Desde el lunes 1 de febrero, a iniciativa de la Red Participación Política Juvenil (PPJ), comenzará la socialización de la Ley 342 "Ley Nacional de Juventudes", en las diferentes unidades educativas de Oruro, ante la necesidad de que los jóvenes logren mayor participación en las decisiones de sus departamentos y del país.
El representante de la Red PPJ, Dennis Vallejos Usnayo, manifestó que existe muchas instituciones que buscan aportar en la elaboración de leyes municipales de juventudes, pero sin mucho conocimiento de la norma nacional, por ello el trabajo que iniciará esta semana, hará énfasis en este y otros problemas
"Hay muchas instituciones que indirectamente están planteando presentar proyectos de leyes municipales de la juventud, que también nosotros lo hemos intentado en su momento, pero lo que no se está atacando de manera profunda, es la socialización de la ley nacional, creemos que es importante que antes de trabajar en un proyecto de ley municipal deben conocer a grandes rasgos ", enfatizó.
Este trabajo de socialización tiene la autorización de la Dirección Distrital de Educación de Oruro, además el apoyo de la Federación Universitaria Local (FUL) y los activistas Jóvenes por Oruro. "Estamos empezando el cronograma con directores de colegios, porque si bien tenemos la autorización de la distrital, cada colegio tiene sus propias actividades internas, por lo que estamos ingresando primero a los colegios para coordinar con los directores y centros de estudiantes", enfatizó Vallejos.
El primer trabajo que se cumplirá será coordinar con los directores de los establecimientos, para determinar un cronograma, aunque por las celebraciones de las fiestas patrias, este cronograma podría ser modificable, teniendo el objetivo de llegar a más de 35 municipios, antes de la culminación de septiembre.
domingo, 31 de julio de 2016
martes, 26 de julio de 2016
Santa Cruz Ley de Salud Gratuita rige desde el 1 de septiembre
La Ley Municipal de Salud Gratuita, que ayer promulgó el alcalde Percy Fernández, entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre y beneficiará a alrededor de 600.000 personas del municipio de Santa Cruz de la Sierra.
La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, explicó los alcances de esta norma. “A partir del 1 de septiembre se va a perfeccionar la ley y a través de los centros de salud se entregará carnet con vigencia de un año”, dijo.
Según la norma, los beneficiarios serán las personas mayores de cinco años y menores de 60 años de edad, con radicatoria permanente en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y que no cuenten con ningún tipo de seguro social a corto plazo, ya sea público o privado.
A través de la reglamentación de la ley se establecerán los requisitos, los mismos que tendrán carácter prioritario como el carnet biométrico de votación, facturas de luz o agua.
“Somos el primer municipio del país que lanza una ley con un gran desafío como el derecho a la vida y el respeto a las personas. Tenemos un compromiso con la gente y vamos a hacer una campaña de concienciación para explicar todo lo que significa la atención de primer y segundo nivel”, acotó Sosa.
En el municipio de Santa Cruz de la Sierra hay más de 60 centros de salud de atención primaria que están distribuidos en la ciudad y otros cinco de segundo nivel con atención especializada.
Los servicios gratuitos que se brindarán en los centros de salud de primer y segundo son: promoción y prevención, consulta ambulatoria e integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico, servicios odontológicos y servicios quirúrgicos.
lunes, 25 de julio de 2016
Ley de pandillas descarta cuarteles y prevé creación de unidad policial
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno, descartó incluir en el proyecto de Ley de Prevención y Lucha Contra la Delincuencia Juvenil y Pandillas la propuesta de enlistar en cuarteles a jóvenes pandilleros y delincuentes.
Lo hizo debido a que el Ministerio de Defensa rechazó hacerse cargo de la medida. Por otro lado, el proyecto prevé la creación en la Policía Nacional de una unidad especializada en el combate y desarticulación de pandillas.
PROPUESTA La propuesta de encuartelar a pandilleros como medida correctiva surgió de la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana, realizada en La Paz el 11 de abril. En ese encuentro nacional se aprobó el anteproyecto de ley sobre pandillas, así como otros dos proyectos legislativos para reformar el régimen penitenciario y el policial.
“Ése era nuestro planteamiento como Ministerio de Gobierno; sin embargo, el Ministerio de Defensa ha rechazado participar en todo este proceso preventivo y de rehabilitación (a través de las Fuerzas Armadas), arguyendo que no son sus competencias”, informó a OPINIÓN el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio.
Dado que el reclutamiento quedó fuera del texto del proyecto de ley, Aparicio explicó que la alternativa consiste en que las gobernaciones y municipios del país construyan centros de rehabilitación para los jóvenes infractores de la ley. Además, “vamos a incorporar también a los padres de familia, quienes deben acompañar a sus hijos, no como una sanción, y ser partícipes de toda la etapa de rehabilitación”.
En junio se supo que el proyecto de ley prevé también sanciones para los padres, para que estos asuman responsabilidades en la reparación de los daños civiles ocasionados por sus hijos menores de edad y, del mismo modo, para los profesores que no reporten oportunamente la presencia de pandillas o el consumo de alcohol y drogas en las unidades educativas.
UNIDAD ESPECIAL Aparicio adelantó que otra de las disposiciones contenidas en la propuesta legislativa es la creación de la Unidad de Lucha Contra las Pandillas en la Policía. La misma estará dedicada a combatir y desarticular a estos grupos delictivos. Desde ella se hará un seguimiento a la información que la ciudadanía pueda proporcionar, así como una persecución a los líderes de las pandillas, indicó.
Según el viceministro, el Ministerio de Gobierno ya concluyó con la elaboración del proyecto de ley, el cual será remitido ahora al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) de ministros, para su aprobación u objeciones. No obstante, añadió, “la mayoría de los ministerios ha planteado ya sus correcciones, opiniones y aportes”.
La propuesta fue socializada además con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, organismos internacionales que trabajan en el tema, y con gobiernos subnacionales. Aparicio calcula que dentro de una o dos semanas, el proyecto será remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
David Ramos Mamani, presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, señaló que hace tres semanas, y junto con el Ministerio de Gobierno, se sistematizó el anteproyecto para “enriquecerlo, mejorarlo y para que pueda ingresar por conducto regular a la Asamblea”. En todo caso, el tratamiento de la ley comenzará en agosto, cuando el receso legislativo culmine.
“La aprobación de la ley irá acompañada de un trabajo institucional e integral en el ámbito de la prevención, utilizando la propia ley. Vamos a hacer que entre en vigencia inmediatamente y vamos a articular esfuerzos”, complementó Aparicio. En términos de prevención, la futura norma contempla un trabajo interinstitucional que involucra a diferentes instancias y niveles de Gobierno. “Queremos que se ponga en la currícula educativa el tema de prevención contra las pandillas”, anticipó el diputado David Ramos Mamani.
Nuevos tipos penales y sanciones
El proyecto de ley sobre delincuencia juvenil y pandillas prevé cambios en el Código Penal a través de la incorporación de nuevos tipos penales, entre ellos el de pertenencia a una pandilla y el de organización criminal relacionada con pandillas. Así lo adelantó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, quien dijo que actualmente, al no estar tipificada la pertenencia de una persona a ese tipo de grupos, es difícil procesarla si no se la encuentra en la comisión flagrante de un delito específico.
La futura norma disminuirá las atenuantes en la comisión de un delito para las personas menores de edad. Con la normativa actual, se aplica una atenuante de cuatro quintas partes de la pena. El proyecto de ley sobre pandillas disminuye la atenuante a tres quintas partes. Según convenciones internacionales, un niño o adolescente solo puede recibir una pena de 10 años en un centro de reclusión o un reformatorio, algo que se va a respetar en el anteproyecto, explicó Aparicio.
Según el Viceministro, el objetivo del proyecto de ley no es reprimir a los menores de edad, sino sancionar severamente a las personas que conforman pandillas y que reclutan niños, niñas y adolescentes para inducirlos al consumo de alcohol, drogas y a la comisión de actos delictivos. “Todas estas actividades ilícitas a las que incorporan a menores de edad serán sancionadas directamente y el líder de la pandilla asumirá la responsabilidad”.
Existen 269 pandillas en el país y algunas tienen filiales
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha identificado la existencia de 269 pandillas a nivel nacional. Algunas de ellas cuentan con filiales en más de una región. Además del eje central, estos grupos ahora se han conformado en ciudades intermedias, fronterizas y en lugares en los que antes no existían. Quienes los lideran, buscan posicionar la idea de que pertenecer a una pandilla “está de moda” para captar a integrantes cada vez más jóvenes.
“Tenemos contabilizadas 269 pandillas a nivel nacional con un promedio de 30 a 25 integrantes; estas pandillas se dedican a consumir sustancias ilícitas, al microtráfico (de drogas), al consumo de alcohol y a la comisión de delitos”, señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Esos delitos, detalló, los cometen varias personas. Se trata de robos agravados con uso de armas punzo cortantes y a veces con armas de fuego.
A decir de la autoridad, estos grupos generan inseguridad en barrios alejados y emergentes de ciudades como El Alto y Santa Cruz, en la zona central de La Paz y en la zona sur de Cochabamba. También se los ha visibilizado en centros urbanos intermedios, fronterizos y en regiones donde antes no había pandillas como Beni. “Son pandillas con filiales; por ejemplo Bola Ocho de Santa Cruz se ha ido expandiendo a otros departamentos, tiene filiales en Beni y Pando que no tienen una relación de organización, pero sí el mismo nombre y preocupa que se quiera posicionar una cierta pandilla a nivel nacional”.
El martes, el fiscal departamental de Beni, Edil López, informó que 17 personas, presuntamente integrantes de una pandilla en Riberalta, fueron detenidas preventivamente tras ser imputadas por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de homicidio tras agredir con machetes a dos ciudadanos el domingo 17 de julio. Cinco de ellas son adultos y las otras doce, menores de edad.
PRESENCIA “En Cochabamba tenemos sobre todo el problema de los llamados polillas o personas en situación de calle, aunque también existen pandillas en zonas más alejadas, hay pandillas violentas sobre todo en la zona sur de la ciudad y en sectores como Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba y Molle Molle”, precisó Aparicio.
La situación, aseguró, empieza a ser controlada con operativos y patrullajes policiales permanentes.
El 3 de abril, Velka Krellac, directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, dijo que la ciudad es la tercera con mayor número de pandillas. La Paz ocupa el primer lugar, seguida del departamento de Santa Cruz.
FACTORES Consultado sobre lo que motiva a un joven a pertenecer a una pandilla, Aparicio señaló que se tenía la idea de que esos grupos se conformaban por falta de afecto en el hogar, por adolescentes que buscan identidad y reconocimiento de los demás. No obstante, añadió, se ha visibilizado que últimamente quienes conforman pandillas “quieren ponerlo de moda”. Se trata de adultos que “les van mostrando a personas muy jóvenes el mundo de la diversión, de las fiestas, de las chicas, del consumo de alcohol y drogas. Son tentados a esa vida de libertinaje, ya luego los arrastran a la comisión de delitos”.
EDADES Según el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, los líderes de las pandillas son generalmente delincuentes adultos, de entre 35 y 40 años de edad, que se dedican a conformar esos grupos para tener una especie de brazo operativo y de respaldo, un grupo de choque para trasladar su violencia al ámbito juvenil. En cuanto a la edad de las personas que son captadas para integrar las pandillas, la misma se ha reducido últimamente a 13 y 14 años, cuando antes era de 15 años hacia arriba.
Diputados trabajan en reformas a norma de Seguridad Ciudadana
La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto de ley para modificar la Ley 264 de Seguridad Ciudadana y hacer que la misma sea más operativa, permita la participación directa de la Policía y haga que el presupuesto asignado a los gobiernos departamentales y municipales sea ejecutado de manera óptima.
Así lo informó a OPINIÓN el diputado David Ramos Mamani (MAS), presidente de la Comisión. “La Ley 254 tienen muchos vacíos que no permiten una ejecución presupuestaria óptima y eficaz del 10 por ciento del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos); planteamos la modificación para que (la norma) sea más operativa, dinámica y permita alcanzar la ejecución presupuestaria”, explicó.
Por otro lado, agregó, la Policía no participa en la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) que desarrollan las gobernaciones y municipios. Lo que el proyecto de ley plantea es que la Policía sea ahora un actor central en el desarrollo de los POA. “Otro de los propósitos fundamentales (del proyecto) es dar celeridad a los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad Ciudadana, que hasta ahora no funcionan. Queremos establecer cuántas reuniones habrá en la gestión para diseñar políticas que aborden la seguridad ciudadana de manera directa; ello daría lugar a que ese presupuesto que reconoce la ley sea utilizado de manera más óptima y alcance a toda la población”.
La Comisión que preside Mamani trabaja además en el anteproyecto de ley para reformar el régimen penitenciario del país. El mismo, adelantó el diputado, plantea la humanización de las penas y la clasificación de la gente que ingresa a las cárceles en personas peligrosas y reincidentes, y en aquellas con penas leves que pueden ser más fácilmente reinsertadas en la sociedad.
EDUCACIÓN Para Carmen Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), las pandillas constituyen “un tema muy preocupante que no lo arregla la ley, sino que lo tiene que arreglar la educación”, la cual tiene que darse en la niñez. “Educar a un adulto es muy difícil, un niño la recibe y está abierto a ello, y ese niño tiene que llegar con valores a ser joven”. Como concepto, añadió, la pandilla implica tener amigos, algo positivo desde lo social, el para qué necesita de otros es lo que hay que analizar.
Lo hizo debido a que el Ministerio de Defensa rechazó hacerse cargo de la medida. Por otro lado, el proyecto prevé la creación en la Policía Nacional de una unidad especializada en el combate y desarticulación de pandillas.
PROPUESTA La propuesta de encuartelar a pandilleros como medida correctiva surgió de la VI Cumbre de Seguridad Ciudadana, realizada en La Paz el 11 de abril. En ese encuentro nacional se aprobó el anteproyecto de ley sobre pandillas, así como otros dos proyectos legislativos para reformar el régimen penitenciario y el policial.
“Ése era nuestro planteamiento como Ministerio de Gobierno; sin embargo, el Ministerio de Defensa ha rechazado participar en todo este proceso preventivo y de rehabilitación (a través de las Fuerzas Armadas), arguyendo que no son sus competencias”, informó a OPINIÓN el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio.
Dado que el reclutamiento quedó fuera del texto del proyecto de ley, Aparicio explicó que la alternativa consiste en que las gobernaciones y municipios del país construyan centros de rehabilitación para los jóvenes infractores de la ley. Además, “vamos a incorporar también a los padres de familia, quienes deben acompañar a sus hijos, no como una sanción, y ser partícipes de toda la etapa de rehabilitación”.
En junio se supo que el proyecto de ley prevé también sanciones para los padres, para que estos asuman responsabilidades en la reparación de los daños civiles ocasionados por sus hijos menores de edad y, del mismo modo, para los profesores que no reporten oportunamente la presencia de pandillas o el consumo de alcohol y drogas en las unidades educativas.
UNIDAD ESPECIAL Aparicio adelantó que otra de las disposiciones contenidas en la propuesta legislativa es la creación de la Unidad de Lucha Contra las Pandillas en la Policía. La misma estará dedicada a combatir y desarticular a estos grupos delictivos. Desde ella se hará un seguimiento a la información que la ciudadanía pueda proporcionar, así como una persecución a los líderes de las pandillas, indicó.
Según el viceministro, el Ministerio de Gobierno ya concluyó con la elaboración del proyecto de ley, el cual será remitido ahora al Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes) de ministros, para su aprobación u objeciones. No obstante, añadió, “la mayoría de los ministerios ha planteado ya sus correcciones, opiniones y aportes”.
La propuesta fue socializada además con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, organismos internacionales que trabajan en el tema, y con gobiernos subnacionales. Aparicio calcula que dentro de una o dos semanas, el proyecto será remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
David Ramos Mamani, presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, señaló que hace tres semanas, y junto con el Ministerio de Gobierno, se sistematizó el anteproyecto para “enriquecerlo, mejorarlo y para que pueda ingresar por conducto regular a la Asamblea”. En todo caso, el tratamiento de la ley comenzará en agosto, cuando el receso legislativo culmine.
“La aprobación de la ley irá acompañada de un trabajo institucional e integral en el ámbito de la prevención, utilizando la propia ley. Vamos a hacer que entre en vigencia inmediatamente y vamos a articular esfuerzos”, complementó Aparicio. En términos de prevención, la futura norma contempla un trabajo interinstitucional que involucra a diferentes instancias y niveles de Gobierno. “Queremos que se ponga en la currícula educativa el tema de prevención contra las pandillas”, anticipó el diputado David Ramos Mamani.
Nuevos tipos penales y sanciones
El proyecto de ley sobre delincuencia juvenil y pandillas prevé cambios en el Código Penal a través de la incorporación de nuevos tipos penales, entre ellos el de pertenencia a una pandilla y el de organización criminal relacionada con pandillas. Así lo adelantó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio, quien dijo que actualmente, al no estar tipificada la pertenencia de una persona a ese tipo de grupos, es difícil procesarla si no se la encuentra en la comisión flagrante de un delito específico.
La futura norma disminuirá las atenuantes en la comisión de un delito para las personas menores de edad. Con la normativa actual, se aplica una atenuante de cuatro quintas partes de la pena. El proyecto de ley sobre pandillas disminuye la atenuante a tres quintas partes. Según convenciones internacionales, un niño o adolescente solo puede recibir una pena de 10 años en un centro de reclusión o un reformatorio, algo que se va a respetar en el anteproyecto, explicó Aparicio.
Según el Viceministro, el objetivo del proyecto de ley no es reprimir a los menores de edad, sino sancionar severamente a las personas que conforman pandillas y que reclutan niños, niñas y adolescentes para inducirlos al consumo de alcohol, drogas y a la comisión de actos delictivos. “Todas estas actividades ilícitas a las que incorporan a menores de edad serán sancionadas directamente y el líder de la pandilla asumirá la responsabilidad”.
Existen 269 pandillas en el país y algunas tienen filiales
El Viceministerio de Seguridad Ciudadana ha identificado la existencia de 269 pandillas a nivel nacional. Algunas de ellas cuentan con filiales en más de una región. Además del eje central, estos grupos ahora se han conformado en ciudades intermedias, fronterizas y en lugares en los que antes no existían. Quienes los lideran, buscan posicionar la idea de que pertenecer a una pandilla “está de moda” para captar a integrantes cada vez más jóvenes.
“Tenemos contabilizadas 269 pandillas a nivel nacional con un promedio de 30 a 25 integrantes; estas pandillas se dedican a consumir sustancias ilícitas, al microtráfico (de drogas), al consumo de alcohol y a la comisión de delitos”, señaló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Aparicio. Esos delitos, detalló, los cometen varias personas. Se trata de robos agravados con uso de armas punzo cortantes y a veces con armas de fuego.
A decir de la autoridad, estos grupos generan inseguridad en barrios alejados y emergentes de ciudades como El Alto y Santa Cruz, en la zona central de La Paz y en la zona sur de Cochabamba. También se los ha visibilizado en centros urbanos intermedios, fronterizos y en regiones donde antes no había pandillas como Beni. “Son pandillas con filiales; por ejemplo Bola Ocho de Santa Cruz se ha ido expandiendo a otros departamentos, tiene filiales en Beni y Pando que no tienen una relación de organización, pero sí el mismo nombre y preocupa que se quiera posicionar una cierta pandilla a nivel nacional”.
El martes, el fiscal departamental de Beni, Edil López, informó que 17 personas, presuntamente integrantes de una pandilla en Riberalta, fueron detenidas preventivamente tras ser imputadas por los delitos de lesiones gravísimas y tentativa de homicidio tras agredir con machetes a dos ciudadanos el domingo 17 de julio. Cinco de ellas son adultos y las otras doce, menores de edad.
PRESENCIA “En Cochabamba tenemos sobre todo el problema de los llamados polillas o personas en situación de calle, aunque también existen pandillas en zonas más alejadas, hay pandillas violentas sobre todo en la zona sur de la ciudad y en sectores como Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba y Molle Molle”, precisó Aparicio.
La situación, aseguró, empieza a ser controlada con operativos y patrullajes policiales permanentes.
El 3 de abril, Velka Krellac, directora de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Cochabamba, dijo que la ciudad es la tercera con mayor número de pandillas. La Paz ocupa el primer lugar, seguida del departamento de Santa Cruz.
FACTORES Consultado sobre lo que motiva a un joven a pertenecer a una pandilla, Aparicio señaló que se tenía la idea de que esos grupos se conformaban por falta de afecto en el hogar, por adolescentes que buscan identidad y reconocimiento de los demás. No obstante, añadió, se ha visibilizado que últimamente quienes conforman pandillas “quieren ponerlo de moda”. Se trata de adultos que “les van mostrando a personas muy jóvenes el mundo de la diversión, de las fiestas, de las chicas, del consumo de alcohol y drogas. Son tentados a esa vida de libertinaje, ya luego los arrastran a la comisión de delitos”.
EDADES Según el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, los líderes de las pandillas son generalmente delincuentes adultos, de entre 35 y 40 años de edad, que se dedican a conformar esos grupos para tener una especie de brazo operativo y de respaldo, un grupo de choque para trasladar su violencia al ámbito juvenil. En cuanto a la edad de las personas que son captadas para integrar las pandillas, la misma se ha reducido últimamente a 13 y 14 años, cuando antes era de 15 años hacia arriba.
Diputados trabajan en reformas a norma de Seguridad Ciudadana
La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto de ley para modificar la Ley 264 de Seguridad Ciudadana y hacer que la misma sea más operativa, permita la participación directa de la Policía y haga que el presupuesto asignado a los gobiernos departamentales y municipales sea ejecutado de manera óptima.
Así lo informó a OPINIÓN el diputado David Ramos Mamani (MAS), presidente de la Comisión. “La Ley 254 tienen muchos vacíos que no permiten una ejecución presupuestaria óptima y eficaz del 10 por ciento del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos); planteamos la modificación para que (la norma) sea más operativa, dinámica y permita alcanzar la ejecución presupuestaria”, explicó.
Por otro lado, agregó, la Policía no participa en la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA) que desarrollan las gobernaciones y municipios. Lo que el proyecto de ley plantea es que la Policía sea ahora un actor central en el desarrollo de los POA. “Otro de los propósitos fundamentales (del proyecto) es dar celeridad a los Consejos Departamentales y Municipales de Seguridad Ciudadana, que hasta ahora no funcionan. Queremos establecer cuántas reuniones habrá en la gestión para diseñar políticas que aborden la seguridad ciudadana de manera directa; ello daría lugar a que ese presupuesto que reconoce la ley sea utilizado de manera más óptima y alcance a toda la población”.
La Comisión que preside Mamani trabaja además en el anteproyecto de ley para reformar el régimen penitenciario del país. El mismo, adelantó el diputado, plantea la humanización de las penas y la clasificación de la gente que ingresa a las cárceles en personas peligrosas y reincidentes, y en aquellas con penas leves que pueden ser más fácilmente reinsertadas en la sociedad.
EDUCACIÓN Para Carmen Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), las pandillas constituyen “un tema muy preocupante que no lo arregla la ley, sino que lo tiene que arreglar la educación”, la cual tiene que darse en la niñez. “Educar a un adulto es muy difícil, un niño la recibe y está abierto a ello, y ese niño tiene que llegar con valores a ser joven”. Como concepto, añadió, la pandilla implica tener amigos, algo positivo desde lo social, el para qué necesita de otros es lo que hay que analizar.
sábado, 23 de julio de 2016
Diputado plantea cambio y mejoras a la ley forestal
Frente a la subida del precio de la materia prima para los carpinteros, al igual que otros aspectos como el contrabando y la forma de remate de madera que realiza la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), el diputado Alex Mamani del Movimiento al Socialismo (MAS), junto con una comisión de carpinteros, propondrán ante instancias nacionales la modificación de la Ley Forestal Nº 1700.
Mamani informó que sostuvo una reunión con los carpinteros del barrio Simón Bolívar, quienes expresaron su preocupación por los precios de la madera, razón por la cual, muchos abandonaron este rubro en búsqueda de nuevas fuentes laborales. “La madera, en 2015 estaba a unos 180 a 200 bolivianos, ahora está llegando a 250 o 280 bolivianos”, agregó.
Asimismo, informó que la modificación de la normativa contemplará un trato más justo para los carpinteros, para que éstos accedan a la compra de la madera decomisada a un precio económico y no sólo los particulares o comercializadoras que ni siquiera pertenecen al rubro, como hace unas semanas se dio a conocer.
Otra de las propuestas hará referencia a la exportación, es así que solicitarán que antes de vender la madera al exterior del país, primero se priorice la cobertura para el mercado interno.
Cierre de empresas
Según Mamani, debido a las condiciones de este oficio, muchos carpinteros abandonaron el rubro y optaron por diferentes actividades, “algunos se dedicaron al comercio o trabajan de taxistas”. Y esta situación afecta al país, puesto que quienes se dedicaban a esa área dejan de tributar al Estado y a su vez, con el cierre de sus pequeñas o medianas empresas, disminuyen las fuentes laborales.
Reunión
En este marco, se prevé una reunión en La Paz, el próximo viernes 29 de julio entre el diputado Alex Mamani, carpinteros de diferentes departamentos, y los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno Nacional.
jueves, 21 de julio de 2016
Proyecto de ley laboral propone generar empleo
La generación de empleo y mejoras a las condiciones laborales son algunas de las reformas propuestas en el proyecto de ley denominado precisamente Ley General del Trabajo y el Empleo, cuyo primer borrador fue presentado ayer, en esta ciudad, a empresarios y académicos.
Entre sus observaciones, los representantes de la Federación de Entidades Privadas Empresariales de Cochabamba (FEPC) reiteraron la necesidad de que la normativa incluya la participación de obreros, empleadores y Estado.
Ley General del Trabajo y el Empleo es el nombre del proyecto de ley elaborado por la denominada “Mesa Laboral”, que reúne a especialistas, académicos y abogados laboristas que trabajan hace casi tres años para modernizar la ley laboral actual, que data de hace más de 70 años.
Richard Villca, uno de sus miembros, explicó que la generación de empleo es “clave” y precisa la participación del Estado para incentivar la contratación de nuevos trabajadores.
Puesto que el empleo no puede estar separado de la capacitación, señaló Villca, tiene que haber una política de incentivos de parte del empresariado y el Estado tiene que dar las condiciones.
Entre otras reformas, la propuesta mantiene la jornada laboral de ocho horas, pero que tanto hombres como mujeres trabajen 44 horas, pues la diferenciación que se hace actualmente (40 horas para mujeres y 48 para hombres), sumada a que no pueden trabajar de noche y tienen descansos pre y posnatales son “insostenibles y están ocasionando menor empleo para mujeres. “Es el efecto perverso de una norma proteccionista”, apuntó Villca.
Otro planteamiento es la racionalización del bono de antigüedad y estandarizar la vacación a 20 días, tanto para el novato que inicia su primer empleo como para aquel empleado que tenga 30 años de antigüedad. La razón es que, por ejemplo, una vacación de 40 días puede llegar a ser insostenible para el empleador y generar despidos. Esta diferenciación y otras, como la falta de empleo para jóvenes, son algunas de las brechas que el proyecto de ley busca equiparar.
El laboralista Gonzalo Crespo añadió que propone además que los trabajadores tengan derecho a la huelga si el empleador no paga los aportes a la seguridad social de corto y largo plazo o si se retrasa en el pago de sueldos por 15 días, entre otros temas.
El presidente de la FEPC, Federico Diez de Medina, destacó que el documento incluya la participación y responsabilidad del Estado debido a que, en el actual contexto, problemas como el contrabando, cuyo control es competencia estatal, ocasionan despidos y competencia desleal a la industria nacional.
También hizo notar que hay decretos y leyes que dan preferencia al producto nacional pero el Estado no los hace cumplir.
Por su parte, el director ejecutivo de la FEPC, Alberto Arze, destacó que percibe “un justo equilibrio” entre mantener la estructura tradicional para no generar desequilibrio y medidas progresistas, como el incentivo tributario a las empresas por la capacitación de recursos humanos.
Sin embargo, observó el artículo que deja en manos del Estado la fijación del incremento salarial, cuando la política salarial debe responder al tripartismo y a criterios lógicos y económicos.
En el conversatorio, auspiciado por la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participaciñon Ciudadana (Fundappac) y la Fundación Konrad Adenauer, Villca destacó la necesidad de recoger una extensa normativa laboral dispersa para actualizar la ley laboral, algo que además permitirá “blindarla” para evitar vulnerar la jerarquía normativa.
Esta iniciativa será presentada ante la comisión a cargo en la Asamblea Legislativa, luego de ser socializada. Villca insistió en que es un documento perfectible y revisable.
Entre sus observaciones, los representantes de la Federación de Entidades Privadas Empresariales de Cochabamba (FEPC) reiteraron la necesidad de que la normativa incluya la participación de obreros, empleadores y Estado.
Ley General del Trabajo y el Empleo es el nombre del proyecto de ley elaborado por la denominada “Mesa Laboral”, que reúne a especialistas, académicos y abogados laboristas que trabajan hace casi tres años para modernizar la ley laboral actual, que data de hace más de 70 años.
Richard Villca, uno de sus miembros, explicó que la generación de empleo es “clave” y precisa la participación del Estado para incentivar la contratación de nuevos trabajadores.
Puesto que el empleo no puede estar separado de la capacitación, señaló Villca, tiene que haber una política de incentivos de parte del empresariado y el Estado tiene que dar las condiciones.
Entre otras reformas, la propuesta mantiene la jornada laboral de ocho horas, pero que tanto hombres como mujeres trabajen 44 horas, pues la diferenciación que se hace actualmente (40 horas para mujeres y 48 para hombres), sumada a que no pueden trabajar de noche y tienen descansos pre y posnatales son “insostenibles y están ocasionando menor empleo para mujeres. “Es el efecto perverso de una norma proteccionista”, apuntó Villca.
Otro planteamiento es la racionalización del bono de antigüedad y estandarizar la vacación a 20 días, tanto para el novato que inicia su primer empleo como para aquel empleado que tenga 30 años de antigüedad. La razón es que, por ejemplo, una vacación de 40 días puede llegar a ser insostenible para el empleador y generar despidos. Esta diferenciación y otras, como la falta de empleo para jóvenes, son algunas de las brechas que el proyecto de ley busca equiparar.
El laboralista Gonzalo Crespo añadió que propone además que los trabajadores tengan derecho a la huelga si el empleador no paga los aportes a la seguridad social de corto y largo plazo o si se retrasa en el pago de sueldos por 15 días, entre otros temas.
El presidente de la FEPC, Federico Diez de Medina, destacó que el documento incluya la participación y responsabilidad del Estado debido a que, en el actual contexto, problemas como el contrabando, cuyo control es competencia estatal, ocasionan despidos y competencia desleal a la industria nacional.
También hizo notar que hay decretos y leyes que dan preferencia al producto nacional pero el Estado no los hace cumplir.
Por su parte, el director ejecutivo de la FEPC, Alberto Arze, destacó que percibe “un justo equilibrio” entre mantener la estructura tradicional para no generar desequilibrio y medidas progresistas, como el incentivo tributario a las empresas por la capacitación de recursos humanos.
Sin embargo, observó el artículo que deja en manos del Estado la fijación del incremento salarial, cuando la política salarial debe responder al tripartismo y a criterios lógicos y económicos.
En el conversatorio, auspiciado por la Fundación de Apoyo al Parlamento y a la Participaciñon Ciudadana (Fundappac) y la Fundación Konrad Adenauer, Villca destacó la necesidad de recoger una extensa normativa laboral dispersa para actualizar la ley laboral, algo que además permitirá “blindarla” para evitar vulnerar la jerarquía normativa.
Esta iniciativa será presentada ante la comisión a cargo en la Asamblea Legislativa, luego de ser socializada. Villca insistió en que es un documento perfectible y revisable.
miércoles, 20 de julio de 2016
Proyecto de ley busca prohibir venta de cigarrillos al por menor
El director de la Sección Tabaco del Ministerios de Salud, Willy Alanoca, adelantó ayer que el proyecto de ley contra el tabaco buscará eliminar la venta por raleo y la de las cajetillas de 10 unidades, como una de una medida de carácter sanitario.
Apuntó que el Ministerio de Salud, sobre la base de estudios que ha realizado sobre contaminación ambiental en lugares cerrados y evaluando las estrategias de la industria tabacalera, elaboró un proyecto de ley, rescatando la experiencia nacional e internacional.
“Esperemos socializar con los otros ministerios y recibir apoyo; por ejemplo, este proyecto de Ley elimina la venta de cajetillas de cigarrillos de 10 unidades y por unidad; sin embargo, debe ser socializado y esperemos que hasta fin de año este proceso pueda ser presentado al órgano legislativo”, dijo.
Señaló que Bolivia no es un país productor de tabaco, pero reporta altos índices de consumo, lo que significa un problema de salud pública. El 25% de la población boliviana consume tabaco, los departamentos que reportan mayor consumo son: La Paz, 33%, Sucre, 32%, Oruro, 30% y Santa Cruz, 25%.
Según la “Radiografía del Tabaquismo”, en Bolivia 12 personas mueren diariamente a causa de la exposición al humo o consumo del tabaco.
Alanoca aseguró que el Ministerio de Salud coordina una agenda interinstitucional con la Misión del Convenio Marco para el Control del Tabaco, con el objetivo de analizar y evaluar los avances que tiene el país, frente al consumo del tabaco.
“Se ha preparado una agenda con varios sectores del país para abordar el tema del tabaco y posteriormente elaborar un Plan de Acción, para reducir su consumo en Bolivia y proteger a la exposición del humo de tabaco ajeno, como una de las medidas más efectivas que deben priorizarse”, manifestó.
Apuntó que el Ministerio de Salud, sobre la base de estudios que ha realizado sobre contaminación ambiental en lugares cerrados y evaluando las estrategias de la industria tabacalera, elaboró un proyecto de ley, rescatando la experiencia nacional e internacional.
“Esperemos socializar con los otros ministerios y recibir apoyo; por ejemplo, este proyecto de Ley elimina la venta de cajetillas de cigarrillos de 10 unidades y por unidad; sin embargo, debe ser socializado y esperemos que hasta fin de año este proceso pueda ser presentado al órgano legislativo”, dijo.
Señaló que Bolivia no es un país productor de tabaco, pero reporta altos índices de consumo, lo que significa un problema de salud pública. El 25% de la población boliviana consume tabaco, los departamentos que reportan mayor consumo son: La Paz, 33%, Sucre, 32%, Oruro, 30% y Santa Cruz, 25%.
Según la “Radiografía del Tabaquismo”, en Bolivia 12 personas mueren diariamente a causa de la exposición al humo o consumo del tabaco.
Alanoca aseguró que el Ministerio de Salud coordina una agenda interinstitucional con la Misión del Convenio Marco para el Control del Tabaco, con el objetivo de analizar y evaluar los avances que tiene el país, frente al consumo del tabaco.
“Se ha preparado una agenda con varios sectores del país para abordar el tema del tabaco y posteriormente elaborar un Plan de Acción, para reducir su consumo en Bolivia y proteger a la exposición del humo de tabaco ajeno, como una de las medidas más efectivas que deben priorizarse”, manifestó.
lunes, 18 de julio de 2016
La Ley del Servidor Público anulará contratos en línea
El anuncio oficial del Gobierno de abrogar el Estatuto del Funcionario Público y reemplazar por una Ley del Servidor Público, según Elmo Pérez, secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), entre muchos aspectos todavía a ser considerados a favor los trabajadores, eliminará los “contratos en línea”.
Según el ejecutivo de la COB, dicha figura laboral que se impuso en los últimos 15 años, en muchas entidades privadas y sobre todo públicas del Gobierno central, las gobernaciones y municipios del país, fue aplicado como mecanismo de contratación de los servicios personales y profesionales vulnerando los preceptos de la Ley General del Trabajo.
"El objetivo es ese: debe desaparecer esa distorsión de ley laboral con la figura de contratos en línea. Entonces eso debe cambiar, dado que los contratos en línea han vulnerado el derecho de los trabajadores donde no se les reconoce aguinaldos, vacaciones, bajas médicas, tienen que facturar y lo peor que hacen las tareas propias de una persona que tiene contrato bajo el parámetro de la Ley General del Trabajo", señaló.
Por su parte, Bruno Rojas, investigador laboral del Cedla (Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario), observó que “es tramposa” la propuesta del Gobierno en sentido de abrogar el Estatuto para simplemente reemplazar por una Ley de Servidor Público. "Entonces, se mantendría esencialmente el espíritu del estatuto actual que significa anular los derechos colectivos, el derecho a la protesta, el derecho al reclamo y el derecho al ejercicio de las libertades individuales. Lo ideal es volver dentro el marco de la Ley General del Trabajo como lo fue antes de 1985", manifestó.
Necesaria delimitación. Según el experto Rojas, el Estatuto del Funcionario Público en vigencia es parte de un largo proceso del nuevo modelo de reforma estructural implementado a partir 1985, cuya norma se aplicó en 1999. "El Estatuto responde a tres objetivos: primero el hecho de negar el concepto de trabajador relacionándolo a simple funcionario administrativo; segundo responde a anular los derechos colectivos (organización, protesta y sindicalización); y tercero responde a recomendaciones de organismos internacionales", precisó.
Sin embargo, Pérez señaló que la nueva norma en su elaboración ameritará un consenso pormenorizado, dado que implicará precisar la figura del “servidor público” en función a las instancias públicas ya definidas en el que deben ser aplicados.
"Hay que identificar, aclarar y establecer de quiénes deben ser entendidos como servidores públicos. Por ejemplo, que no pueden ser entendidos como servidores públicos aquellas personas que trabajan en las empresas descentralizadas del Estado, en los sectores de salud municipales, eso se debe delimitar", argumentó.
No obstante, adelantó que necesariamente los servidores públicos deben ser entendidos a aquellos que están vinculados a cargos bajo nombramientos políticos y puestos laborales, también bajo esa misma figura.
"Ya hay un borrador de esta ley y yo creo que con el trabajo de la COB podríamos tener una ley satisfactoria para los funcionarios públicos, que ahora pasarían a denominarse servidores públicos”, sostuvo el pasado domingo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Al respecto, las instancias gubernamentales respondieron a El Día, que dicho borrador es objeto de tratamiento por un equipo técnico del Gobierno. La COB estima que la norma estará lista en los próximos 15 días.
Marco de negociación. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó la pasada semana que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) no ha concluido por lo que los trabajadores plantearon resolver el tema del régimen laboral y la recontratación de los 180 extrabajadores de Enatex. Y por su parte, el Gobierno planteó que no es posible recontratar a los 180 trabajadores al azar "como lo están queriendo plantear porque hay un debate que eran 286 como planteaban los fabriles o los 180 como planteaba la COB", complementó.
Alcances
La negociación entre COB-Gobierno se basa en nuevas normativas
Compromiso. Un decreto se refiere a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que permaneciera en el marco laboral continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. En cambio, el otro decreto supremo es referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en el ámbito público y privado para que no se aplique el decreto 2765 (cierre de Enatex).
Ley laboral. Según la COB, en el ámbito del pliego petitorio, en esta negociación también se habló de aprobar la nueva Ley General del Trabajo hasta fin de año.
Según el ejecutivo de la COB, dicha figura laboral que se impuso en los últimos 15 años, en muchas entidades privadas y sobre todo públicas del Gobierno central, las gobernaciones y municipios del país, fue aplicado como mecanismo de contratación de los servicios personales y profesionales vulnerando los preceptos de la Ley General del Trabajo.
"El objetivo es ese: debe desaparecer esa distorsión de ley laboral con la figura de contratos en línea. Entonces eso debe cambiar, dado que los contratos en línea han vulnerado el derecho de los trabajadores donde no se les reconoce aguinaldos, vacaciones, bajas médicas, tienen que facturar y lo peor que hacen las tareas propias de una persona que tiene contrato bajo el parámetro de la Ley General del Trabajo", señaló.
Por su parte, Bruno Rojas, investigador laboral del Cedla (Centro de Estudios Para el Desarrollo Laboral y Agrario), observó que “es tramposa” la propuesta del Gobierno en sentido de abrogar el Estatuto para simplemente reemplazar por una Ley de Servidor Público. "Entonces, se mantendría esencialmente el espíritu del estatuto actual que significa anular los derechos colectivos, el derecho a la protesta, el derecho al reclamo y el derecho al ejercicio de las libertades individuales. Lo ideal es volver dentro el marco de la Ley General del Trabajo como lo fue antes de 1985", manifestó.
Necesaria delimitación. Según el experto Rojas, el Estatuto del Funcionario Público en vigencia es parte de un largo proceso del nuevo modelo de reforma estructural implementado a partir 1985, cuya norma se aplicó en 1999. "El Estatuto responde a tres objetivos: primero el hecho de negar el concepto de trabajador relacionándolo a simple funcionario administrativo; segundo responde a anular los derechos colectivos (organización, protesta y sindicalización); y tercero responde a recomendaciones de organismos internacionales", precisó.
Sin embargo, Pérez señaló que la nueva norma en su elaboración ameritará un consenso pormenorizado, dado que implicará precisar la figura del “servidor público” en función a las instancias públicas ya definidas en el que deben ser aplicados.
"Hay que identificar, aclarar y establecer de quiénes deben ser entendidos como servidores públicos. Por ejemplo, que no pueden ser entendidos como servidores públicos aquellas personas que trabajan en las empresas descentralizadas del Estado, en los sectores de salud municipales, eso se debe delimitar", argumentó.
No obstante, adelantó que necesariamente los servidores públicos deben ser entendidos a aquellos que están vinculados a cargos bajo nombramientos políticos y puestos laborales, también bajo esa misma figura.
"Ya hay un borrador de esta ley y yo creo que con el trabajo de la COB podríamos tener una ley satisfactoria para los funcionarios públicos, que ahora pasarían a denominarse servidores públicos”, sostuvo el pasado domingo Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado. Al respecto, las instancias gubernamentales respondieron a El Día, que dicho borrador es objeto de tratamiento por un equipo técnico del Gobierno. La COB estima que la norma estará lista en los próximos 15 días.
Marco de negociación. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó la pasada semana que el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) no ha concluido por lo que los trabajadores plantearon resolver el tema del régimen laboral y la recontratación de los 180 extrabajadores de Enatex. Y por su parte, el Gobierno planteó que no es posible recontratar a los 180 trabajadores al azar "como lo están queriendo plantear porque hay un debate que eran 286 como planteaban los fabriles o los 180 como planteaba la COB", complementó.
Alcances
La negociación entre COB-Gobierno se basa en nuevas normativas
Compromiso. Un decreto se refiere a que toda empresa que estuviera trabajando en el contexto del Estado y que permaneciera en el marco laboral continuará, ninguna migrará ni se transformará en entidad diferente. En cambio, el otro decreto supremo es referido a los alcances de la cobertura de protección a los trabajadores en el ámbito público y privado para que no se aplique el decreto 2765 (cierre de Enatex).
Ley laboral. Según la COB, en el ámbito del pliego petitorio, en esta negociación también se habló de aprobar la nueva Ley General del Trabajo hasta fin de año.
Analizan incluir ley de acoso callejero en el código penal
El acoso en las calles es una práctica que se vive día a día desde hace muchos años, no sólo en Bolivia sino en diferentes partes del mundo. Es por ello que actualmente en la mesa técnica de la Asamblea Legislativa donde se trata la “Reforma del Sistema Penal Boliviano”, analiza la propuesta denominada Ley de Acoso Sexual Callejero.
Esta normativa tiene la finalidad de sancionar a las personas que realicen actos como piropos ofensivos, tocamientos, entre otros.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, manifestó que la propuesta de Ley fue presentada por una diputada de la oposición, Shirley Franco. Posteriormente pasó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Allí se hizo un análisis de la materia y vieron pertinente remitirlo a la mesa técnica.
Cárdenas informó que este anteproyecto de ley está orientado a modificar un artículo del código penal, exactamente el 323. Sin embargo, lo que correspondería hacer es trabajar una reforma estructural en su totalidad y no aprobarla como una ley suelta o añadida al Código Penal. Pero la decisión final la tendrá la mesa técnica, quienes luego de terminar su análisis determinarán su viabilidad total, parcial o no viabilidad.
La propuesta tuvo muchas repercusiones y causó polémica en el ámbito nacional, y a su vez, también tuvo el apoyo y respaldo de organizaciones femeninas.
Pero, según Cárdenas, se debe considerar este anteproyecto dentro de todo un sistema estructural penal ya que, actualmente, muchas de las figuras legales están plasmadas en otras disposiciones legales, tales como el Código Penal Boliviano, así como en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).
Plazos
Cárdenas expresó que no existen plazos específicos para la aprobación de la ley. Pero aclaró que se tiene previsto que en octubre de esta gestión entre en vigencia el nuevo sistema penal boliviano. Porque en agosto será tratada por las comisiones tanto de senadores como diputados, luego pasará al pleno de diputados y senadores. Entonces, allí se podrá conocer si se implementó o no la propuesta de ley de acoso sexual callejero.
¿Qué se sancionará en la Ley de Acoso?
El anteproyecto de Ley contra el Acoso Callejero pretende sancionar comportamientos como los comentarios obscenos, los tocamientos, la filmación del cuerpo de la mujer sin su consentimiento o el exhibicionismo en público ya que “Se trata de un conjunto de conductas con connotación sexual, llevadas a cabo contra una persona sin su consentimiento”, dijo en su momento, la diputada Shirley Franco.
Asimismo, detalló que las agresiones pueden ser verbales (comentarios) o no verbales (jadeos, gestos), captación de material audiovisual, abordaje, exhibicionismo, masturbación, persecución o contacto corporal, por ejemplo, agarrones o roces.
Se pretende que existan sanciones económicas desde 500 bolivianos hasta un arresto por 8 horas de la persona implicada, dependiendo de la gravedad de la acción.
En la campaña denominada “Cartas de Mujeres Bolivia” realizada en el 2014 y 2015 se recogieron 17.000 testimonios de mujeres que hacen referencia a este tipo de acoso sexual callejero en los nueve departamentos del país.
A su vez, según datos de la Defensoría del Pueblo y de las ONG de mujeres, Bolivia cerró 2015 con 93 casos de feminicidios y respecto a los procesos, más de 26.000 denuncias de violencia doméstica. Estos datos sitúan al país en los primeros puestos de Latinoamérica.
viernes, 8 de julio de 2016
Tezanos presenta propuesta para Ley de Defensoría del Pueblo
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional una nueva propuesta para trabajar el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, documento que ya se encuentra en esta instancia para su análisis, debate y consenso.
La autoridad informó que se tuvo un intercambio de criterios con asambleístas que trabajan en el tema a fin de definir las directrices de discusión bajo los contenidos de la Constitución Política del Estado, que señala las nuevas atribuciones para la entidad defensorial.
VIOLENCIA
Por otra parte, Tezanos Pinto, tras reunirse con representantes de las Víctimas de Violencia Política de los Gobiernos Inconstitucionales y Usurpadores de la Voluntad Popular, presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley para la creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos: persecución político-sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia acontecido del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
La autoridad informó que se tuvo un intercambio de criterios con asambleístas que trabajan en el tema a fin de definir las directrices de discusión bajo los contenidos de la Constitución Política del Estado, que señala las nuevas atribuciones para la entidad defensorial.
VIOLENCIA
Por otra parte, Tezanos Pinto, tras reunirse con representantes de las Víctimas de Violencia Política de los Gobiernos Inconstitucionales y Usurpadores de la Voluntad Popular, presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el proyecto de ley para la creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer las graves violaciones de derechos humanos: persecución político-sindical, prisión, detenciones arbitrarias, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia acontecido del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
martes, 5 de julio de 2016
Tribunal declara que Ley 351 permite cerrar ONG
“La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (…) resuelve Declarar: la constitucionalidad de los arts. 7.II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase ‘…organizaciones no gubernamentales y fundaciones…’ y su numeral 1 en la expresión: ‘La contribución al desarrollo económico y social’; y, el art. 19 inc. g) en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013”, se lee en el fallo del TCP, citó la agencia de noticias ANF.
La resolución concluye que “no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.
INCONSTITUCIONAL
En agosto de 2015, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales.
Pidió que esta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.
El recurso presentado, en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.
Además, para reconocerlas obligan a que estas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.
El director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, expresó su preocupación por el fallo en su cuenta de Facebook.
“Hablamos de la libertad de asociación. Sin este derecho simplemente no existe la democracia”, manifestó. Sugirió que ahora lo que queda es elevar el recurso a una instancia internacional.
El objetivo de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio nacional.
En junio de 2015, el presidente Evo Morales advirtió, en un evento público, que se expulsará del país a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos.
ADVERTENCIA
En agosto de 2015, el vicepresidente Álvaro García advirtió al menos a cuatro ONG –Milenio, Cedib, Tierra y Cedla– con expulsarlas del país si interfieren en la actividad política del país.
Además, las acusó de recibir financiamiento del extranjero, defender intereses foráneos y difundir datos erróneos.
“Esa es la política de esas ONG y ese discurso de fondo lo defienden con mentiras, con datos erróneos, hacen política. Entonces, por supuesto que nosotros también decimos: señores de la ONG usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos en nuestro país, si se entromete se va afuera”, aseguró García.
Dos meses antes, el presidente Morales también amenazó con expulsar de Bolivia a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos. “Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia, compañeras y compañeros. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan del exterior, que vengan a perjudicarnos”, afirmó en ese entonces el Jefe de Estado.
La resolución concluye que “no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.
INCONSTITUCIONAL
En agosto de 2015, el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales.
Pidió que esta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.
El recurso presentado, en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.
Además, para reconocerlas obligan a que estas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.
El director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), Marco Gandarillas, expresó su preocupación por el fallo en su cuenta de Facebook.
“Hablamos de la libertad de asociación. Sin este derecho simplemente no existe la democracia”, manifestó. Sugirió que ahora lo que queda es elevar el recurso a una instancia internacional.
El objetivo de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio nacional.
En junio de 2015, el presidente Evo Morales advirtió, en un evento público, que se expulsará del país a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos.
ADVERTENCIA
En agosto de 2015, el vicepresidente Álvaro García advirtió al menos a cuatro ONG –Milenio, Cedib, Tierra y Cedla– con expulsarlas del país si interfieren en la actividad política del país.
Además, las acusó de recibir financiamiento del extranjero, defender intereses foráneos y difundir datos erróneos.
“Esa es la política de esas ONG y ese discurso de fondo lo defienden con mentiras, con datos erróneos, hacen política. Entonces, por supuesto que nosotros también decimos: señores de la ONG usted no tiene derecho a entrometerse en asuntos políticos en nuestro país, si se entromete se va afuera”, aseguró García.
Dos meses antes, el presidente Morales también amenazó con expulsar de Bolivia a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos. “Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia, compañeras y compañeros. No necesitamos instituciones del extranjero que vengan del exterior, que vengan a perjudicarnos”, afirmó en ese entonces el Jefe de Estado.
lunes, 4 de julio de 2016
Gobierno acuerda abrogar Ley del Funcionario Público
El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron preacuerdos con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, principalmente de las empresas públicas.
Tras dos días de diálogo se consolidaron tres acuerdos entre ambos sectores y queda pendiente un punto que se debatirá técnicamente la jornada de hoy, informó anoche el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Hace días, el sábado y domingo, nos hemos reunido con la dirigencia de la COB para tratar el tema de Enatex y logramos buenos acuerdos que serán perfeccionados para seguir avanzando hasta la solución definitiva”, lo más probable el lunes, en la reanudación de las conversaciones, dijo.
Confirmó la abrogación de la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, que derivará a corto tiempo en una nueva norma del servidor público que responda a las transformaciones estructurales que sufrió el Estado en la última década.
Asimismo, detalló que entre los acuerdos figuran que el Decreto Supremo 2765, referido a Enatex, no debe ser aplicado en la empresa pública y privada para que se justifique algún tipo de despido o desconocimiento de derechos labores. Se garantiza la aplicación de la Ley General del Trabajo.
Otro de los acuerdos alcanzados con la COB, a iniciativa del Gobierno, refiere que los trabajadores de las empresas productivas como la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que tienen vida sindical, no pasarán a la Ley del Funcionario Público, sino que permanecerán bajo régimen de la Ley General del Trabajo.
El Vicepresidente indicó que el punto central del debate es cuál será el régimen de aplicación del funcionamiento de Senatex. Aunque el Gobierno, en el diálogo del fin de semana, planteó que sea un régimen especial transitorio, la COB propuso que sea de manera inmediata la Ley General del Trabajo la que rija en la nueva institución, tema que será debatido hoy desde las 08.00.
Tras dos días de diálogo se consolidaron tres acuerdos entre ambos sectores y queda pendiente un punto que se debatirá técnicamente la jornada de hoy, informó anoche el vicepresidente Álvaro García Linera.
“Hace días, el sábado y domingo, nos hemos reunido con la dirigencia de la COB para tratar el tema de Enatex y logramos buenos acuerdos que serán perfeccionados para seguir avanzando hasta la solución definitiva”, lo más probable el lunes, en la reanudación de las conversaciones, dijo.
Confirmó la abrogación de la Ley 2027, del Estatuto del Funcionario Público, que derivará a corto tiempo en una nueva norma del servidor público que responda a las transformaciones estructurales que sufrió el Estado en la última década.
Asimismo, detalló que entre los acuerdos figuran que el Decreto Supremo 2765, referido a Enatex, no debe ser aplicado en la empresa pública y privada para que se justifique algún tipo de despido o desconocimiento de derechos labores. Se garantiza la aplicación de la Ley General del Trabajo.
Otro de los acuerdos alcanzados con la COB, a iniciativa del Gobierno, refiere que los trabajadores de las empresas productivas como la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que tienen vida sindical, no pasarán a la Ley del Funcionario Público, sino que permanecerán bajo régimen de la Ley General del Trabajo.
El Vicepresidente indicó que el punto central del debate es cuál será el régimen de aplicación del funcionamiento de Senatex. Aunque el Gobierno, en el diálogo del fin de semana, planteó que sea un régimen especial transitorio, la COB propuso que sea de manera inmediata la Ley General del Trabajo la que rija en la nueva institución, tema que será debatido hoy desde las 08.00.
viernes, 1 de julio de 2016
Comisión aprueba proyecto de ley que declara el 25 de octubre 'Día de las personas de talla baja'
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, informó que esa instancia legislativa aprobó el proyecto de ley que declara el 25 de octubre 'Día de las personas de talla baja', aquellas que sufren acondroplasia'.
"El miércoles hemos aprobado este proyecto de ley 137, ha sido una aprobación de manera unánime junto con la oposición, en ese sentido se crea el 25 de octubre como el Día Nacional de las Personas de Talla Baja que sufren de acondropasia", dijo.
La acondropasia es una enfermedad que se presenta en uno de cada 25.000 niños nacidos vivos y es el tipo más frecuente de enanismo que existe, está caracterizada por un acortamiento de los huesos largos con mantenimiento de la longitud de la columna vertebral.
Choque explicó que la declaratoria del 25 de octubre, coincide con el 'Día mundial de las personas de talla baja'.
El legislador señaló que la norma prevé que ese día se realicen actividades de inclusión social para las personas de talla baja, y para concienciar a la población sobre la enfermedad de la acondroplasia.
"Tiene el objetivo de hacerles parte de nosotros y evitar la discriminación", agregó. (01-07-2016)
Morales promulgó la Ley 812 de Modificación del Código Tributario
El presidente Evo Morales promulgó el jueves la Ley 812 que establece la modificación del Código Tributario, informó el ministro de Economía, Luis Arce.
"Se aprobó por la Asamblea el proyecto de ley con modificaciones que han enriquecido y es el que ponemos a consideración, ahora como ley aprobada, a la población", dijo en conferencia de prensa.
La autoridad destacó, entre algunos aspectos de la nueva norma, que el Servicio de Impuestos cobrará deudas con ocho años de antigüedad y la tasa de interés dejará de ser variable.
"Se aprobó por la Asamblea el proyecto de ley con modificaciones que han enriquecido y es el que ponemos a consideración, ahora como ley aprobada, a la población", dijo en conferencia de prensa.
La autoridad destacó, entre algunos aspectos de la nueva norma, que el Servicio de Impuestos cobrará deudas con ocho años de antigüedad y la tasa de interés dejará de ser variable.