No sólo el aspecto tributario parece merecer críticas en el proyecto de la nueva ley minera pues también la excesiva presión impositiva sobre la minería privada, la falta de incentivo a las inversiones en exploración o la exclusión en el debate de otros sectores como los indígenas y campesinos, son observados por los analistas Guillermo Tórrez y Henry Oporto, junto a los exministros de Minería, Guillermo Dalence y Dionisio Garzón.
Sin embargo, Oporto señala que la nueva ley “podría ser peor” si elevara el régimen impositivo, lo que sería un desincentivo aún mayor para la minería privada. Además, destaca que crea una especie de régimen simplificado para los cooperativistas, quienes aunque con un porcentaje simbólico, comenzarán a pagar impuestos.
Los puntos más cuestionados del proyecto de ley están referidos al tratamiento a las cooperativas mineras, para las que se establece el pago de solamente 1 por ciento de impuesto anual a las utilidades, la liberación a del pago de impuestos, la condonación de sus deudas por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el denominativo de organizaciones sin fines de lucro y la autorización de créditos directos a través del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), entidad que sería administrada por los propios cooperativistas.
Para Tórrez, en la futura nueva norma no se vislumbra seguridad jurídica que garantice el desarrollo de la minería y “denota una política de privilegios al sector cooperativista” de parte del Gobierno, algo que plantea como un factor netamente político considerando la cercanía de las elecciones presidenciales de 2014.
Respecto a las inversiones, hace notar que la minería requiere fuertes inversiones para su desarrollo; pero en Bolivia el único proyecto “grande” es la mina San Cristóbal (en Potosí) que, según los datos de los que dispone, requirió una inversión de más de 1.000 millones de dólares. El panorama de inversiones no se asemeja en nada cuando se trata de la minería chica y mediana.
Mientras a las cooperativas se les aligera el peso impositivo, la minería chica y mediana tienen un tratamiento diferente, pues Garzón explica que deben pagar 25 por ciento sobre la utilidad bruta antes de impuestos y que hay una alícuota adicional de 12,5 por ciento, que se cobra cuando hay buenos precios, como sucede ahora. A esto se suma el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Transacciones (IT) y por las patentes. “En conjunto hay una excesiva presión tributaria, lo que se conoce como el government take, de entre 51 y 83 por ciento que recibe el Estado sobre las utilidades brutas”, dice.
Por el contrario, las cooperativas pagan 4,2 por ciento de regalías y 2 por ciento sobre el valor de las utilidades, es decir, unas 10 veces menos, explica.
Al margen de las diferencias en la carga impositiva, Dalence lo que cuestiona es que el aspecto tributario figure en el proyecto de ley puesto que “para eso existe una Ley Tributaria”. Pone como ejemplo que la ley que regula la generación de energía eléctrica no fija franjas tributarias, pues sólo debe regular la actividad del sector. Así, “no puede haber normas sobre medioambiente en cada ley sectorial porque para eso existe una Ley del Medioambiente”.
Para Dalence, el proyecto de ley tampoco subsana la debilidad estatal en cuanto al control de la producción o la falta de recursos tecnológicos y humanos.
Oporto ve el pago de 1 por ciento de impuesto anual como la creación de una especie de régimen simplificado, similar al de los gremiales, ideado para "sacarse la presión" por las constantes críticas a las cooperativas por no pagar impuestos.
En cuanto al resto del régimen impositivo referido a los privados, el mantener el pago de 37,5 por ciento es visto como una buena señal, pues había la idea inicial de subir ese porcentaje. Sin embargo, señala que la cifra sigue siendo alta en comparación a la de países vecinos en un promedio de 30 por ciento.
Mientras, corre el plazo de 15 días dado la semana pasada al Gobierno por los cooperativistas para aprobar la nueva ley sin modificaciones.
Consulta
• El exministro de Minería, Guillermo Dalence, observa que otra de las falencias del proyecto de la nueva ley minera es que no define en qué momento se produce la consulta previa.
• "Los productores (mineros) piensan que consulta equivale a pedir autorización, cuando lo que establece no es que las comunidades afectadas tengan derecho a veto, sino a que tengan derecho a observar en qué medida los trabajos exploratorios o de explotación afectarán sus derechos y a que puedan plantear qué tipo de remediación exigen para la comunidad", señala y añade que ése es un aspecto que se malinterpreta en el nuevo código minero y que se debe subsanar.
Las inversiones de los vecinos
Las inversiones mineras programadas por los países vecinos guardan grandes diferencias con las inversiones que se hacen en el país.
El analista Guillermo Tórrez señala que mientras en Bolivia se plantea una inversión pública total de 3.800 millones de dólares para este año, como lo señaló hace algunas semanas el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce; en Perú, y sólo para la explotación de cobre, existen 19 proyectos y está prevista una inversión de 50.000 millones de dólares en los próximos cinco años.
En agosto pasado, el Ministerio de Minería de Chile, informó que la proyección de la inversión minera en ese país aumentó hasta los 112.600 millones de dólares para el período 2013 y 2021, reportó la agencia EFE.
Mientras que en Brasil, a fines del año pasado, dos gigantes de la minería como Vale SA y Anglo American PLC anunciaron una inversión conjunta que llegará a los 24.000 millones de dólares entre 2012 y 2016, para impulsar la producción de mineral de hierro, bauxita y otros metales de la Cuenca del Amazonas, según el sitio www.servindi.org.
Sin embargo, Bolivia no es la única con problemas de falta de inversión pues Argentina y Colombia tienen problemas similares.
El sitio portafolio.co cita, en una nota de principios de mes, a la directora del Sector de Minería a Gran Escala de Colombia, Claudia Jiménez, quien señala que la caída de los indicadores de participación en el PIB, exportaciones, inversión extranjera, empleos, regalías y producción, que sufrió la minería colombiana en lo que va del año, requiere medidas urgentes de mediano y largo plazo.
Y el sitio inversorenergético.com.ar señala que de las 40 máquinas de perforación contratadas en Argentina, a fines de 2011, sólo 10 están activas. La falta de financiamiento por la caída de los commodities y los "ruidos" en la economía argentina son las principales causas del descenso de la actividad.
EL RIESGO POLÍTICO ES UNA DE LAS CAUSAS
Bolivia, penúltima en ranking de inversión minera en 2012
Redacción Central
Bolivia se situó como el vigésimo cuarto país, en una lista de 25, en el Ranking de Mejores Destinos para Inversiones Mineras 2012, elaborado por la consultora internacional de la industria minera Behre Dolbear, reportó la agencia peruana de noticias Andina.
Perú ocupó el noveno puesto y Argentina el puesto número 14.
En 2012, la lista de los 25 mejores países para invertir en minería tuvo en primer lugar a Australia con 57 puntos, seguido de Canadá (52), Chile (51), Brasil (45), México (43), Estados Unidos (41), Colombia (39), Botswana (37) y Perú y Ghana con 36 puntos cada uno.
De los 10 primeros, todos los países mantuvieron la puntuación de 2011 excepto México y Perú, cada uno perdió un punto, y México mantuvo su posición actual mientras que Perú pasó del octavo al noveno puesto.
Behre Dolbear tomó en cuenta en la evaluación los riesgos políticos en la explotación de recursos no renovables en cada país.
También las políticas gubernamentales, condiciones económicas y sociales, y los niveles de corrupción.
Desde 1999, Behre Dolbear Group compiló una evaluación anual de los riesgos políticos de los actores clave en la industria minera mundial y señalaba que “sólo cuando un país reconoce su necesidad imperiosa de adaptarse, y reestructura su política de carga tributaria, optimizará verdaderamente su potencial económico”.
Entre las 10 menos atractivas
El país está entre las 10 jurisdicciones menos atractivas para la inversión, junto a Indonesia, Vietnam, Venezuela, República Democrática del Congo (Congo), Kirguistán, Zimbabwe, Guatemala, Filipinas y Grecia, según el documento Encuesta de Empresas Mineras 2012/2013, dirigida por el Fraser Institute, según una publicación hecha en marzo pasado por el periódico digital del PIEB.
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