Si se aplica la normativa vigente, los hombres de campo tendrían que pagar entre $us 100 y 150 por hectárea, haciendo un estimado de $us 45 millones. Ante tal situación los agropecuarios insisten en pedir un "perdonazo" para quienes tienen procesos y de esta manera puedan incursionar en los programas de rehabilitación.
El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, alertó que la nueva normativa "cierra la puerta" a un universo importante de agricultores, que de manera previa a la promulgación de la ley cumplieron con la sanción administrativa pecuniaria impuesta por la ABT.
No obstante, el ejecutivo de los soyeros destacó la voluntad del vicepresidente Álvaro García Linera, quien habría comprometido subsanar esta omisión con la aprobación de una norma complementaria que permita a los productores incluirse en el compromiso alimentario y forestal, diseñado en la ley 337 y su decreto reglamentario.
“No hay datos exactos sobre la cantidad de productores afectados. Creemos que habrá una ley ampliatoria para que los que hicieron desmontes de manera ilegal en 2012 puedan acogerse a este programa”, dijo.
Más de 2.000 afectados
El titular de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Juan Carlos Peredo, informó de que los afectados pueden superar los 2.000 agricultores en el departamento.
El directivo criticó el accionar de la ABT por continuar con la apertura de procesos y notificaciones sancionatorias en pleno proceso de consenso.
Por su lado, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, indicó que todos los productores que tienen sentencia ejecutoriada no ingresarán a la ley. Sin embargo, lucharán para que sean incluidos en la ley próximamente.
Lo que señala la ABT
El director de la ABT, Clíver Rocha, informó de que el tema no está cerrado y aún se puede incorporar en el reglamento a otros afectados, aunque es difícil aceptar a los que tienen resolución ejecutoriada.
La autoridad admitió que hay 300.000 hectáreas en juego. Los argumentos apuntan a que el programa de amnistía se aplica desde 1996 hasta diciembre de 2011, no así a los de 2012 en adelante.
Aclaró que la aplicación de multas de $us 250 por hectárea cobrará vigencia para los que causen desmonte ilegal a partir de enero de 2013.
Para adscribirse al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, los interesados deberán contar con la habilitación de la ABT que establezca que el desmonte sin autorización en un predio hubiera sido realizado en el periodo del 12 de julio de 1996 al 31 de diciembre de 2011, conforme al Art. 1º de la ley N° 337
Para tomar en cuenta
Lineamientos para el registro
Que el predio no cuente con resolución administrativa sancionatoria; a excepción de aquellos predios cuya resolución administrativa sancionatoria hubiera sido revocada. En procesos sancionatorios en curso sin resolución administrativa, los mismos podrán ser archivados a través de un auto administrativo emitido por la ABT, previo requerimiento de la parte interesada acreditando el registro al programa.
Restitución de bosques
Registro de procesos administrativos: Verificar en la base de datos de procesos administrativos-PAS, la existencia de proceso por desmonte y el estado en que se encuentra en un determinado predio, a fin de verificar si es factible la incorporación al programa, conforme lo establece la Ley N° 337.
Áreas protegidas y reservas
Verificar en la base de datos del sistema de información geoespacial de la ABT, que los predios que se adhieran al programa no se encuentren ubicados al interior de las áreas protegidas y de las reservas. También se establece la toma de imágenes satelitales desde el 12 de julio de 1996 al 31 de diciembre de 2011.
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