viernes, 30 de diciembre de 2016
Aprueban seis decretos y un proyecto de ley
En la última reunión de gabinete de 2016, que se realizó ayer, se aprobaron seis decretos supremos y un proyecto de ley.
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, a tiempo de destacar el trabajo constante en la actual gestión de Gobierno, reiteró que una de las prioridades es brindar atención a todas las demandas del país.
Destacó el compromiso del presidente del Estado, Evo Morales, puesto que, a pesar de contar con una agenda bastante apretada, siempre encuentra el tiempo para atender la mayor cantidad de demandas.
La próxima semana la sesión de gabinete será normal en base a la agenda establecida, en tanto que la mayoría de los decretos supremos y proyectos de ley aprobados están enfocados en el fortalecimiento de las áreas productiva y económica.
“Los ministros de cada área van a explicar de qué se trata cada uno y cuáles son los beneficios que traerán a los sectores del país”, explicó.
El ministro de Autonomías, Hugo Siles, destacó el trabajo que se realizó en la presente gestión e indicó que uno de los puntos más fuertes fue el desarrollo del referendo autonómico y cartas orgánicas en 15 entidades territoriales del país, además resaltó que el éxito de las consultas posibilitó que para el primer semestre de 2017 sean al menos 40.
Los ministros de Estado comprometieron un trabajo más dinámico en 2017 para que el país siga teniendo un repunte económico, que es reconocido incluso a escala internacional.
jueves, 15 de diciembre de 2016
Sancionan ley que declara el 18 de diciembre como "Día de la Revolución Democrática y Cultural"
La Cámara de Senadores sancionó el jueves el Proyecto de Ley que declara el 18 de diciembre de cada año "Día de la Revolución Democrática y Cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia", en homenaje a la vocación democrática del pueblo boliviano expresado de forma inédita en 2005.
"Se declara el 18 de diciembre de cada año, como el Día de la Revolución Democrática y Cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia, como un justo homenaje a la vocación democrática del pueblo boliviano, expresada en el año 2005, dando inicio a una histórica transformación del Estado y la profundización de un proceso de inclusión social, económica, política y cultural", establece el artículo único de esa ley sancionada en la Cámara de Senadores.
La decadencia de los gobiernos en Bolivia hasta principios de este siglo, trajeron como resultado irremisible el descontento y movilización de la sociedad boliviana, estado de descontento que tuvo su punto culminante en la denominada Guerra del Gas (2003), refiere uno de los fundamentos de esa norma.
La denominada Guerra del Gas se produjo en 2003 durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien había decidido exportar gas natural por Chile hacia Estados Unidos y México.
A raíz de ese conflicto, el 18 de diciembre de 2005, el ciudadano y dirigente indígena originario campesino; Evo Morales, fue electo Presidente de Bolivia, hecho que representó un hito histórico para el país, no sólo porque se trabaja de un Presidente de origen indígena, sino porque abrió paso a la inclusión de los pueblos originarios en la vida política, social, económica y reivindicación de sus derechos, remarca un boletín institucional.
Gobierno anuncia ley que sancione mal uso del agua
La ministra de Medio Ambiente y Agua, Alexandra Moreira, informó ayer que trabaja en un proyecto de ley de uso adecuado del agua, propuesta que busca sancionar el derroche del agua en cualquier actividad.
“Se va trabajar con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS)”, indicó Moreira.
Recordó también que emitió una resolución ministerial con la finalidad de prohibir el derroche de agua y dijo que se va a trabajar en esa intención mediante la aprobación de una ley nacional.
Instó a la población a cambiar los patrones de conducta respecto al uso responsable del agua, tomando en cuenta que el cambio climático está afectando al país, motivo por el cual recomendó a los ciudadanos y empresarios cuidar el líquido vital, recordó por ejemplo que en dos meses se celebrará la fiesta del carnaval en Bolivia y una de sus características es jugar con agua.
“Vamos a trabajar en todas las medidas preventivas que se puedan tomar en el marco de la conciencia y de la educación, del cambio de patrones de conducta para los ciudadanos y las industrias y claro que se acerca el carnaval, esperamos tener la ley lista para esa época”, subrayó.
Por otra parte, Moreira recordó a los paceños que el Gobierno continuará con el abastecimiento de agua a los 94 barrios afectados en la ciudad de La Paz.
“Se continuará con el abastecimiento de cisternas, de los tanques y se continua con una campaña, es importante el rol de los medios de comunicación en todo lo que significa la concientización, sensibilización y educación», complementó.
Ya es más de un mes que por lo menos 94 zonas y barrios de las laderas este y sur de la ciudad de La Paz son afectados por el sorpresivo racionamiento de agua potable, debido al bajo nivel de agua en las represas de Hampaturi e Incachaca. Sin embargo, La Paz no es la única afectada ya que en varias regiones del occidente del país, la sequía arrasa de forma silenciosa con el ganado y sembradíos.
“Se va trabajar con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS)”, indicó Moreira.
Recordó también que emitió una resolución ministerial con la finalidad de prohibir el derroche de agua y dijo que se va a trabajar en esa intención mediante la aprobación de una ley nacional.
Instó a la población a cambiar los patrones de conducta respecto al uso responsable del agua, tomando en cuenta que el cambio climático está afectando al país, motivo por el cual recomendó a los ciudadanos y empresarios cuidar el líquido vital, recordó por ejemplo que en dos meses se celebrará la fiesta del carnaval en Bolivia y una de sus características es jugar con agua.
“Vamos a trabajar en todas las medidas preventivas que se puedan tomar en el marco de la conciencia y de la educación, del cambio de patrones de conducta para los ciudadanos y las industrias y claro que se acerca el carnaval, esperamos tener la ley lista para esa época”, subrayó.
Por otra parte, Moreira recordó a los paceños que el Gobierno continuará con el abastecimiento de agua a los 94 barrios afectados en la ciudad de La Paz.
“Se continuará con el abastecimiento de cisternas, de los tanques y se continua con una campaña, es importante el rol de los medios de comunicación en todo lo que significa la concientización, sensibilización y educación», complementó.
Ya es más de un mes que por lo menos 94 zonas y barrios de las laderas este y sur de la ciudad de La Paz son afectados por el sorpresivo racionamiento de agua potable, debido al bajo nivel de agua en las represas de Hampaturi e Incachaca. Sin embargo, La Paz no es la única afectada ya que en varias regiones del occidente del país, la sequía arrasa de forma silenciosa con el ganado y sembradíos.
domingo, 11 de diciembre de 2016
Proyecto de ley de culturas podría ser aprobado en enero
Organizaciones relacionadas a las culturas y las artes junto al Concejo Municipal concluyeron la elaboración del proyecto de ley de fomento, salvaguarda, desarrollo y promoción de las Culturas y las artes después de 13 meses de arduo trabajo.
La norma será la primera a nivel nacional y está casi lista para una socialización final entre organizaciones relacionadas al ámbito cultural.
Esta iniciativa de la Presidencia del Concejo Municipal de La Paz se puso en consideración de distintas organizaciones de trabajadores de las culturas y las artes en noviembre de 2015 para su análisis y complementación como la primera norma edil referida a la materia. Hasta el momento, ningún otro municipio ha legislado sobre este importante tema.
Pedro Susz, presidente del Concejo Municipal, explicó: “En estos casi 13 meses se ha trabajado y se ha terminado de consensuar un texto que, en el mes de enero, se pueda poner a consideración del pleno del Concejo Municipal. Es una ley que abarca todos los aspectos concernientes a las culturas y las artes, la descentralización de estas actividades, la creación de un fondo de fomento”.
Los representantes que trabajaron esta propuesta de ley son “Cultura Viva Comunitaria”, Telartes y el Concejo Ciudadano de Planificación de las Culturas y las Artes (Concipculta), el proyecto contiene aspectos relacionados a la difusión nacional, la capacitación y el acceso pleno a expresiones culturales,
El proyecto contempla “el tema del acceso de niños y jóvenes, expresiones culturales y artísticas, pero también a preservación del patrimonio en sus distintas manifestaciones, la creación de un fondo concursable para las expresiones culturales, desde la investigación, pasando por la formación y capacitación llegando a la difusión nacional e internacional, el apoyo sobre todo a las iniciativas de la propia sociedad civil en todos estos ámbitos”, detalló la autoridad.
SERVICIOS DE PREVISIÓN SOCIAL
“La ley, entre otras cosas, establece algunos temas como el acceso de los artistas y trabajadores de la cultura a los servicios sociales, servicios de salud, dado que no tienen seguro porque no están incluidos en una relación formal de dependencia y en buena medida entendemos que se está dando respuesta a todas las inquietudes, necesidades, aspiraciones de los trabajadores de las culturas y las artes”, manifestó Pedro Susz.
Para el presidente del Concejo Ciudadano de Planificación de las Culturas y las Artes (Concipculta), José Luis Ríos, la ley promoverá sobre todo el consumo y socialización de la cultura boliviana en nuevos espacios.
“Básicamente lo que pretende la ley es que todos los ciudadanos paceños ejerzamos nuestros derechos, pero también cumplamos nuestros deberes culturales para con la ciudad, la idea es dinamizar la cultura mejorar nuestro nivel de artes, promocionar las artes, que logremos desarrollar y consumir mucha más cultura boliviana, son bastantes amplias las dimensiones de la ley”, afirmó Ríos.
“Una ley de culturas es necesaria y se debe trabajar más a detalle, hace falta un seguro social para el artista, descentralizar el arte, las personas en los barrios están sedientas de arte y por distintas circunstancias no pueden ir al teatro, por falta de dinero o por la distancia, por estos motivos se debería apostar por nuevos espacios donde se pueda ver arte y hacer arte”, afirmó la actriz Ericka Noemi Andia.
En el mes de enero, se espera poner a consideración del pleno del Concejo Municipal la ley, la misma abarca todos los aspectos concernientes a las culturas y las artes, la descentralización de estas actividades y la creación de un fondo de fomento.
La norma será la primera a nivel nacional y está casi lista para una socialización final entre organizaciones relacionadas al ámbito cultural.
Esta iniciativa de la Presidencia del Concejo Municipal de La Paz se puso en consideración de distintas organizaciones de trabajadores de las culturas y las artes en noviembre de 2015 para su análisis y complementación como la primera norma edil referida a la materia. Hasta el momento, ningún otro municipio ha legislado sobre este importante tema.
Pedro Susz, presidente del Concejo Municipal, explicó: “En estos casi 13 meses se ha trabajado y se ha terminado de consensuar un texto que, en el mes de enero, se pueda poner a consideración del pleno del Concejo Municipal. Es una ley que abarca todos los aspectos concernientes a las culturas y las artes, la descentralización de estas actividades, la creación de un fondo de fomento”.
Los representantes que trabajaron esta propuesta de ley son “Cultura Viva Comunitaria”, Telartes y el Concejo Ciudadano de Planificación de las Culturas y las Artes (Concipculta), el proyecto contiene aspectos relacionados a la difusión nacional, la capacitación y el acceso pleno a expresiones culturales,
El proyecto contempla “el tema del acceso de niños y jóvenes, expresiones culturales y artísticas, pero también a preservación del patrimonio en sus distintas manifestaciones, la creación de un fondo concursable para las expresiones culturales, desde la investigación, pasando por la formación y capacitación llegando a la difusión nacional e internacional, el apoyo sobre todo a las iniciativas de la propia sociedad civil en todos estos ámbitos”, detalló la autoridad.
SERVICIOS DE PREVISIÓN SOCIAL
“La ley, entre otras cosas, establece algunos temas como el acceso de los artistas y trabajadores de la cultura a los servicios sociales, servicios de salud, dado que no tienen seguro porque no están incluidos en una relación formal de dependencia y en buena medida entendemos que se está dando respuesta a todas las inquietudes, necesidades, aspiraciones de los trabajadores de las culturas y las artes”, manifestó Pedro Susz.
Para el presidente del Concejo Ciudadano de Planificación de las Culturas y las Artes (Concipculta), José Luis Ríos, la ley promoverá sobre todo el consumo y socialización de la cultura boliviana en nuevos espacios.
“Básicamente lo que pretende la ley es que todos los ciudadanos paceños ejerzamos nuestros derechos, pero también cumplamos nuestros deberes culturales para con la ciudad, la idea es dinamizar la cultura mejorar nuestro nivel de artes, promocionar las artes, que logremos desarrollar y consumir mucha más cultura boliviana, son bastantes amplias las dimensiones de la ley”, afirmó Ríos.
“Una ley de culturas es necesaria y se debe trabajar más a detalle, hace falta un seguro social para el artista, descentralizar el arte, las personas en los barrios están sedientas de arte y por distintas circunstancias no pueden ir al teatro, por falta de dinero o por la distancia, por estos motivos se debería apostar por nuevos espacios donde se pueda ver arte y hacer arte”, afirmó la actriz Ericka Noemi Andia.
En el mes de enero, se espera poner a consideración del pleno del Concejo Municipal la ley, la misma abarca todos los aspectos concernientes a las culturas y las artes, la descentralización de estas actividades y la creación de un fondo de fomento.
miércoles, 7 de diciembre de 2016
Proyecto de ley del cine de Bolivia está en el Legislativo
Bolivia está cada vez más cerca de tener una ley del cine, ya que un anteproyecto de esta norma, propuesto por el Ministerio de Culturas, se encuentra desde la anterior semana en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la espera de su promulgación.
El anteproyecto fue socializado la anterior semana en La Paz y Santa Cruz, con productores y directores de cine, que aún tienen reparos con algunos de los puntos que lo conforman.
Cambios
Uno de los grandes cambios que conllevaría la ley sería la creación de la Dirección Nacional del Cine y el Audiovisual Boliviano (Dinacab) en lugar del Consejo Nacional del Cine (Conacine).
La Dinacab tendrá una importante labor en cuanto a financiamiento de proyectos cinematográficos, además de reglamentar y administrar el cobro de registro y autorización de exhibición y distribución de obras cinematográficas extranjeras en salas de cine con fines comerciales, cuyo importe corresponderá para los distribuidores (3%) del total de la taquilla; y para los exhibidores (3%) del total de la taquilla.
Los recursos de la Dinacab serán utilizados para desarrollar y producir proyectos cinematográficos y audiovisuales, en diversos soportes y medios; para apoyar actividades de formación, actualización o especialización técnica cinematográfica; para propiciar la producción y coproducción de proyectos cinematográfi-cos y audiovisuales, en diversos soportes y medios y para fomentar proyectos en el ámbito editorial e investigación cinematográfica y audiovisual, entre otros puntos propuestos.
Cinemateca olvidada
En la reunión de consenso del anteproyecto, la anterior semana en la ciudad de La Paz, estuvo el expresidente e historiador Carlos Mesa, que en su papel de fundador de la Cinemateca Boliviana, protestó porque esta institución no aparezca en la norma como la institución encargada del archivo fílmico boliviano, lugar que sería cedido a la Dinacab.
"Los 40 años de vida de esta fundación (la Cinemateca) no solamente representan el trabajo, sino también el 85% del patrimonio audiovisual resguardado, recuperado y garantizado documentalmente en ese espacio”, señaló Mesa.
A su turno, Machicao respondió a este punto indicando que se trabajó el anteproyecto para que el Estado, legalmente propietario del patrimonio nacional, pueda trabajar con terceros, incluyendo a la fundación y otras instituciones similares.
Mesa también observó que se hubiera enviado el anteproyecto a la Asamblea sin la respectiva aprobación de los cineastas, productores y otros involucrados del cine boliviano, según informó el diario Página Siete.
El ministro Machicao indicó que una vez promulgada la ley se trabajará en la elaboración del reglamento, que incluirá temas específicos, ya que la ley es solo un esqueleto. “Las bases que se fortalecen con el reglamento”, explicó a los presentes en la reunión
jueves, 17 de noviembre de 2016
Una ley en Santa Cruz combatirá el 'bullying'
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, envió al Concejo Municipal para su consideración un programa y proyecto de ley de prevención contra el acoso escolar (bullying).
Esta norma busca responder a las numerosas situaciones de acoso escolar que se presentan en las unidades educativas. Muchos de estos casos incluso han sido de conocimiento del Concejo Municipal, donde padres de familia han acudido a pedir que tomen acciones al respecto.
La documentación enviada ayer por el Alcalde al Concejo Municipal, fueron derivadas a las comisiones de Constitución, y de la Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales.
lunes, 14 de noviembre de 2016
Obsolescencia de la Ley 1178 ante el nuevo orden jurídico
Diseñada como un modelo de gestión pública dirigida a fortalecer la democracia y alcanzar la modernización en la organización administrativa del sector público, el 20 de julio de 1990 entra en vigencia la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, convirtiéndose en un referente a nivel internacional para el adecuado manejo de los recursos públicos, al articular en un enfoque sistémico la planificación, la ejecución y el control. Esa normativa, en su momento, logró sus objetivos.
Empero, con la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009 y la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, surge un nuevo orden jurídico que marca el inicio del detrimento de esa ley, mal llamada SAFCO. Esto porque se modifica la estructura del Estado, que profundiza la descentralización administrativa en el marco de un régimen autonómico en proceso de consolidación, incorporando en algunos casos mecanismos dinamizadores en las contrataciones y administración de bienes de la gestión empresarial pública en un entorno diferente al previsto en la Ley 1178 —captación y uso de recursos económicos—, y poniendo límites al ejercicio del control gubernamental en cuanto a la determinación de indicios de responsabilidad por la función pública.
Por otra parte, los cambios en la referida norma legal, que ponen fin al ciclo de vida de la Ley 1178, se circunscriben en la forma de definición de las estrategias y políticas gubernamentales —nuevo sistema de planificación y de inversión pública—, que repercute en los alcances y procedimientos de la planificación a corto plazo y la ejecución del gasto público, principalmente los referidos al subsistema de contrataciones estatales. Sin dejar de lado que este proceso de obsolescencia se inicia al radicalizar el régimen de responsabilidad por la función pública como política de prevención, de transparencia, y política de lucha frontal contra la corrupción al aplicar reformas normativas y organizacionales.
Por ejemplo, en materia penal, con la incorporación de nuevos tipos penales y el aumento de la pena en los existentes, punitivizando inclusive infracciones administrativas en delitos, cuando no lo son, y en materia civil al establecer la imprescriptibilidad para las deudas por daño económico al Estado; situación violatoria a los derechos fundamentales de las personas porque nadie debe verse sometido a la posibilidad de una persecución indefinida y que no exista en su determinación un estudio de su origen —culpa o dolo—, ni considere el principio de la materialidad —análisis de costo/beneficio— para su recuperación.
Asimismo, la adopción de nuevas actividades por el órgano de control gubernamental al momento de determinar indicios de responsabilidad por la función pública elaborando informes circunstanciados, como un elemento alternativo que rompe el objeto y procedimientos de la auditoría, como herramienta que permite a la organización la aplicación de medidas retroalimentadoras para asegurar su adecuado funcionamiento, a partir del control financiero y de gestión y no como un instrumento sancionador.
El ciclo de vida de la Ley 1178 ha concluido y resulta imperante implementar una norma regulatoria para la administración financiera y el control, ambas compatibilizadas con el nuevo orden jurídico; una ley en la que se contemple de manera clara la diversidad institucional existente, procedimientos que fortalezcan la institucionalidad contando con recursos humanos calificados y probos —talento humano con capacidad profesional— y que permitan un verdadero ejercicio del control gubernamental, a partir de la aplicación de medidas preventivas orientadas a la concientización y al mejoramiento continuo y no a la sanción como medida ejemplificadora, sino más bien correctiva.
sábado, 22 de octubre de 2016
Reclaman que proyecto de ley sobre acceso a la información no prospere
A la fecha, Bolivia carece de una Ley de Acceso a la Información Pública, situación similar se presenta en Argentina, Venezuela y Costa Rica. Sin embargo, en el país se han planteado por lo menos cinco proyectos de ley que no fueron considerados o no llegaron a buen puerto.
En 2015, en un encuentro propiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, se instó al país contar con una norma que permita a los ciudadanos a conocer la gestión pública y evitar la reserva de información en la administración o función pública.
Uno de los últimos intentos en llevar adelante la consideración de este instrumento legal fue el planteado, el pasado 11 de abril, por las diputadas Jimena Costa, Fernanda San Martín de Unidad Demócrata (UD) y Jhovana Jordán del Partido Demócrata Cristiana (PDC) ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pero que su trámite no prospera porque, al parecer, duerme el sueño de los justos en una de las comisiones.
El documento presentado, que consta de 34 artículos y dos disposiciones transitorias, establece una serie definiciones y especificaciones mínimas sobre la información mínima que deben difundir o entregar las entidades estatales, por lo menos 20, entre las que destacan revelar “el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado la entidad pública y afecte al público como también sus fundamentos e interpretación de las mismas”.
Asimismo, se pide que se informe sobre “la relación de los convenios suscritos mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas”, entre otros aspectos que se contempla en el proyecto.
Por otro lado, debemos destacar que se plantea cinco excepciones para acceder a la información: cuando se trate de temas de “seguridad nacional, políticas de relaciones exteriores, seguridad pública, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, y protección de carácter personal”.
Bajo este concepto, el derecho a la información es una de las principales garantías constitucionales de los ciudadanos. Éste permite supervisar y controlar la gestión pública, evita la corrupción y promueve la rendición de cuentas de las autoridades y servidores públicos.
El proyecto propuesto por las diputadas de oposición plantea la creación de la “Comisión de Acceso a la información y Documentos Públicos” que tiene como finalidad el promover el acceso a la información y documentos públicos, la transparencia y publicidad de la información pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre acceso a la información pública y promover la transparencia en las entidades públicas.
OTRAS INICIATIVAS LEGALES
De acuerdo a datos, el 2 de febrero de este año, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) presentó a la presidencia de la Cámara de Senadores el “Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública”; el 11 de abril, la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional también planteó el proyecto de “Ley de Acceso a la Información y Documentos Públicos”. El sociólogo Henry Oporto publicó una tercera propuesta, el proyecto de “Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”.
A mediados de 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción difundió la versión del proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, de 47 artículos. Pero, en diciembre de 2006, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había presentado un proyecto similar, pero con la particularidad de que sólo contenía 27 artículos.
En 2015, en un encuentro propiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en La Paz, se instó al país contar con una norma que permita a los ciudadanos a conocer la gestión pública y evitar la reserva de información en la administración o función pública.
Uno de los últimos intentos en llevar adelante la consideración de este instrumento legal fue el planteado, el pasado 11 de abril, por las diputadas Jimena Costa, Fernanda San Martín de Unidad Demócrata (UD) y Jhovana Jordán del Partido Demócrata Cristiana (PDC) ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pero que su trámite no prospera porque, al parecer, duerme el sueño de los justos en una de las comisiones.
El documento presentado, que consta de 34 artículos y dos disposiciones transitorias, establece una serie definiciones y especificaciones mínimas sobre la información mínima que deben difundir o entregar las entidades estatales, por lo menos 20, entre las que destacan revelar “el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado la entidad pública y afecte al público como también sus fundamentos e interpretación de las mismas”.
Asimismo, se pide que se informe sobre “la relación de los convenios suscritos mencionando las partes, el objeto, el plazo de duración y las modificaciones realizadas”, entre otros aspectos que se contempla en el proyecto.
Por otro lado, debemos destacar que se plantea cinco excepciones para acceder a la información: cuando se trate de temas de “seguridad nacional, políticas de relaciones exteriores, seguridad pública, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, y protección de carácter personal”.
Bajo este concepto, el derecho a la información es una de las principales garantías constitucionales de los ciudadanos. Éste permite supervisar y controlar la gestión pública, evita la corrupción y promueve la rendición de cuentas de las autoridades y servidores públicos.
El proyecto propuesto por las diputadas de oposición plantea la creación de la “Comisión de Acceso a la información y Documentos Públicos” que tiene como finalidad el promover el acceso a la información y documentos públicos, la transparencia y publicidad de la información pública, fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre acceso a la información pública y promover la transparencia en las entidades públicas.
OTRAS INICIATIVAS LEGALES
De acuerdo a datos, el 2 de febrero de este año, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) presentó a la presidencia de la Cámara de Senadores el “Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública”; el 11 de abril, la bancada de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional también planteó el proyecto de “Ley de Acceso a la Información y Documentos Públicos”. El sociólogo Henry Oporto publicó una tercera propuesta, el proyecto de “Ley Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno”.
A mediados de 2013, el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción difundió la versión del proyecto de “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, de 47 artículos. Pero, en diciembre de 2006, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había presentado un proyecto similar, pero con la particularidad de que sólo contenía 27 artículos.
domingo, 16 de octubre de 2016
Rosamary Cuarite: Discapacitados esperarán ley hasta enero de 2017
Las personas con discapacidad se dieron una pausa en sus movilizaciones, con el objetivo de preparar nuevas estrategias, pero también están a la espera de la respuesta respecto al proyecto de ley que fija la nueva renta del sector. Y en enero de 2017 fenece el plazo para que las autoridades nacionales se pronuncien, cuya decisión determinará asumir o no medidas de presión, pero también buscarán firmas de apoyo de la población.
El contexto de las acciones a asumir y la propuesta del sector la dio Rosamary Cuarite, líder de la caravana de personas con discapacidad de Cochabamba, que presentó documentos sobre los atropellos y la propuesta que realizaron al Gobierno a la Convención de Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre. La misma recibió el apoyo de los miembros de la convención.
PERFIL
Carismática y segura de sí misma, y muy emotiva cuando habla de las personas con discapacidad, Cuarite asegura: “La lucha no ha terminado, ya que el pedido no solo es para las personas con discapacidad de ahora, sino para las personas que vienen después, y no tengan que enfrentar las dificultades que ahora nosotros encaramos”.
Cuarite está postrada en silla de ruedas provocado por la meningitis, que afectó su movilidad, pero esto no le impide ser osada y afrontar con responsabilidad la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hasta el punto que fue la primera en colgarse de los puentes en Cochabamba y La Paz.
Tiene los cabellos blancos y fue muy expresiva cuando relató su participación en la convención, que por cierto fue una sorpresa para las autoridades del Gobierno, que no esperaban a la representante del sector en la Convención.
VIAJE
El viaje hacia Ginebra fue una oportunidad para hacer conocer al mundo lo que pasa en Bolivia con las personas con discapacidad, y para lograr su objetivo hizo un trabajo de hormiga para obtener sus documentos y llegar a la Convención y hacer conocer la voz de sus compañeros y las penurias que pasaron durante los días de conflicto.
“La renta es un derecho de Bs 500 mensual, y los miembros de la convención apoyaron la propuesta y solicitaron a los representantes del Gobierno que se reúnan con nosotros, pero no quisieron”, cuenta Cuarite. Explicó que con la actual renta que perciben de parte del Gobierno, no es suficiente, además cuestiona que el sector reciba menos recursos a comparación de otros, ya que su renta anual llega a más de 2.000 bolivianos y en algunos casos la suma alcanza a 3.000.
Los compañeros mueren por falta de medicamentos, dijo en un tono de tristeza y mostró su impotencia por no poder hacer aún nada por ellos, a pesar de la consulta gratuita, la misma no es suficiente.
Y en materia de educación, la situación no es de las mejores, ya que los establecimientos educativos no están, en algunos casos, cerca de las personas con discapacidad, y no asisten por falta de recursos para trasladarse al lugar. Relató que la distancia de algunos miembros de la asociación, en el departamento de Cochabamba, provoca la erogación de recursos económicos, que las familias no lo tienen, ya que la distancia obliga a contratar taxis a un costo de Bs 30.
Por ejemplo, nombró a la zona de Villa Pagador, donde vive Cuarite, y dijo que para venir hasta la ciudad, se tiene que tomar un taxi y hasta la plaza principal el costo del mismo alcanza a Bs 30.
“Sin embargo, los representantes del Gobierno relataban toda una fantasía a los miembros de la Convención, yo solo atiné a agarrarme la cabeza, y ver con qué facilidad explicaban fantasías y la accesibilidad que tenían las personas con discapacidad cuya descripción está alejada de la realidad”, dijo.
En relación a la salud, “señalaron que teníamos medicamentos en todo el territorio nacional, y qué en educación, ésta llegaba hasta el último rincón del país; una realidad sólo en la cabeza de las autoridades nacionales”, cuestionó.
INFORMAN
“También informamos sobre las declaraciones de algunos ministros de Estado, que en pleno conflicto, indicaron que las personas con discapacidad no aportan nada, y un poco más nos trata como animales.Pero la realidad es otra, sí aportamos, de diferente manera. Las madres y las personas con discapacidad trabajan en sus pequeños negocios”, dijo.
DIRIGENTE
“La dirigente es de la zona del Chapare y conoce a Evo Morales, ya que asistían a sus reuniones en la región, cuando tenían concentraciones. Tomó la palabra del Presidente, que en una oportunidad indicó que hay que ser perseverante para lograr el objetivo y ahora le toma la palabra la dirigente. Cuenta que sus papás son del lugar. Pensaban que el conflicto iba a durar menos, ya que recibirían atención de parte del presidente Morales, pero la realidad fue otra, la indiferencia y la soberbia pudo más que la humildad y el diálogo”, sostuvo.
LEY
Explicó que los 42 puntos que se jactó el Gobierno están dentro de la ley, pero que en la mayoría de los casos no se cumplen y los miembros de la caravana no firmaron, a excepción de los traidores, que sí lo hicieron.
Y en el caso de centros de rehabilitación dijo que son “elefantes blancos”, claro está con algunas excepciones. Finalmente, Cuarite asegura, con esa seguridad que la caracteriza, que no pertenece a un partido político y que la única política que tiene es ayudar a sus afiliados, las personas con discapacidad; no teme a qué le investiguen, ya que no tiene “nada que ocultar”.
El contexto de las acciones a asumir y la propuesta del sector la dio Rosamary Cuarite, líder de la caravana de personas con discapacidad de Cochabamba, que presentó documentos sobre los atropellos y la propuesta que realizaron al Gobierno a la Convención de Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre. La misma recibió el apoyo de los miembros de la convención.
PERFIL
Carismática y segura de sí misma, y muy emotiva cuando habla de las personas con discapacidad, Cuarite asegura: “La lucha no ha terminado, ya que el pedido no solo es para las personas con discapacidad de ahora, sino para las personas que vienen después, y no tengan que enfrentar las dificultades que ahora nosotros encaramos”.
Cuarite está postrada en silla de ruedas provocado por la meningitis, que afectó su movilidad, pero esto no le impide ser osada y afrontar con responsabilidad la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hasta el punto que fue la primera en colgarse de los puentes en Cochabamba y La Paz.
Tiene los cabellos blancos y fue muy expresiva cuando relató su participación en la convención, que por cierto fue una sorpresa para las autoridades del Gobierno, que no esperaban a la representante del sector en la Convención.
VIAJE
El viaje hacia Ginebra fue una oportunidad para hacer conocer al mundo lo que pasa en Bolivia con las personas con discapacidad, y para lograr su objetivo hizo un trabajo de hormiga para obtener sus documentos y llegar a la Convención y hacer conocer la voz de sus compañeros y las penurias que pasaron durante los días de conflicto.
“La renta es un derecho de Bs 500 mensual, y los miembros de la convención apoyaron la propuesta y solicitaron a los representantes del Gobierno que se reúnan con nosotros, pero no quisieron”, cuenta Cuarite. Explicó que con la actual renta que perciben de parte del Gobierno, no es suficiente, además cuestiona que el sector reciba menos recursos a comparación de otros, ya que su renta anual llega a más de 2.000 bolivianos y en algunos casos la suma alcanza a 3.000.
Los compañeros mueren por falta de medicamentos, dijo en un tono de tristeza y mostró su impotencia por no poder hacer aún nada por ellos, a pesar de la consulta gratuita, la misma no es suficiente.
Y en materia de educación, la situación no es de las mejores, ya que los establecimientos educativos no están, en algunos casos, cerca de las personas con discapacidad, y no asisten por falta de recursos para trasladarse al lugar. Relató que la distancia de algunos miembros de la asociación, en el departamento de Cochabamba, provoca la erogación de recursos económicos, que las familias no lo tienen, ya que la distancia obliga a contratar taxis a un costo de Bs 30.
Por ejemplo, nombró a la zona de Villa Pagador, donde vive Cuarite, y dijo que para venir hasta la ciudad, se tiene que tomar un taxi y hasta la plaza principal el costo del mismo alcanza a Bs 30.
“Sin embargo, los representantes del Gobierno relataban toda una fantasía a los miembros de la Convención, yo solo atiné a agarrarme la cabeza, y ver con qué facilidad explicaban fantasías y la accesibilidad que tenían las personas con discapacidad cuya descripción está alejada de la realidad”, dijo.
En relación a la salud, “señalaron que teníamos medicamentos en todo el territorio nacional, y qué en educación, ésta llegaba hasta el último rincón del país; una realidad sólo en la cabeza de las autoridades nacionales”, cuestionó.
INFORMAN
“También informamos sobre las declaraciones de algunos ministros de Estado, que en pleno conflicto, indicaron que las personas con discapacidad no aportan nada, y un poco más nos trata como animales.Pero la realidad es otra, sí aportamos, de diferente manera. Las madres y las personas con discapacidad trabajan en sus pequeños negocios”, dijo.
DIRIGENTE
“La dirigente es de la zona del Chapare y conoce a Evo Morales, ya que asistían a sus reuniones en la región, cuando tenían concentraciones. Tomó la palabra del Presidente, que en una oportunidad indicó que hay que ser perseverante para lograr el objetivo y ahora le toma la palabra la dirigente. Cuenta que sus papás son del lugar. Pensaban que el conflicto iba a durar menos, ya que recibirían atención de parte del presidente Morales, pero la realidad fue otra, la indiferencia y la soberbia pudo más que la humildad y el diálogo”, sostuvo.
LEY
Explicó que los 42 puntos que se jactó el Gobierno están dentro de la ley, pero que en la mayoría de los casos no se cumplen y los miembros de la caravana no firmaron, a excepción de los traidores, que sí lo hicieron.
Y en el caso de centros de rehabilitación dijo que son “elefantes blancos”, claro está con algunas excepciones. Finalmente, Cuarite asegura, con esa seguridad que la caracteriza, que no pertenece a un partido político y que la única política que tiene es ayudar a sus afiliados, las personas con discapacidad; no teme a qué le investiguen, ya que no tiene “nada que ocultar”.
martes, 11 de octubre de 2016
Presentan reglamento para Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres
El Ministerio de Justicia y Autonomías presentaron oficialmente el Decreto Supremo Reglamentario de la Ley Nº 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres que establece mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales y colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres.
“Este decreto supremo reglamentará la prevención, sanción y atención de las mujeres víctimas de acoso y violencia política, de nuestras mujeres autoridades. Determinará una sanción administrativa que será aplicada en la Fiscalía y dentro de cada municipio. Bolivia es el primer país que tiene una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al momento de presentar oficialmente la normativa.
El Decreto Supremo Reglamentario se desarrolló en coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Autonomías, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y el Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa que aglutina a todas las organizaciones representativas de mujeres.
Al respecto, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, indicó que han desarrollado “una normativa y legislación innovadora, que de forma directa protege contra toda forma de violencia, acoso político, contra las mujeres autoridades, contra las mujeres que ejercen un cargo electivo”
Decreto
El Decreto Supremo Reglamentario tiene 3 capítulos, 20 artículos, 3 disposiciones adicionales y una disposición única.
Las Entidades Territoriales Autónomas Indígena Originarias Campesinas, en el marco de su jurisdicción y competencia, deberán incorporar medidas para la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres indígenas originarias campesinas.
“Este decreto supremo reglamentará la prevención, sanción y atención de las mujeres víctimas de acoso y violencia política, de nuestras mujeres autoridades. Determinará una sanción administrativa que será aplicada en la Fiscalía y dentro de cada municipio. Bolivia es el primer país que tiene una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, dijo la ministra de Justicia, Virginia Velasco, al momento de presentar oficialmente la normativa.
El Decreto Supremo Reglamentario se desarrolló en coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Autonomías, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y el Comité Impulsor de la Agenda Política y Legislativa que aglutina a todas las organizaciones representativas de mujeres.
Al respecto, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, indicó que han desarrollado “una normativa y legislación innovadora, que de forma directa protege contra toda forma de violencia, acoso político, contra las mujeres autoridades, contra las mujeres que ejercen un cargo electivo”
Decreto
El Decreto Supremo Reglamentario tiene 3 capítulos, 20 artículos, 3 disposiciones adicionales y una disposición única.
Las Entidades Territoriales Autónomas Indígena Originarias Campesinas, en el marco de su jurisdicción y competencia, deberán incorporar medidas para la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres indígenas originarias campesinas.
En 2017 prevén presentar proyecto de ley de partidos
El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, el que está en mesa de debate, deberá ser terminado en el 2017, año en que se espera que la Asamblea Legislativa pueda tratar la propuesta y aprobarla en grande y detalle, informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona.
Explicó que el Órgano Electoral empezó a trabajar en una propuesta de construcción colectiva del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, para ello se convocarán a todos los representantes departamentales, nacionales, actores del sistema político (los partidos que tienen registro a nivel nacional y los partidos que agrupaciones que tienen registros en los departamentos), además a las representaciones de las autoridades indígenas campesinas.
“En el marco de esa ley se discutirán todos los temas que hacen también a la necesaria democratización de las organizaciones políticas sociales para poder presentar una propuesta y el proyecto a la asamblea constituyente. Esperemos entrar en diálogo también con este poder del estado para poder tener hasta el próximo año una propuesta de Organizaciones políticas que es imprescindible también para el fortalecimiento de nuestra democracia en este sentido”, dijo Uriona.
De acuerdo con la explicación de la autoridad electoral, el proyecto abordará varios ejes temáticos que harán su estructura, su forma organizativa todo con miras a la democratización.
“Se tratará la forma de definición de candidaturas, el tema de recursos todos estos temas son constitutivos de una ley de organizaciones políticas”, indicó.
Se trata de un proceso que se encuentra en el diseño para iniciar esta consulta a nivel nacional.
Por su parte, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, sostuvo que es importante que se cuenta con esta normativa que permitirá que los partidos políticos puedan regirse.
“El mismo Órgano Electoral va proponer una nueva Ley de las Organizaciones Políticas que reflote el rol de ellos, que esté acorde a toda esta innovación que está ocurriendo a esta nueva participación que está ocurriendo”, dijo Costas.
En la elaboración del proyecto se tomará en cuenta la equidad de género y la promoción de líderes jóvenes serán otros temas que se pretende incluir en el proyecto.
Explicó que el Órgano Electoral empezó a trabajar en una propuesta de construcción colectiva del proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, para ello se convocarán a todos los representantes departamentales, nacionales, actores del sistema político (los partidos que tienen registro a nivel nacional y los partidos que agrupaciones que tienen registros en los departamentos), además a las representaciones de las autoridades indígenas campesinas.
“En el marco de esa ley se discutirán todos los temas que hacen también a la necesaria democratización de las organizaciones políticas sociales para poder presentar una propuesta y el proyecto a la asamblea constituyente. Esperemos entrar en diálogo también con este poder del estado para poder tener hasta el próximo año una propuesta de Organizaciones políticas que es imprescindible también para el fortalecimiento de nuestra democracia en este sentido”, dijo Uriona.
De acuerdo con la explicación de la autoridad electoral, el proyecto abordará varios ejes temáticos que harán su estructura, su forma organizativa todo con miras a la democratización.
“Se tratará la forma de definición de candidaturas, el tema de recursos todos estos temas son constitutivos de una ley de organizaciones políticas”, indicó.
Se trata de un proceso que se encuentra en el diseño para iniciar esta consulta a nivel nacional.
Por su parte, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, sostuvo que es importante que se cuenta con esta normativa que permitirá que los partidos políticos puedan regirse.
“El mismo Órgano Electoral va proponer una nueva Ley de las Organizaciones Políticas que reflote el rol de ellos, que esté acorde a toda esta innovación que está ocurriendo a esta nueva participación que está ocurriendo”, dijo Costas.
En la elaboración del proyecto se tomará en cuenta la equidad de género y la promoción de líderes jóvenes serán otros temas que se pretende incluir en el proyecto.
martes, 4 de octubre de 2016
Legislativo considerará el 2017 dos leyes sectoriales
El presidente del Senado, José González, anunció ayer que la Asamblea Legislativa pondrá en agenda el próximo año la aprobación de nuevas leyes de Electricidad e Hidrocarburos.
FUNDACIÓN JUBILEO
Por su parte, el analista en temas de energía, Raúl Velásquez, señaló que la decisión de aprobar nuevas disposiciones normativas para el área de energía, es imperioso y necesario, pues ambas se hallan “desfasadas de la Constitución Política del Estado”.
“No existe, por el momento, ningún proyecto en curso. El próximo año seguramente tendrá que ingresar en agenda el tratamiento de nuevas leyes para electricidad e hidrocarburos”, declaró a EL DIARIO, la máxima autoridad de la Cámara Alta.
La necesidad de una ley de electricidad e hidrocarburos se hace imperiosa, en vista de que el Gobierno tiene planes con proyección estratégica, de convertir al país en el centro energético de la región.
“Si, por supuesto, hay necesidad, pero el próximo año se verán los temas”, aseguró Gonzales, ante preguntas periodísticas.
Similar criterio vertió el experto petrolero Boris Gómez, quien es Secretario Departamental de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija.
MINISTRO
El ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, anunció las nuevas leyes, durante el Congreso de Gas y Petróleo que tuvo lugar en julio pasado, en Santa Cruz. En esa ocasión, Sánchez dijo ante el auditorio del Congreso que un avance en la nueva ley de Hidrocarburos sería la incursión de tareas de exploración y explotación petrolera, como ocurre al presente, en las reservas naturales del país.
ADECUACIÓN
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, anunció el año pasado la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que tenga por principio respetar los alcances de la Constitución Política del Estado (CPE). La ley de Hidrocarburos vigente fue aprobada en 2005 y debe ser adaptada –en su opinión– a la Constitución promulgada por el presidente Evo Morales en febrero de 2009.
DECRETO
En medio está el decreto de nacionalización de 1 de Mayo de 2006, que delegó a YPFB el control de toda la cadena productiva de gas y petróleo, en consonancia con lo dispuesto por la Carta Magna.
Sucede lo mismo con la Ley de Electricidad que fue aprobada en 1994 y desde entonces no fue modificada y rige, legalmente el desempeño de la industria en el Estado.
Ante la creciente demanda de energía –reportada sobre todo en la última década– y la falta de inversiones en el sector eléctrico, urge la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos y Ley de Electricidad, señaló también el analista en asuntos de energía de la Fundación Jubileo.
“Ambas leyes se hallan desfasadas de la constitución y creo que se necesitan nuevas leyes”, afirmó el experto.
Desde su perspectiva, entre ambos instrumentos se podrá promover el ingreso de capitales externos para la exploración de nuevos yacimientos de gas para subir la producción, realizar una nueva certificación de reservas y consecuente promover una construcción e instalación de nuevos proyectos termoeléctricos.
FUNDACIÓN JUBILEO
Por su parte, el analista en temas de energía, Raúl Velásquez, señaló que la decisión de aprobar nuevas disposiciones normativas para el área de energía, es imperioso y necesario, pues ambas se hallan “desfasadas de la Constitución Política del Estado”.
“No existe, por el momento, ningún proyecto en curso. El próximo año seguramente tendrá que ingresar en agenda el tratamiento de nuevas leyes para electricidad e hidrocarburos”, declaró a EL DIARIO, la máxima autoridad de la Cámara Alta.
La necesidad de una ley de electricidad e hidrocarburos se hace imperiosa, en vista de que el Gobierno tiene planes con proyección estratégica, de convertir al país en el centro energético de la región.
“Si, por supuesto, hay necesidad, pero el próximo año se verán los temas”, aseguró Gonzales, ante preguntas periodísticas.
Similar criterio vertió el experto petrolero Boris Gómez, quien es Secretario Departamental de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija.
MINISTRO
El ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, anunció las nuevas leyes, durante el Congreso de Gas y Petróleo que tuvo lugar en julio pasado, en Santa Cruz. En esa ocasión, Sánchez dijo ante el auditorio del Congreso que un avance en la nueva ley de Hidrocarburos sería la incursión de tareas de exploración y explotación petrolera, como ocurre al presente, en las reservas naturales del país.
ADECUACIÓN
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, anunció el año pasado la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que tenga por principio respetar los alcances de la Constitución Política del Estado (CPE). La ley de Hidrocarburos vigente fue aprobada en 2005 y debe ser adaptada –en su opinión– a la Constitución promulgada por el presidente Evo Morales en febrero de 2009.
DECRETO
En medio está el decreto de nacionalización de 1 de Mayo de 2006, que delegó a YPFB el control de toda la cadena productiva de gas y petróleo, en consonancia con lo dispuesto por la Carta Magna.
Sucede lo mismo con la Ley de Electricidad que fue aprobada en 1994 y desde entonces no fue modificada y rige, legalmente el desempeño de la industria en el Estado.
Ante la creciente demanda de energía –reportada sobre todo en la última década– y la falta de inversiones en el sector eléctrico, urge la elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos y Ley de Electricidad, señaló también el analista en asuntos de energía de la Fundación Jubileo.
“Ambas leyes se hallan desfasadas de la constitución y creo que se necesitan nuevas leyes”, afirmó el experto.
Desde su perspectiva, entre ambos instrumentos se podrá promover el ingreso de capitales externos para la exploración de nuevos yacimientos de gas para subir la producción, realizar una nueva certificación de reservas y consecuente promover una construcción e instalación de nuevos proyectos termoeléctricos.
jueves, 22 de septiembre de 2016
Ley de unión de personas del mismo sexo excluye la adopción
El Movimiento de Diversidades Sexuales y Genéricas de Bolivia y la organización Iguales Ante la Ley entregaron ayer el proyecto de ley Acuerdo de Vida en Familia al defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto. La norma plantea la unión de personas del mismo sexo sin contemplar la adopción de niños.
"Estoy muy solo y necesito enamorarme de alguien”. Esa convicción que un día se develó para Víctor se tradujo, tiempo después, en la relación que empezó con Hans.
No fue sencillo cimentar ese amor, pero finalmente gracias a "una enorme conexión” lo logramos, relató Hans en su testimonio que está incluido en el libro Si tú me dices ven, lo dejo todo. Historias de amor de parejas del mismo sexo en Bolivia. La obra es de autoría del secretario nacional de Asuntos Políticos del colectivo Trans, Lesbianas, Gay y Bisexual (TLGB), David Aruquipa.
Hans y Víctor viven juntos desde hace años y tienen la necesidad de que su unión sea reconocida por el Estado para que se respete su derecho a la sucesión hereditaria y al seguro de salud, entre otras razones. "Ahora la lucha es ésa”, dice Víctor.
En la entrega del Acuerdo de Vida en Familia, ayer, los proyectistas solicitaron al Defensor del Pueblo que impulse la aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
"No estamos pidiendo un matrimonio, porque la Iglesia Católica se ha encargado de que eso tenga candado. Estamos planteando que se reconozcan las familias entre el mismo sexo, como un derecho civil y ciudadano. Esto sale de la custodia moral y espiritual de las iglesias”, dijo Aruquipa.
El representante de capacitación y derechos ciudadanos del programa Iguales Ante la Ley, Martín Vidaurre, comentó que esta norma busca crear una tercera figura de familia en Bolivia, que se sumará al matrimonio y la unión libre o de hecho.
En esta norma "no está incluida la adopción, pero sí los derechos y obligaciones de las dos personas del mismo sexo: la herencia, seguridad social, la disolución del acuerdo de vida, el patrimonio y bienes gananciales”, explicó Vidaurre.
El proyecto de ley busca que la unión de las parejas del mismo sexo sea reconocida bajo los principios de igualdad, no discriminación, diversidad, integración social y protección a las familias. La propuesta de 81 artículos también establece impedimentos para la unión, como interdicción, parentesco consanguíneo, o el vínculo por tutela. Puede ser anulada si no fue registrada por un oficial del Registro Civil.
"Vamos a asumir el encargo social para encarar el desafío y agendar el tratamiento de la propuesta”, dijo Tezanos Pinto al recibir la norma. El proyecto de ley fue presentado en 2015 a la ALP, y en un mes será repuesto. "Vamos a pulir detalles en una mesa de trabajo”, dijo Vidaurre.
"Estoy muy solo y necesito enamorarme de alguien”. Esa convicción que un día se develó para Víctor se tradujo, tiempo después, en la relación que empezó con Hans.
No fue sencillo cimentar ese amor, pero finalmente gracias a "una enorme conexión” lo logramos, relató Hans en su testimonio que está incluido en el libro Si tú me dices ven, lo dejo todo. Historias de amor de parejas del mismo sexo en Bolivia. La obra es de autoría del secretario nacional de Asuntos Políticos del colectivo Trans, Lesbianas, Gay y Bisexual (TLGB), David Aruquipa.
Hans y Víctor viven juntos desde hace años y tienen la necesidad de que su unión sea reconocida por el Estado para que se respete su derecho a la sucesión hereditaria y al seguro de salud, entre otras razones. "Ahora la lucha es ésa”, dice Víctor.
En la entrega del Acuerdo de Vida en Familia, ayer, los proyectistas solicitaron al Defensor del Pueblo que impulse la aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
"No estamos pidiendo un matrimonio, porque la Iglesia Católica se ha encargado de que eso tenga candado. Estamos planteando que se reconozcan las familias entre el mismo sexo, como un derecho civil y ciudadano. Esto sale de la custodia moral y espiritual de las iglesias”, dijo Aruquipa.
El representante de capacitación y derechos ciudadanos del programa Iguales Ante la Ley, Martín Vidaurre, comentó que esta norma busca crear una tercera figura de familia en Bolivia, que se sumará al matrimonio y la unión libre o de hecho.
En esta norma "no está incluida la adopción, pero sí los derechos y obligaciones de las dos personas del mismo sexo: la herencia, seguridad social, la disolución del acuerdo de vida, el patrimonio y bienes gananciales”, explicó Vidaurre.
El proyecto de ley busca que la unión de las parejas del mismo sexo sea reconocida bajo los principios de igualdad, no discriminación, diversidad, integración social y protección a las familias. La propuesta de 81 artículos también establece impedimentos para la unión, como interdicción, parentesco consanguíneo, o el vínculo por tutela. Puede ser anulada si no fue registrada por un oficial del Registro Civil.
"Vamos a asumir el encargo social para encarar el desafío y agendar el tratamiento de la propuesta”, dijo Tezanos Pinto al recibir la norma. El proyecto de ley fue presentado en 2015 a la ALP, y en un mes será repuesto. "Vamos a pulir detalles en una mesa de trabajo”, dijo Vidaurre.
miércoles, 7 de septiembre de 2016
Con la Ley 830, el Senasag aglutina registros sanitarios
De acuerdo a la ley 830 de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, fue promulgada ayer en Santa Cruz por el vicepresidente Álvaro García, otorga mayores competencias al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), entre ellas declara que el Senasag es la única institución reconocida a nivel nacional e internacional para poder certificar la inocuidad alimentaria y la sanidad animal y vegetal. "Entre sus atribuciones tiene que proteger la condición sanitaria y fitosanitaria del patrimonio agropecuario y forestal", explicó el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.
Características de la Ley. Entre otras características de la Ley, se declara prioridad nacional a la sanidad agropecuaria en inocuidad alimentaria. La Ley crea al Comité Plurinacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria conformado por el sector público y privado, con las funciones de proponer planes, políticas en materia sanitaria, evaluar periódicamente los servicios prestados por el Senasag. La ley también establece como mandato el inicio de la institucionalización del servicio, además desconcentra y desburocratiza los servicios prestados por el Senasag.
Nuevas tasas. Mauricio Ordóñez, director nacional del Senasag, indicó que la Ley crea tasas por servicios prestados por el Senasag, se realiza la actualización producto de un trabajo que se efectuó de manera concertada llegando a acuerdos con el sector agropecuario e industrial, tanto con pequeños, medianos y grandes. “En el tema de cobros de arancel, al sector exportador nacional y departamental será de Bs 174 por la certificación de la exportación sin importar la cantidad que exporten, este cobro ha sido consensuado con los diferentes sectores, antes el cobro era de 100 bolivianos, en el caso de la importación tendrá un incremento del 30% en relación a las tasas nacionales”, explicó la autoridad, a tiempo de agregar que las tasas para los sectores productores de aves, cerdos y ganado también fueron consensuadas en un cobro único de Bs 12 bolivianos por hoja de ruta. Por su parte, los diferentes sectores manifestaron su conformidad con la ley ya que fue consensuada antes de ser promulgada. "Todos los cobros han sido consensuados con todos los sectores", dijo Javier Landívar, gerente de Fegazacruz.
Por otro lado, el ministro Cocarico indicó que el Senasag en 2017 recaudará Bs 97 millones por todos los servicios que presta, este monto irá subiendo gradualmente.
Por crisis del sector
CAO hace llamado al Gobierno
Reprogramación. Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en el acto de promulgación de la ley 830, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se agilice la reprogramación de los créditos en las casas comerciales para no poner en riesgo la campaña de verano. También indicó que el sector ganadero ya ha reportado grandes pérdidas por falta de precipitación. "Necesitamos el financiamiento para reprogramar estas deudas y capital operativo para ayudar a pequeños productores que han perdido todo en la siembra de invierno", manifestó Roda.
Características de la Ley. Entre otras características de la Ley, se declara prioridad nacional a la sanidad agropecuaria en inocuidad alimentaria. La Ley crea al Comité Plurinacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria conformado por el sector público y privado, con las funciones de proponer planes, políticas en materia sanitaria, evaluar periódicamente los servicios prestados por el Senasag. La ley también establece como mandato el inicio de la institucionalización del servicio, además desconcentra y desburocratiza los servicios prestados por el Senasag.
Nuevas tasas. Mauricio Ordóñez, director nacional del Senasag, indicó que la Ley crea tasas por servicios prestados por el Senasag, se realiza la actualización producto de un trabajo que se efectuó de manera concertada llegando a acuerdos con el sector agropecuario e industrial, tanto con pequeños, medianos y grandes. “En el tema de cobros de arancel, al sector exportador nacional y departamental será de Bs 174 por la certificación de la exportación sin importar la cantidad que exporten, este cobro ha sido consensuado con los diferentes sectores, antes el cobro era de 100 bolivianos, en el caso de la importación tendrá un incremento del 30% en relación a las tasas nacionales”, explicó la autoridad, a tiempo de agregar que las tasas para los sectores productores de aves, cerdos y ganado también fueron consensuadas en un cobro único de Bs 12 bolivianos por hoja de ruta. Por su parte, los diferentes sectores manifestaron su conformidad con la ley ya que fue consensuada antes de ser promulgada. "Todos los cobros han sido consensuados con todos los sectores", dijo Javier Landívar, gerente de Fegazacruz.
Por otro lado, el ministro Cocarico indicó que el Senasag en 2017 recaudará Bs 97 millones por todos los servicios que presta, este monto irá subiendo gradualmente.
Por crisis del sector
CAO hace llamado al Gobierno
Reprogramación. Julio Roda, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en el acto de promulgación de la ley 830, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se agilice la reprogramación de los créditos en las casas comerciales para no poner en riesgo la campaña de verano. También indicó que el sector ganadero ya ha reportado grandes pérdidas por falta de precipitación. "Necesitamos el financiamiento para reprogramar estas deudas y capital operativo para ayudar a pequeños productores que han perdido todo en la siembra de invierno", manifestó Roda.
martes, 6 de septiembre de 2016
7 puntos claves de la nueva ley del Senasag
Este martes, el presidente Evo Morales promulgará la Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). El acto está previsto llevarse a cabo en la ciudad de Santa Cruz a partir de las 17:00, en predios de la feria.
La nueva norma que fortalecerá la estructura sanitaria nacional y uniformiza las tasas por servicios que presta el Senasag será promulgada tras su aprobación en la Cámara de Senadores.
Mauricio Ordoñez, director nacional del Senasag, señaló algunos puntos importantes que contiene la nueva norma que fortalecerá y actualizará las tasas por los servicios que presta la institución.
1.- La Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria establece el marco normativo en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.
2.- Declara prioridad nacional a la sanidad agropecuaria en inocuidad alimentaria.
3.- Reconoce al Senasag como autoridad nacional competente en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en los tramos productivos y de procesamiento.
4.- La ley establece mayores competencias y atribuciones al Senasag en materia sanitaria e inocuidad alimentaria.
5.- La Ley crea al Comité Plurinacional de sanidad agropecuaria e Inocuidad alimentaria conformado por el sector público y el privado, con la funciones de proponer planes, políticas en materia sanitaria, evaluar periódicamente los servicios prestados por el Senasag.
6.- La Ley crea tasas por servicios prestados por el Senasag, se realiza la actualización producto de un trabajo que se realizó de manera concertada llegando a acuerdos con el sector agropecuario e industrial, tanto con pequeños, medianos y grandes.
7.- La ley también establece como mandato el inicio de la institucionalización del servicio, además desconcentra y desburocratiza los servicios prestados por el Senasag.
Una miradita al pasado Sancionan ley sobre cooperativas
La Paz, 1959.- Con el beneplácito de bue-na parte de la población, que ha encontrado en ellas una solución a sus problemas económicos, se sancionó aquí una Ley General de Sociedades Cooperativas.
La ley fue preparada, entre otras instituciones comisionadas, por la misma FAO, con la participación decisiva de su representante en el país, Antonio García (ex jefe del socialismo colombiano).
Un vocero oficialista muy conforme con la disposición dijo que “esta era una ley que faltaba y que era necesaria para canalizar en forma apropiada el surgimiento de hecho de cooperativas de todo tipo.
El cooperativismo es, por otra parte, una de las pocas opciones económicas que gozan de la aprobación de las distintas corrientes políticas de este país”.
Por su parte, un experto extranjero en cuestiones agrícolas dijo que “el cooperativismo es la única solución para remediar la proliferación negativa de minifundios, y para que el campesino mejore sus condiciones de vida sin ser aplastado por la competencia capitalista, ni llegar a los extremos de una colectivización forzosa y sanguinaria”. De El Chasqui.
La ley fue preparada, entre otras instituciones comisionadas, por la misma FAO, con la participación decisiva de su representante en el país, Antonio García (ex jefe del socialismo colombiano).
Un vocero oficialista muy conforme con la disposición dijo que “esta era una ley que faltaba y que era necesaria para canalizar en forma apropiada el surgimiento de hecho de cooperativas de todo tipo.
El cooperativismo es, por otra parte, una de las pocas opciones económicas que gozan de la aprobación de las distintas corrientes políticas de este país”.
Por su parte, un experto extranjero en cuestiones agrícolas dijo que “el cooperativismo es la única solución para remediar la proliferación negativa de minifundios, y para que el campesino mejore sus condiciones de vida sin ser aplastado por la competencia capitalista, ni llegar a los extremos de una colectivización forzosa y sanguinaria”. De El Chasqui.
viernes, 19 de agosto de 2016
Evo promulga ley de sindicalización pese al rechazo de cooperativistas
El presidente Evo Morales promulgó la tarde de hoy la norma que modifica la Ley General de Cooperativas y reconoce los sindicatos en ese rubro, pese a que, ayer, el sector cooperativo minero le pidió no hacerlo bajo la advertencia de retomar las medidas de presión.
"Habrá nuevas demandas, los tiempos cambian, pero algo que nunca podemos olvidar como trabajadores, obreros y originarios, no sólo es una obligación, sino una necesidad de organizarnos y de sindicalizarnos para defender los derechos de los trabajadores”, expresó el mandatario en el acto realizado en la ciudad de Cochabamba.
El sistema cooperativo rechaza esta norma ya que atenta contra la esencia del cooperativismo, sin embargo, el Gobierno sostiene que la ley sólo está destinada a reconocer los sindicatos que están presentes en cooperativas de servicios (agua o luz) y no alentar a la creación de nuevos.
Morales dijo que "todos los sectores tienen derecho a sindicalizarse” para defender los derechos de los trabajadores.
La Federación de Cooperativistas Mineras (Fencomin) calificó como una "guerra” y una "provocación abierta y pública” del Gobierno la promulgación de esta norma y anticipó que analizará en un ampliado retomar las medidas de presión en contra de esta ley.
Puede leer también: Consideran una declaratoria de guerra la promulgación de las modificaciones a la Ley de Cooperativas
Días atrás, los cooperativistas mineros salieron a las carreteras para bloquearlas y evitar el tránsito vehicular. El punto de bloqueo en Mantecani, en la vía La Paz – Oruro, fue el más álgido, debido a que se registraron enfrentamientos con policías y terminó con varios heridos y detenidos.
"Habrá nuevas demandas, los tiempos cambian, pero algo que nunca podemos olvidar como trabajadores, obreros y originarios, no sólo es una obligación, sino una necesidad de organizarnos y de sindicalizarnos para defender los derechos de los trabajadores”, expresó el mandatario en el acto realizado en la ciudad de Cochabamba.
El sistema cooperativo rechaza esta norma ya que atenta contra la esencia del cooperativismo, sin embargo, el Gobierno sostiene que la ley sólo está destinada a reconocer los sindicatos que están presentes en cooperativas de servicios (agua o luz) y no alentar a la creación de nuevos.
Morales dijo que "todos los sectores tienen derecho a sindicalizarse” para defender los derechos de los trabajadores.
La Federación de Cooperativistas Mineras (Fencomin) calificó como una "guerra” y una "provocación abierta y pública” del Gobierno la promulgación de esta norma y anticipó que analizará en un ampliado retomar las medidas de presión en contra de esta ley.
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Días atrás, los cooperativistas mineros salieron a las carreteras para bloquearlas y evitar el tránsito vehicular. El punto de bloqueo en Mantecani, en la vía La Paz – Oruro, fue el más álgido, debido a que se registraron enfrentamientos con policías y terminó con varios heridos y detenidos.
Aprueban ley que garantiza trato preferente a ancianos
El Concejo Municipal aprobó el Proyecto de Ley Autonómica Municipal 358, que instruye al Ejecutivo Municipal, implementar la “Credencial Única de la Persona Adulta Mayor”.
La directora de Asuntos Generacionales, Karina Carvajal, explicó que está norma ampliará los beneficios en favor a las personas mayores, tanto en el servicio del transporte urbano, como con museos y servicios higiénicos, garantizando los descuentos y el trato preferente para que los mismos puedan acceder a este conjunto de servicios.
“En la ciudad de El Alto tenemos aproximadamente 48 mil adultos mayores y todos serán beneficiados con sus credenciales a través de esta Ley que se tiene que cumplir en beneficio a esta población. Tenemos como tentativa entregar las credenciales en el mes de octubre”, señaló Carvajal.
Explicó que después de la aprobación de la norma, resta el segundo paso que será la reglamentación. “De acuerdo a ello se verá cuánto se necesita, porque son más de 48 mil adultos mayores”, dijo.
BENEFICIOS
El concejal de la Comisión de Género Generacional y Desarrollo Humano, Juanito Angulo, dijo que algunos de los beneficios de la credencial será el trato preferente en servicios municipales como el transporte público Wayna Bus, el uso gratuito de mingitorios, museos, piscinas, actividades culturales y otros.
Cabe recordar que el 26 de agosto, se recuerda el Día del Adulto Mayor, jornada para sensibilizar a la población sobre el respeto, atención y cuidado hacia los ancianos.
La directora de Asuntos Generacionales, Karina Carvajal, explicó que está norma ampliará los beneficios en favor a las personas mayores, tanto en el servicio del transporte urbano, como con museos y servicios higiénicos, garantizando los descuentos y el trato preferente para que los mismos puedan acceder a este conjunto de servicios.
“En la ciudad de El Alto tenemos aproximadamente 48 mil adultos mayores y todos serán beneficiados con sus credenciales a través de esta Ley que se tiene que cumplir en beneficio a esta población. Tenemos como tentativa entregar las credenciales en el mes de octubre”, señaló Carvajal.
Explicó que después de la aprobación de la norma, resta el segundo paso que será la reglamentación. “De acuerdo a ello se verá cuánto se necesita, porque son más de 48 mil adultos mayores”, dijo.
BENEFICIOS
El concejal de la Comisión de Género Generacional y Desarrollo Humano, Juanito Angulo, dijo que algunos de los beneficios de la credencial será el trato preferente en servicios municipales como el transporte público Wayna Bus, el uso gratuito de mingitorios, museos, piscinas, actividades culturales y otros.
Cabe recordar que el 26 de agosto, se recuerda el Día del Adulto Mayor, jornada para sensibilizar a la población sobre el respeto, atención y cuidado hacia los ancianos.
miércoles, 17 de agosto de 2016
Nace la ley de control sanitario e inocuidad
La Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, que robustecerá el control, prevención y erradicación de plagas, enfermedades y contaminantes en todo el país.
La nueva normativa que actualiza la ley 2061 y norma el cobro de tasas y alícuotas por servicios prestados, crea el Comité Plurinacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad alimentaria, conformada por los ministerios de Desarrollo Rural, de Salud y de Desarrollo Productivo, además del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y representantes de los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, agroindustriales, del comercio agropecuario y alimentario.
El comité podrá proponer planes y políticas, coadyuvar en la gestión de atención de emergencias sanitarias, fitosanitarias, seguir la implementación de programas y proyectos, evaluar al Senasag, entre otros.
Tasas establecidas
El proyecto de ley también crea 91 tasas fijas y 26 tasas variables que serán cobradas por los servicios del Senasag en 22 oficinas del país.
“Todas las tasas han sido consensuadas con los sectores productivos, grandes, medianos y pequeños”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.
Con las tasas actualizadas, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, aclaró que el Senasag, como máxima autoridad nacional competente, podrá autosustentarse.
Actualmente, el Senag recibe Bs 60 millones por recaudación y la entidad necesita Bs 80 millones. Hasta 2020, se pretende recaudar Bs 150 millones anuales que permitirán institucionalizar la entidad, lograr mayor calidad de sus profesionales, aumentar los salarios y el número de funcionarios, especialmente en frontera
martes, 2 de agosto de 2016
Ley 453 Reglamento sancionará “publicidad engañosa”
VICEMINISTRO MENDOZA ACLARÓ QUE LA LEY NO PRETENDE CONTROL DE MEDIOS.
El reglamento del derecho a la información y prevención de publicidad engañosa o abusiva de los servicios y productos ofertados entra en vigencia a partir de este 1 de agosto. La sanción por cada infracción será hasta 22 mil bolivianos.
Durante una conferencia de prensa, el viceministro de Defensa de los Derechos del Consumidor, Guillermo Mendoza, informó que el reglamento de la Ley 453 establece sanciones a prestadores de servicios, proveedores de productos y otros que “inflan la oferta” de manera intencionada.
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“Hay locales donde colocan la foto de una gran hamburguesa jugosa, pero cuando se ingresa a consumir se encuentra con una hamburguesa seca y triste, o firmas que venden pastillas para adelgazar y no garantizan resultados (…). Las sanciones van desde 1.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) hasta los 10 mil UFV de acuerdo a la gravedad y recurrencia, con un tope de 22 mil bolivianos de multa que pueden replicarse de acuerdo a la reincidencia”, explicó.
Sin embargo, aclaró que la función del Viceministerio más que de sancionar es de buscar conciliación entre ofertantes y demandantes para lograr resarcimiento moral, económico o pago por daños y perjuicios. “Las estadísticas muestran que el 91% de los casos han sido solucionados en base al diálogo entre proveedores y consumidores”, dijo.
ASTRÓLOGOS
Mendoza ofreció su conferencia de prensa acompañado de representantes de la Asociación de Astrólogos y Parapsicólogos, quienes manifestaron sentirse afectados por la aparición de “falsos espiritistas y/o yatiris” que después de engañar a sus clientes y cobrarles montos altos de dinero no cumplieron con su parte. “Incluso cobraron a una persona más de 40 mil bolivianos, casi obligándole a sacar todos su ahorros del banco por un amuleto que protegería a la familia de las desgracias, pero falló”, dijo.
MEDIOS
Mendoza dijo que a partir de la fecha su despacho realizará monitoreo a la publicidad que se difunda, pero con la intención de crear conciencia ciudadana para que los ofertantes “empiecen a autorregularse”.
“De ninguna manera es un control a los medios de comunicación; los medios alquilan el espacio, pero la persona que manda a hacer la publicidad, la que alquila el espacio al medio es las responsable”, manifestó.
El artículo primero del reglamento señala que el objeto de la norma es reglamentar el proceso de verificación y restauración en protección a los derechos a la información y a la libre elección, previniendo el incumplimiento del servicio ofertado y la utilización de la publicidad engañosa o abusiva de productos y servicios, así como la aplicación de sanciones administrativas.
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Se entiende por publicidad engañosa a cualquier modalidad de publicidad, información o comunicación total o parcial falsa, que induzca a error respecto a las características, modo de empleo u otro del producto o servicio.
lunes, 1 de agosto de 2016
Ley de Identidad de Género entra en vigencia en el país
El activista por los derechos de los homosexuales, David Aruquipa, recordó que a partir de hoy entra en plena vigencia la Ley de Identidad de Género, la misma que establece la posibilidad del cambio de nombre en todos los documentos de identidad de los miembros de la comunidad transexual y transgénero de Bolivia. Asegura que el hecho es de gran trascendencia para la comunidad TLGB (trans, lésbico, gay y bisexual) debido a que para muchas de ellas es como "volver a nacer".
Podrán casarse tras cambiar de nombre. El representante de la Coalición Boliviana de Colectivos de Lesbiana, Gays, Bisexuales y Trans (Coalibol-LGTB), Alberto Moscoso, reveló ayer que los transexuales y transgénero pueden contraer nupcias tras cambiar de identidad, en un proceso administrativo ante el Sereci.
Aclaró que no se trata de un matrimonio entre homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales u heterosexuales, porque están excluidos de la Ley de Identidad de Género, sino para personas transexuales, ya que hay un candado en el artículo 63 de la Constitución Política. Moscoso explicó que un “trans” es aquella persona que no encuentra coherencia y congruencia, entre lo que piensa, siente y su cuerpo, pero tampoco puede ir al Sereci a cambiar su nombre solo para acceder al matrimonio.
Transexuales
Trámite para cambio de nombre demora unos quince días
Solicitud. La presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, informó ayer que el trámite de cambio de nombre para las personas transexuales y transgénero demorará 15 días y las solicitudes se recibirán desde hoy.
Promulgación. El 21 de mayo, el Gobierno promulgó la Ley de Identidad de Género, que permite a las personas transexuales y transgénero cambiar el nombre y sexo en los documentos de identidad, cuentas bancarias, títulos profesionales, entre otros. Este trámite se realizará de manera frecuente en todos los Serecis departamentales.
Podrán casarse tras cambiar de nombre. El representante de la Coalición Boliviana de Colectivos de Lesbiana, Gays, Bisexuales y Trans (Coalibol-LGTB), Alberto Moscoso, reveló ayer que los transexuales y transgénero pueden contraer nupcias tras cambiar de identidad, en un proceso administrativo ante el Sereci.
Aclaró que no se trata de un matrimonio entre homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales u heterosexuales, porque están excluidos de la Ley de Identidad de Género, sino para personas transexuales, ya que hay un candado en el artículo 63 de la Constitución Política. Moscoso explicó que un “trans” es aquella persona que no encuentra coherencia y congruencia, entre lo que piensa, siente y su cuerpo, pero tampoco puede ir al Sereci a cambiar su nombre solo para acceder al matrimonio.
Transexuales
Trámite para cambio de nombre demora unos quince días
Solicitud. La presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, informó ayer que el trámite de cambio de nombre para las personas transexuales y transgénero demorará 15 días y las solicitudes se recibirán desde hoy.
Promulgación. El 21 de mayo, el Gobierno promulgó la Ley de Identidad de Género, que permite a las personas transexuales y transgénero cambiar el nombre y sexo en los documentos de identidad, cuentas bancarias, títulos profesionales, entre otros. Este trámite se realizará de manera frecuente en todos los Serecis departamentales.
domingo, 31 de julio de 2016
Ley Nacional de Juventudes será socializada en colegios
Desde el lunes 1 de febrero, a iniciativa de la Red Participación Política Juvenil (PPJ), comenzará la socialización de la Ley 342 "Ley Nacional de Juventudes", en las diferentes unidades educativas de Oruro, ante la necesidad de que los jóvenes logren mayor participación en las decisiones de sus departamentos y del país.
El representante de la Red PPJ, Dennis Vallejos Usnayo, manifestó que existe muchas instituciones que buscan aportar en la elaboración de leyes municipales de juventudes, pero sin mucho conocimiento de la norma nacional, por ello el trabajo que iniciará esta semana, hará énfasis en este y otros problemas
"Hay muchas instituciones que indirectamente están planteando presentar proyectos de leyes municipales de la juventud, que también nosotros lo hemos intentado en su momento, pero lo que no se está atacando de manera profunda, es la socialización de la ley nacional, creemos que es importante que antes de trabajar en un proyecto de ley municipal deben conocer a grandes rasgos ", enfatizó.
Este trabajo de socialización tiene la autorización de la Dirección Distrital de Educación de Oruro, además el apoyo de la Federación Universitaria Local (FUL) y los activistas Jóvenes por Oruro. "Estamos empezando el cronograma con directores de colegios, porque si bien tenemos la autorización de la distrital, cada colegio tiene sus propias actividades internas, por lo que estamos ingresando primero a los colegios para coordinar con los directores y centros de estudiantes", enfatizó Vallejos.
El primer trabajo que se cumplirá será coordinar con los directores de los establecimientos, para determinar un cronograma, aunque por las celebraciones de las fiestas patrias, este cronograma podría ser modificable, teniendo el objetivo de llegar a más de 35 municipios, antes de la culminación de septiembre.
El representante de la Red PPJ, Dennis Vallejos Usnayo, manifestó que existe muchas instituciones que buscan aportar en la elaboración de leyes municipales de juventudes, pero sin mucho conocimiento de la norma nacional, por ello el trabajo que iniciará esta semana, hará énfasis en este y otros problemas
"Hay muchas instituciones que indirectamente están planteando presentar proyectos de leyes municipales de la juventud, que también nosotros lo hemos intentado en su momento, pero lo que no se está atacando de manera profunda, es la socialización de la ley nacional, creemos que es importante que antes de trabajar en un proyecto de ley municipal deben conocer a grandes rasgos ", enfatizó.
Este trabajo de socialización tiene la autorización de la Dirección Distrital de Educación de Oruro, además el apoyo de la Federación Universitaria Local (FUL) y los activistas Jóvenes por Oruro. "Estamos empezando el cronograma con directores de colegios, porque si bien tenemos la autorización de la distrital, cada colegio tiene sus propias actividades internas, por lo que estamos ingresando primero a los colegios para coordinar con los directores y centros de estudiantes", enfatizó Vallejos.
El primer trabajo que se cumplirá será coordinar con los directores de los establecimientos, para determinar un cronograma, aunque por las celebraciones de las fiestas patrias, este cronograma podría ser modificable, teniendo el objetivo de llegar a más de 35 municipios, antes de la culminación de septiembre.
martes, 26 de julio de 2016
Santa Cruz Ley de Salud Gratuita rige desde el 1 de septiembre
La Ley Municipal de Salud Gratuita, que ayer promulgó el alcalde Percy Fernández, entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y beneficiará a alrededor de 600.000 personas del municipio de Santa Cruz de la Sierra.
La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, explicó los alcances de esta norma. “A partir del 1 de septiembre se va a perfeccionar la ley y a través de los centros de salud se entregará carnet con vigencia de un año”, dijo.
Según la norma, los beneficiarios serán las personas mayores de cinco años y menores de 60 años de edad, con radicatoria permanente en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y que no cuenten con ningún tipo de seguro social a corto plazo, ya sea público o privado.
A través de la reglamentación de la ley se establecerán los requisitos, los mismos que tendrán carácter prioritario como el carnet biométrico de votación, facturas de luz o agua.
“Somos el primer municipio del país que lanza una ley con un gran desafío como el derecho a la vida y el respeto a las personas. Tenemos un compromiso con la gente y vamos a hacer una campaña de concienciación para explicar todo lo que significa la atención de primer y segundo nivel”, acotó Sosa.
En el municipio de Santa Cruz de la Sierra hay más de 60 centros de salud de atención primaria que están distribuidos en la ciudad y otros cinco de segundo nivel con atención especializada.
Los servicios gratuitos que se brindarán en los centros de salud de primer y segundo son: promoción y prevención, consulta ambulatoria e integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico, servicios odontológicos y servicios quirúrgicos.
lunes, 25 de julio de 2016
Ley de pandillas descarta cuarteles y prevé creación de unidad policial
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, descartó incluir en el proyecto de Ley de Prevención y Lucha Contra la Delincuencia Juvenil y Pandillas la propuesta de enlistar en cuarteles a jóvenes pandilleros y delincuentes.
Lo hizo debido a que el Ministerio de Defensa rechazó hacerse cargo de la medida. Por otro lado, el proyecto prevé la creación en la Policía Nacional de una unidad especializada en el combate y desarticulación de pandillas.
PROPUESTA La propuesta de encuartelar a pandilleros como medida correctiva surgió de la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana, realizada en La Paz el 11 de abril. En ese encuentro nacional se aprobó el anteproyecto de ley sobre pandillas, así como otros dos proyectos legislativos para reformar el régimen penitenciario y el policial.
“Ése era nuestro planteamiento como Ministerio de Gobierno; sin embargo, el Ministerio de Defensa ha rechazado participar en todo este proceso preventivo y de rehabilitación (a través de las Fuerzas Armadas), arguyendo que no son sus competencias”, informó a OPINIÓN el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio.
Dado que el reclutamiento quedó fuera del texto del proyecto de ley, Aparicio explicó que la alternativa consiste en que las gobernaciones y municipios del país construyan centros de rehabilitación para los jóvenes infractores de la ley. Además, “vamos a incorporar también a los padres de familia, quienes deben acompañar a sus hijos, no como una sanción, y ser partícipes de toda la etapa de rehabilitación”.
En junio se supo que el proyecto de ley prevé también sanciones para los padres, para que estos asuman responsabilidades en la reparación de los daños civiles ocasionados por sus hijos menores de edad y, del mismo modo, para los profesores que no reporten oportunamente la presencia de pandillas o el consumo de alcohol y drogas en las unidades educativas.
UNIDAD ESPECIAL Aparicio adelantó que otra de las disposiciones contenidas en la propuesta legislativa es la creación de la Unidad de Lucha Contra las Pandillas en la Policía. La misma estará dedicada a combatir y desarticular a estos grupos delictivos. Desde ella se hará un seguimiento a la información que la ciudadanía pueda proporcionar, así como una persecución a los líderes de las pandillas, indicó.
Según el viceministro, el Ministerio de Gobierno ya concluyó con la elaboración del proyecto de ley, el cual será remitido ahora al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) de ministros, para su aprobación u objeciones. No obstante, añadió, “la mayoría de los ministerios ha planteado ya sus correcciones, opiniones y aportes”.
La propuesta fue socializada además con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, organismos internacionales que trabajan en el tema, y con gobiernos subnacionales. Aparicio calcula que dentro de una o dos semanas, el proyecto será remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
David Ramos Mamani, presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, señaló que hace tres semanas, y junto con el Ministerio de Gobierno, se sistematizó el anteproyecto para “enriquecerlo, mejorarlo y para que pueda ingresar por conducto regular a la Asamblea”. En todo caso, el tratamiento de la ley comenzará en agosto, cuando el receso legislativo culmine.
“La aprobación de la ley irá acompañada de un trabajo institucional e integral en el ámbito de la prevención, utilizando la propia ley. Vamos a hacer que entre en vigencia inmediatamente y vamos a articular esfuerzos”, complementó Aparicio. En términos de prevención, la futura norma contempla un trabajo interinstitucional que involucra a diferentes instancias y niveles de Gobierno. “Queremos que se ponga en la currícula educativa el tema de prevención contra las pandillas”, anticipó el diputado David Ramos Mamani.
Nuevos tipos penales y sanciones
El proyecto de ley sobre delincuencia juvenil y pandillas prevé cambios en el Código Penal a través de la incorporación de nuevos tipos penales, entre ellos el de pertenencia a una pandilla y el de organización criminal relacionada con pandillas. Así lo adelantó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, quien dijo que actualmente, al no estar tipificada la pertenencia de una persona a ese tipo de grupos, es difícil procesarla si no se la encuentra en la comisión flagrante de un delito específico.
La futura norma disminuirá las atenuantes en la comisión de un delito para las personas menores de edad. Con la normativa actual, se aplica una atenuante de cuatro quintas partes de la pena. El proyecto de ley sobre pandillas disminuye la atenuante a tres quintas partes. Según convenciones internacionales, un niño o adolescente solo puede recibir una pena de 10 años en un centro de reclusión o un reformatorio, algo que se va a respetar en el anteproyecto, explicó Aparicio.
Según el Viceministro, el objetivo del proyecto de ley no es reprimir a los menores de edad, sino sancionar severamente a las personas que conforman pandillas y que reclutan niños, niñas y adolescentes para inducirlos al consumo de alcohol, drogas y a la comisión de actos delictivos. “Todas estas actividades ilícitas a las que incorporan a menores de edad serán sancionadas directamente y el líder de la pandilla asumirá la responsabilidad”.
Existen 269 pandillas en el país y algunas tienen filiales
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha identificado la existencia de 269 pandillas a nivel nacional. Algunas de ellas cuentan con filiales en más de una región. Además del eje central, estos grupos ahora se han conformado en ciudades intermedias, fronterizas y en lugares en los que antes no existían. Quienes los lideran, buscan posicionar la idea de que pertenecer a una pandilla “está de moda” para captar a integrantes cada vez más jóvenes.
“Tenemos contabilizadas 269 pandillas a nivel nacional con un promedio de 30 a 25 integrantes; estas pandillas se dedican a consumir sustancias ilícitas, al microtráfico (de drogas), al consumo de alcohol y a la comisión de delitos”, señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Esos delitos, detalló, los cometen varias personas. Se trata de robos agravados con uso de armas punzo cortantes y a veces con armas de fuego.
A decir de la autoridad, estos grupos generan inseguridad en barrios alejados y emergentes de ciudades como El Alto y Santa Cruz, en la zona central de La Paz y en la zona sur de Cochabamba. También se los ha visibilizado en centros urbanos intermedios, fronterizos y en regiones donde antes no había pandillas como Beni. “Son pandillas con filiales; por ejemplo Bola Ocho de Santa Cruz se ha ido expandiendo a otros departamentos, tiene filiales en Beni y Pando que no tienen una relación de organización, pero sí el mismo nombre y preocupa que se quiera posicionar una cierta pandilla a nivel nacional”.
El martes, el fiscal departamental de Beni, Edil López, informó que 17 personas, presuntamente integrantes de una pandilla en Riberalta, fueron detenidas preventivamente tras ser imputadas por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de homicidio tras agredir con machetes a dos ciudadanos el domingo 17 de julio. Cinco de ellas son adultos y las otras doce, menores de edad.
PRESENCIA “En Cochabamba tenemos sobre todo el problema de los llamados polillas o personas en situación de calle, aunque también existen pandillas en zonas más alejadas, hay pandillas violentas sobre todo en la zona sur de la ciudad y en sectores como Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba y Molle Molle”, precisó Aparicio.
La situación, aseguró, empieza a ser controlada con operativos y patrullajes policiales permanentes.
El 3 de abril, Velka Krellac, directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, dijo que la ciudad es la tercera con mayor número de pandillas. La Paz ocupa el primer lugar, seguida del departamento de Santa Cruz.
FACTORES Consultado sobre lo que motiva a un joven a pertenecer a una pandilla, Aparicio señaló que se tenía la idea de que esos grupos se conformaban por falta de afecto en el hogar, por adolescentes que buscan identidad y reconocimiento de los demás. No obstante, añadió, se ha visibilizado que últimamente quienes conforman pandillas “quieren ponerlo de moda”. Se trata de adultos que “les van mostrando a personas muy jóvenes el mundo de la diversión, de las fiestas, de las chicas, del consumo de alcohol y drogas. Son tentados a esa vida de libertinaje, ya luego los arrastran a la comisión de delitos”.
EDADES Según el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, los líderes de las pandillas son generalmente delincuentes adultos, de entre 35 y 40 años de edad, que se dedican a conformar esos grupos para tener una especie de brazo operativo y de respaldo, un grupo de choque para trasladar su violencia al ámbito juvenil. En cuanto a la edad de las personas que son captadas para integrar las pandillas, la misma se ha reducido últimamente a 13 y 14 años, cuando antes era de 15 años hacia arriba.
Diputados trabajan en reformas a norma de Seguridad Ciudadana
La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto de ley para modificar la Ley 264 de Seguridad Ciudadana y hacer que la misma sea más operativa, permita la participación directa de la Policía y haga que el presupuesto asignado a los gobiernos departamentales y municipales sea ejecutado de manera óptima.
Así lo informó a OPINIÓN el diputado David Ramos Mamani (MAS), presidente de la Comisión. “La Ley 254 tienen muchos vacíos que no permiten una ejecución presupuestaria óptima y eficaz del 10 por ciento del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos); planteamos la modificación para que (la norma) sea más operativa, dinámica y permita alcanzar la ejecución presupuestaria”, explicó.
Por otro lado, agregó, la Policía no participa en la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) que desarrollan las gobernaciones y municipios. Lo que el proyecto de ley plantea es que la Policía sea ahora un actor central en el desarrollo de los POA. “Otro de los propósitos fundamentales (del proyecto) es dar celeridad a los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad Ciudadana, que hasta ahora no funcionan. Queremos establecer cuántas reuniones habrá en la gestión para diseñar políticas que aborden la seguridad ciudadana de manera directa; ello daría lugar a que ese presupuesto que reconoce la ley sea utilizado de manera más óptima y alcance a toda la población”.
La Comisión que preside Mamani trabaja además en el anteproyecto de ley para reformar el régimen penitenciario del país. El mismo, adelantó el diputado, plantea la humanización de las penas y la clasificación de la gente que ingresa a las cárceles en personas peligrosas y reincidentes, y en aquellas con penas leves que pueden ser más fácilmente reinsertadas en la sociedad.
EDUCACIÓN Para Carmen Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), las pandillas constituyen “un tema muy preocupante que no lo arregla la ley, sino que lo tiene que arreglar la educación”, la cual tiene que darse en la niñez. “Educar a un adulto es muy difícil, un niño la recibe y está abierto a ello, y ese niño tiene que llegar con valores a ser joven”. Como concepto, añadió, la pandilla implica tener amigos, algo positivo desde lo social, el para qué necesita de otros es lo que hay que analizar.
Lo hizo debido a que el Ministerio de Defensa rechazó hacerse cargo de la medida. Por otro lado, el proyecto prevé la creación en la Policía Nacional de una unidad especializada en el combate y desarticulación de pandillas.
PROPUESTA La propuesta de encuartelar a pandilleros como medida correctiva surgió de la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana, realizada en La Paz el 11 de abril. En ese encuentro nacional se aprobó el anteproyecto de ley sobre pandillas, así como otros dos proyectos legislativos para reformar el régimen penitenciario y el policial.
“Ése era nuestro planteamiento como Ministerio de Gobierno; sin embargo, el Ministerio de Defensa ha rechazado participar en todo este proceso preventivo y de rehabilitación (a través de las Fuerzas Armadas), arguyendo que no son sus competencias”, informó a OPINIÓN el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio.
Dado que el reclutamiento quedó fuera del texto del proyecto de ley, Aparicio explicó que la alternativa consiste en que las gobernaciones y municipios del país construyan centros de rehabilitación para los jóvenes infractores de la ley. Además, “vamos a incorporar también a los padres de familia, quienes deben acompañar a sus hijos, no como una sanción, y ser partícipes de toda la etapa de rehabilitación”.
En junio se supo que el proyecto de ley prevé también sanciones para los padres, para que estos asuman responsabilidades en la reparación de los daños civiles ocasionados por sus hijos menores de edad y, del mismo modo, para los profesores que no reporten oportunamente la presencia de pandillas o el consumo de alcohol y drogas en las unidades educativas.
UNIDAD ESPECIAL Aparicio adelantó que otra de las disposiciones contenidas en la propuesta legislativa es la creación de la Unidad de Lucha Contra las Pandillas en la Policía. La misma estará dedicada a combatir y desarticular a estos grupos delictivos. Desde ella se hará un seguimiento a la información que la ciudadanía pueda proporcionar, así como una persecución a los líderes de las pandillas, indicó.
Según el viceministro, el Ministerio de Gobierno ya concluyó con la elaboración del proyecto de ley, el cual será remitido ahora al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) de ministros, para su aprobación u objeciones. No obstante, añadió, “la mayoría de los ministerios ha planteado ya sus correcciones, opiniones y aportes”.
La propuesta fue socializada además con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, organismos internacionales que trabajan en el tema, y con gobiernos subnacionales. Aparicio calcula que dentro de una o dos semanas, el proyecto será remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
David Ramos Mamani, presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, señaló que hace tres semanas, y junto con el Ministerio de Gobierno, se sistematizó el anteproyecto para “enriquecerlo, mejorarlo y para que pueda ingresar por conducto regular a la Asamblea”. En todo caso, el tratamiento de la ley comenzará en agosto, cuando el receso legislativo culmine.
“La aprobación de la ley irá acompañada de un trabajo institucional e integral en el ámbito de la prevención, utilizando la propia ley. Vamos a hacer que entre en vigencia inmediatamente y vamos a articular esfuerzos”, complementó Aparicio. En términos de prevención, la futura norma contempla un trabajo interinstitucional que involucra a diferentes instancias y niveles de Gobierno. “Queremos que se ponga en la currícula educativa el tema de prevención contra las pandillas”, anticipó el diputado David Ramos Mamani.
Nuevos tipos penales y sanciones
El proyecto de ley sobre delincuencia juvenil y pandillas prevé cambios en el Código Penal a través de la incorporación de nuevos tipos penales, entre ellos el de pertenencia a una pandilla y el de organización criminal relacionada con pandillas. Así lo adelantó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, quien dijo que actualmente, al no estar tipificada la pertenencia de una persona a ese tipo de grupos, es difícil procesarla si no se la encuentra en la comisión flagrante de un delito específico.
La futura norma disminuirá las atenuantes en la comisión de un delito para las personas menores de edad. Con la normativa actual, se aplica una atenuante de cuatro quintas partes de la pena. El proyecto de ley sobre pandillas disminuye la atenuante a tres quintas partes. Según convenciones internacionales, un niño o adolescente solo puede recibir una pena de 10 años en un centro de reclusión o un reformatorio, algo que se va a respetar en el anteproyecto, explicó Aparicio.
Según el Viceministro, el objetivo del proyecto de ley no es reprimir a los menores de edad, sino sancionar severamente a las personas que conforman pandillas y que reclutan niños, niñas y adolescentes para inducirlos al consumo de alcohol, drogas y a la comisión de actos delictivos. “Todas estas actividades ilícitas a las que incorporan a menores de edad serán sancionadas directamente y el líder de la pandilla asumirá la responsabilidad”.
Existen 269 pandillas en el país y algunas tienen filiales
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha identificado la existencia de 269 pandillas a nivel nacional. Algunas de ellas cuentan con filiales en más de una región. Además del eje central, estos grupos ahora se han conformado en ciudades intermedias, fronterizas y en lugares en los que antes no existían. Quienes los lideran, buscan posicionar la idea de que pertenecer a una pandilla “está de moda” para captar a integrantes cada vez más jóvenes.
“Tenemos contabilizadas 269 pandillas a nivel nacional con un promedio de 30 a 25 integrantes; estas pandillas se dedican a consumir sustancias ilícitas, al microtráfico (de drogas), al consumo de alcohol y a la comisión de delitos”, señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Esos delitos, detalló, los cometen varias personas. Se trata de robos agravados con uso de armas punzo cortantes y a veces con armas de fuego.
A decir de la autoridad, estos grupos generan inseguridad en barrios alejados y emergentes de ciudades como El Alto y Santa Cruz, en la zona central de La Paz y en la zona sur de Cochabamba. También se los ha visibilizado en centros urbanos intermedios, fronterizos y en regiones donde antes no había pandillas como Beni. “Son pandillas con filiales; por ejemplo Bola Ocho de Santa Cruz se ha ido expandiendo a otros departamentos, tiene filiales en Beni y Pando que no tienen una relación de organización, pero sí el mismo nombre y preocupa que se quiera posicionar una cierta pandilla a nivel nacional”.
El martes, el fiscal departamental de Beni, Edil López, informó que 17 personas, presuntamente integrantes de una pandilla en Riberalta, fueron detenidas preventivamente tras ser imputadas por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de homicidio tras agredir con machetes a dos ciudadanos el domingo 17 de julio. Cinco de ellas son adultos y las otras doce, menores de edad.
PRESENCIA “En Cochabamba tenemos sobre todo el problema de los llamados polillas o personas en situación de calle, aunque también existen pandillas en zonas más alejadas, hay pandillas violentas sobre todo en la zona sur de la ciudad y en sectores como Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba y Molle Molle”, precisó Aparicio.
La situación, aseguró, empieza a ser controlada con operativos y patrullajes policiales permanentes.
El 3 de abril, Velka Krellac, directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, dijo que la ciudad es la tercera con mayor número de pandillas. La Paz ocupa el primer lugar, seguida del departamento de Santa Cruz.
FACTORES Consultado sobre lo que motiva a un joven a pertenecer a una pandilla, Aparicio señaló que se tenía la idea de que esos grupos se conformaban por falta de afecto en el hogar, por adolescentes que buscan identidad y reconocimiento de los demás. No obstante, añadió, se ha visibilizado que últimamente quienes conforman pandillas “quieren ponerlo de moda”. Se trata de adultos que “les van mostrando a personas muy jóvenes el mundo de la diversión, de las fiestas, de las chicas, del consumo de alcohol y drogas. Son tentados a esa vida de libertinaje, ya luego los arrastran a la comisión de delitos”.
EDADES Según el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, los líderes de las pandillas son generalmente delincuentes adultos, de entre 35 y 40 años de edad, que se dedican a conformar esos grupos para tener una especie de brazo operativo y de respaldo, un grupo de choque para trasladar su violencia al ámbito juvenil. En cuanto a la edad de las personas que son captadas para integrar las pandillas, la misma se ha reducido últimamente a 13 y 14 años, cuando antes era de 15 años hacia arriba.
Diputados trabajan en reformas a norma de Seguridad Ciudadana
La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto de ley para modificar la Ley 264 de Seguridad Ciudadana y hacer que la misma sea más operativa, permita la participación directa de la Policía y haga que el presupuesto asignado a los gobiernos departamentales y municipales sea ejecutado de manera óptima.
Así lo informó a OPINIÓN el diputado David Ramos Mamani (MAS), presidente de la Comisión. “La Ley 254 tienen muchos vacíos que no permiten una ejecución presupuestaria óptima y eficaz del 10 por ciento del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos); planteamos la modificación para que (la norma) sea más operativa, dinámica y permita alcanzar la ejecución presupuestaria”, explicó.
Por otro lado, agregó, la Policía no participa en la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) que desarrollan las gobernaciones y municipios. Lo que el proyecto de ley plantea es que la Policía sea ahora un actor central en el desarrollo de los POA. “Otro de los propósitos fundamentales (del proyecto) es dar celeridad a los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad Ciudadana, que hasta ahora no funcionan. Queremos establecer cuántas reuniones habrá en la gestión para diseñar políticas que aborden la seguridad ciudadana de manera directa; ello daría lugar a que ese presupuesto que reconoce la ley sea utilizado de manera más óptima y alcance a toda la población”.
La Comisión que preside Mamani trabaja además en el anteproyecto de ley para reformar el régimen penitenciario del país. El mismo, adelantó el diputado, plantea la humanización de las penas y la clasificación de la gente que ingresa a las cárceles en personas peligrosas y reincidentes, y en aquellas con penas leves que pueden ser más fácilmente reinsertadas en la sociedad.
EDUCACIÓN Para Carmen Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), las pandillas constituyen “un tema muy preocupante que no lo arregla la ley, sino que lo tiene que arreglar la educación”, la cual tiene que darse en la niñez. “Educar a un adulto es muy difícil, un niño la recibe y está abierto a ello, y ese niño tiene que llegar con valores a ser joven”. Como concepto, añadió, la pandilla implica tener amigos, algo positivo desde lo social, el para qué necesita de otros es lo que hay que analizar.
sábado, 23 de julio de 2016
Diputado plantea cambio y mejoras a la ley forestal
Frente a la subida del precio de la materia prima para los carpinteros, al igual que otros aspectos como el contrabando y la forma de remate de madera que realiza la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el diputado Alex Mamani del Movimiento al Socialismo (MAS), junto con una comisión de carpinteros, propondrán ante instancias nacionales la modificación de la Ley Forestal Nº 1700.
Mamani informó que sostuvo una reunión con los carpinteros del barrio Simón Bolívar, quienes expresaron su preocupación por los precios de la madera, razón por la cual, muchos abandonaron este rubro en búsqueda de nuevas fuentes laborales. “La madera, en 2015 estaba a unos 180 a 200 bolivianos, ahora está llegando a 250 o 280 bolivianos”, agregó.
Asimismo, informó que la modificación de la normativa contemplará un trato más justo para los carpinteros, para que éstos accedan a la compra de la madera decomisada a un precio económico y no sólo los particulares o comercializadoras que ni siquiera pertenecen al rubro, como hace unas semanas se dio a conocer.
Otra de las propuestas hará referencia a la exportación, es así que solicitarán que antes de vender la madera al exterior del país, primero se priorice la cobertura para el mercado interno.
Cierre de empresas
Según Mamani, debido a las condiciones de este oficio, muchos carpinteros abandonaron el rubro y optaron por diferentes actividades, “algunos se dedicaron al comercio o trabajan de taxistas”. Y esta situación afecta al país, puesto que quienes se dedicaban a esa área dejan de tributar al Estado y a su vez, con el cierre de sus pequeñas o medianas empresas, disminuyen las fuentes laborales.
Reunión
En este marco, se prevé una reunión en La Paz, el próximo viernes 29 de julio entre el diputado Alex Mamani, carpinteros de diferentes departamentos, y los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno Nacional.
jueves, 21 de julio de 2016
Proyecto de ley laboral propone generar empleo
La generación de empleo y mejoras a las condiciones laborales son algunas de las reformas propuestas en el proyecto de ley denominado precisamente Ley General del Trabajo y el Empleo, cuyo primer borrador fue presentado ayer, en esta ciudad, a empresarios y académicos.
Entre sus observaciones, los representantes de la Federación de Entidades Privadas Empresariales de Cochabamba (FEPC) reiteraron la necesidad de que la normativa incluya la participación de obreros, empleadores y Estado.
Ley General del Trabajo y el Empleo es el nombre del proyecto de ley elaborado por la denominada “Mesa Laboral”, que reúne a especialistas, académicos y abogados laboristas que trabajan hace casi tres años para modernizar la ley laboral actual, que data de hace más de 70 años.
Richard Villca, uno de sus miembros, explicó que la generación de empleo es “clave” y precisa la participación del Estado para incentivar la contratación de nuevos trabajadores.
Puesto que el empleo no puede estar separado de la capacitación, señaló Villca, tiene que haber una política de incentivos de parte del empresariado y el Estado tiene que dar las condiciones.
Entre otras reformas, la propuesta mantiene la jornada laboral de ocho horas, pero que tanto hombres como mujeres trabajen 44 horas, pues la diferenciación que se hace actualmente (40 horas para mujeres y 48 para hombres), sumada a que no pueden trabajar de noche y tienen descansos pre y posnatales son “insostenibles y están ocasionando menor empleo para mujeres. “Es el efecto perverso de una norma proteccionista”, apuntó Villca.
Otro planteamiento es la racionalización del bono de antigüedad y estandarizar la vacación a 20 días, tanto para el novato que inicia su primer empleo como para aquel empleado que tenga 30 años de antigüedad. La razón es que, por ejemplo, una vacación de 40 días puede llegar a ser insostenible para el empleador y generar despidos. Esta diferenciación y otras, como la falta de empleo para jóvenes, son algunas de las brechas que el proyecto de ley busca equiparar.
El laboralista Gonzalo Crespo añadió que propone además que los trabajadores tengan derecho a la huelga si el empleador no paga los aportes a la seguridad social de corto y largo plazo o si se retrasa en el pago de sueldos por 15 días, entre otros temas.
El presidente de la FEPC, Federico Diez de Medina, destacó que el documento incluya la participación y responsabilidad del Estado debido a que, en el actual contexto, problemas como el contrabando, cuyo control es competencia estatal, ocasionan despidos y competencia desleal a la industria nacional.
También hizo notar que hay decretos y leyes que dan preferencia al producto nacional pero el Estado no los hace cumplir.
Por su parte, el director ejecutivo de la FEPC, Alberto Arze, destacó que percibe “un justo equilibrio” entre mantener la estructura tradicional para no generar desequilibrio y medidas progresistas, como el incentivo tributario a las empresas por la capacitación de recursos humanos.
Sin embargo, observó el artículo que deja en manos del Estado la fijación del incremento salarial, cuando la política salarial debe responder al tripartismo y a criterios lógicos y económicos.
En el conversatorio, auspiciado por la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participaciñon Ciudadana (Fundappac) y la Fundación Konrad Adenauer, Villca destacó la necesidad de recoger una extensa normativa laboral dispersa para actualizar la ley laboral, algo que además permitirá “blindarla” para evitar vulnerar la jerarquía normativa.
Esta iniciativa será presentada ante la comisión a cargo en la Asamblea Legislativa, luego de ser socializada. Villca insistió en que es un documento perfectible y revisable.
Entre sus observaciones, los representantes de la Federación de Entidades Privadas Empresariales de Cochabamba (FEPC) reiteraron la necesidad de que la normativa incluya la participación de obreros, empleadores y Estado.
Ley General del Trabajo y el Empleo es el nombre del proyecto de ley elaborado por la denominada “Mesa Laboral”, que reúne a especialistas, académicos y abogados laboristas que trabajan hace casi tres años para modernizar la ley laboral actual, que data de hace más de 70 años.
Richard Villca, uno de sus miembros, explicó que la generación de empleo es “clave” y precisa la participación del Estado para incentivar la contratación de nuevos trabajadores.
Puesto que el empleo no puede estar separado de la capacitación, señaló Villca, tiene que haber una política de incentivos de parte del empresariado y el Estado tiene que dar las condiciones.
Entre otras reformas, la propuesta mantiene la jornada laboral de ocho horas, pero que tanto hombres como mujeres trabajen 44 horas, pues la diferenciación que se hace actualmente (40 horas para mujeres y 48 para hombres), sumada a que no pueden trabajar de noche y tienen descansos pre y posnatales son “insostenibles y están ocasionando menor empleo para mujeres. “Es el efecto perverso de una norma proteccionista”, apuntó Villca.
Otro planteamiento es la racionalización del bono de antigüedad y estandarizar la vacación a 20 días, tanto para el novato que inicia su primer empleo como para aquel empleado que tenga 30 años de antigüedad. La razón es que, por ejemplo, una vacación de 40 días puede llegar a ser insostenible para el empleador y generar despidos. Esta diferenciación y otras, como la falta de empleo para jóvenes, son algunas de las brechas que el proyecto de ley busca equiparar.
El laboralista Gonzalo Crespo añadió que propone además que los trabajadores tengan derecho a la huelga si el empleador no paga los aportes a la seguridad social de corto y largo plazo o si se retrasa en el pago de sueldos por 15 días, entre otros temas.
El presidente de la FEPC, Federico Diez de Medina, destacó que el documento incluya la participación y responsabilidad del Estado debido a que, en el actual contexto, problemas como el contrabando, cuyo control es competencia estatal, ocasionan despidos y competencia desleal a la industria nacional.
También hizo notar que hay decretos y leyes que dan preferencia al producto nacional pero el Estado no los hace cumplir.
Por su parte, el director ejecutivo de la FEPC, Alberto Arze, destacó que percibe “un justo equilibrio” entre mantener la estructura tradicional para no generar desequilibrio y medidas progresistas, como el incentivo tributario a las empresas por la capacitación de recursos humanos.
Sin embargo, observó el artículo que deja en manos del Estado la fijación del incremento salarial, cuando la política salarial debe responder al tripartismo y a criterios lógicos y económicos.
En el conversatorio, auspiciado por la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participaciñon Ciudadana (Fundappac) y la Fundación Konrad Adenauer, Villca destacó la necesidad de recoger una extensa normativa laboral dispersa para actualizar la ley laboral, algo que además permitirá “blindarla” para evitar vulnerar la jerarquía normativa.
Esta iniciativa será presentada ante la comisión a cargo en la Asamblea Legislativa, luego de ser socializada. Villca insistió en que es un documento perfectible y revisable.
miércoles, 20 de julio de 2016
Proyecto de ley busca prohibir venta de cigarrillos al por menor
El director de la Sección Tabaco del Ministerios de Salud, Willy Alanoca, adelantó ayer que el proyecto de ley contra el tabaco buscará eliminar la venta por raleo y la de las cajetillas de 10 unidades, como una de una medida de carácter sanitario.
Apuntó que el Ministerio de Salud, sobre la base de estudios que ha realizado sobre contaminación ambiental en lugares cerrados y evaluando las estrategias de la industria tabacalera, elaboró un proyecto de ley, rescatando la experiencia nacional e internacional.
“Esperemos socializar con los otros ministerios y recibir apoyo; por ejemplo, este proyecto de Ley elimina la venta de cajetillas de cigarrillos de 10 unidades y por unidad; sin embargo, debe ser socializado y esperemos que hasta fin de año este proceso pueda ser presentado al órgano legislativo”, dijo.
Señaló que Bolivia no es un país productor de tabaco, pero reporta altos índices de consumo, lo que significa un problema de salud pública. El 25% de la población boliviana consume tabaco, los departamentos que reportan mayor consumo son: La Paz, 33%, Sucre, 32%, Oruro, 30% y Santa Cruz, 25%.
Según la “Radiografía del Tabaquismo”, en Bolivia 12 personas mueren diariamente a causa de la exposición al humo o consumo del tabaco.
Alanoca aseguró que el Ministerio de Salud coordina una agenda interinstitucional con la Misión del Convenio Marco para el Control del Tabaco, con el objetivo de analizar y evaluar los avances que tiene el país, frente al consumo del tabaco.
“Se ha preparado una agenda con varios sectores del país para abordar el tema del tabaco y posteriormente elaborar un Plan de Acción, para reducir su consumo en Bolivia y proteger a la exposición del humo de tabaco ajeno, como una de las medidas más efectivas que deben priorizarse”, manifestó.
Apuntó que el Ministerio de Salud, sobre la base de estudios que ha realizado sobre contaminación ambiental en lugares cerrados y evaluando las estrategias de la industria tabacalera, elaboró un proyecto de ley, rescatando la experiencia nacional e internacional.
“Esperemos socializar con los otros ministerios y recibir apoyo; por ejemplo, este proyecto de Ley elimina la venta de cajetillas de cigarrillos de 10 unidades y por unidad; sin embargo, debe ser socializado y esperemos que hasta fin de año este proceso pueda ser presentado al órgano legislativo”, dijo.
Señaló que Bolivia no es un país productor de tabaco, pero reporta altos índices de consumo, lo que significa un problema de salud pública. El 25% de la población boliviana consume tabaco, los departamentos que reportan mayor consumo son: La Paz, 33%, Sucre, 32%, Oruro, 30% y Santa Cruz, 25%.
Según la “Radiografía del Tabaquismo”, en Bolivia 12 personas mueren diariamente a causa de la exposición al humo o consumo del tabaco.
Alanoca aseguró que el Ministerio de Salud coordina una agenda interinstitucional con la Misión del Convenio Marco para el Control del Tabaco, con el objetivo de analizar y evaluar los avances que tiene el país, frente al consumo del tabaco.
“Se ha preparado una agenda con varios sectores del país para abordar el tema del tabaco y posteriormente elaborar un Plan de Acción, para reducir su consumo en Bolivia y proteger a la exposición del humo de tabaco ajeno, como una de las medidas más efectivas que deben priorizarse”, manifestó.
lunes, 18 de julio de 2016
La Ley del Servidor Público anulará contratos en línea
El anuncio oficial del Gobierno de abrogar el Estatuto del Funcionario Público y reemplazar por una Ley del Servidor Público, según Elmo Pérez, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), entre muchos aspectos todavía a ser considerados a favor los trabajadores, eliminará los “contratos en línea”.
Según el ejecutivo de la COB, dicha figura laboral que se impuso en los últimos 15 años, en muchas entidades privadas y sobre todo públicas del Gobierno central, las gobernaciones y municipios del país, fue aplicado como mecanismo de contratación de los servicios personales y profesionales vulnerando los preceptos de la Ley General del Trabajo.
"El objetivo es ese: debe desaparecer esa distorsión de ley laboral con la figura de contratos en línea. Entonces eso debe cambiar, dado que los contratos en línea han vulnerado el derecho de los trabajadores donde no se les reconoce aguinaldos, vacaciones, bajas médicas, tienen que facturar y lo peor que hacen las tareas propias de una persona que tiene contrato bajo el parámetro de la Ley General del Trabajo", señaló.
Por su parte, Bruno Rojas, investigador laboral del Cedla (Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario), observó que “es tramposa” la propuesta del Gobierno en sentido de abrogar el Estatuto para simplemente reemplazar por una Ley de Servidor Público. "Entonces, se mantendría esencialmente el espíritu del estatuto actual que significa anular los derechos colectivos, el derecho a la protesta, el derecho al reclamo y el derecho al ejercicio de las libertades individuales. Lo ideal es volver dentro el marco de la Ley General del Trabajo como lo fue antes de 1985", manifestó.
Necesaria delimitación. Según el experto Rojas, el Estatuto del Funcionario Público en vigencia es parte de un largo proceso del nuevo modelo de reforma estructural implementado a partir 1985, cuya norma se aplicó en 1999. "El Estatuto responde a tres objetivos: primero el hecho de negar el concepto de trabajador relacionándolo a simple funcionario administrativo; segundo responde a anular los derechos colectivos (organización, protesta y sindicalización); y tercero responde a recomendaciones de organismos internacionales", precisó.
Sin embargo, Pérez señaló que la nueva norma en su elaboración ameritará un consenso pormenorizado, dado que implicará precisar la figura del “servidor público” en función a las instancias públicas ya definidas en el que deben ser aplicados.
"Hay que identificar, aclarar y establecer de quiénes deben ser entendidos como servidores públicos. Por ejemplo, que no pueden ser entendidos como servidores públicos aquellas personas que trabajan en las empresas descentralizadas del Estado, en los sectores de salud municipales, eso se debe delimitar", argumentó.
No obstante, adelantó que necesariamente los servidores públicos deben ser entendidos a aquellos que están vinculados a cargos bajo nombramientos políticos y puestos laborales, también bajo esa misma figura.
"Ya hay un borrador de esta ley y yo creo que con el trabajo de la COB podríamos tener una ley satisfactoria para los funcionarios públicos, que ahora pasarían a denominarse servidores públicos”, sostuvo el pasado domingo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Al respecto, las instancias gubernamentales respondieron a El Día, que dicho borrador es objeto de tratamiento por un equipo técnico del Gobierno. La COB estima que la norma estará lista en los próximos 15 días.
Marco de negociación. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó la pasada semana que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) no ha concluido por lo que los trabajadores plantearon resolver el tema del régimen laboral y la recontratación de los 180 extrabajadores de Enatex. Y por su parte, el Gobierno planteó que no es posible recontratar a los 180 trabajadores al azar "como lo están queriendo plantear porque hay un debate que eran 286 como planteaban los fabriles o los 180 como planteaba la COB", complementó.
Alcances
La negociación entre COB-Gobierno se basa en nuevas normativas
Compromiso. Un decreto se refiere a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que permaneciera en el marco laboral continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. En cambio, el otro decreto supremo es referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en el ámbito público y privado para que no se aplique el decreto 2765 (cierre de Enatex).
Ley laboral. Según la COB, en el ámbito del pliego petitorio, en esta negociación también se habló de aprobar la nueva Ley General del Trabajo hasta fin de año.
Según el ejecutivo de la COB, dicha figura laboral que se impuso en los últimos 15 años, en muchas entidades privadas y sobre todo públicas del Gobierno central, las gobernaciones y municipios del país, fue aplicado como mecanismo de contratación de los servicios personales y profesionales vulnerando los preceptos de la Ley General del Trabajo.
"El objetivo es ese: debe desaparecer esa distorsión de ley laboral con la figura de contratos en línea. Entonces eso debe cambiar, dado que los contratos en línea han vulnerado el derecho de los trabajadores donde no se les reconoce aguinaldos, vacaciones, bajas médicas, tienen que facturar y lo peor que hacen las tareas propias de una persona que tiene contrato bajo el parámetro de la Ley General del Trabajo", señaló.
Por su parte, Bruno Rojas, investigador laboral del Cedla (Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario), observó que “es tramposa” la propuesta del Gobierno en sentido de abrogar el Estatuto para simplemente reemplazar por una Ley de Servidor Público. "Entonces, se mantendría esencialmente el espíritu del estatuto actual que significa anular los derechos colectivos, el derecho a la protesta, el derecho al reclamo y el derecho al ejercicio de las libertades individuales. Lo ideal es volver dentro el marco de la Ley General del Trabajo como lo fue antes de 1985", manifestó.
Necesaria delimitación. Según el experto Rojas, el Estatuto del Funcionario Público en vigencia es parte de un largo proceso del nuevo modelo de reforma estructural implementado a partir 1985, cuya norma se aplicó en 1999. "El Estatuto responde a tres objetivos: primero el hecho de negar el concepto de trabajador relacionándolo a simple funcionario administrativo; segundo responde a anular los derechos colectivos (organización, protesta y sindicalización); y tercero responde a recomendaciones de organismos internacionales", precisó.
Sin embargo, Pérez señaló que la nueva norma en su elaboración ameritará un consenso pormenorizado, dado que implicará precisar la figura del “servidor público” en función a las instancias públicas ya definidas en el que deben ser aplicados.
"Hay que identificar, aclarar y establecer de quiénes deben ser entendidos como servidores públicos. Por ejemplo, que no pueden ser entendidos como servidores públicos aquellas personas que trabajan en las empresas descentralizadas del Estado, en los sectores de salud municipales, eso se debe delimitar", argumentó.
No obstante, adelantó que necesariamente los servidores públicos deben ser entendidos a aquellos que están vinculados a cargos bajo nombramientos políticos y puestos laborales, también bajo esa misma figura.
"Ya hay un borrador de esta ley y yo creo que con el trabajo de la COB podríamos tener una ley satisfactoria para los funcionarios públicos, que ahora pasarían a denominarse servidores públicos”, sostuvo el pasado domingo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Al respecto, las instancias gubernamentales respondieron a El Día, que dicho borrador es objeto de tratamiento por un equipo técnico del Gobierno. La COB estima que la norma estará lista en los próximos 15 días.
Marco de negociación. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó la pasada semana que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) no ha concluido por lo que los trabajadores plantearon resolver el tema del régimen laboral y la recontratación de los 180 extrabajadores de Enatex. Y por su parte, el Gobierno planteó que no es posible recontratar a los 180 trabajadores al azar "como lo están queriendo plantear porque hay un debate que eran 286 como planteaban los fabriles o los 180 como planteaba la COB", complementó.
Alcances
La negociación entre COB-Gobierno se basa en nuevas normativas
Compromiso. Un decreto se refiere a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que permaneciera en el marco laboral continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. En cambio, el otro decreto supremo es referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en el ámbito público y privado para que no se aplique el decreto 2765 (cierre de Enatex).
Ley laboral. Según la COB, en el ámbito del pliego petitorio, en esta negociación también se habló de aprobar la nueva Ley General del Trabajo hasta fin de año.
Analizan incluir ley de acoso callejero en el código penal
El acoso en las calles es una práctica que se vive día a día desde hace muchos años, no sólo en Bolivia sino en diferentes partes del mundo. Es por ello que actualmente en la mesa técnica de la Asamblea Legislativa donde se trata la “Reforma del Sistema Penal Boliviano”, analiza la propuesta denominada Ley de Acoso Sexual Callejero.
Esta normativa tiene la finalidad de sancionar a las personas que realicen actos como piropos ofensivos, tocamientos, entre otros.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, manifestó que la propuesta de Ley fue presentada por una diputada de la oposición, Shirley Franco. Posteriormente pasó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Allí se hizo un análisis de la materia y vieron pertinente remitirlo a la mesa técnica.
Cárdenas informó que este anteproyecto de ley está orientado a modificar un artículo del código penal, exactamente el 323. Sin embargo, lo que correspondería hacer es trabajar una reforma estructural en su totalidad y no aprobarla como una ley suelta o añadida al Código Penal. Pero la decisión final la tendrá la mesa técnica, quienes luego de terminar su análisis determinarán su viabilidad total, parcial o no viabilidad.
La propuesta tuvo muchas repercusiones y causó polémica en el ámbito nacional, y a su vez, también tuvo el apoyo y respaldo de organizaciones femeninas.
Pero, según Cárdenas, se debe considerar este anteproyecto dentro de todo un sistema estructural penal ya que, actualmente, muchas de las figuras legales están plasmadas en otras disposiciones legales, tales como el Código Penal Boliviano, así como en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).
Plazos
Cárdenas expresó que no existen plazos específicos para la aprobación de la ley. Pero aclaró que se tiene previsto que en octubre de esta gestión entre en vigencia el nuevo sistema penal boliviano. Porque en agosto será tratada por las comisiones tanto de senadores como diputados, luego pasará al pleno de diputados y senadores. Entonces, allí se podrá conocer si se implementó o no la propuesta de ley de acoso sexual callejero.
¿Qué se sancionará en la Ley de Acoso?
El anteproyecto de Ley contra el Acoso Callejero pretende sancionar comportamientos como los comentarios obscenos, los tocamientos, la filmación del cuerpo de la mujer sin su consentimiento o el exhibicionismo en público ya que “Se trata de un conjunto de conductas con connotación sexual, llevadas a cabo contra una persona sin su consentimiento”, dijo en su momento, la diputada Shirley Franco.
Asimismo, detalló que las agresiones pueden ser verbales (comentarios) o no verbales (jadeos, gestos), captación de material audiovisual, abordaje, exhibicionismo, masturbación, persecución o contacto corporal, por ejemplo, agarrones o roces.
Se pretende que existan sanciones económicas desde 500 bolivianos hasta un arresto por 8 horas de la persona implicada, dependiendo de la gravedad de la acción.
En la campaña denominada “Cartas de Mujeres Bolivia” realizada en el 2014 y 2015 se recogieron 17.000 testimonios de mujeres que hacen referencia a este tipo de acoso sexual callejero en los nueve departamentos del país.
A su vez, según datos de la Defensoría del Pueblo y de las ONG de mujeres, Bolivia cerró 2015 con 93 casos de feminicidios y respecto a los procesos, más de 26.000 denuncias de violencia doméstica. Estos datos sitúan al país en los primeros puestos de Latinoamérica.
viernes, 8 de julio de 2016
Tezanos presenta propuesta para Ley de Defensoría del Pueblo
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una nueva propuesta para trabajar el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, documento que ya se encuentra en esta instancia para su análisis, debate y consenso.
La autoridad informó que se tuvo un intercambio de criterios con asambleístas que trabajan en el tema a fin de definir las directrices de discusión bajo los contenidos de la Constitución Política del Estado, que señala las nuevas atribuciones para la entidad defensorial.
VIOLENCIA
Por otra parte, Tezanos Pinto, tras reunirse con representantes de las Víctimas de Violencia Política de los Gobiernos Inconstitucionales y Usurpadores de la Voluntad Popular, presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley para la creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos: persecución político-sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia acontecido del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
La autoridad informó que se tuvo un intercambio de criterios con asambleístas que trabajan en el tema a fin de definir las directrices de discusión bajo los contenidos de la Constitución Política del Estado, que señala las nuevas atribuciones para la entidad defensorial.
VIOLENCIA
Por otra parte, Tezanos Pinto, tras reunirse con representantes de las Víctimas de Violencia Política de los Gobiernos Inconstitucionales y Usurpadores de la Voluntad Popular, presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley para la creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos: persecución político-sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia acontecido del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
martes, 5 de julio de 2016
Tribunal declara que Ley 351 permite cerrar ONG
“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve Declarar: la constitucionalidad de los arts. 7.II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ‘…organizaciones no gubernamentales y fundaciones…’ y su numeral 1 en la expresión: ‘La contribución al desarrollo económico y social’; y, el art. 19 inc. g) en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013”, se lee en el fallo del TCP, citó la agencia de noticias ANF.
La resolución concluye que “no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.
INCONSTITUCIONAL
En agosto de 2015, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales.
Pidió que esta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.
El recurso presentado, en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.
Además, para reconocerlas obligan a que estas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.
El director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, expresó su preocupación por el fallo en su cuenta de Facebook.
“Hablamos de la libertad de asociación. Sin este derecho simplemente no existe la democracia”, manifestó. Sugirió que ahora lo que queda es elevar el recurso a una instancia internacional.
El objetivo de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio nacional.
En junio de 2015, el presidente Evo Morales advirtió, en un evento público, que se expulsará del país a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos.
ADVERTENCIA
En agosto de 2015, el vicepresidente Álvaro García advirtió al menos a cuatro ONG –Milenio, Cedib, Tierra y Cedla– con expulsarlas del país si interfieren en la actividad política del país.
Además, las acusó de recibir financiamiento del extranjero, defender intereses foráneos y difundir datos erróneos.
“Esa es la política de esas ONG y ese discurso de fondo lo defienden con mentiras, con datos erróneos, hacen política. Entonces, por supuesto que nosotros también decimos: señores de la ONG usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos en nuestro país, si se entromete se va afuera”, aseguró García.
Dos meses antes, el presidente Morales también amenazó con expulsar de Bolivia a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos. “Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia, compañeras y compañeros. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan del exterior, que vengan a perjudicarnos”, afirmó en ese entonces el Jefe de Estado.
La resolución concluye que “no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.
INCONSTITUCIONAL
En agosto de 2015, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales.
Pidió que esta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.
El recurso presentado, en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.
Además, para reconocerlas obligan a que estas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.
El director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, expresó su preocupación por el fallo en su cuenta de Facebook.
“Hablamos de la libertad de asociación. Sin este derecho simplemente no existe la democracia”, manifestó. Sugirió que ahora lo que queda es elevar el recurso a una instancia internacional.
El objetivo de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio nacional.
En junio de 2015, el presidente Evo Morales advirtió, en un evento público, que se expulsará del país a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos.
ADVERTENCIA
En agosto de 2015, el vicepresidente Álvaro García advirtió al menos a cuatro ONG –Milenio, Cedib, Tierra y Cedla– con expulsarlas del país si interfieren en la actividad política del país.
Además, las acusó de recibir financiamiento del extranjero, defender intereses foráneos y difundir datos erróneos.
“Esa es la política de esas ONG y ese discurso de fondo lo defienden con mentiras, con datos erróneos, hacen política. Entonces, por supuesto que nosotros también decimos: señores de la ONG usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos en nuestro país, si se entromete se va afuera”, aseguró García.
Dos meses antes, el presidente Morales también amenazó con expulsar de Bolivia a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos. “Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia, compañeras y compañeros. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan del exterior, que vengan a perjudicarnos”, afirmó en ese entonces el Jefe de Estado.
lunes, 4 de julio de 2016
Gobierno acuerda abrogar Ley del Funcionario Público
El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron preacuerdos con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, principalmente de las empresas públicas.
Tras dos días de diálogo se consolidaron tres acuerdos entre ambos sectores y queda pendiente un punto que se debatirá técnicamente la jornada de hoy, informó anoche el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Hace días, el sábado y domingo, nos hemos reunido con la dirigencia de la COB para tratar el tema de Enatex y logramos buenos acuerdos que serán perfeccionados para seguir avanzando hasta la solución definitiva”, lo más probable el lunes, en la reanudación de las conversaciones, dijo.
Confirmó la abrogación de la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, que derivará a corto tiempo en una nueva norma del servidor público que responda a las transformaciones estructurales que sufrió el Estado en la última década.
Asimismo, detalló que entre los acuerdos figuran que el Decreto Supremo 2765, referido a Enatex, no debe ser aplicado en la empresa pública y privada para que se justifique algún tipo de despido o desconocimiento de derechos labores. Se garantiza la aplicación de la Ley General del Trabajo.
Otro de los acuerdos alcanzados con la COB, a iniciativa del Gobierno, refiere que los trabajadores de las empresas productivas como la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que tienen vida sindical, no pasarán a la Ley del Funcionario Público, sino que permanecerán bajo régimen de la Ley General del Trabajo.
El Vicepresidente indicó que el punto central del debate es cuál será el régimen de aplicación del funcionamiento de Senatex. Aunque el Gobierno, en el diálogo del fin de semana, planteó que sea un régimen especial transitorio, la COB propuso que sea de manera inmediata la Ley General del Trabajo la que rija en la nueva institución, tema que será debatido hoy desde las 08.00.
Tras dos días de diálogo se consolidaron tres acuerdos entre ambos sectores y queda pendiente un punto que se debatirá técnicamente la jornada de hoy, informó anoche el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Hace días, el sábado y domingo, nos hemos reunido con la dirigencia de la COB para tratar el tema de Enatex y logramos buenos acuerdos que serán perfeccionados para seguir avanzando hasta la solución definitiva”, lo más probable el lunes, en la reanudación de las conversaciones, dijo.
Confirmó la abrogación de la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, que derivará a corto tiempo en una nueva norma del servidor público que responda a las transformaciones estructurales que sufrió el Estado en la última década.
Asimismo, detalló que entre los acuerdos figuran que el Decreto Supremo 2765, referido a Enatex, no debe ser aplicado en la empresa pública y privada para que se justifique algún tipo de despido o desconocimiento de derechos labores. Se garantiza la aplicación de la Ley General del Trabajo.
Otro de los acuerdos alcanzados con la COB, a iniciativa del Gobierno, refiere que los trabajadores de las empresas productivas como la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que tienen vida sindical, no pasarán a la Ley del Funcionario Público, sino que permanecerán bajo régimen de la Ley General del Trabajo.
El Vicepresidente indicó que el punto central del debate es cuál será el régimen de aplicación del funcionamiento de Senatex. Aunque el Gobierno, en el diálogo del fin de semana, planteó que sea un régimen especial transitorio, la COB propuso que sea de manera inmediata la Ley General del Trabajo la que rija en la nueva institución, tema que será debatido hoy desde las 08.00.
viernes, 1 de julio de 2016
Comisión aprueba proyecto de ley que declara el 25 de octubre 'Día de las personas de talla baja'
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó que esa instancia legislativa aprobó el proyecto de ley que declara el 25 de octubre 'Día de las personas de talla baja', aquellas que sufren acondroplasia'.
"El miércoles hemos aprobado este proyecto de ley 137, ha sido una aprobación de manera unánime junto con la oposición, en ese sentido se crea el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja que sufren de acondropasia", dijo.
La acondropasia es una enfermedad que se presenta en uno de cada 25.000 niños nacidos vivos y es el tipo más frecuente de enanismo que existe, está caracterizada por un acortamiento de los huesos largos con mantenimiento de la longitud de la columna vertebral.
Choque explicó que la declaratoria del 25 de octubre, coincide con el 'Día mundial de las personas de talla baja'.
El legislador señaló que la norma prevé que ese día se realicen actividades de inclusión social para las personas de talla baja, y para concienciar a la población sobre la enfermedad de la acondroplasia.
"Tiene el objetivo de hacerles parte de nosotros y evitar la discriminación", agregó. (01-07-2016)
Morales promulgó la Ley 812 de Modificación del Código Tributario
El presidente Evo Morales promulgó el jueves la Ley 812 que establece la modificación del Código Tributario, informó el ministro de Economía, Luis Arce.
"Se aprobó por la Asamblea el proyecto de ley con modificaciones que han enriquecido y es el que ponemos a consideración, ahora como ley aprobada, a la población", dijo en conferencia de prensa.
La autoridad destacó, entre algunos aspectos de la nueva norma, que el Servicio de Impuestos cobrará deudas con ocho años de antigüedad y la tasa de interés dejará de ser variable.
"Se aprobó por la Asamblea el proyecto de ley con modificaciones que han enriquecido y es el que ponemos a consideración, ahora como ley aprobada, a la población", dijo en conferencia de prensa.
La autoridad destacó, entre algunos aspectos de la nueva norma, que el Servicio de Impuestos cobrará deudas con ocho años de antigüedad y la tasa de interés dejará de ser variable.
jueves, 30 de junio de 2016
Senado sanciona ley que cambia Código Tributario
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó ayer que esa instancia legislativa sancionó la ley que modifica el Código Tributario.
“Se ha sancionado la norma, la estamos remitiendo en las próximas horas al Ejecutivo para que se haga la promulgación, evidentemente se ha hecho la ratificación de lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados”, informó a los periodistas.
Gonzales explicó que antes de analizar la norma en el pleno de la Cámara Alta, los legisladores se reunieron con todos los actores involucrados en el tema tributario, para consensuar esa ley.
“Hemos tenido una reunión importante con los empresarios, la confederación de empresarios, la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (Cainco), sectores exportadores, ha habido reuniones con sectores de los gremiales, con el transporte y básicamente ha habido un entendimiento”, sustentó.
Explicó que esa norma tiene el objetivo fundamental de “no ejercer tanta presión” sobre personas que ya tienen una deuda tributaria.
“Se ha logrado, finalmente, reducir de manera significativa la multa, en algunos casos, incluso podría darse el caso de que no se pague la multa, si es que se paga en determinados plazos y se ha modificado el tema de los intereses”, precisó.
Informó que se incorporó el tema de la prescripción, que en el actual Código Tributario establecía en 10 años, y se redujo a 8 años.
“Hasta 10 años puede hacer una auditoría impuestos y sancionar a la persona que hubiese incurrido en algún tipo de delito tributario, hoy se ha bajado a 8”, remarcó.
Además, dijo que existen modificaciones en las disposiciones transitorias de la norma, que establecen, que hasta el 31 de diciembre, los contribuyentes que tengan mora, podrán acogerse a un plan de pagos con un interés fijo del cuatro por ciento.
Por otra parte, sostuvo que se incorporaron los medios electrónicos de notificación, es decir, vía internet, telefonía celular o fija. (ABI)
“Se ha sancionado la norma, la estamos remitiendo en las próximas horas al Ejecutivo para que se haga la promulgación, evidentemente se ha hecho la ratificación de lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados”, informó a los periodistas.
Gonzales explicó que antes de analizar la norma en el pleno de la Cámara Alta, los legisladores se reunieron con todos los actores involucrados en el tema tributario, para consensuar esa ley.
“Hemos tenido una reunión importante con los empresarios, la confederación de empresarios, la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (Cainco), sectores exportadores, ha habido reuniones con sectores de los gremiales, con el transporte y básicamente ha habido un entendimiento”, sustentó.
Explicó que esa norma tiene el objetivo fundamental de “no ejercer tanta presión” sobre personas que ya tienen una deuda tributaria.
“Se ha logrado, finalmente, reducir de manera significativa la multa, en algunos casos, incluso podría darse el caso de que no se pague la multa, si es que se paga en determinados plazos y se ha modificado el tema de los intereses”, precisó.
Informó que se incorporó el tema de la prescripción, que en el actual Código Tributario establecía en 10 años, y se redujo a 8 años.
“Hasta 10 años puede hacer una auditoría impuestos y sancionar a la persona que hubiese incurrido en algún tipo de delito tributario, hoy se ha bajado a 8”, remarcó.
Además, dijo que existen modificaciones en las disposiciones transitorias de la norma, que establecen, que hasta el 31 de diciembre, los contribuyentes que tengan mora, podrán acogerse a un plan de pagos con un interés fijo del cuatro por ciento.
Por otra parte, sostuvo que se incorporaron los medios electrónicos de notificación, es decir, vía internet, telefonía celular o fija. (ABI)
miércoles, 29 de junio de 2016
El Decreto 2765 elimina siete beneficios laborales
Los trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) no transarán con el Gobierno. Es más, rechazan tajantemente dos de diez artículos del Decreto Supremo 2765, promulgado el 14 de mayo, que dispone el cierre definitivo de la empresa de textiles Enatex porque, según ellos, eliminan al menos siete beneficios laborales.
El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, aseguró a este medio que los decretos cuestionados que no pueden ser negociados con el Gobierno son el 1 y el 10. Los beneficios laborales eliminados consecuentemente son: la libre sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho al paro, beneficios laborales de embarazadas, el fuero sindical, la carga social y la antigüedad.
Pese a varios intentos, todos frustrados, ni el Gobierno ni la COB piensan ceder en sus posiciones. El vicepresidente Álvaro García Linera, y los ministros que han estado negociando con la COB, como el de Gobierno, Juan Ramón Quintana y de Educación, Roberto Aguilar, aseguraron que la aplicación del Decreto Supremo 2765 es irreversible.
El artículo 1 señala textualmente: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar la naturaleza jurídica de la Empresa Pública Nacional Textil-Enatex, así como adecuar su estructura y atribuciones en el marco de la normativa vigente”.
Según Mitma, “este artículo, por el cambio de razón social, los trabajadores perdemos muchos derechos y se están conculcando los mismos. Por eso decimos que es más nefasto que el Decreto 21060 de Gonzalo Sánchez de Lozada… por lo menos con él, los derechos laborales se mantenían intactos, se respetaba la antigüedad, los beneficios sociales y otros”. Para el dirigente de la COB, este Decreto 2765 está siendo aplicado por la una ley “leonina” (ventajas para una sola parte), la 2027, conocida como Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999, promulgada en el gobierno de Hugo Banzer Suárez.
El inciso b) del artículo 9 (prohibiciones) de la referida ley señala textualmente “se prohíbe realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones”.
En otras palabras, dijo, los trabajadores ya no serán amparados por la Ley General del Trabajo sino estarán bajo el régimen de empleados públicos que no gozan de beneficios sociales y otras conquistas laborales.
El decreto cuestionado, además de disponer el cierre de Enatex, autoriza la creación de una nueva empresa con el apelativo de Senatex bajo otra modalidad en la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y la Ley 1178 (Ley SAFCO).
El artículo 10 del mismo decreto, que no tuvo puntos de coincidencia entre el Gobierno y la COB dice: “(Obligaciones sociales). A la publicación del presente Decreto Supremo, cesarán las operaciones empresariales de Enatex debiendo procederse a la desvinculación de los trabajadores que están bajo el régimen laboral de la Ley General del Trabajo a fin de aplicarse la Ley Nro. 2027 (del Estatuto del Funcionario Público). Las obligaciones sociales generadas hasta el cambio de naturaleza jurídica deben ser canceladas en los plazos establecidos por la normativa laboral vigente”.
Al respecto, Mitma aseguró que este artículo establece que se pueden cerrar empresas y dejar desvinculados a los trabajadores de manera forzosa, violando la estabilidad laboral, sin importarle al Gobierno si existen dirigentes, mujeres gestantes, discapacitados, padres de familia. “No le interesa la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, ni siquiera los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Actualmente, recibimos la amenaza de ser retirados cualquier momento y si somos recontratados será como empleados públicos sin derechos, recalcó Mítma.
Para el máximo dirigente de la COB, nacido en el centro minero Huanuni, no solo está afectada Enatex, sino ya se ve que pasará lo mismo con Ecobol, además los compañeros mineros ya fuimos amenazados, al igual que las industrias Venado, Incerpaz, ferroviarios y otros.
A estos dos artículos cuestionados por los trabajadores se suma el número 8 que dice textualmente: “(Financiamiento) El Senatex (nueva empresa creada para reemplazar Enatex) financiará su funcionamiento y sus actividades con recursos propios, donaciones, créditos y otros”.
El Gobierno quiere consolidar un modelo neoliberal más profundo que antes, dijo Mitma, quien aseguró que las medidas para el paro de 72 horas que comienza hoy están garantizadas.
El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, aseguró a este medio que los decretos cuestionados que no pueden ser negociados con el Gobierno son el 1 y el 10. Los beneficios laborales eliminados consecuentemente son: la libre sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho al paro, beneficios laborales de embarazadas, el fuero sindical, la carga social y la antigüedad.
Pese a varios intentos, todos frustrados, ni el Gobierno ni la COB piensan ceder en sus posiciones. El vicepresidente Álvaro García Linera, y los ministros que han estado negociando con la COB, como el de Gobierno, Juan Ramón Quintana y de Educación, Roberto Aguilar, aseguraron que la aplicación del Decreto Supremo 2765 es irreversible.
El artículo 1 señala textualmente: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar la naturaleza jurídica de la Empresa Pública Nacional Textil-Enatex, así como adecuar su estructura y atribuciones en el marco de la normativa vigente”.
Según Mitma, “este artículo, por el cambio de razón social, los trabajadores perdemos muchos derechos y se están conculcando los mismos. Por eso decimos que es más nefasto que el Decreto 21060 de Gonzalo Sánchez de Lozada… por lo menos con él, los derechos laborales se mantenían intactos, se respetaba la antigüedad, los beneficios sociales y otros”. Para el dirigente de la COB, este Decreto 2765 está siendo aplicado por la una ley “leonina” (ventajas para una sola parte), la 2027, conocida como Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999, promulgada en el gobierno de Hugo Banzer Suárez.
El inciso b) del artículo 9 (prohibiciones) de la referida ley señala textualmente “se prohíbe realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones”.
En otras palabras, dijo, los trabajadores ya no serán amparados por la Ley General del Trabajo sino estarán bajo el régimen de empleados públicos que no gozan de beneficios sociales y otras conquistas laborales.
El decreto cuestionado, además de disponer el cierre de Enatex, autoriza la creación de una nueva empresa con el apelativo de Senatex bajo otra modalidad en la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y la Ley 1178 (Ley SAFCO).
El artículo 10 del mismo decreto, que no tuvo puntos de coincidencia entre el Gobierno y la COB dice: “(Obligaciones sociales). A la publicación del presente Decreto Supremo, cesarán las operaciones empresariales de Enatex debiendo procederse a la desvinculación de los trabajadores que están bajo el régimen laboral de la Ley General del Trabajo a fin de aplicarse la Ley Nro. 2027 (del Estatuto del Funcionario Público). Las obligaciones sociales generadas hasta el cambio de naturaleza jurídica deben ser canceladas en los plazos establecidos por la normativa laboral vigente”.
Al respecto, Mitma aseguró que este artículo establece que se pueden cerrar empresas y dejar desvinculados a los trabajadores de manera forzosa, violando la estabilidad laboral, sin importarle al Gobierno si existen dirigentes, mujeres gestantes, discapacitados, padres de familia. “No le interesa la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, ni siquiera los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Actualmente, recibimos la amenaza de ser retirados cualquier momento y si somos recontratados será como empleados públicos sin derechos, recalcó Mítma.
Para el máximo dirigente de la COB, nacido en el centro minero Huanuni, no solo está afectada Enatex, sino ya se ve que pasará lo mismo con Ecobol, además los compañeros mineros ya fuimos amenazados, al igual que las industrias Venado, Incerpaz, ferroviarios y otros.
A estos dos artículos cuestionados por los trabajadores se suma el número 8 que dice textualmente: “(Financiamiento) El Senatex (nueva empresa creada para reemplazar Enatex) financiará su funcionamiento y sus actividades con recursos propios, donaciones, créditos y otros”.
El Gobierno quiere consolidar un modelo neoliberal más profundo que antes, dijo Mitma, quien aseguró que las medidas para el paro de 72 horas que comienza hoy están garantizadas.