El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó ayer que esa instancia legislativa sancionó la ley que modifica el Código Tributario.
“Se ha sancionado la norma, la estamos remitiendo en las próximas horas al Ejecutivo para que se haga la promulgación, evidentemente se ha hecho la ratificación de lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados”, informó a los periodistas.
Gonzales explicó que antes de analizar la norma en el pleno de la Cámara Alta, los legisladores se reunieron con todos los actores involucrados en el tema tributario, para consensuar esa ley.
“Hemos tenido una reunión importante con los empresarios, la confederación de empresarios, la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios (Cainco), sectores exportadores, ha habido reuniones con sectores de los gremiales, con el transporte y básicamente ha habido un entendimiento”, sustentó.
Explicó que esa norma tiene el objetivo fundamental de “no ejercer tanta presión” sobre personas que ya tienen una deuda tributaria.
“Se ha logrado, finalmente, reducir de manera significativa la multa, en algunos casos, incluso podría darse el caso de que no se pague la multa, si es que se paga en determinados plazos y se ha modificado el tema de los intereses”, precisó.
Informó que se incorporó el tema de la prescripción, que en el actual Código Tributario establecía en 10 años, y se redujo a 8 años.
“Hasta 10 años puede hacer una auditoría impuestos y sancionar a la persona que hubiese incurrido en algún tipo de delito tributario, hoy se ha bajado a 8”, remarcó.
Además, dijo que existen modificaciones en las disposiciones transitorias de la norma, que establecen, que hasta el 31 de diciembre, los contribuyentes que tengan mora, podrán acogerse a un plan de pagos con un interés fijo del cuatro por ciento.
Por otra parte, sostuvo que se incorporaron los medios electrónicos de notificación, es decir, vía internet, telefonía celular o fija. (ABI)
jueves, 30 de junio de 2016
miércoles, 29 de junio de 2016
El Decreto 2765 elimina siete beneficios laborales
Los trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) no transarán con el Gobierno. Es más, rechazan tajantemente dos de diez artículos del Decreto Supremo 2765, promulgado el 14 de mayo, que dispone el cierre definitivo de la empresa de textiles Enatex porque, según ellos, eliminan al menos siete beneficios laborales.
El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, aseguró a este medio que los decretos cuestionados que no pueden ser negociados con el Gobierno son el 1 y el 10. Los beneficios laborales eliminados consecuentemente son: la libre sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho al paro, beneficios laborales de embarazadas, el fuero sindical, la carga social y la antigüedad.
Pese a varios intentos, todos frustrados, ni el Gobierno ni la COB piensan ceder en sus posiciones. El vicepresidente Álvaro García Linera, y los ministros que han estado negociando con la COB, como el de Gobierno, Juan Ramón Quintana y de Educación, Roberto Aguilar, aseguraron que la aplicación del Decreto Supremo 2765 es irreversible.
El artículo 1 señala textualmente: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar la naturaleza jurídica de la Empresa Pública Nacional Textil-Enatex, así como adecuar su estructura y atribuciones en el marco de la normativa vigente”.
Según Mitma, “este artículo, por el cambio de razón social, los trabajadores perdemos muchos derechos y se están conculcando los mismos. Por eso decimos que es más nefasto que el Decreto 21060 de Gonzalo Sánchez de Lozada… por lo menos con él, los derechos laborales se mantenían intactos, se respetaba la antigüedad, los beneficios sociales y otros”. Para el dirigente de la COB, este Decreto 2765 está siendo aplicado por la una ley “leonina” (ventajas para una sola parte), la 2027, conocida como Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999, promulgada en el gobierno de Hugo Banzer Suárez.
El inciso b) del artículo 9 (prohibiciones) de la referida ley señala textualmente “se prohíbe realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones”.
En otras palabras, dijo, los trabajadores ya no serán amparados por la Ley General del Trabajo sino estarán bajo el régimen de empleados públicos que no gozan de beneficios sociales y otras conquistas laborales.
El decreto cuestionado, además de disponer el cierre de Enatex, autoriza la creación de una nueva empresa con el apelativo de Senatex bajo otra modalidad en la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y la Ley 1178 (Ley SAFCO).
El artículo 10 del mismo decreto, que no tuvo puntos de coincidencia entre el Gobierno y la COB dice: “(Obligaciones sociales). A la publicación del presente Decreto Supremo, cesarán las operaciones empresariales de Enatex debiendo procederse a la desvinculación de los trabajadores que están bajo el régimen laboral de la Ley General del Trabajo a fin de aplicarse la Ley Nro. 2027 (del Estatuto del Funcionario Público). Las obligaciones sociales generadas hasta el cambio de naturaleza jurídica deben ser canceladas en los plazos establecidos por la normativa laboral vigente”.
Al respecto, Mitma aseguró que este artículo establece que se pueden cerrar empresas y dejar desvinculados a los trabajadores de manera forzosa, violando la estabilidad laboral, sin importarle al Gobierno si existen dirigentes, mujeres gestantes, discapacitados, padres de familia. “No le interesa la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, ni siquiera los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Actualmente, recibimos la amenaza de ser retirados cualquier momento y si somos recontratados será como empleados públicos sin derechos, recalcó Mítma.
Para el máximo dirigente de la COB, nacido en el centro minero Huanuni, no solo está afectada Enatex, sino ya se ve que pasará lo mismo con Ecobol, además los compañeros mineros ya fuimos amenazados, al igual que las industrias Venado, Incerpaz, ferroviarios y otros.
A estos dos artículos cuestionados por los trabajadores se suma el número 8 que dice textualmente: “(Financiamiento) El Senatex (nueva empresa creada para reemplazar Enatex) financiará su funcionamiento y sus actividades con recursos propios, donaciones, créditos y otros”.
El Gobierno quiere consolidar un modelo neoliberal más profundo que antes, dijo Mitma, quien aseguró que las medidas para el paro de 72 horas que comienza hoy están garantizadas.
El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, aseguró a este medio que los decretos cuestionados que no pueden ser negociados con el Gobierno son el 1 y el 10. Los beneficios laborales eliminados consecuentemente son: la libre sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho al paro, beneficios laborales de embarazadas, el fuero sindical, la carga social y la antigüedad.
Pese a varios intentos, todos frustrados, ni el Gobierno ni la COB piensan ceder en sus posiciones. El vicepresidente Álvaro García Linera, y los ministros que han estado negociando con la COB, como el de Gobierno, Juan Ramón Quintana y de Educación, Roberto Aguilar, aseguraron que la aplicación del Decreto Supremo 2765 es irreversible.
El artículo 1 señala textualmente: “El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar la naturaleza jurídica de la Empresa Pública Nacional Textil-Enatex, así como adecuar su estructura y atribuciones en el marco de la normativa vigente”.
Según Mitma, “este artículo, por el cambio de razón social, los trabajadores perdemos muchos derechos y se están conculcando los mismos. Por eso decimos que es más nefasto que el Decreto 21060 de Gonzalo Sánchez de Lozada… por lo menos con él, los derechos laborales se mantenían intactos, se respetaba la antigüedad, los beneficios sociales y otros”. Para el dirigente de la COB, este Decreto 2765 está siendo aplicado por la una ley “leonina” (ventajas para una sola parte), la 2027, conocida como Estatuto del Funcionario Público del 27 de octubre de 1999, promulgada en el gobierno de Hugo Banzer Suárez.
El inciso b) del artículo 9 (prohibiciones) de la referida ley señala textualmente “se prohíbe realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones”.
En otras palabras, dijo, los trabajadores ya no serán amparados por la Ley General del Trabajo sino estarán bajo el régimen de empleados públicos que no gozan de beneficios sociales y otras conquistas laborales.
El decreto cuestionado, además de disponer el cierre de Enatex, autoriza la creación de una nueva empresa con el apelativo de Senatex bajo otra modalidad en la Ley 2027 (Estatuto del Funcionario Público) y la Ley 1178 (Ley SAFCO).
El artículo 10 del mismo decreto, que no tuvo puntos de coincidencia entre el Gobierno y la COB dice: “(Obligaciones sociales). A la publicación del presente Decreto Supremo, cesarán las operaciones empresariales de Enatex debiendo procederse a la desvinculación de los trabajadores que están bajo el régimen laboral de la Ley General del Trabajo a fin de aplicarse la Ley Nro. 2027 (del Estatuto del Funcionario Público). Las obligaciones sociales generadas hasta el cambio de naturaleza jurídica deben ser canceladas en los plazos establecidos por la normativa laboral vigente”.
Al respecto, Mitma aseguró que este artículo establece que se pueden cerrar empresas y dejar desvinculados a los trabajadores de manera forzosa, violando la estabilidad laboral, sin importarle al Gobierno si existen dirigentes, mujeres gestantes, discapacitados, padres de familia. “No le interesa la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, ni siquiera los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Actualmente, recibimos la amenaza de ser retirados cualquier momento y si somos recontratados será como empleados públicos sin derechos, recalcó Mítma.
Para el máximo dirigente de la COB, nacido en el centro minero Huanuni, no solo está afectada Enatex, sino ya se ve que pasará lo mismo con Ecobol, además los compañeros mineros ya fuimos amenazados, al igual que las industrias Venado, Incerpaz, ferroviarios y otros.
A estos dos artículos cuestionados por los trabajadores se suma el número 8 que dice textualmente: “(Financiamiento) El Senatex (nueva empresa creada para reemplazar Enatex) financiará su funcionamiento y sus actividades con recursos propios, donaciones, créditos y otros”.
El Gobierno quiere consolidar un modelo neoliberal más profundo que antes, dijo Mitma, quien aseguró que las medidas para el paro de 72 horas que comienza hoy están garantizadas.
Desde 2012: Ley 803 benefició a 87 mil familias
Desde 2012, un grupo de 87 mil familias logró regularizar el derecho propietario de su vivienda. El Gobierno informó que con la Ley 803, que modifica la norma hasta entonces vigente, se amplió el plazo de regularización a tres años más y con ello se pretende beneficiar, adicionalmente, a 800 mil familias.
JUECES
El viceministro de Vivienda, Bonny Morales, dijo que en la aplicación de la Ley 247 se identificaron varios problemas, sobre todo referidos a la interpretación de los jueces que en la mayoría de los casos “minimizaron” las solicitudes de los interesados.
Morales explicó que con la nueva norma promulgada el 9 de mayo, se dará curso a la homologación del radio urbano o área urbana a través del Ministerio de Autonomías. En los municipios que iniciaron el trámite se otorgarán tres años de plazo. Sin embargo, durante la reciente década han proliferado conflictos limítrofes entre municipios, lo cual podría demorar la tramitación del derecho propietario de los interesados.
RESOLUCIÓN
En los municipios que no iniciaron el trámite de homologación en el marco de la Ley 247 para activar su legitimación se otorgarán dos años de plazo computables a partir de la emisión de la resolución ministerial.
Según el Viceministro, a los gobiernos autónomos municipales que no iniciaron el trámite de delimitación de sus radios o áreas urbanas hasta el 5 de junio de 2013, se les otorgará el plazo excepcional de un año, a partir de la vigencia de la presente ley.
DECLARACIÓN TESTIFICAL
En cuanto a los requisitos de admisibilidad para los procesos judiciales, se complementó la declaración testifical de dos vecinos colindantes, además se mantienen los requisitos como la declaración voluntaria ante Notario de Fe Pública, fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual referencial y la certificación de no propiedad urbana a nivel nacional.
Los interesados, además de presentar los requisitos obligatorios, deberán acompañar mínimamente uno de los siguientes documentos: cédula de identidad y croquis de ubicación exacta de la vivienda; recibos de pago de servicios básicos; comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble correspondientes a las últimas tres gestiones.
JUECES
El viceministro de Vivienda, Bonny Morales, dijo que en la aplicación de la Ley 247 se identificaron varios problemas, sobre todo referidos a la interpretación de los jueces que en la mayoría de los casos “minimizaron” las solicitudes de los interesados.
Morales explicó que con la nueva norma promulgada el 9 de mayo, se dará curso a la homologación del radio urbano o área urbana a través del Ministerio de Autonomías. En los municipios que iniciaron el trámite se otorgarán tres años de plazo. Sin embargo, durante la reciente década han proliferado conflictos limítrofes entre municipios, lo cual podría demorar la tramitación del derecho propietario de los interesados.
RESOLUCIÓN
En los municipios que no iniciaron el trámite de homologación en el marco de la Ley 247 para activar su legitimación se otorgarán dos años de plazo computables a partir de la emisión de la resolución ministerial.
Según el Viceministro, a los gobiernos autónomos municipales que no iniciaron el trámite de delimitación de sus radios o áreas urbanas hasta el 5 de junio de 2013, se les otorgará el plazo excepcional de un año, a partir de la vigencia de la presente ley.
DECLARACIÓN TESTIFICAL
En cuanto a los requisitos de admisibilidad para los procesos judiciales, se complementó la declaración testifical de dos vecinos colindantes, además se mantienen los requisitos como la declaración voluntaria ante Notario de Fe Pública, fotocopia legalizada de la planimetría o plano individual referencial y la certificación de no propiedad urbana a nivel nacional.
Los interesados, además de presentar los requisitos obligatorios, deberán acompañar mínimamente uno de los siguientes documentos: cédula de identidad y croquis de ubicación exacta de la vivienda; recibos de pago de servicios básicos; comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble correspondientes a las últimas tres gestiones.
Reglamentación de la Ley del Deporte avanza
Tras varias reuniones con diferentes instituciones ligadas al deporte, como las federaciones nacionales, la Liga, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fabol y otras, se empezó a elaborar un borrador de la Reglamentación de la Ley Nacional del Deporte.
José Luis Zelada, director del Codesur, fue el responsable de socializar la nueva ley como asesor legal del Ministerio de Deportes e iniciar las reuniones con las diferentes instituciones para la reglamentación. La autoridad explicó que la mayoría de las organizaciones buscan su propio beneficio y no piensan en el macro.
"Cada institución quiere precautelar más sus intereses sectoriales, se ha visto muy poco a organizaciones que piensen en grande y sus planteamientos en pos de un desarrollo integral del deporte", dijo Zelada.
Dentro la reglamentación, uno de los temas más álgidos es el de la corrupción. Zelada explicó que este tema no sólo se registra a nivel nacional, sino que es un problema mundial. "Por los recursos económicos que se tienen siempre existe la posibilidad de un manejo indebido, por eso la Ley está siempre presente en la reglamentación. Se reforzarán los controles y reglas que transparenten la administración de los recursos en el deporte nacional", dijo Zelada.
Además aclaró que si bien las federaciones y clubes son instituciones privadas y deben generar sus propios controles internos, "éstas cumplen una función pública social, y lo que deje o no de hacer una federación nos afecta a todos, por lo tanto, también están sujetos a los controles de orden público, pasa por un tema de responsabilidad social", concluyó.
martes, 28 de junio de 2016
jueves, 23 de junio de 2016
Plataforma por la Familia plantea un referéndum sobre la Ley de Identidad de Género
La Plataforma por la Vida y la Familia, institución que lideró la masiva marcha en Santa Cruz en contra de la Ley de Identidad de Género, propuso realizar un referéndum para que la población defina si se acepta o no esta normativa.
"Realizar un referéndum para que la gente decida qué es lo correcto, yo creo que no hay nada más democrático que el pueblo se exprese porque no es un tema pequeño sino es un tema que afecta las estructuras de la sociedad”, expresó el representante de Plataforma por la Vida y la Familia, Eduardo Gutiérrez, en una entrevista con la Red Uno.
Sostuvo que el movimiento que lidera activará todas las medidas legales posibles para la abrogación de la Ley de Identidad de Género. Primero presentará un recurso de inconstitucionalidad y luego si no se escucha esta petición entonces se planteará este referéndum.
El miércoles se realizó en Santa Cruz una masiva marcha en contra de la Ley de Identidad de Género en la que participaron al menos 200 mil personas de acuerdo con la información de Gutiérrez. Piden la abrogación de esta Ley porque va en contra de los principios morales de las personas que participaron de la marcha.
"Esto no es homofobia, se respeta la vida y la dignidad de todas las personas, no es una marcha en contra de las personas, es una marcha en contra de la ideología de género que transforma nuestra sociedad”, expresó Gutiérrez.
Con la marcha se pretendió demostrar a las autoridades que hay una "mayoría de personas que rechazan la normativa”.
Por otro lado, personas que están a favor de la Ley se manifestaron en las redes sociales utilizando un hashtag #yoapoyoaLaLeyDeIdentidadDeGénero y #NoALaMarchaDeIntolerancia en rechazo a la marcha que se realizaba en Santa Cruz que de la misma manera el uso de éstos fue masivo.
El Tribunal Supremo Electoral aprobó el reglamento para poder modificar los documentos de las personas transexuales y transgénero a partir de las últimas semanas de julio.
"Realizar un referéndum para que la gente decida qué es lo correcto, yo creo que no hay nada más democrático que el pueblo se exprese porque no es un tema pequeño sino es un tema que afecta las estructuras de la sociedad”, expresó el representante de Plataforma por la Vida y la Familia, Eduardo Gutiérrez, en una entrevista con la Red Uno.
Sostuvo que el movimiento que lidera activará todas las medidas legales posibles para la abrogación de la Ley de Identidad de Género. Primero presentará un recurso de inconstitucionalidad y luego si no se escucha esta petición entonces se planteará este referéndum.
El miércoles se realizó en Santa Cruz una masiva marcha en contra de la Ley de Identidad de Género en la que participaron al menos 200 mil personas de acuerdo con la información de Gutiérrez. Piden la abrogación de esta Ley porque va en contra de los principios morales de las personas que participaron de la marcha.
"Esto no es homofobia, se respeta la vida y la dignidad de todas las personas, no es una marcha en contra de las personas, es una marcha en contra de la ideología de género que transforma nuestra sociedad”, expresó Gutiérrez.
Con la marcha se pretendió demostrar a las autoridades que hay una "mayoría de personas que rechazan la normativa”.
Por otro lado, personas que están a favor de la Ley se manifestaron en las redes sociales utilizando un hashtag #yoapoyoaLaLeyDeIdentidadDeGénero y #NoALaMarchaDeIntolerancia en rechazo a la marcha que se realizaba en Santa Cruz que de la misma manera el uso de éstos fue masivo.
El Tribunal Supremo Electoral aprobó el reglamento para poder modificar los documentos de las personas transexuales y transgénero a partir de las últimas semanas de julio.
miércoles, 22 de junio de 2016
Ley de Coca no incluirá impuesto a ese producto
La nueva Ley de Coca no incluirá el pago impositivo por ese producto, sino que se centrará en la producción, comercialización e industrialización, aseguró ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.
Aclaró que el tema impositivo está siendo trabajado entre representantes de los productores de la también denominada hoja milenaria y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
“Los productores y comercializadores de hoja de coca están dispuestos a pagar, el monto está siendo definido por el Ministerio de Economía”, confirmó a los periodistas.
Sobre la redacción del anteproyecto de la Ley de Coca, indicó que se trabajará fundamentalmente en tres puntos: primero el de la producción, referido a establecer con precisión la demanda de consumo a nivel nacional; segundo, con relación a la producción, que estén equilibradas y bien identificadas las zonas legales de producción, así como su comercialización, de tal forma que la hoja de coca pueda distribuirse dentro de los márgenes de la ley para el consumo tradicional; y, tercero, establecer su industrialización.
“Hemos hablado bastante, pero no se ha hecho mucho. (…) Sobre la ley no tenemos una propuesta desde el Ejecutivo, lo que tenemos que hacer es trabajar técnicamente en base a esas propuestas y formular la nueva norma de la coca, y ese trabajo pensamos concluirlo hasta fin de año”, manifestó.
Aclaró que el tema impositivo está siendo trabajado entre representantes de los productores de la también denominada hoja milenaria y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
“Los productores y comercializadores de hoja de coca están dispuestos a pagar, el monto está siendo definido por el Ministerio de Economía”, confirmó a los periodistas.
Sobre la redacción del anteproyecto de la Ley de Coca, indicó que se trabajará fundamentalmente en tres puntos: primero el de la producción, referido a establecer con precisión la demanda de consumo a nivel nacional; segundo, con relación a la producción, que estén equilibradas y bien identificadas las zonas legales de producción, así como su comercialización, de tal forma que la hoja de coca pueda distribuirse dentro de los márgenes de la ley para el consumo tradicional; y, tercero, establecer su industrialización.
“Hemos hablado bastante, pero no se ha hecho mucho. (…) Sobre la ley no tenemos una propuesta desde el Ejecutivo, lo que tenemos que hacer es trabajar técnicamente en base a esas propuestas y formular la nueva norma de la coca, y ese trabajo pensamos concluirlo hasta fin de año”, manifestó.
lunes, 20 de junio de 2016
Elaborarán nueva ley de la coca hasta fin de año
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, anunció ayer que hasta fin de año se tendrá una nueva ley de la coca, norma que determine con claridad el área tradicional, de transición y la zona prohibida del cultivo, pero también que garantice el desarrollo integral de la hoja andina.
Después de posesionar al exdirigente de Adepcoca, Ernesto Cordero, como el nuevo Viceministro de la Coca, el titular de Desarrollo Rural dijo que el desafío es contar hasta fin de año con la nueva ley de coca.
Cocarico recordó que existen acuerdos predeterminados sobre la zona tradicional, en transición y prohibida para cultivos de coca, por lo que no será difícil avanzar en la norma.
El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras pidió unidad al sector cocalero para lograr el desarrollo integral de la coca.
Sin embargo, llamó la atención al sector cocalero para trabajar en unidad y en favor de la imagen de la coca. “Es una preocupación la imagen de la coca”, acotó.
Actualmente, hay 20 mil hectáreas de coca cultivadas a nivel nacional y rige la Ley 1008 sobre el régimen de la coca y sustancias controladas.
“Hay que conciliar una nueva ley de la coca (...) somos el único país que ha constitucionalizado la coca como un símbolo sagrado”, dijo.
ÁREAS PROTEGIDAS
En su momento, los pueblos originarios denunciaron que los cultivos de coca llegaban a zonas protegidas, y estaban provocando problemas al medioambiente, como a su hábitat. Los parque nacionales tampoco quedaban salvados.
Después de posesionar al exdirigente de Adepcoca, Ernesto Cordero, como el nuevo Viceministro de la Coca, el titular de Desarrollo Rural dijo que el desafío es contar hasta fin de año con la nueva ley de coca.
Cocarico recordó que existen acuerdos predeterminados sobre la zona tradicional, en transición y prohibida para cultivos de coca, por lo que no será difícil avanzar en la norma.
El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras pidió unidad al sector cocalero para lograr el desarrollo integral de la coca.
Sin embargo, llamó la atención al sector cocalero para trabajar en unidad y en favor de la imagen de la coca. “Es una preocupación la imagen de la coca”, acotó.
Actualmente, hay 20 mil hectáreas de coca cultivadas a nivel nacional y rige la Ley 1008 sobre el régimen de la coca y sustancias controladas.
“Hay que conciliar una nueva ley de la coca (...) somos el único país que ha constitucionalizado la coca como un símbolo sagrado”, dijo.
ÁREAS PROTEGIDAS
En su momento, los pueblos originarios denunciaron que los cultivos de coca llegaban a zonas protegidas, y estaban provocando problemas al medioambiente, como a su hábitat. Los parque nacionales tampoco quedaban salvados.
viernes, 17 de junio de 2016
Ley de Culturas, en etapa final
El ministro de Culturas, Marko Machicao, informó que el anteproyecto de la “Ley de Culturas”, que actualmente se encuentra en el gabinete ministerial, será trasladado en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa para su análisis correspondiente.
“El documento incluye parámetros importantes, como el hecho del reconocimiento del artista, de la otorgación de un seguro social y la financiación de la expresión cultural y las artes en el país, entre otros” agregó que se establecerán instrumentos de coordinación territorial “en el caso particular del ámbito cultural; municipios, gobiernos departamentales y nacional tenemos competencias exclusivas en dicha materia y esto hace que a veces sea difícil la articulación”.
El anteproyecto de ley, que fue consensuado con varias instancias y representantes del país, fue socializado el año pasado en todos los departamentos. Esta ley será aplicada en todas las expresiones artísticas culturales alcanzando sus aspectos tanto en individuos como colectivos y a todas las instituciones públicas y privadas que se dedican a la actividad artística cultural.
“El documento incluye parámetros importantes, como el hecho del reconocimiento del artista, de la otorgación de un seguro social y la financiación de la expresión cultural y las artes en el país, entre otros” agregó que se establecerán instrumentos de coordinación territorial “en el caso particular del ámbito cultural; municipios, gobiernos departamentales y nacional tenemos competencias exclusivas en dicha materia y esto hace que a veces sea difícil la articulación”.
El anteproyecto de ley, que fue consensuado con varias instancias y representantes del país, fue socializado el año pasado en todos los departamentos. Esta ley será aplicada en todas las expresiones artísticas culturales alcanzando sus aspectos tanto en individuos como colectivos y a todas las instituciones públicas y privadas que se dedican a la actividad artística cultural.
jueves, 9 de junio de 2016
Piropos obscenos serán multados con Bs 500
El proyecto de ley propuesto por la diputada de Unidad Demócrata (UD) Shirley Franco sobre el acoso callejero, plantea sancionar a la persona que grite un piropo obsceno o toque a una mujer sin su consentimiento con sanciones que van desde la multa de 500 bolivianos hasta el arresto por 8 horas.
"Nosotros proponemos una sanción de 250 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) y hasta ocho horas de arresto dependiendo de la gravedad de la acción, en el caso más grave puede llegar a la privación de libertad", informó la diputada Franco.
Esta propuesta complementa a la Ley 348 sobre la violencia contra las mujeres. Pretende que el acoso callejero se tipifique como una clase de violencia en contra de las mujeres.
La diputada manifestó que se realizó una encuesta a 1.168 mujeres de las cuales más de la mitad pasaron por una situación de acoso en las calles y no saben cómo reaccionar o simplemente evaden al acosador por temor a sus insinuaciones.
En abril se presentó el proyecto a la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la comisión de Justicia Plural para que revisen la propuesta.
"Creo que es importante hablar y debatir sobre el tema, varios países tienen una norma en contra del acoso callejero, porque sí es un tipo de violencia en la que una tercera persona desconocida trata de interactuar forzosamente con una mujer haciendo referencia a la imagen, la condición e incluso la sexualidad", sostuvo Franco.
TIPOS DE ACOSO De acuerdo a la diputada existen cuatro tipos de acoso callejero. El primero es el acoso verbal que se refiere a los piropos, silbidos, jadeos; el acoso verbal no físico que se refiere a toda clase de comentarios que tienen una connotación sexual; el acoso físico donde una persona capta imágenes de una persona sin su consentimiento u obliga a la misma; y, por último, el más grave, cuando se “arrincona”, sigue o toca a una mujer.
"Más allá de que se penalice esta clase de comportamiento que tiene que ser sancionado, también debe existir la ayuda de la gente a hacer prevalecer esto para que también exista una sanción social", manifestó Franco.
En países como Argentina, Perú y Chile tienen leyes similares que sancionan el acoso callejero.
"Nosotros proponemos una sanción de 250 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) y hasta ocho horas de arresto dependiendo de la gravedad de la acción, en el caso más grave puede llegar a la privación de libertad", informó la diputada Franco.
Esta propuesta complementa a la Ley 348 sobre la violencia contra las mujeres. Pretende que el acoso callejero se tipifique como una clase de violencia en contra de las mujeres.
La diputada manifestó que se realizó una encuesta a 1.168 mujeres de las cuales más de la mitad pasaron por una situación de acoso en las calles y no saben cómo reaccionar o simplemente evaden al acosador por temor a sus insinuaciones.
En abril se presentó el proyecto a la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la comisión de Justicia Plural para que revisen la propuesta.
"Creo que es importante hablar y debatir sobre el tema, varios países tienen una norma en contra del acoso callejero, porque sí es un tipo de violencia en la que una tercera persona desconocida trata de interactuar forzosamente con una mujer haciendo referencia a la imagen, la condición e incluso la sexualidad", sostuvo Franco.
TIPOS DE ACOSO De acuerdo a la diputada existen cuatro tipos de acoso callejero. El primero es el acoso verbal que se refiere a los piropos, silbidos, jadeos; el acoso verbal no físico que se refiere a toda clase de comentarios que tienen una connotación sexual; el acoso físico donde una persona capta imágenes de una persona sin su consentimiento u obliga a la misma; y, por último, el más grave, cuando se “arrincona”, sigue o toca a una mujer.
"Más allá de que se penalice esta clase de comportamiento que tiene que ser sancionado, también debe existir la ayuda de la gente a hacer prevalecer esto para que también exista una sanción social", manifestó Franco.
En países como Argentina, Perú y Chile tienen leyes similares que sancionan el acoso callejero.
el MAS presentó 17 proyectos de ley en LA Paz
El jefe de bancada de concejales de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Isaac Fernández, afirmó que sus colegas del Movimiento Al Socialismo (MAS) solamente presentaron un proyecto de ley en la gestión 2015-2016, declaración que fue rebatida por el concejal Jorge Silva que con documentos en mano demostró que fueron 17 proyectos de ley que se hicieron en la gestión pasada y de ellas siete promulgadas.
“Son 17 proyectos de ley que se propuso, de los cuales se aprobaron siete, entre ellas la ley de mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable de Chuquiaguillo, de transporte escolar, de propaganda electoral, de autorización de débito directo al sistema asociativo municipal, de pagos en el Cementerio General y del centro de comercialización 31 de Octubre, entre otros.
Fernández cuestionó la falta de participación de sus colegas en el ámbito legislativo municipal, hecho que fue desmentido por Silva, quien dijo que es la bancada de SOL.bo que no da vialidad a las propuestas del MAS.
Están pendientes de aprobación las leyes de protección a animales domésticos, de ejecución de obras municipales, fiscalización de construcciones, del trabajador municipal y del deporte, entre otros.
“Son 17 proyectos de ley que se propuso, de los cuales se aprobaron siete, entre ellas la ley de mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable de Chuquiaguillo, de transporte escolar, de propaganda electoral, de autorización de débito directo al sistema asociativo municipal, de pagos en el Cementerio General y del centro de comercialización 31 de Octubre, entre otros.
Fernández cuestionó la falta de participación de sus colegas en el ámbito legislativo municipal, hecho que fue desmentido por Silva, quien dijo que es la bancada de SOL.bo que no da vialidad a las propuestas del MAS.
Están pendientes de aprobación las leyes de protección a animales domésticos, de ejecución de obras municipales, fiscalización de construcciones, del trabajador municipal y del deporte, entre otros.
miércoles, 8 de junio de 2016
Proyecto de ley contra el acoso callejero propone una sanción de Bs 500 y arresto de 8 horas
El proyecto de ley propuesto por la diputada de Unidad Demócrata (UD), Shirley Franco, sobre el acoso callejero, propone sancionar a la persona que grite un piropo obsceno en la calle o hasta quien toque a una mujer sin su consentimiento con sanciones que van desde la amonestación de Bs 500 hasta el arresto por 8 horas de la persona implicada.
"Nosotros proponemos una sanción de 250 UFV hasta ocho horas de arresto dependiendo de la gravedad de la acción, en el caso más grave puede llegar a la privación de libertad", informó la diputada Franco.
Esta propuesta complementa a la ley 348 sobre la violencia contra las mujeres. Pretende que el acoso callejero se tipifique como una clase de violencia en contra de las mujeres.
La diputada manifestó que se realizó una encuesta a 1.168 mujeres de las cuales más de la mitad pasó por una situación de acoso en las callen y no sabe cómo reaccionar o simplemente evade al acosador por temor a sus insinuaciones.
En abril se presentó el proyecto a la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la comisión de Justicia Plural para que revisen la propuesta.
"Creo que es importante hablar y debatir sobre el tema, varios países tienen una norma en contra del acoso callejero porque sí es un tipo de violencia en la que una tercera persona desconocida trata de interactuar forzosamente con una mujer haciendo referencia a la imagen, la condición e incluso la sexualidad", sostuvo Franco.
De acuerdo a la diputada, existen cuatro tipos de acoso callejero. El primero es el acoso verbal que se refiere a los piropos, silbidos, jadeos; el acoso verbal no físico que se refiere a toda clase de comentarios que tienen una connotación sexual; el acoso físico donde una persona obliga a filmarse o capta imágenes de una persona sin su consentimiento; y, por último, el más grave, aquel que llega a arrinconar a la mujer, se la sigue e incluso se le llega a tocar sin su permiso.
"Más allá de que se penalice esta clase de comportamiento que tiene que ser sancionado, también debe existir la ayuda de la gente a hacer prevalecer esto para que también exista una sanción social", manifestó Franco.
En países como Argentina, Perú y Chile tienen leyes similares que sancionan el acoso callejero.
"Nosotros proponemos una sanción de 250 UFV hasta ocho horas de arresto dependiendo de la gravedad de la acción, en el caso más grave puede llegar a la privación de libertad", informó la diputada Franco.
Esta propuesta complementa a la ley 348 sobre la violencia contra las mujeres. Pretende que el acoso callejero se tipifique como una clase de violencia en contra de las mujeres.
La diputada manifestó que se realizó una encuesta a 1.168 mujeres de las cuales más de la mitad pasó por una situación de acoso en las callen y no sabe cómo reaccionar o simplemente evade al acosador por temor a sus insinuaciones.
En abril se presentó el proyecto a la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la comisión de Justicia Plural para que revisen la propuesta.
"Creo que es importante hablar y debatir sobre el tema, varios países tienen una norma en contra del acoso callejero porque sí es un tipo de violencia en la que una tercera persona desconocida trata de interactuar forzosamente con una mujer haciendo referencia a la imagen, la condición e incluso la sexualidad", sostuvo Franco.
De acuerdo a la diputada, existen cuatro tipos de acoso callejero. El primero es el acoso verbal que se refiere a los piropos, silbidos, jadeos; el acoso verbal no físico que se refiere a toda clase de comentarios que tienen una connotación sexual; el acoso físico donde una persona obliga a filmarse o capta imágenes de una persona sin su consentimiento; y, por último, el más grave, aquel que llega a arrinconar a la mujer, se la sigue e incluso se le llega a tocar sin su permiso.
"Más allá de que se penalice esta clase de comportamiento que tiene que ser sancionado, también debe existir la ayuda de la gente a hacer prevalecer esto para que también exista una sanción social", manifestó Franco.
En países como Argentina, Perú y Chile tienen leyes similares que sancionan el acoso callejero.
jueves, 2 de junio de 2016
Gobierno y privados reglamentarán tres leyes económicas
Después de siete meses, el Gobierno y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunieron el lunes último con el propósito de conciliar acuerdos destinados a la conformación de una agenda público-privada, que permita el desarrollo económico del país, ante coyuntura de crisis regional y mundial.
LEYES ECONÓMICAS
El presidente Evo Morales, luego de concluida la cita, en su alocución anunció que, de manera conjunta con el sector privado, se procederá a la elaboración de los reglamentos de las leyes de Inversiones, Bancos y de Arbitraje y Conciliación.
EMBAJADORES
En los últimos meses, los embajadores de Alemania, Peter Linder, y de España, Ángel Vásquez, mencionaron la necesidad de completar la legislación boliviana a objeto de estimular las inversiones extranjeras privadas y mejorar, de esa manera, el clima de negocios existente en Bolivia.
IMPORTANTE
El presidente Morales calificó de “muy importante” la reunión y demandó del acompañamiento de la empresa privada al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, dirigido a combatir la extrema pobreza y garantizar el crecimiento económico de Bolivia.
La anterior reunión de ambas partes tuvo lugar el 1 de noviembre del año pasado, cuando se consideraron temas relativos al pago del segundo aguinaldo de la gestión 2015.
MESAS DE TRABAJO
Como resultado de la reunión del lunes, se instalaron seis mesas de trabajo en las que se abordarán cinco temas referidos a mercados, exportación inversión, burocracia y turismo.
La inversión pública en esta gestión podría subir de 8.000 a 9.000 millones de dólares.
EMPRESARIOS
Ronald Nostas, presidente de la CEPB, destacó que el sector privado en 2015 pudo duplicar sus inversiones, gracias “a las óptimas condiciones” que garantizaron las políticas del Gobierno.
“El diálogo hoy día sale totalmente fortalecido, quedan instaladas las seis mesas de trabajo, vamos a empezar a coordinarlas, con el objetivo de que lo más rápido posible tengamos un acuerdo en beneficio del pueblo boliviano…reiteramos nuestro compromiso con el Presidente de seguir apoyando las políticas oficiales”, apuntó.
PLAN DE DESARROLLO
De esta forma, la empresa privada renovó su compromiso de acompañar el Plan Nacional de Desarrollo 2016 – 2020.
Nostas dijo que las divergencias que puedan surgir se irán solucionando a través del diálogo.
“Nosotros siempre vamos a estar poniendo el pecho al diálogo, vamos estar poniendo el pecho al país, vamos acompañar ese Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno ha diseñado”, afirmó.
LEYES ECONÓMICAS
El presidente Evo Morales, luego de concluida la cita, en su alocución anunció que, de manera conjunta con el sector privado, se procederá a la elaboración de los reglamentos de las leyes de Inversiones, Bancos y de Arbitraje y Conciliación.
EMBAJADORES
En los últimos meses, los embajadores de Alemania, Peter Linder, y de España, Ángel Vásquez, mencionaron la necesidad de completar la legislación boliviana a objeto de estimular las inversiones extranjeras privadas y mejorar, de esa manera, el clima de negocios existente en Bolivia.
IMPORTANTE
El presidente Morales calificó de “muy importante” la reunión y demandó del acompañamiento de la empresa privada al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, dirigido a combatir la extrema pobreza y garantizar el crecimiento económico de Bolivia.
La anterior reunión de ambas partes tuvo lugar el 1 de noviembre del año pasado, cuando se consideraron temas relativos al pago del segundo aguinaldo de la gestión 2015.
MESAS DE TRABAJO
Como resultado de la reunión del lunes, se instalaron seis mesas de trabajo en las que se abordarán cinco temas referidos a mercados, exportación inversión, burocracia y turismo.
La inversión pública en esta gestión podría subir de 8.000 a 9.000 millones de dólares.
EMPRESARIOS
Ronald Nostas, presidente de la CEPB, destacó que el sector privado en 2015 pudo duplicar sus inversiones, gracias “a las óptimas condiciones” que garantizaron las políticas del Gobierno.
“El diálogo hoy día sale totalmente fortalecido, quedan instaladas las seis mesas de trabajo, vamos a empezar a coordinarlas, con el objetivo de que lo más rápido posible tengamos un acuerdo en beneficio del pueblo boliviano…reiteramos nuestro compromiso con el Presidente de seguir apoyando las políticas oficiales”, apuntó.
PLAN DE DESARROLLO
De esta forma, la empresa privada renovó su compromiso de acompañar el Plan Nacional de Desarrollo 2016 – 2020.
Nostas dijo que las divergencias que puedan surgir se irán solucionando a través del diálogo.
“Nosotros siempre vamos a estar poniendo el pecho al diálogo, vamos estar poniendo el pecho al país, vamos acompañar ese Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno ha diseñado”, afirmó.
miércoles, 1 de junio de 2016
Plantean ley anticorrupción para Órgano Judicial y el TCP
En el marco de la entrega de propuestas para la refundación judicial, la Procuraduría General del Estado sugirió la aprobación de una ley anticorrupción para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Procuraduría señala que el origen de la crisis del sistema judicial boliviano no solo es por causa de los malos administradores, sino que es estructural en su organización judicial, una distorsión cultural que promueve la obtención indebida de beneficios particulares desde la función pública.
En ese contexto es que se plantea la necesidad de una ley anticorrupción para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. “Su objetivo es luchar contra ese ilícito, y su ámbito de aplicación también abarcará a los servidores del Ministerio Público y abogados cuando corresponda”.
Además, tendrá “facultades de seguimiento permanente a los servidores judiciales que posibiliten la detención e investigación de hechos ilícitos, con la implementación de agentes encubiertos y mecanismos modernos de investigación”.
Señala que la iniciativa deberá contener los mecanismos que favorezcan una investigación oportuna, que posibilite la declaración patrimonial integral y el seguimiento permanente para establecer si existe un desbalance en el patrimonio y haya enriquecimiento ilícito de los servidores judiciales, además de procedimientos ágiles, expeditos y modernos para identificar y sancionar los actos en el interior del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como de las personas involucradas, a cuyo efecto será pertinente implementar los sistemas informáticos de registro de declaraciones juradas, el registró único de antecedentes de los servidores judiciales y de antecedentes disciplinarios en el ejercicio de sus funciones.
Nuevos sistemas de control
ó La lucha contra la corrupción amerita medios idóneos para su desarrollo, por lo que se sugiere crear sistemas de control y vigilancia del desempeño de los operadores de justicia, incorporando la figura de agentes encubiertos, la instalación de cámaras de vigilancia y otros.
Elaboran ley de derechos sexuales y reproductivos
Con la finalidad de evitar los abortos y muerte materna, problemáticas tangibles que presenta la sociedad actual, el Ministerio de Salud elaborará un proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos.
“Estamos trabajando en un anteproyecto de ley y consideramos que el estudio nacional de mortalidad materna, que presentamos ahora, refleja que se debe trabajar en una ley de derechos sexuales y reproductivos que proteja esos derechos, de la mujer y la pareja”, dijo.
Adelantó que la norma garantizará un derecho oportuno y adecuado a la planificación familiar, en el entendido de que la salud sexual y reproductiva no está ligada solamente a los métodos anticonceptivos, “debe haber una garantía y respeto a los derechos de la otra persona”.
El aborto es considerado como una de las principales causas de muerte materna en Bolivia, existe un 13 por ciento de muertes a causa de esta razón.
“Estamos trabajando en un anteproyecto de ley y consideramos que el estudio nacional de mortalidad materna, que presentamos ahora, refleja que se debe trabajar en una ley de derechos sexuales y reproductivos que proteja esos derechos, de la mujer y la pareja”, dijo.
Adelantó que la norma garantizará un derecho oportuno y adecuado a la planificación familiar, en el entendido de que la salud sexual y reproductiva no está ligada solamente a los métodos anticonceptivos, “debe haber una garantía y respeto a los derechos de la otra persona”.
El aborto es considerado como una de las principales causas de muerte materna en Bolivia, existe un 13 por ciento de muertes a causa de esta razón.