Ley de extinción de dominio de bienes, en contra del ciudadano

El principio fundamental que está por detrás de la elaboración de una ley es la legalidad, el cual tiene como objetivo establecer normas sobre un determinado tema en un ámbito definido, y el proyecto de ley de extinción de dominios de bienes a favor del Estado no tiene objetividad clara, ya que existen otras normativas que sancionan al contrabando y al narcotráfico, además de que atenta contra los principios universales del derecho a la defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia de un ciudadano, lo cual hace que esta ley sea inconstitucional.

Desde mi punto de vista, esta norma propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo, es otra señal negativa de las finanzas públicas del Estado boliviano; al igual que el excesivo endeudamiento, ya que mediante normativas inconstitucionales afectan contra los sectores formales de la economía para poder obtener recursos económicos para la administración central, disfrazando la mala gestión pública en la que se encuentra el país actualmente y los presupuestos irreales que programa el Ministerio de Economía.

Ya se afectó a los productores agrícolas, a los productores de caña y ahora se quiere afectar a todo ciudadano que adquiera bienes cuyo valor, sea igual o superior a Bs 70.000, que mediante la emisión de una simple resolución de declaratoria de procedencia de la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado, confisque los bienes de cualquier ciudadano.

Con esta ley se pretende culpar a ciudadanos en actividades ilícitas para poder confiscar los bienes, para proseguir a subastarlos en menos de 10 días, alivianar la necesidad de conseguir recursos económicos para el Gobierno central, y poder cumplir con todas las metas soñadas y plasmadas en el presupuesto del Estado del año 2013 (por ej. crecimiento 5%, incremento salarial e inversión pública). Al ser este año, una gestión prelectoral, es una necesidad del Estado conseguir la mayor cantidad de recursos de todos los sectores de la economía que generan renta y empleo a la economía, sin importar el marco normativo y violando derechos proclamados universalmente para los ciudadanos.