trabajando en esta ley y que tiene varios aspectos que beneficiarán al sector, como: la creación de la Plataforma Boliviana del Cine y las Artes Audiovisuales, el Sistema de Registro Cinematográfico y Audiovisual y los consejos departamentales de la cinematografía y las artes audiovisuales”, señaló la legisladora.
El proyecto consta de 32 artículos, dos disposiciones transitorias y una abrogatoria. Actualmente la propuesta es consensuada con el Ministerio de Culturas y Turismo y entidades involucradas con las imágenes en movimiento.
El 21 de marzo del 2007, el Gobierno declaró mediante Decreto Supremo esa fecha como el Día del Cine Boliviano, en conmemoración del aniversario del asesinato del padre jesuita Luís Espinal Camps, y como un homenaje a su lucha por los derechos humanos y la democracia en el país y su aporte a la cinematografía de Bolivia.
Esta institución será descentralizada, con personería jurídica, y estará bajo tuición del Ministerio de Culturas y Turismo.
El objeto de la norma es fomentar y proteger en forma equitativa la actividad cinematográfica y las artes audiovisuales desarrolladas en el Estado boliviano, en sus diversas formas de producción y uso, como expresión de nuestra diversidad y riqueza cultural.
“Estamos trabajando en esta ley y que tiene varios aspectos que beneficiarán al sector, como: la creación de la Plataforma Boliviana del Cine y las Artes Audiovisuales, el Sistema de Registro Cinematográfico y Audiovisual y los consejos departamentales de la cinematografía y las artes audiovisuales”, señaló la legisladora.
El proyecto consta de 32 artículos, dos disposiciones transitorias y una abrogatoria. Actualmente la propuesta es consensuada con el Ministerio de Culturas y Turismo y entidades involucradas con las imágenes en movimiento.
El 21 de marzo del 2007, el Gobierno declaró mediante Decreto Supremo esa fecha como el Día del Cine Boliviano, en conmemoración del aniversario del asesinato del padre jesuita Luís Espinal Camps, y como un homenaje a su lucha por los derechos humanos y la democracia en el país y su aporte a la cinematografía de Bolivia.
Piden aplicación efectiva de leyes en favor de la mujer
Los vestigios de una mentalidad patriarcal y colonial; la ausencia de recursos para aplicar las leyes promulgadas y un uso meramente simbólico de la presencia femenina en estratos del poder, son algunos elementos que impiden la participación plena de la mujer en la política.
Esas son algunas de las conclusiones a las que llegaron la analista política y exsenadora Erika Brockmann y la diputada Rebeca Delgado, ayer en el seminario denominado “La mujer en la política en el Estado republicano y plurinacional”, ayer en la UMSS.
Las expositoras prefirieron obviar esa división y hablar en general de la participación de la mujer en política.
Brockmann precisó que no es posible hablar de esa participación si no se vislumbra “a la democracia como telón de fondo”.
“Estamos en términos coyunturales en un momento electoral que definitivamente obliga a las mujeres a ingresar, a repensar el tema de la política, el poder, el rol de las mujeres. Creo sinceramente que ha habido una suerte de estancamientos en este proceso. Se ha avanzado mucho en material legal, pero falta todavía mucho por recorrer”,dijo.
Dijo que hay una fiebre hiperlegislativa que no se está fijando en derivaciones que no tienen reglamentos, ni presupuestos.
“Creo que ha llegado el momento en que las mujeres debemos pactar o renovar un pacto que ya se ha agotado”, dijo.
En tanto, la diputada Delgado destacó en su ponencia que se esforzaron para que en la Constitución el estado no sea tan patriarcal. “Creo que las mujeres debemos competir y actuar en la sociedad en las mismas condiciones que los varones, en todos los roles que nos dan”. En la parte ya conclusiva de su exposición, Delgado interpeló con fuerza al Estado y su incapacidad para hacer cumplir las leyes. Dijo que si bien se aprueban normas que protegen a las mujeres y sus derechos, éstas no pueden aplicarse porque o no tienen reglamento o no tienen presupuesto para su plena aplicación.
El IDEI analiza y observa la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores
El Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) analiza y observa la Ley del Servicio de Relaciones Exteriores 465, que sustituye a la 1444.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el IDEI organizaron la actividad, que se desarrolló ayer.
El presidente del IDE, Óscar Alba, explicó que la ley está referida a la reforma al modo en el que se construye la diplomacia en Bolivia, es decir que los funcionarios de futuros ministerios de Relaciones Internacionales, embajadas y misiones diplomáticas tienen que regirse por esta ley su reglamento.
Destacó que en casi todo el mundo la diplomacia es altamente profesional porque “es un acto de Estado” y que requiere una formación académica y prática de muchos años.
Alba cuestionó que en el país “en todas las épocas” se han designado representantes que no tenían formación.
“Una cosa que a mí me extraña en esta ley es que se separa la parte académica, de la formación de los diplomáticos de la práctica”, expresó. Por otro lado, sostuvo que la carrera diplomática también es parte del derecho internacional y, por tanto, debe estar en conjunción con tratados y convenciones internacionales como la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático.
“Hay cosas que coinciden, pero otras que se distancian”, expresó.
Acotó que la nueva norma debería ser el inicio para retomar la función con la excelencia profesional que merece.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y el IDEI organizaron la actividad, que se desarrolló ayer.
El presidente del IDE, Óscar Alba, explicó que la ley está referida a la reforma al modo en el que se construye la diplomacia en Bolivia, es decir que los funcionarios de futuros ministerios de Relaciones Internacionales, embajadas y misiones diplomáticas tienen que regirse por esta ley su reglamento.
Destacó que en casi todo el mundo la diplomacia es altamente profesional porque “es un acto de Estado” y que requiere una formación académica y prática de muchos años.
Alba cuestionó que en el país “en todas las épocas” se han designado representantes que no tenían formación.
“Una cosa que a mí me extraña en esta ley es que se separa la parte académica, de la formación de los diplomáticos de la práctica”, expresó. Por otro lado, sostuvo que la carrera diplomática también es parte del derecho internacional y, por tanto, debe estar en conjunción con tratados y convenciones internacionales como la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático.
“Hay cosas que coinciden, pero otras que se distancian”, expresó.
Acotó que la nueva norma debería ser el inicio para retomar la función con la excelencia profesional que merece.
viernes, 21 de marzo de 2014
Ley Nº 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos
a norma fue sancionada por el Presidente Evo Morales Ayma 27 de Enero de 2014.
La norma tiene por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado.
La norma tiene por objeto regular el procedimiento para la suscripción de acuerdos o convenios intergubernativos entre gobiernos autónomos o entre éstos con el nivel central del Estado.
Ley Nº 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos by MinAutonomias
Ley Minera en camino a su promulgación
Aunque existieron algunas contradicciones en torno a un consenso de los tres sectores involucrados en el tratamiento del proyecto de Ley Minera que deberá aprobarse en la Asamblea Legislativa, parece que finalmente, privados, asalariados del sector estatal y cooperativistas, encontraron un punto de avenencia para evitar mayor dilatación en la promulgación de la norma.
Más de tres años se espera la nueva Ley Minera y ese tiempo se ha suplido la carencia de ciertas necesidades legales y técnicas con la aplicación de algunos decretos transitorios, en virtud a la carencia de una ley sectorial, como alguien dijo, "hecha y derecha" para servir a los intereses nacionales, activando de la manera más adecuada él un buen uso de nuestras riquezas minerales.
Dirigentes mineros al comienzo de la semana, llegaron a la conclusión del análisis del anteproyecto de ley minera que fue debatido en varias instancias, socializado en los niveles dirigenciales de cada sector así como en las bases de la minería estatal y de las cooperativas, donde justamente surgieron las contradicciones sobre materia tributaria que parece fue el punto de mayor controversia por algunas decisiones del Primer Mandatario a favor de los miles de cooperativistas, aspecto que fue calificado de interés político.
Una de las observaciones más serias correspondió a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) que considera ínfima la propuesta de los cooperativistas mineros de tributar el 1 (uno) por ciento sobre su producción mientras los otros sectores deben pagar varios impuestos, afectando ese hecho a la economía del sector estatal y privado, por lo mismo que insistirán en que todos los "operadores" mineros tributen al fisco en igualdad de condiciones.
Para los asalariados del sector minero estatal, la Ley de Cooperativas que menciona el uno por ciento de impuesto no es aplicable en el caso del sector minero, pues "lo que debe hacerse es tributar de acuerdo a la producción y a la utilidad que arroje cada unidad productiva o a la entrega para su comercialización, por lo mismo que el uno por ciento es ínfimo especialmente para la Comibol", explicó el dirigente de la Fstmb.
Otros aspectos, que seguramente serán considerados en la etapa que corresponde a los legisladores, tienen que ver con el régimen de regalías que se distribuirán en una proporción del 80 por ciento a las gobernaciones, 15% a los municipios y el 5% al Tesoro General de la Nación.
Los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) a tiempo de señalar que los tres sectores concluyeron la redacción del anteproyecto de la nueva Ley Minera (privado, estatal y cooperativizado, reiteraron que esperan la aprobación de la normativa, "respetando" la propuesta de una tributación del uno por ciento a la Comibol, lo que significará un aporte de más de cien millones de bolivianos anualmente. Esa propuesta fue observada y rechazada por la Fstmb, que insistirá ante las autoridades superiores para que todos los sectores de la minería boliviana paguen impuestos y regalías en igualdad de condiciones.
LA LEY TRIBUTARIA
Todo el afán de los sectores mineros queda en Statu Quo, por determinación del Poder Ejecutivo que accedió al planteamiento del titular de Finanzas que estableció la necesidad de elaborar y aprobar una Ley General Tributaria, en la que por supuesto se incluirá al sector minero, esto quiere decir que en la Ley Minera no existe ningún capítulo y artículos que hagan referencia a impuestos y regalías.
El asunto tiene algunas aristas y lo que más preocupa es no saber en qué tiempo se aprobará el régimen tributario inserto en una ley exclusiva y general sobre materia de impuestos. Para los empresarios mineros ésta separación de temas específicos mantiene la incertidumbre para quienes desean invertir, conociendo las reglas de juego y particularmente lo que atañe al régimen tributario que sea aplicado junto a las regalías. Sin conocimiento de este rubro, la parte normativa técnica o administrativa de la actividad minera resulta incompleta, inconsistente y poco seria, por la falta de los datos relevantes que tienen que ver con obligaciones económicas, impuestos y las regalías.
ASENTIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO
El presidente de la Asociación Nacional de Mineros Medianos de Bolivia, Humberto Rada, señaló que su sector no hará más observaciones al proyecto porque fue consensuado con la minería estatal y cooperativizada.
Indicó Rada que la minería privada espera que el proyecto de ley sectorial, una vez aprobado y promulgado, cumpla el objetivo de atraer inversiones en las distintas fases de la cadena productiva del rubro, porque ya existirán reglas claras para operar (en minería) en el país. El ejecutivo del sector minero privado indicó que pese a la complejidad de la norma que tiene 241 artículos, lo importante es que "hay una norma, hay reglas de juego y eso es lo que está esperando la industria minera". Humberto Rada estuvo en Palacio junto a los representantes de las cooperativas, la minería estatal, la Fstmb y la pequeña minería.
Dos detalles sobre el tema seguramente se cumplirán por recomendación expresa del Primer Mandatario para que los diputados aprueben la ley en el menor tiempo posible; el otro caso tiene que ver con el pedido del sector de las cooperativas, al plantear que la ley sea aprobada sin modificaciones.
En lo del tiempo "más breve posible", es una opción de responsabilidad con el sector productivo minero luego de más de tres años de espera; en cuanto a introducir o no modificaciones al proyecto es potestad de los legisladores que en todo caso deben hacer un exhaustivo análisis del documento, pero también de todas las sugerencias que hubieran sobre la materia y que justificadamente merezcan introducirse en el contexto de la nueva norma minera.
Medios.
Más de tres años se espera la nueva Ley Minera y ese tiempo se ha suplido la carencia de ciertas necesidades legales y técnicas con la aplicación de algunos decretos transitorios, en virtud a la carencia de una ley sectorial, como alguien dijo, "hecha y derecha" para servir a los intereses nacionales, activando de la manera más adecuada él un buen uso de nuestras riquezas minerales.
Dirigentes mineros al comienzo de la semana, llegaron a la conclusión del análisis del anteproyecto de ley minera que fue debatido en varias instancias, socializado en los niveles dirigenciales de cada sector así como en las bases de la minería estatal y de las cooperativas, donde justamente surgieron las contradicciones sobre materia tributaria que parece fue el punto de mayor controversia por algunas decisiones del Primer Mandatario a favor de los miles de cooperativistas, aspecto que fue calificado de interés político.
Una de las observaciones más serias correspondió a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) que considera ínfima la propuesta de los cooperativistas mineros de tributar el 1 (uno) por ciento sobre su producción mientras los otros sectores deben pagar varios impuestos, afectando ese hecho a la economía del sector estatal y privado, por lo mismo que insistirán en que todos los "operadores" mineros tributen al fisco en igualdad de condiciones.
Para los asalariados del sector minero estatal, la Ley de Cooperativas que menciona el uno por ciento de impuesto no es aplicable en el caso del sector minero, pues "lo que debe hacerse es tributar de acuerdo a la producción y a la utilidad que arroje cada unidad productiva o a la entrega para su comercialización, por lo mismo que el uno por ciento es ínfimo especialmente para la Comibol", explicó el dirigente de la Fstmb.
Otros aspectos, que seguramente serán considerados en la etapa que corresponde a los legisladores, tienen que ver con el régimen de regalías que se distribuirán en una proporción del 80 por ciento a las gobernaciones, 15% a los municipios y el 5% al Tesoro General de la Nación.
Los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) a tiempo de señalar que los tres sectores concluyeron la redacción del anteproyecto de la nueva Ley Minera (privado, estatal y cooperativizado, reiteraron que esperan la aprobación de la normativa, "respetando" la propuesta de una tributación del uno por ciento a la Comibol, lo que significará un aporte de más de cien millones de bolivianos anualmente. Esa propuesta fue observada y rechazada por la Fstmb, que insistirá ante las autoridades superiores para que todos los sectores de la minería boliviana paguen impuestos y regalías en igualdad de condiciones.
LA LEY TRIBUTARIA
Todo el afán de los sectores mineros queda en Statu Quo, por determinación del Poder Ejecutivo que accedió al planteamiento del titular de Finanzas que estableció la necesidad de elaborar y aprobar una Ley General Tributaria, en la que por supuesto se incluirá al sector minero, esto quiere decir que en la Ley Minera no existe ningún capítulo y artículos que hagan referencia a impuestos y regalías.
El asunto tiene algunas aristas y lo que más preocupa es no saber en qué tiempo se aprobará el régimen tributario inserto en una ley exclusiva y general sobre materia de impuestos. Para los empresarios mineros ésta separación de temas específicos mantiene la incertidumbre para quienes desean invertir, conociendo las reglas de juego y particularmente lo que atañe al régimen tributario que sea aplicado junto a las regalías. Sin conocimiento de este rubro, la parte normativa técnica o administrativa de la actividad minera resulta incompleta, inconsistente y poco seria, por la falta de los datos relevantes que tienen que ver con obligaciones económicas, impuestos y las regalías.
ASENTIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO
El presidente de la Asociación Nacional de Mineros Medianos de Bolivia, Humberto Rada, señaló que su sector no hará más observaciones al proyecto porque fue consensuado con la minería estatal y cooperativizada.
Indicó Rada que la minería privada espera que el proyecto de ley sectorial, una vez aprobado y promulgado, cumpla el objetivo de atraer inversiones en las distintas fases de la cadena productiva del rubro, porque ya existirán reglas claras para operar (en minería) en el país. El ejecutivo del sector minero privado indicó que pese a la complejidad de la norma que tiene 241 artículos, lo importante es que "hay una norma, hay reglas de juego y eso es lo que está esperando la industria minera". Humberto Rada estuvo en Palacio junto a los representantes de las cooperativas, la minería estatal, la Fstmb y la pequeña minería.
Dos detalles sobre el tema seguramente se cumplirán por recomendación expresa del Primer Mandatario para que los diputados aprueben la ley en el menor tiempo posible; el otro caso tiene que ver con el pedido del sector de las cooperativas, al plantear que la ley sea aprobada sin modificaciones.
En lo del tiempo "más breve posible", es una opción de responsabilidad con el sector productivo minero luego de más de tres años de espera; en cuanto a introducir o no modificaciones al proyecto es potestad de los legisladores que en todo caso deben hacer un exhaustivo análisis del documento, pero también de todas las sugerencias que hubieran sobre la materia y que justificadamente merezcan introducirse en el contexto de la nueva norma minera.
Medios.
Ley para resarcimiento a víctimas de violencia política no se cumple
De acuerdo al informe presentado por la Organización Amnistía Internacional (AI) la Ley 2640 que buscaba resarcimiento para las víctimas y familiares de las violaciones a derechos humanos cometidas durante los regímenes militares en los años 1964 a 1980 no se cumple, puesto que a la fecha no se conoce del paradero de los desaparecidos, ni se enjuició a los responsables.
Hugo Ticona Estrada, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), manifestó que el Gobierno debería prestar atención en el informe que presenta la Organización Amnistía Internacional, ya que nuevamente denuncia que en el país no se cumplieron las leyes que se emitieron para el resarcimiento a las víctimas de la violencia política, esto quiere decir que el Estado continúa con el manto de impunidad. Aseveró que, tanto la Asofamd como los presos políticos, en reiteradas ocasiones exigieron al actual Gobierno que den a conocer los archivos secretos que seguramente están en manos del Ejército, sostuvo que en varios países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay dieron a conocer algunos nombres y pidieron disculpas por la persecución inhumana y actos ilegales que se cometió, pero en Bolivia se rehúsan a hacer esto. Lamentó que el Gobierno señale que no existen archivos secretos y con esto tape los hechos delictivos que se cometieron en la dictadura.
Pidió al Gobierno que para sanar la herida que tienen los parientes de los desaparecidos en la dictadura dé a conocer los archivos secretos y de esta forma se pueda saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos y quiénes son los que autorizaron la persecución y apresamiento.
Exigió que se respete este informe y se cumpla la Ley 2640, con el resarcimiento a las víctimas de la violencia política, desde 1964 hasta 1980.
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional sostiene que las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras han sido "insuficientes".
Hugo Ticona Estrada, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), manifestó que el Gobierno debería prestar atención en el informe que presenta la Organización Amnistía Internacional, ya que nuevamente denuncia que en el país no se cumplieron las leyes que se emitieron para el resarcimiento a las víctimas de la violencia política, esto quiere decir que el Estado continúa con el manto de impunidad. Aseveró que, tanto la Asofamd como los presos políticos, en reiteradas ocasiones exigieron al actual Gobierno que den a conocer los archivos secretos que seguramente están en manos del Ejército, sostuvo que en varios países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay dieron a conocer algunos nombres y pidieron disculpas por la persecución inhumana y actos ilegales que se cometió, pero en Bolivia se rehúsan a hacer esto. Lamentó que el Gobierno señale que no existen archivos secretos y con esto tape los hechos delictivos que se cometieron en la dictadura.
Pidió al Gobierno que para sanar la herida que tienen los parientes de los desaparecidos en la dictadura dé a conocer los archivos secretos y de esta forma se pueda saber dónde están los cuerpos de los desaparecidos y quiénes son los que autorizaron la persecución y apresamiento.
Exigió que se respete este informe y se cumpla la Ley 2640, con el resarcimiento a las víctimas de la violencia política, desde 1964 hasta 1980.
Asimismo, el informe de Amnistía Internacional sostiene que las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas para conocer la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras han sido "insuficientes".
jueves, 20 de marzo de 2014
Elaboraron el proyecto de Ley de Descolonización de la Alimentación
El anteproyecto de Ley de Descolonización de la Alimentación busca que los restaurantes accedan a créditos bancarios para que adquieran ollas de barro y así se desechen las de aluminio porque afectan a la salud.
La propuesta fue elaborada por el Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas, y es socializada entre los sectores sociales y profesionales en nutrición.
"Con este proyecto de ley buscamos que la gente cambie el hábito de alimentación y de la forma de cocinar. Una de las cosas que hay que cambiar es la olla en la que se prepara la comida. Ésta debe ser en lo posible de barro, porque el de aluminio desprende partículas que afectan a la salud”, aseguró el jefe de la Unidad de Antropología del viceministerio, Cancio Mamani.
Por ello, el inciso b del anteproyecto de ley, al cual tuvo acceso Página Siete, plantea que los gobiernos departamentales deben "coordinar con ministerios y entidades territoriales descentralizadas y autónomas, actividades que promuevan la descolonización de la alimentación”.
En ese marco, Mamani explicó que las gobernaciones junto al Ministerio de Economía y Finanzas "deberán buscar préstamos de los bancos para los restaurantes para que cambien sus ollas de aluminio por las ecológicas, como las de barro”.
Al respecto, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, explicó que las ollas de aluminio nuevas no causan daños a la salud, pero sí cuando ya tienen varios años de uso.
Con él coincide el médico Roberto Medina, quien explicó que el aluminio es tóxico para las células, "especialmente en las células del cerebro”. "Puede producir demencia e incluso Alzheimer, aunque este último no está claramente comprobado”.
De acuerdo con Mamani, el objetivo de la propuesta de ley busca promover, organizar, ejecutar y establecer políticas públicas, para que cada gobierno: nacional, departamental y municipal realice acciones dirigidas a valorizar, promocionar, conservar, proteger, asegurar la alimentación y así garantizar la salud de la población boliviana.
Mamani explicó que se están planteando estos cambios porque "mucha gente consume sólo comida chatarra y no la nutritiva”, que afectan a su salud.
Semana de la alimentación
El artículo 10 de la norma también establece que se declare como "Semana de la alimentación boliviana” a la primera del mes de octubre de cada año.
Mamani añadió que eso significa que cada uno de los gobiernos debe hacer actividades de concienciación y promoción de los alimentos propios del país. "En esa semana deben prohibirse las comidas chatarras”, dijo. La autoridad prevé que la ley sea promulgada en octubre.
Más detalles
Alimentos El consumo de alimentos propios y ecológicos da salud física, mental y espiritual y fortalece la identidad cultural, señala el proyecto.
Combinación Recomiendan combinar los alimentos, entre vitaminas, proteínas, carbohidratos y minerales.
Instituciones tendrán que dar refrigerios nutritivos
Página Siete / La Paz
El proyecto de Ley de Descolonización de la Alimentación indica las entidades públicas estarán prohibidas de otorgar el bono de refrigerio en efectivo.
El parágrafo tercero del artículo siete del proyecto de ley, al cual tuvo acceso Página Siete, indica que "las entidades públicas están prohibidas de otorgar en efectivo los bonos de refrigerio, debiendo al efecto otorgar a los servidores públicos alimentos orgánicos de origen nacional”.
Actualmente, según un trabajador de una institución pública que pidió guardar su nombre en reserva, todos los empleados de instituciones públicas reciben un bono mensual de refrigerio de 400 bolivianos.
La norma también menciona que cualquier tipo de bonificación, canastón y otro estipendio que las entidades públicas otorgan a sus servidores deberá ser entregada en alimentos nutricionales de origen nacional.
El inciso e) del proyecto indica que los municipios deben implementar comedores populares para el expendio de alimentos propios de la región.
"Los comedores deben ser especialmente para los trabajadores, pues muchos dejan de ir a almorzar a sus casas”, dijo el jefe de la Unidad de Antropología del Viceministerio de Descolonización, Cancio Mamani.
La propuesta fue elaborada por el Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas, y es socializada entre los sectores sociales y profesionales en nutrición.
"Con este proyecto de ley buscamos que la gente cambie el hábito de alimentación y de la forma de cocinar. Una de las cosas que hay que cambiar es la olla en la que se prepara la comida. Ésta debe ser en lo posible de barro, porque el de aluminio desprende partículas que afectan a la salud”, aseguró el jefe de la Unidad de Antropología del viceministerio, Cancio Mamani.
Por ello, el inciso b del anteproyecto de ley, al cual tuvo acceso Página Siete, plantea que los gobiernos departamentales deben "coordinar con ministerios y entidades territoriales descentralizadas y autónomas, actividades que promuevan la descolonización de la alimentación”.
En ese marco, Mamani explicó que las gobernaciones junto al Ministerio de Economía y Finanzas "deberán buscar préstamos de los bancos para los restaurantes para que cambien sus ollas de aluminio por las ecológicas, como las de barro”.
Al respecto, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, explicó que las ollas de aluminio nuevas no causan daños a la salud, pero sí cuando ya tienen varios años de uso.
Con él coincide el médico Roberto Medina, quien explicó que el aluminio es tóxico para las células, "especialmente en las células del cerebro”. "Puede producir demencia e incluso Alzheimer, aunque este último no está claramente comprobado”.
De acuerdo con Mamani, el objetivo de la propuesta de ley busca promover, organizar, ejecutar y establecer políticas públicas, para que cada gobierno: nacional, departamental y municipal realice acciones dirigidas a valorizar, promocionar, conservar, proteger, asegurar la alimentación y así garantizar la salud de la población boliviana.
Mamani explicó que se están planteando estos cambios porque "mucha gente consume sólo comida chatarra y no la nutritiva”, que afectan a su salud.
Semana de la alimentación
El artículo 10 de la norma también establece que se declare como "Semana de la alimentación boliviana” a la primera del mes de octubre de cada año.
Mamani añadió que eso significa que cada uno de los gobiernos debe hacer actividades de concienciación y promoción de los alimentos propios del país. "En esa semana deben prohibirse las comidas chatarras”, dijo. La autoridad prevé que la ley sea promulgada en octubre.
Más detalles
Alimentos El consumo de alimentos propios y ecológicos da salud física, mental y espiritual y fortalece la identidad cultural, señala el proyecto.
Combinación Recomiendan combinar los alimentos, entre vitaminas, proteínas, carbohidratos y minerales.
Instituciones tendrán que dar refrigerios nutritivos
Página Siete / La Paz
El proyecto de Ley de Descolonización de la Alimentación indica las entidades públicas estarán prohibidas de otorgar el bono de refrigerio en efectivo.
El parágrafo tercero del artículo siete del proyecto de ley, al cual tuvo acceso Página Siete, indica que "las entidades públicas están prohibidas de otorgar en efectivo los bonos de refrigerio, debiendo al efecto otorgar a los servidores públicos alimentos orgánicos de origen nacional”.
Actualmente, según un trabajador de una institución pública que pidió guardar su nombre en reserva, todos los empleados de instituciones públicas reciben un bono mensual de refrigerio de 400 bolivianos.
La norma también menciona que cualquier tipo de bonificación, canastón y otro estipendio que las entidades públicas otorgan a sus servidores deberá ser entregada en alimentos nutricionales de origen nacional.
El inciso e) del proyecto indica que los municipios deben implementar comedores populares para el expendio de alimentos propios de la región.
"Los comedores deben ser especialmente para los trabajadores, pues muchos dejan de ir a almorzar a sus casas”, dijo el jefe de la Unidad de Antropología del Viceministerio de Descolonización, Cancio Mamani.
Ley sanciona la publicidad engañosa
Las empresas o promotores que incurran en publicidad e información engañosa de servicios y productos ofertados serán pasibles a sanciones hasta acciones penales, señala la Ley General de los Derechos de las Usuarias, Usuarios, de las Consumidoras y Consumidores que está en vigencia, pero que aún no tiene su reglamentación para su plena aplicación.
Además se evidenció, en un sondeo que realizó Opinión, que se tiene poco conocimiento de la nueva ley que defiende a los consumidores, la misma que fue promulgada el 4 de diciembre de 2013.
El artículo 25 de esta ley referido a la “Publicidad e información engañosa o abusiva”, señala que “está prohibida la publicidad engañosa o abusiva y toda información u omisión sobre la naturaleza, características, calidad, cantidad, seguridad, desempeño, durabilidad, precio o garantía de productos o servicios que provoque error o daño económico en los consumidores”.
Además establece que quien incurra en este hecho será sancionado conforme a la normativa penal vigente, si resultara delito de fraude o engaño contra la industria y el comercio, sin perjuicio de otras sanciones que correspondan.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Dante Justiniano, dijo que su despacho está realizando ferias para hacer conocer la nueva ley y sus derechos como consumidor. Manifestó que la reglamentación está terminada en su borrador y que está pronta a presentarse para su aprobación en el gabinete de ministros.
La ley establece 90 días para que sea aprobada esta reglamentación, la misma que debe definir varios alcances, es decir que este ordenamiento complementario debió estar listo el 4 de marzo.
No obstante manifestó que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos por defender a los consumidores y usuarios de las afrentas que sufren por parte de los ofertantes.
El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor informó que se resolvieron 116 de 149 denuncias registradas en el primer bimestre de esta gestión en los departamentos del área troncal del país. Se atendió denuncias del sector regulado (servicios con autoridad de control y fiscalización) y no regulado (servicios sin autoridad específica de control en la actividad).
Recordó la línea gratuita 800100202 para los diferentes reclamos sobre los abusos o engaños que pueda sufrir el ciudadano en la adquisición de un producto o de un servicio.
CASOS “No sabía que tenemos una ley que defienda a los compradores. Muchas veces compro artículos por la publicidad, pero llegado el momento no cumplen. Por ejemplo, los productos para adelgazar que ofrecen en la televisión son un engaño total, nadie hace algo para evitar estos engaños”, afirmó Tatiana Castro, de 35 años.
“En algunos canales de televisión te ofrecen todo con tal de vender. Una vez que compramos ya no podemos reclamar, porque es un lío y pérdida de tiempo. Por ejemplo, en los servicios de internet te ofrecen buen servicio y veloz, pero cuando hacemos uso comprobamos que estamos en la mitad de potencia que nos ofrecen, es un abuso”, manifestó Marino Gutiérrez, un profesional de 43 años.
“La publicidad exagerada muchas veces nos convence, por ejemplo las cremas para arrugas. La televisión nos muestra a mujeres con arrugas y luego aparecen finitas, pero en la realidad no sucede así. Se aprovechan de nuestra edad principalmente con las mujeres que no queremos tener arrugas, por eso compramos todo tipo de cremas sin resultados”, declaró Mariana Corini, de 45 y de profesión secretaria.
Corini espera que el Gobierno regule la publicidad en los medios de comunicación para evitar “más engaños” de los consumidores.
Pablo Romero, padre de familia, denunció que un instituto de inglés le ofertó a su familia promociones con rebajas si el costo del curso cancelaba en un solo pago y con la garantía de aprender inglés en seis meses.
“A la hora de las clases y comprobar si mis hijos ya sabían hablar inglés, evidencié que no fue así, no obstante a que pusieron mucho empeño, pero por vergüenza decidí no denunciar al instituto”, afirmó.
La nueva normativa tiene el objetivo de establecer los derechos de los usuarios y consumidores en relación a los proveedores de servicios y productos, así como establecer garantías en la provisión de los servicios básicos, médicos, bancarios y financieros.
Apuntes.
Lo que dice la ley
* Las prácticas comerciales abusivas están prohibidas y serán sancionadas por las autoridades competentes en el marco de la normativa específica. Las prácticas comerciales abusivas son el cobrar en moneda que no se encuentre en curso legal y vigente. Aprovecharse de la urgencia o necesidad económica de las personas.
* Cobrar por los productos y servicios no provistos o no solicitados. Cobrar por servicios, habiendo solicitado su corte o suspensión, salvo lo establecido en los contratos correspondientes.
-Realizar actos o conductas discriminatorias para la accesibilidad a productos o servicios.
-El uso de métodos de cobranza que afecten la reputación, privacidad, actividad laboral o imagen de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores.
Constitución
El artículo 20 de la Constitución Política establece como responsabilidad del Estado, la provisión de los servicios básicos que deben responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, entre otros.
Además se evidenció, en un sondeo que realizó Opinión, que se tiene poco conocimiento de la nueva ley que defiende a los consumidores, la misma que fue promulgada el 4 de diciembre de 2013.
El artículo 25 de esta ley referido a la “Publicidad e información engañosa o abusiva”, señala que “está prohibida la publicidad engañosa o abusiva y toda información u omisión sobre la naturaleza, características, calidad, cantidad, seguridad, desempeño, durabilidad, precio o garantía de productos o servicios que provoque error o daño económico en los consumidores”.
Además establece que quien incurra en este hecho será sancionado conforme a la normativa penal vigente, si resultara delito de fraude o engaño contra la industria y el comercio, sin perjuicio de otras sanciones que correspondan.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Dante Justiniano, dijo que su despacho está realizando ferias para hacer conocer la nueva ley y sus derechos como consumidor. Manifestó que la reglamentación está terminada en su borrador y que está pronta a presentarse para su aprobación en el gabinete de ministros.
La ley establece 90 días para que sea aprobada esta reglamentación, la misma que debe definir varios alcances, es decir que este ordenamiento complementario debió estar listo el 4 de marzo.
No obstante manifestó que el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos por defender a los consumidores y usuarios de las afrentas que sufren por parte de los ofertantes.
El Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor informó que se resolvieron 116 de 149 denuncias registradas en el primer bimestre de esta gestión en los departamentos del área troncal del país. Se atendió denuncias del sector regulado (servicios con autoridad de control y fiscalización) y no regulado (servicios sin autoridad específica de control en la actividad).
Recordó la línea gratuita 800100202 para los diferentes reclamos sobre los abusos o engaños que pueda sufrir el ciudadano en la adquisición de un producto o de un servicio.
CASOS “No sabía que tenemos una ley que defienda a los compradores. Muchas veces compro artículos por la publicidad, pero llegado el momento no cumplen. Por ejemplo, los productos para adelgazar que ofrecen en la televisión son un engaño total, nadie hace algo para evitar estos engaños”, afirmó Tatiana Castro, de 35 años.
“En algunos canales de televisión te ofrecen todo con tal de vender. Una vez que compramos ya no podemos reclamar, porque es un lío y pérdida de tiempo. Por ejemplo, en los servicios de internet te ofrecen buen servicio y veloz, pero cuando hacemos uso comprobamos que estamos en la mitad de potencia que nos ofrecen, es un abuso”, manifestó Marino Gutiérrez, un profesional de 43 años.
“La publicidad exagerada muchas veces nos convence, por ejemplo las cremas para arrugas. La televisión nos muestra a mujeres con arrugas y luego aparecen finitas, pero en la realidad no sucede así. Se aprovechan de nuestra edad principalmente con las mujeres que no queremos tener arrugas, por eso compramos todo tipo de cremas sin resultados”, declaró Mariana Corini, de 45 y de profesión secretaria.
Corini espera que el Gobierno regule la publicidad en los medios de comunicación para evitar “más engaños” de los consumidores.
Pablo Romero, padre de familia, denunció que un instituto de inglés le ofertó a su familia promociones con rebajas si el costo del curso cancelaba en un solo pago y con la garantía de aprender inglés en seis meses.
“A la hora de las clases y comprobar si mis hijos ya sabían hablar inglés, evidencié que no fue así, no obstante a que pusieron mucho empeño, pero por vergüenza decidí no denunciar al instituto”, afirmó.
La nueva normativa tiene el objetivo de establecer los derechos de los usuarios y consumidores en relación a los proveedores de servicios y productos, así como establecer garantías en la provisión de los servicios básicos, médicos, bancarios y financieros.
Apuntes.
Lo que dice la ley
* Las prácticas comerciales abusivas están prohibidas y serán sancionadas por las autoridades competentes en el marco de la normativa específica. Las prácticas comerciales abusivas son el cobrar en moneda que no se encuentre en curso legal y vigente. Aprovecharse de la urgencia o necesidad económica de las personas.
* Cobrar por los productos y servicios no provistos o no solicitados. Cobrar por servicios, habiendo solicitado su corte o suspensión, salvo lo establecido en los contratos correspondientes.
-Realizar actos o conductas discriminatorias para la accesibilidad a productos o servicios.
-El uso de métodos de cobranza que afecten la reputación, privacidad, actividad laboral o imagen de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores.
Constitución
El artículo 20 de la Constitución Política establece como responsabilidad del Estado, la provisión de los servicios básicos que deben responder a criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, entre otros.
Ley de Indulto ha beneficiado a 500 privados de libertad en el país
"Hasta hoy día ya están cerca de las 500 personas que se han acogido al beneficio del indulto", dijo.
Aramayo destacó la aplicación de ese decreto porque -a su juicio- 'es una medida visionaria y trascendental de un gran sentido humano'.
"Todo los días, semana tras semana se van sumando nuestros equipos legales de la Dirección General y equipos departamentales (para tramitar ese beneficio)", indicó.
El Directo de Régimen Penitenciario reiteró que esa entidad se convirtió en un brazo operativo de la decisión humanitaria y solidaria del presidente Evo Morales para beneficiar a los presos sin sentencia.
Ley restringe circulación de camiones dentro del 5.º anillo
Ante el desorden provocado por los camiones que parquean en avenidas y radiales de alto tráfico, obstruyendo la circulación de motorizados, el Concejo Municipal determinó poner freno a esta situación y el jueves de la semana pasada aprobó una norma que prohíbe el ingreso y circulación de vehículos pesados. La nueva ley establece que está prohibido el ingreso y circulación de camiones de seis a 12 toneladas y más en calles, radiales y avenidas concurridas, en horarios pico. Solo podrán hacerlo fuera del quinto anillo.
En un recorrido realizado ayer por EL DEBER se pudo observar que en el tercer anillo interno y externo en la zona del mercado Abasto y del Parque de Las Flores, hay camiones que expenden plátanos, piñas y papayas, asentados en las vías y en las aceras. “Acabamos de entregar la fruta y nos vamos; no venimos todos los días”, justificó Julio Mamani.
Otro lugar conflictivo es el mercado Los Bosques, donde los camiones se estacionan a ambos lados de la única calle pavimentada. Similar situación ocurre en el tramo entre las avenidas Piraí y carretera a La Guardia, entre el tercer y cuarto anillo. Allí hay camiones estacionados esperando ser cargados con fierro, politubos y otros productos.
Esta decisión no fue del agrado de algunos transportistas. “Las autoridades deberían analizar antes de aprobar leyes, porque no solo perjudicarán a los transportistas, sino también a los dueños de los negocios que hay en esta zona”, dijo Jacinto Cruz, que esperaba carga.
Donde también se observó vehículos pesados fue en las avenidas Virgen de Cotoca y Brasil, más propiamente por el mercado ferretero. “Si se hace control debería ser para todos y por igual. ¿Cuánto pesa un micro con pasajeros?. Pasa de las seis toneladas. ¿Cuántas veces recorren las calles y avenidas? Nadie dice que ellos deterioran las vías”, opinó en tono molesto uno de los transportistas.
Otro transportista manifestó que incluso hay camiones que ingresan al centro de la ciudad y no son sancionados, aunque reconoce que algunos lo hacen con un permiso de Tránsito.
Falta promulgar la norma
El director de Tráfico y Transporte del municipio, Roberto Higazy, manifestó que si bien la ley permitirá regular el tráfico y parqueo de camiones de alto tonelaje, función que debe ser asumida por su repartición, falta que la ley sea promulgada.
Actualmente, el control se rige por la ordenanza 086, que prohíbe el estacionamiento de camiones al lado izquierdo de avenidas y radiales. “Por el momento pueden circular del cuarto anillo hacia afuera”, señaló Higazy y reconoció que es complicado lidiar con los choferes, pues pese a ser notificados no desalojan las vías
Anuncian campaña de concienciación
El secretario del Concejo Municipal, Rommel Pórcel, tras la aprobación de esta nueva ley, informó de que se lanzará una campaña de concienciación dirigida a los conductores y propietarios de vehículos de alto tonelaje para indicarles la vigencia de esta norma. Asimismo, indicó que en el plazo de 30 días, el ejecutivo municipal deberá colocar las señalizaciones, tanto horizontales como verticales, en las vías y avenidas adecuadas de la ciudad. También reiteró que está prohibido el estacionamiento de motorizados pesados de 6 a 12 toneladas y más en calles, avenidas, radiales y alrededor de plazas y plazuelas; solamente lo podrán hacer en parqueos cerrados fuera del quinto anillo. Respecto a las flotas y buses, no podrán tener paradas intermedias, deberán hacerlo únicamente en la terminal Bimodal.
Lo que dice la ley
Horarios
Para evitar el caos en la ciudad se ha determinado prohibir el ingreso y circulación de vehículos pesados, en los horarios de 6:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 dentro de las principales avenidas, es decir, Cristo Redentor, Virgen de Cotoca y doble vía a La Guardia.
Capacidad de los camiones
Esta norma que establece la restricción está dirigida a vehículos pesados y acoplados, cuyo peso en forma individual sea de 6 a 12 toneladas y más.
Las sanciones
La sanción a los infractores es el retiro de la placa de circulación y una multa de Bs 5.000 para la primera infracción; la segunda es de Bs 7.000 y la tercera, de Bs 10.000.
En un recorrido realizado ayer por EL DEBER se pudo observar que en el tercer anillo interno y externo en la zona del mercado Abasto y del Parque de Las Flores, hay camiones que expenden plátanos, piñas y papayas, asentados en las vías y en las aceras. “Acabamos de entregar la fruta y nos vamos; no venimos todos los días”, justificó Julio Mamani.
Otro lugar conflictivo es el mercado Los Bosques, donde los camiones se estacionan a ambos lados de la única calle pavimentada. Similar situación ocurre en el tramo entre las avenidas Piraí y carretera a La Guardia, entre el tercer y cuarto anillo. Allí hay camiones estacionados esperando ser cargados con fierro, politubos y otros productos.
Esta decisión no fue del agrado de algunos transportistas. “Las autoridades deberían analizar antes de aprobar leyes, porque no solo perjudicarán a los transportistas, sino también a los dueños de los negocios que hay en esta zona”, dijo Jacinto Cruz, que esperaba carga.
Donde también se observó vehículos pesados fue en las avenidas Virgen de Cotoca y Brasil, más propiamente por el mercado ferretero. “Si se hace control debería ser para todos y por igual. ¿Cuánto pesa un micro con pasajeros?. Pasa de las seis toneladas. ¿Cuántas veces recorren las calles y avenidas? Nadie dice que ellos deterioran las vías”, opinó en tono molesto uno de los transportistas.
Otro transportista manifestó que incluso hay camiones que ingresan al centro de la ciudad y no son sancionados, aunque reconoce que algunos lo hacen con un permiso de Tránsito.
Falta promulgar la norma
El director de Tráfico y Transporte del municipio, Roberto Higazy, manifestó que si bien la ley permitirá regular el tráfico y parqueo de camiones de alto tonelaje, función que debe ser asumida por su repartición, falta que la ley sea promulgada.
Actualmente, el control se rige por la ordenanza 086, que prohíbe el estacionamiento de camiones al lado izquierdo de avenidas y radiales. “Por el momento pueden circular del cuarto anillo hacia afuera”, señaló Higazy y reconoció que es complicado lidiar con los choferes, pues pese a ser notificados no desalojan las vías
Anuncian campaña de concienciación
El secretario del Concejo Municipal, Rommel Pórcel, tras la aprobación de esta nueva ley, informó de que se lanzará una campaña de concienciación dirigida a los conductores y propietarios de vehículos de alto tonelaje para indicarles la vigencia de esta norma. Asimismo, indicó que en el plazo de 30 días, el ejecutivo municipal deberá colocar las señalizaciones, tanto horizontales como verticales, en las vías y avenidas adecuadas de la ciudad. También reiteró que está prohibido el estacionamiento de motorizados pesados de 6 a 12 toneladas y más en calles, avenidas, radiales y alrededor de plazas y plazuelas; solamente lo podrán hacer en parqueos cerrados fuera del quinto anillo. Respecto a las flotas y buses, no podrán tener paradas intermedias, deberán hacerlo únicamente en la terminal Bimodal.
Lo que dice la ley
Horarios
Para evitar el caos en la ciudad se ha determinado prohibir el ingreso y circulación de vehículos pesados, en los horarios de 6:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 dentro de las principales avenidas, es decir, Cristo Redentor, Virgen de Cotoca y doble vía a La Guardia.
Capacidad de los camiones
Esta norma que establece la restricción está dirigida a vehículos pesados y acoplados, cuyo peso en forma individual sea de 6 a 12 toneladas y más.
Las sanciones
La sanción a los infractores es el retiro de la placa de circulación y una multa de Bs 5.000 para la primera infracción; la segunda es de Bs 7.000 y la tercera, de Bs 10.000.
PRESENTAN ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL ARTISTA
Las principales demandas del sector son la exención tributaria, promoción y un seguro social.
El Consejo Departamental de Culturas y Artes de La Paz (Codeca) presentó el pasado martes el anteproyecto de Ley del Artista, que tiene el propósito de resguardar los derechos de todos los artistas bolivianos "en los ámbitos de protección, política exterior y reconocimiento estatal, difusión y promoción, formación y capacitación, seguridad social, relación laboral y exención tributaria", según expone el mismo documento difundido por la Cámara Baja tras su recepción.
Puntos principales. El presidente de la Comisión que elaboró el documento, Gonzalo Quintanilla, explicó que el anteproyecto es una necesidad de los artistas que refleja sus preocupaciones, ya que éstos no gozan de un amparo legal en el país. "Los artistas no existen para el Estado y en este momento es necesario que exista un marco legal que los proteja, que los pueda promocionar y que pueda hacer respetar sus derechos", afirmó.
Según explicó, el tratamiento legislativo estará acompañado por una mesa técnica representada por artistas representantes del Sindicato Boliviano de Artistas, la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutores de Música (ABAIEM), la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom), la Asociación Boliviana de Actores (ABDA), SAMI, y el Consejo Nacional de Cine (Conacine) para trabajar con la comisión legislativa correspondiente.
Quintanilla señaló que el proyecto requiere de socialización para que los diferentes sectores puedan "alimentar, criticar, observar, robustecer este proceso legislativo". Para la presentación oficial, Quintanilla estuvo acompañado de artistas destacados como el actor David Santalla, quien manifestó que otra de las preocupaciones del gremio era lograr el reconocimiento profesional de los artistas mediante la capacitación y entrega de un título que acredite su solvencia profesional.
El Consejo Departamental de Culturas y Artes de La Paz (Codeca) presentó el pasado martes el anteproyecto de Ley del Artista, que tiene el propósito de resguardar los derechos de todos los artistas bolivianos "en los ámbitos de protección, política exterior y reconocimiento estatal, difusión y promoción, formación y capacitación, seguridad social, relación laboral y exención tributaria", según expone el mismo documento difundido por la Cámara Baja tras su recepción.
Puntos principales. El presidente de la Comisión que elaboró el documento, Gonzalo Quintanilla, explicó que el anteproyecto es una necesidad de los artistas que refleja sus preocupaciones, ya que éstos no gozan de un amparo legal en el país. "Los artistas no existen para el Estado y en este momento es necesario que exista un marco legal que los proteja, que los pueda promocionar y que pueda hacer respetar sus derechos", afirmó.
Según explicó, el tratamiento legislativo estará acompañado por una mesa técnica representada por artistas representantes del Sindicato Boliviano de Artistas, la Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutores de Música (ABAIEM), la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom), la Asociación Boliviana de Actores (ABDA), SAMI, y el Consejo Nacional de Cine (Conacine) para trabajar con la comisión legislativa correspondiente.
Quintanilla señaló que el proyecto requiere de socialización para que los diferentes sectores puedan "alimentar, criticar, observar, robustecer este proceso legislativo". Para la presentación oficial, Quintanilla estuvo acompañado de artistas destacados como el actor David Santalla, quien manifestó que otra de las preocupaciones del gremio era lograr el reconocimiento profesional de los artistas mediante la capacitación y entrega de un título que acredite su solvencia profesional.
miércoles, 19 de marzo de 2014
Prevén aprobar hoy Ley de Expropiación
El Concejo Municipal apunta a aprobar hoy en todas sus estaciones el proyecto de Ley de Expropiaciones, el cual da un plazo de dos años al Gobierno Municipal de La Paz para efectuar el pago de la indemnización a los dueños de los predios que sean enajenados, informó su presidente, Omar Rocha.
“Mañana (hoy) vamos a terminar de realizar el tratamiento del proyecto. El documento, de 39 artículos, fue aprobado en grande, de los cuales 17 ya fueron avalados en su estación en detalle”, señaló.
Según Rocha, la municipalidad arrastra hasta la fecha aproximadamente 70 casos de expropiaciones que no se han pagado, pese a que los predios ya fueron utilizados por la Alcaldía.
Con la norma se busca mejorar los procedimientos que se efectúan actualmente al amparo de la Ley de Expropiaciones del 30 de diciembre de 1884 y la Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999.
El documento fue presentado y aprobado en grande hace un año. Su tratamiento fue demorado para buscar consenso sobre su contenido.
La Razón intentó contactar a la secretaria del Concejo, Gabriela Niño de Guzmán, y al director Jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, para conocer si la normativa había sido consensuada, pero ninguno respondió su teléfono móvil. La normativa, proyectada por Rocha, prevé en sus artículos 27 y 28 incorporar la indemnización por el uso del subsuelo y sobresuelo, detalle que, según el concejal, será incorporado a través de un procedimiento especial según el análisis de cada caso.
“El Estado tiene la obligación de respetar la propiedad privada y lo que se busca es que cuando haya una expropiación, se proceda a compensar a los afectados antes de que se realicen las obras”, recalcó el concejal.
El proyecto de ley minera es observado por gobernaciones
El Proyecto de Ley de Minería, entregado el lunes al presidente Evo Morales, ya tiene la observación de las gobernaciones de Potosí y Oruro en el tema regalitario, pues si la norma se aprueba tal cual está en el Órgano Legislativo, recibirán 80% y no así 85% que perciben hoy en día.
Así lo informó ayer a La Razón el diputado Jaime Medrano Veizaga del Comité de Minería de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados. El texto entregado a Morales la mañana del lunes también fue entregado por la tarde a esa comisión, añadió.
“Hubo por lo menos observaciones por parte de las gobernaciones (de Potosí y Oruro) y otros actores más por lo menos nosotros vamos a citar (para hoy) a los sectores mineros y a autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia para tomar en cuenta esos criterios”, aseguró.
La reunión de la comisión está prevista para las 11.00 y allí se analizarán los 241 artículos de la norma, sus disposiciones finales y transitorias que serán explicados por una autoridad de la cartera del sector.Porcentajes. El proyecto de Ley de Minería a tratar establece que el 80% de la regalía minera se destinará a los gobiernos autónomos departamentales, el 15% a los gobiernos municipales y el restante 5% al Tesoro General de la Nación (TGN).
Del 80% asignado a las gobernaciones, el 10% se destinará para las actividades de prospección y exploración minera en el respectivo departamento a cargo del Servicio Geológico Minero Metalúrgico (Sergeomin), a la que le transferirán directamente dicho porcentaje.
El presupuesto departamental garantizará los derechos de participación prioritaria de las naciones y pueblos indígenas originario campesino de las regiones mineras en las que se exploten los minerales.
El artículo 235 del proyecto establece que para la liquidación de la regalía minera, en cada operación de venta o exportación, se aplicará sobre la base de cálculo establecida y la alícuota determinada por el artículo 234 y el Reglamento en materia de regalía minera, que determinará los procedimientos de liquidación, retención y pago.
La Ley 3787 del Régimen Regalitario e Impositivo Minero, del 24 de noviembre de 2007, establece en su artículo 100 que el importe recaudado por Regalía Minera se repartirá de la siguiente manera: 85% para la prefectura departamental (ahora gobernaciones) productora.
La Ley 3787 vigente aún, añade que del 85%, el 10% será utilizado para la prospección y exploración, reactivación productiva y monitoreo ambiental en el sector minero con entidades especializadas.
La norma vigente aún señala que el 15% restante será destinado a gobernaciones y de esta cantidad el 85% a la inversión pública.
El lunes, el Jefe del Estado felicitó a los sectores mineros por el consenso para la redacción del proyecto de Ley de Minería y pidió a los asambleístas no cambiar nada “sino aprobar” lo que ya se acordó, pero además ser vigilantes del texto por si algún legislador intenta cambiarlo. Señaló que como hubo acuerdos no tardarán “ni tres días” para aprobar el documento.
Medrano indicó que dejarán pasar el tiempo que se necesite para aprobar la norma entregada a Diputados.
Porcentaje a pagar por trabajos
Patente Los montos recaudados por concepto de patente minera por prospección, exploración y explotación se distribuirán así: 60% para la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y 40% para el Servicio Geológico Minero (Sergeomin).
Funcionarios no podrán adquirir derechos
El artículo 30 del proyecto de ley minera, referido a las prohibiciones, indica que los funcionarios públicos no podrán adquirir ni obtener derechos mineros, personalmente o a través de intermediarios, mientras ejerzan sus funciones, bajo sanción de nulidad en el país. Entre estos funcionarios públicos están el Presidente y Vicepresidente del Estado, senadores y diputados, ministros de Estado, viceministros, directores generales, gobernadores de departamentos, asambleístas departamentales, servidores públicos y consultores del Ministerio de Minería y Metalurgia y del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas; de las entidades, empresas y corporaciones del Estado que tengan relación con actividades mineras, ministros, magistrados, jueces y fiscales del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público, departamentales y regionales de la jurisdicción minera, servidoras y servidores de la Contraloría General del Estado, de la Procuraduría General del Estado, generales, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entre otros.
La ‘nacionalización’ fue excluida de la nueva Ley de Inversiones
La Ley de Promoción de Inversiones fue aprobada ayer en su estación en detalle en la Cámara de Diputados. De la redacción original fue eliminado, a petición de la bancada del MAS, el artículo 27 referido a las nacionalizaciones de empresas.
El artículo anulado del proyecto de ley establecía garantías jurídicas a las inversiones empresariales en el país a partir de la norma. Pero indicaba que el Estado procedería con la nacionalización solo “por razones de interés público o cuando se comprometa la soberanía nacional”.
La solicitud de la bancada del MAS se fundamentó en que no “era necesario considerarlo porque ya estaba establecido en la Constitución Política del Estado”, manifestó durante su participación la jefa de bancada del partido gobernante, Flora Aguilar.
Esta posición fue cuestionada por la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, quien se opuso a la exclusión del artículo debido a que con esta decisión “se eliminaría la seguridad jurídica a las inversiones privadas”.
Sin embargo en la votación, más de dos tercios del pleno de diputados votaron por la exclusión del mencionado artículo.
La Ley de Promoción de Inversiones tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico del país a través de un marco jurídico; esta normativa abrogará la Ley de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994.
La norma fue proyectada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Por eso, la semana pasada la ministra Viviana Caro informó que en aquélla se incluyeron las sugerencias que presentaron sectores como el de los empresarios privados. Además, para la redacción, una comisión de legisladores, incluido el ministerio, sostuvo reuniones con representantes diplomáticos de otros países.
Nueva ley de inversiones
abrogaciónLa normativa abroga las leyes de Privatización de 1992 y de Capitalización de 1994. Tras su aprobación en Diputados fue remitida a la Cámara Alta.
martes, 18 de marzo de 2014
EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Prevén aprobar 18 leyes los próximos seis meses
El primer secretario de la Cámara de Diputados, Javier Zabaleta, informó ayer que esa instancia legislativa apunta a aprobar 18 leyes en el primer semestre de la gestión 2014-2015.
“Son 18 las leyes que estamos en condiciones de aprobar hasta el primer semestre, antes del receso; para el segundo semestre hay otras listas, pero todavía está pendiente una última revisión entre los presidente de ambas cámaras”, indicó.
Detalló que las normas que están previstas trabajar antes del receso son el proyecto de ley del Sistema Asociativo Municipal, de Mancomunidades, de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa, de Exportaciones, del Sistema de Planificación Integral del Estado, de Inversiones, de la Región Metropolitana de Cochabamba y de Minería y Metalurgia.
Además de los proyectos de ley de Emergencias para la Atención de Desastres, el Código niño, niñas y adolescente, Código de Familia, norma Marco de Agua para la Vida, de Catastro Rural, Ley de Pesca, de Patrimonio cultural o de Culturas, de Cinematografía y Artes Visuales, del Órgano Legislativo y la de Donaciones y Trasplante de Órganos.
Zabaleta explicó que se dará prioridad a las leyes que ya tienen avance en el Legislativo.
“Son 18 las leyes que estamos en condiciones de aprobar hasta el primer semestre, antes del receso; para el segundo semestre hay otras listas, pero todavía está pendiente una última revisión entre los presidente de ambas cámaras”, indicó.
Detalló que las normas que están previstas trabajar antes del receso son el proyecto de ley del Sistema Asociativo Municipal, de Mancomunidades, de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa, de Exportaciones, del Sistema de Planificación Integral del Estado, de Inversiones, de la Región Metropolitana de Cochabamba y de Minería y Metalurgia.
Además de los proyectos de ley de Emergencias para la Atención de Desastres, el Código niño, niñas y adolescente, Código de Familia, norma Marco de Agua para la Vida, de Catastro Rural, Ley de Pesca, de Patrimonio cultural o de Culturas, de Cinematografía y Artes Visuales, del Órgano Legislativo y la de Donaciones y Trasplante de Órganos.
Zabaleta explicó que se dará prioridad a las leyes que ya tienen avance en el Legislativo.
lunes, 17 de marzo de 2014
Arce: Ley de Inversiones otorga seguridad jurídica a empresarios nacionales e inversores extranjeros
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, afirmó hoy que el proyecto de Ley de Inversiones, que se debate en la Cámara Baja, otorgará seguridad jurídica a empresarios privados nacionales e inversores extranjeros.
A su juicio, la norma se enmarca en la Constitución Política del Estado que, en el artículo 320, establece que toda la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera y fija que la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas.
"Además de garantizar las inversiones extranjeras de manera clara y real, también se está protegiendo a los empresarios bolivianos que tienen o realicen inversiones en el territorio nacional. Con esta ley, el Estado otorga seguridad jurídica a los privados nacionales e inversores extranjeros y la relación del Estado", subrayó.
Agregó que las inversiones extranjeras se realizarán en condiciones de "independencia, respeto mutuo y equidad".
"No se podrá otorgar al Estado o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos", respaldó.
Arce recordó que Bolivia es independiente en todas las decisiones de política económica interna, "y no acepta imposiciones ni condicionamientos sobre esa política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales'.
En ese marco, calificó de "histórica" la redacción y socialización de esa norma que -a su juicio- "nunca antes en la historia del Congreso Nacional se socializó una ley de estas características antes de su aprobación".
"Se recogió las propuestas y se escuchó ampliamente a los representantes diplomáticos de países con representación en Bolivia y a todo el sector empresarial boliviano; de ahí que se tendrá una ley de amplio consenso que entrará en vigencia gracias al aporte de todos y cada uno de los asambleístas y los directos interesado en una norma como ésta que garantiza las inversiones extranjeras y de los propios bolivianos", fundamento.
El debate en detalle del proyecto de Ley de Inversiones será retomado el martes por el pleno de la Cámara Baja.
A su juicio, la norma se enmarca en la Constitución Política del Estado que, en el artículo 320, establece que toda la inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera y fija que la inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas.
"Además de garantizar las inversiones extranjeras de manera clara y real, también se está protegiendo a los empresarios bolivianos que tienen o realicen inversiones en el territorio nacional. Con esta ley, el Estado otorga seguridad jurídica a los privados nacionales e inversores extranjeros y la relación del Estado", subrayó.
Agregó que las inversiones extranjeras se realizarán en condiciones de "independencia, respeto mutuo y equidad".
"No se podrá otorgar al Estado o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos", respaldó.
Arce recordó que Bolivia es independiente en todas las decisiones de política económica interna, "y no acepta imposiciones ni condicionamientos sobre esa política por parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales'.
En ese marco, calificó de "histórica" la redacción y socialización de esa norma que -a su juicio- "nunca antes en la historia del Congreso Nacional se socializó una ley de estas características antes de su aprobación".
"Se recogió las propuestas y se escuchó ampliamente a los representantes diplomáticos de países con representación en Bolivia y a todo el sector empresarial boliviano; de ahí que se tendrá una ley de amplio consenso que entrará en vigencia gracias al aporte de todos y cada uno de los asambleístas y los directos interesado en una norma como ésta que garantiza las inversiones extranjeras y de los propios bolivianos", fundamento.
El debate en detalle del proyecto de Ley de Inversiones será retomado el martes por el pleno de la Cámara Baja.
Evo presenta proyecto concertado para nueva ley minera
El mandatario destacó que la nueva normativa, que tiene 241 artículos, fue trabajada por los cuatro sectores de manera consensuada, y por ello pidió a los congresistas que no introduzcan cambios en el documento que pasará de inmediato a una comisión de diputados.
La minería en Bolivia sufrió una desaceleración a la espera de la nueva norma, que no incluye disposiciones tributarias para el sector porque ese aspecto se definirá en una ley financiera, explicaron los empresarios de este sector durante la presentación de la normativa.
Los mineros de empresas privadas destacaron que la ley permitirá trabajar en el gran potencial geológico de Bolivia, país que tiene altiplano en medio de dos grandes cordilleras, además de sus valles y tierras bajas, ricas en minerales.
Uno de los dirigentes de los trabajadores mineros del Estado, Miguel Pérez, recomendó que el Ministerio de Economía aplique los impuestos necesarios a todos los actores del sector.
Los obreros estatales han sido críticos con las cooperativas mineras porque consideran ínfimo el aporte que éstas pretenden hacer a las arcas estatales, de solo un 1 % sobre el valor de su producción.
La nueva ley, que reemplazará al Código de Minería vigente desde 1997, establecerá además que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dirigirá al menos seis compañías subsidiarias.
En 2013, las exportaciones mineras de Bolivia sumaron 3.038 millones de dólares, lo que representan una cuarta parte de los 12.042 millones de dólares sumados en total ese año por las ventas al exterior.
La minería en Bolivia sufrió una desaceleración a la espera de la nueva norma, que no incluye disposiciones tributarias para el sector porque ese aspecto se definirá en una ley financiera, explicaron los empresarios de este sector durante la presentación de la normativa.
Los mineros de empresas privadas destacaron que la ley permitirá trabajar en el gran potencial geológico de Bolivia, país que tiene altiplano en medio de dos grandes cordilleras, además de sus valles y tierras bajas, ricas en minerales.
Uno de los dirigentes de los trabajadores mineros del Estado, Miguel Pérez, recomendó que el Ministerio de Economía aplique los impuestos necesarios a todos los actores del sector.
Los obreros estatales han sido críticos con las cooperativas mineras porque consideran ínfimo el aporte que éstas pretenden hacer a las arcas estatales, de solo un 1 % sobre el valor de su producción.
La nueva ley, que reemplazará al Código de Minería vigente desde 1997, establecerá además que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dirigirá al menos seis compañías subsidiarias.
En 2013, las exportaciones mineras de Bolivia sumaron 3.038 millones de dólares, lo que representan una cuarta parte de los 12.042 millones de dólares sumados en total ese año por las ventas al exterior.