A mediados de junio pasado, el Ministro de Minería y Metalurgia (MMM), Mario Virreira, formuló un anuncio alentador, señalando que se había cumplido hasta el 99,9 por ciento de avance en la elaboración del proyecto de la nueva ley minera y que el importante documento propiamente se "encontraba listo".
La misma autoridad enfatizó que la norma fue elaborada en consenso con los distintos actores de la minería, se entiende la minería privada mediana y chica, el sector estatal y el de las cooperativas. Entonces se mencionó que sólo faltaba "una última revisión", lo que ocurriría en una semana más, cuando se convocaría a un taller de tres días continuos para completar los detalles que faltaren en la esperada normativa.
Todo corresponde con días más o días menos, al mes de junio lo que hacía suponer que en julio o quizá como homenaje al aniversario nacional la Ley Minera sería presentada el mes de agosto, pero ya estamos en la segunda quincena de octubre y todavía la ley minera sigue en fase de revisión, aunque dirigentes de algunos sectores señalan que existen serias observaciones que impiden su aprobación.
Los actores afines al sector productivo minero muestran preocupación por la excesiva demora en aprobar la ley, su tratamiento data de más de tres años y si bien merece un delicado y exhaustivo análisis, hay quienes consideran que el tiempo empleado es demasiado, considerando que todavía merecerá ciertos "arreglos" antes de pasar al tratamiento en la Asamblea Legislativa.
Indudablemente que se trata de un conjunto de medidas que deben normar la actividad productiva minera y metalúrgica del país, un área muy sensible por las condiciones de la dependencia de precios internacionales y por lo mismo un sector que merece una serie de estímulos y las seguridades del caso para atraer fuertes inversiones y garantizarlas, de modo que los beneficios sean utilitarios para el Estado, pero también para los departamentos y los municipios productores que alientan muchas esperanzas en la minería para encarar su desarrollo sostenible.
El uso de los recursos naturales no renovables, como el caso del gas que está recibiendo un impulso decidido para incrementar su producción y ampliar sus volúmenes de exportación, garantizando primeramente la demanda interna en todos los rubros, se cumple bajo una estrategia particularizada lo que obliga al cumplimiento de medidas especiales que impulsen al sector y garanticen los beneficios para el país, mejorando la situación de vida de todos los bolivianos.
Lo mismo debe ocurrir con la minería, el segundo rubro de riqueza natural, también no renovable y que por la potencialidad de sus yacimientos significa la reserva estratégica nacional que debe merecer especial atención para que en el futuro inmediato sea el complemento ideal para consolidar el desarrollo nacional.
No es posible que tan importante sector estratégico no cuente aún con una estrategia para su desarrollo práctico, desde la prospección, exploración, explotación e industrialización de la rica materia prima que sigue yaciente en el suelo y el subsuelo nacional, que pertenece a todos los bolivianos que están esperanzados en su pronta reactivación.
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