La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) otorgó un plazo de 15 días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional comience con el tratamiento del proyecto de Ley Minera y pueda aprobarse en un tiempo breve, esta fue la principal resolución del ampliado nacional que se realizó en recientes días en la ciudad de La Paz.
Así informó el senador representante del sector cooperativo, Andrés Villca, al momento de indicar que el principal tema del ampliado fue la aprobación de la ley minera ante los comentarios que en anteriores días vertió el jefe de la Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, señalando que el tratamiento de la ley minera se postergaría hasta el próximo año.
Señaló que estas declaraciones repercutieron y por ello la Fencomin, a través de ampliado nacional, determinó dar un plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo remita con la revisión correspondiente del Presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional y en forma breve pueda ser tratada por el Legislativo.
Además, enfatizaron que la ley minera sí o sí debe aprobarse en esta gestión, tomando en cuenta que esta norma fue trabajada por todos los sectores relacionados a la explotación minera como son las cooperativas, la minería chica, grande, empresas estatales y trabajadores sindicalizados, por lo tanto no tendría que haber muchas modificaciones.
Indicó que la Fencomin propuso que se trate el aspecto tributario, se propone que las cooperativas aporten con el 1% de la comercialización de los minerales.
Aseveró que es importante la aprobación de esta norma porque a falta de una ley que regule la actividad minera se están perdiendo inversiones del exterior, ya que existen intereses de invertir, pero no existe una ley que garantice a los operadores mineros, manifestó que se pedirá el cumplimiento de este plazo.
En cuanto a las observaciones de los sindicalistas, refiriéndose a que la ley minera estaría favoreciendo a las cooperativas, indicó que no se puede decir esto porque el proyecto fue trabajado durante casi tres años por todos los actores de la empresa privada, estatal y cooperativas, entonces es una norma consensuada y sin favoritismos.
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