Pese a vigencia de Ley Integral procesos aún implican gastos

Pese a que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece eliminar los gastos de las víctimas que inicien procesos contra sus agresores, la familia de la desaparecida Karina Valeriano asegura que no se cumple la norma.

El artículo 86 de la Ley Integral dispone que todas las mujeres en situación de violencia están exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas, en los procesos penales contra sus agresores.

Sin embargo, los familiares de Karina, de 27 años, aseguran que dicha norma no se cumple en su caso. “Somos una familia pobre, hacemos un sacrificio para cubrir los gastos del proceso, queremos que mi hija aparezca”, manifestó Edora Alarcón, madre de Karina.

La joven lleva desaparecida un mes y 20 días, Alarcón contó que lo último que supieron fue que el mismo día de su desaparición encontró a su concubino con otra mujer, por lo que sospechan que su pareja está involucrada y temen que la haya matado. La Razón publicó ayer el caso.

Proceso. El abogado de la familia, Marco Antonio Cuentas, informó que el caso quedó paralizado en el Ministerio Público y la Brigada de la Familia cuando fue presentado por primera vez. Posterior a ello, se inició una imputación por privación de libertad y rapto y se allanó la vivienda de la pareja, el 15 de marzo.

“En el allanamiento se encontró ropa de Karina con sangre, que también estaba en las paredes y el piso. El concubino fue detenido y en la audiencia el Juez 8° dijo que no corresponde el rapto, porque Karina no es menor de edad y en la Ley Integral no se establece parámetros de edad. Hay un desconocimiento hasta de las autoridades”, denunció.

El artículo 83 de la norma modifica el artículo 313 del Código Penal y endurece la pena privativa de 4 a 8 años, cuando antes era de 3 a 6 años, y no refiere parámetros de edad para la denuncia contra los raptos.

Cuentas cuestionó que además no se cumple la gratuidad establecida en la Ley Integral. “La familia no tiene dinero y todo es plata, deben pagar al investigador, los peritos, las notificaciones y otros, la gratuidad no se cumple”, señaló el abogado.

En El Alto y Santa Cruz reportan otros dos casos

En las ciudades de Santa Cruz y El Alto reportaron dos casos de violencia en los cuales se cumplió el procedimiento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, contrario a lo que ocurre con la desaparición de Karina Valeriano.

Un uniformado agredió y disparó con arma de fuego contra su esposa, tras una pelea conyugal en Santa Cruz, el domingo 17. El policía fue aprehendido inmediatamente y espera su sentencia de acuerdo con la norma vigente.

Otro caso se presentó en El Alto, donde se aplicó por primera vez la ley contra un hombre que clavó un cuchillo en la mano de su concubina también el domingo 17. El agresor está detenido en San Pedro y aguarda su condena, que será entre tres a seis años de reclusión, según establece la norma para este tipo de agresión.

Si bien en estos casos se aplica la ley, los gastos corren por parte de los denunciantes, al igual que el caso de Karina Valeriano. Ante esta situación, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, sostuvo ayer que la aplicación será paulatina.

“La ley no es una varita mágica, debe ser implementada. Con la norma se ha creado la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, pero eso no opera una vez aprobada la ley. Eso tiene que trabajarse, tiene todavía un recorrido. La ley por sí no te garantiza todo, eso tiene que ser implementado, pero ya estamos trabajando”, dijo.